Ramón Martínez Hernández

Expediente 993/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
993/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
18/10/2018

Partes del expediente

  • Ramón Martínez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, dieciocho de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy, las partes no interpusieron inconformidad dentro del término legal, contra el auto que tuvo por cumplida la sentencia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 357 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el presente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de depuración el presente expediente ya que se concedió el amparo, carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio de la autoridad que lo suscribe, por el cual informa el cumplimiento a la sentencia constitucional y exhibe las constancias respectivas. En ese orden, visto lo de cuenta y en atención a que la parte quejosa no realizó manifestación sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se procede a calificar el mismo. Sin que obste que este juzgado no haya dado la vista establecida por el artículo 196 de la Ley de Amparo, ya que los efectos de la concesión de amparo fueron emitidos por la autoridad responsable y de los cuales el quejoso manifestó su consentimiento, como se explica: Por sentencia de treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, se concedió el amparo para que la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, realizara: ". en el término de veinticuatro horas contadas a partir de que se le notifique que causó ejecutoria la presente determinación, acuerde lo que en derecho corresponda respecto de la solicitud de ejecución de laudo, hecha por el promovente, en el juicio laboral J.29/872/2011." Sentencia que causó ejecutoria el veinte de agosto del año en curso, fecha en la cual fue requerido su cumplimiento (foja 20). Seguido de ello, el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante promociones con registros internos 16954 y 17289, de veintisiete y treinta de agosto, del presente año, informó las gestiones para cumplir el fallo protector (f. 23-24; y 28-30). De lo anterior, el autorizado del quejoso presentó escrito en el que realizó diversas manifestaciones en torno al acatamiento de la sentencia de amparo (f. 32-34). Así, por auto de siete de septiembre de dos mil dieciocho, con los datos y constancias existentes en el presente asunto, este órgano jurisdiccional declaró no cumplida la ejecutoria constitucional, y en lo conducente, precisó: "Por tanto, de lo antes transcrito y de las constancias exhibidas por José Luis Gutiérrez Valdés en su carácter de apoderado legal del quejoso (personalidad que tiene por acreditada derivada de la copia certificada del acuerdo de veinticuatro de agosto pasado remitida por la autoridad responsable que obra a foja 24), como anexo al ocurso recibido en la Oficialía de Partes de este juzgado de Distrito el treinta de agosto de la anualidad que transcurre (fojas 32 a 34), se colige el acuse de recibo del diverso escrito con sello de recepción de la Junta responsable de uno de junio de dos mil dieciocho, en el cual solicitó "se DESPACHE AUTO DE EJECUCIÓN". Ello, sin que exista constancia alguna remitida por la responsable que acredite haber dado contestación a tal petición; de ahí, que en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, no se tiene por cumplida la sentencia de amparo.". Así, en la referida actuación, se requirió de nuevo el cumplimiento de la sentencia de amparo (f. 36-39). Posteriormente, el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por oficio J.29/8949/2018, con folio interno 18475, de trece de septiembre último, informó el acatamiento al fallo protector (f. 43-90). De las constancias exhibidas en el oficio de cuenta, se advierte: a) Que el cuatro de septiembre anterior, la parte quejosa (actor en el juicio laboral de origen), recibió cheque de caja, por la cantidad equivalente a salarios vencidos, con la debida retención de impuestos, cuyo monto es $73,314.17 (setenta y tres mil trescientos catorce pesos 17/100 moneda nacional); b) Entrega que se formalizó por auto de esa misma fecha, emitido en el juicio laboral 872/2011, y que en lo conducente, tuvo al actor (quejoso) manifestando: ". Que solicita a esta H. Autoridad se le haga entrega del título de crédito exhibido a su favor, solicitando se tenga por cumplimentado de manera TOTAL EL LAUDO DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2016."; y, c) En la referida actuación, también, se dispuso el archivo del juicio laboral de que se trata, como asunto total y definitivamente concluido. Así, del examen de las documentales exhibidas por la autoridad responsable, las cuales de conformidad con el artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria tienen pleno valor probatorio, se acredita que fueron atendidos los efectos del fallo protector, pues en proveído de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, emitido en el expediente 872/2011, acordó lo que en derecho correspondía respecto de la solicitud de ejecución de laudo, hecha por el promovente, cuyo resultado fue que se le entregara el cheque de caja expedido a su favor, por la cantidad equivalente a salarios vencidos, con la debida retención de impuestos, cuyo monto es $73,314017 (setenta y tres mil trescientos catorce pesos 17/100 moneda nacional), respecto de lo cual manifestó y pidió a la responsable tener por cumplimentado de manera total el laudo de fecha veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, manifestación de la voluntad del quejoso realizada ante la responsable que convalida el conocimiento pleno que tuvo del acatamiento al fallo protector y, como se adelantó al inicio del presente proveído, por dicha circunstancia no se consideró factible otorgarle vista establecida en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Por lo anterior, debe hacerse mención que se restituyó al solicitante del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, siete de septiembre de dos mil dieciocho. ESTADO DE AUTOS Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se procede a calificar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. VALORACIÓN DE CUMPLIMIENTO Por sentencia de treinta y uno de julio del año en curso (fojas 12 a 16), se concedió el amparo a Ramón Martínez Hernández para el efecto siguiente: "Que el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en el término de veinticuatro horas contadas a partir de que se le notifique que causó ejecutoria la presente determinación, acuerde lo que en derecho corresponda respecto de la solicitud de ejecución de laudo, hecha por el promovente, en el juicio laboral J.29/872/2011." El veinte de agosto siguiente (foja 20), causó ejecutoria el fallo aludido y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Toluca, Estado de México; por lo que, mediante oficio J.29/8402/2018, de veinticuatro de agosto del año que transcurre (foja 23), el Presidente de la junta responsable, remitió copia certificada del proveído de misma data emitido en el expediente laboral J.29/872/2011 (foja 24), del cual, en la parte que interesa se advierte lo siguiente: "Asimismo, se tiene por recibido en la oficialía de partes el 04 de enero de 2017 bajo folio 000187, el escrito de una foja útil por una sola cara, suscrito por la LIC. NORMA PATRICIA MIRAFLORES VAZQUEZ, quien se ostenta como apoderada legal del actor, SIN ACREDITARLO, por lo tanto, no ha lugar acordar favorable su petición de ejecución en consideración a que la promovente carece de legitimación para actuar y promover en este expediente al NO contar con personalidad acreditada, NI reconocida en autos como apoderada legal del actor, por lo que el escrito de cuenta queda agregado a los autos únicamente para que obre como corresponda y sin que surta efecto legal alguno.". En ese tenor, del examen de las documentales en cuestión mismas que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria tienen pleno valor probatorio, se desprende que no se han atendido los efectos del fallo protector. Lo anterior es así, ya que si bien en la sentencia emitida por este juzgado de Distrito se citó el razonamiento siguiente: "De igual forma, no pasa inadvertido que el quejoso refiera que la petición que elevó a la responsable sea de uno de junio de dos mil dieciocho, sin embargo no acreditó tal circunstancia y, por el contrario la responsable exhibió copia certificada del acuse de cuatro de enero de dos mil diecisiete, en que obra la petición que alude el impetrante." No menos veraz resulta que la concesión del amparo lo fue para el efecto que a continuación se precisa: "Que el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en el término de veinticuatro horas contadas a partir de que se le notifique que causó ejecutoria la presente determinación, acuerde lo que en derecho corresponda respecto de la solicitud de ejecución de laudo, hecha por el promovente, en el juicio laboral J.29/872/2011." Por tanto, de lo antes transcrito y de las constancias exhibidas por José Luis Gutiérrez Valdés en su carácter de apoderado legal del quejoso (personalidad que tiene por acreditada derivada de la copia certificada del acuerdo de veinticuatro de agosto pasado remitida por la autoridad responsable que obra a foja 24), como anexo al ocurso recibido en la Oficialía de Partes de este juzgado de Distrito el treinta de agosto de la anualidad que transcurre (fojas 32 a 34), se colige el acuse de recibo del diverso escrito con sello de recepción de la Junta responsable de uno de junio de dos mil dieciocho, en el cual solicitó "se DESPACHE AUTO DE EJECUCIÓN". Ello, sin que exista constancia alguna remitida por la responsable que acredite haber dado contestación a tal petición; de ahí, que en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, no se tiene por cumplida la sentencia de amparo. REQUERIMIENTO En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, resulta menester requerir a la autoridad responsable Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Toluca, Estado de México, para que en el término de tres días, computados a partir de su legal notificación, acuerde lo que en derecho corresponda respecto de la solicitud de ejecución de laudo de uno de junio de dos mil dieciocho, hecha por el promovente, en el juicio laboral J.29/872/2011 y notifique como legalmente corresponda el acuerdo que le recaiga; de igual manera, adjunte la totalidad de constancias certificadas que acredite su dicho. APERCIBIMIENTO En el entendido de que, para el caso de ser omisa en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 237, fracción I, en relación con el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, la cual se duplicará hasta llegar a mil, en caso de inobservancia. Deviene aplicable, la jurisprudencia visible en la página 13 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Noviembre de 2014, Décima Época, Materia Común, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo." Con independencia de lo anterior, se informa que de constituirse en actitud omisiva, también pueden hacerse acreedoras a las sanciones previstas en el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo, así como que en caso de eludir el acatamiento del fallo protector, con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, con apoyo en el precepto invocado y en armonía con el Acuerdo General 5/2013, de trace de mayo de dos mil trece, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Laboral en turno, para los efectos del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, esto es, para que la Suprema Corte de Justicia determine lo conducente sobre la separación del cargo de la autoridad contumaz y la consigne al Juez de Distrito que corresponda, por el delito de abuso de autoridad, en términos del artículo 193 de la ley de la materia. Cobra validez la jurisprudencia visible en la página 7 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Noviembre de 2014, Décima Época, Materia Común, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." Para ello, se le informa que a través de correo electrónico institucional ejecución@correo.cjf.gob.mx podrán remitir lo que se les exige confirmando al teléfono (722) 2360500, extensión 3267.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho. Intégrese el escrito del autorizado del quejoso <quien se ostenta como apoderado del impetrante>, por medio del cual realiza manifestaciones respecto al cumplimiento del fallo protector, pónganse a vista del secretario proyectista para que sean tomadas en consideración al momento de resolver sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, ya que es precisamente en la calificación al acatamiento de la sentencia de amparo en la cual se analicen los alcances por los que se haya otorgado la protección constitucional y, en el caso concreto, delimitarlos en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral.

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