Ramón Mario García Quintana

Expediente 284/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 20 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
284/2016
Año
2016
Actuaciones
20
Última actuación
01/07/2016

Partes del expediente

  • Ramón Mario García Quintana

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; primero de julio de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de garantías en que se actúa; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego, según lo dispuesto por el primer párrafo de la fracción III del numeral antes invocado del Acuerdo General Conjunto en cita, en cuanto al original del incidente de suspensión por haberse concedido la medida cautelar solicitada es susceptible de depuración. Transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de junio de dos mil dieciséis. Visto para resolver el juicio de amparo 284/2016-I-1, y; RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el ocho de abril de dos mil dieciséis, *************** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal de los actos reclamados al Director de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales del Estado, Director General de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado, Supervisor Estatal de la Unidad de Amparos, Traslados y Derechos Humanos, Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua y Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres y Juez Provisional del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, a quienes les reclamó la orden de traslado y su ejecución. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violadas. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 16, 17, 18 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante auto de ocho de abril de dos mil dieciséis, la demanda se registró en el libro de gobierno correspondiente, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a las responsables, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. CUARTO.- Declaratoria de Inexistencia de autoridad. Por proveído de veinte de mayo del año en curso, por las razones asentadas en el mismo se tuvo por inexistente a la autoridad que el quejoso denominó como Director General de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua (fojas 42); y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, de la Constitución Federal, 35 de la Ley de Amparo en vigor y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y los demás que lo reforman y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de orden, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, incluso tomando en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En tal sentido, de la lectura íntegra de la demanda y demás constancias que existen en el expediente, se desprende que la parte quejosa reclama en esencia: La orden de traslado y su ejecución. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente de lo que se procederá a su estudio. De igual forma es aplicable el diverso criterio emitido por la instancia antes citada, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Juez Provisional del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, Director General de Normatividad de la Secretaria General de Gobierno en representación del Gobernador Constitucional del Estado, Supervisor Estatal de la Unidad de Amparos, Traslados y Derechos Humanos por sí y en representación del Director de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales del Estado, Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación Supervisor, al rendir sus informes manifestaron que no son ciertos los actos de que se duele el quejoso. Aunado a lo anterior, la parte quejosa, no aportó pruebas para desvirtuar tal negativa, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley reglamentaria, que textualmente establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. [.] Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 236 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro 917818, que es del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Negativa que se hace extensiva respecto a los actos reclamados al Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, pues si bien no rindió su informe justificado, a pesar de que fue debidamente notificado, según constancia que existe en autos ( foja 11); en el caso, dicha omisión no conlleva a presumir cierto los actos que se le reclaman, en los términos del párrafo tercero, del artículo 117 de la Ley de Amparo, en atención a que el Juez Provisional del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, negó haber emitido la orden de traslado que se le reclama y, por ende, no es factible que la autoridad omisa, ejecute una orden inexistente. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de garantías promovido por ***************, contra los actos y autoridades precisados en el considerando tercero de esta resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***************. Doy fe.

  3. Incidental

    Interlocutoria Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de mayo de dos mil dieciséis. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo ***************, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el ocho de abril del presente año, *************** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión de los actos reclamados al Director de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, Supervisor Estatal de la Unidad de Amparos, Traslados y Derechos Humanos, Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua y Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres y Juez Provisional del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, a quienes les reclamó la orden de traslado y su ejecución. SEGUNDO. Tramitación del incidente. Mediante auto de ocho de abril pasado, se ordenó tramitar el incidente de suspensión, se solicitaron los informes previos a las autoridades y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, la que se celebró el cuatro de mayo pasado por las autoridades que en su momento rindieron su informe previos, difiriéndose para esta fecha por las autoridades señaladas en la audiencia la cual se llevó a cabo de acuerdo al acta que antecede. TERCERO.- Declaratoria de Inexistencia de autoridad. Por proveído de veinte de los corrientes, por las razones asentadas en él, se tuvo por inexistente a la autoridad que el quejoso denominó como Director General de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua (foja 20). C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Inexistencia de los actos reclamados. El Supervisor Estatal de la Unidad de Amparos y Traslados en representación del Director de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales del Estado y Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, al rendir sus informe previos negaron el acto reclamado, por lo que con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva que solicitó el quejoso respecto de tal autoridad. Sirve de apoyo a lo antes considerado, la tesis de Jurisprudencia 286, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 237, del Tomo VI, Materia Común, último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que textualmente dice: INFORME PREVIO.- Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva que solicitó ***************, contra los actos y autoridades que quedaron precisados en el considerando segundo de esta resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***************. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos para que conste como corresponda, el sobre que contiene el oficio ***************; por medio des cual se le solicitó su informe justificado a la autoridad denominada por el quejoso como Director General de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua, mismo que fue devuelto por la Oficina de Correos y en atención a lo que informa en el sentido que "no existe autoridad". En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el proveído de ocho de abril pasado, y se tiene a dicha autoridad como inexistente, por lo que se ordena suspender comunicación con la referida autoridad, de conformidad con los artículos 5, 108, fracción III, de la Ley de Amparo y 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Lo anterior encuentra apoyo, por las razones que informa, la jurisprudencia 1a./J.111/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 52, del Tomo XXIX, Marzo de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***************. Doy fe.

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