Ramón Manuel Arias Yáñez

Expediente 896/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
896/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
14/07/2022

Partes del expediente

  • Ramón Manuel Arias Yáñez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo de cinco días, para que el quejoso ********************recurriera el auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo. se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un plazo de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.-

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 29 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SÍNTESIS DICE: "...vista la demanda de amparo. Fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 896/2022-I. En el caso, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso esencialmente reclama de las autoridades que señala, los siguientes actos: 1.- Del Agente del Ministerio Público de la de Investigación adscrito a la Unidad de Atención Integral de las Mujeres: La omisión de notificarle la investigación seguida en su contra y darle intervención en la integración de la carpeta de investigación 20296/2021, en su etapa de investigación inicial. 2.- Del Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato: La resolución judicial de vinculación a proceso dictada dentro de la causa penal 1P2721-155 el cuatro de mayo de dos mil veintiuno, en contra del directo quejoso Ramón Manuel Arias Yáñez, por los delitos previstos en los artículos 181 y 187 del Código Penal para el Estado de Guanajuato. De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano sin suspender el acto reclamado porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Tal norma impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En la especie, la parte quejosa reclama el auto de vinculación a proceso emitido contra Ramón Manuel Arias Yáñez en la audiencia inicial de formulación de imputación de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, por el Juez de Control de Oralidad en Materia Penal, con sede en Salamanca, Guanajuato, dentro de la causa penal 1P2721-155, instruida en su contra. Al respecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que disponen: El primer artículo contiene la regla genérica para la promoción del amparo (plazo de quince días); asimismo, contempla excepciones a dicho término: - Treinta días: norma general autoaplicativa o procedimiento de extradición. - Ocho años: sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal. - Siete años: actos de afectación colectiva en materia agraria. - Cualquier momento: actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada, los prohibidos por el artículo 22 constitucional (pena de muerte, mutilación, infamia, marca, azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes o cualquier otra pena inusitada y trascendente) e incorporación forzosa a las fuerzas armadas. El artículo 18 de la ley de la materia impone la forma de contar dichos plazos: a) día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado; b) día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento del acto; y c) día siguiente a aquél que se ostente sabedor del acto o su ejecución, salvo tratándose de leyes autoaplicativas, el cual se computará a partir de la entrada en vigor de ésta. De una interpretación sistemática, dichas previsiones normativas contienen la improcedencia del juicio relativa a los actos consentidos tácitamente, calificando así a aquellos que no son reclamados en el plazo genérico previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo. La previsión normativa contiene la causa de improcedencia del juicio de amparo indirecto contra actos consentidos tácitamente, calificando a aquellos que no son reclamados en los plazos previstos por los 17 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, excepto en los casos previstos por las fracciones l, ll, ll y IV del numeral citado en primer término. Los artículos citados tienen los siguientes elementos: a) Consentimiento tácito de los actos en contra de los cuales no se promueva el juicio de amparo. b) El término perentorio de quince días para interponer la demanda de amparo en contra del acto de autoridad que afecta al quejoso (término aplicable en el presente caso). c) Forma de contabilizar el término concedido para la promoción del juicio. La interpretación de dichas reglas permite establecer el siguiente razonamiento: Cualquier persona que resienta una lesión en sus derechos fundamentales por un acto de autoridad, tiene acceso a la justicia a través de este mecanismo de regularidad constitucional (juicio de amparo), con objeto de proteger sus derechos. La promoción de tal mecanismo tiene un plazo perentorio determinado por la norma jurídica. Si la persona que resintió la lesión dejó pasar el plazo previsto para promover su inconformidad, se infiere que está conforme con el acto. Entonces, el término de quince días es improrrogable y, por tanto, fatal para la parte quejosa, pues cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. Respecto al plazo para instar la acción constitucional en contra de actos que afectan la libertad personal, en la fracción IV del artículo 17 de la ley de la materia, se regula una excepción al plazo genérico de quince días. Ella consiste en que el quejoso podrá promover en cualquier tiempo la acción constitucional, siempre que reclame actos privativos de la libertad cometidos fuera de procedimiento, a diferencia de la hipótesis normativa que contemplaba el anterior 22, fracción II, cuya redacción abría la posibilidad a que fuera procedente la acción constitucional en cualquier tiempo contra actos que importaran peligro de privación a la libertad personal, en sentido genérico. El auto de vinculación a proceso que reclama el quejoso es un acto procesal que se dictó dentro del proceso penal que se instruye en su contra. En esas condiciones, en términos de lo ordenado por la vigente Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicha resolución resulta un acto que afecta la libertad, pero dentro de procedimiento; por lo que le es aplicable la regla genérica prevista en el artículo 17 de la ley de la materia, para instar el proceso de control constitucional dentro de los quince días siguientes al en que surta efectos la notificación del acto reclamado; en el caso, de la resolución reclamada en esta instancia constitucional. En ese contexto, se tiene que el promovente no cumplió con la previsión normativa de promover el juicio de amparo indirecto para defender los derechos de su defendido que aduce lesionados, en el término de quince días, pues éste tuvo conocimiento del auto de vinculación a proceso que se reclama desde el cuatro de mayo de dos mil veintiuno, toda vez que fue emitido en la audiencia inicial de la causa penal que se le instruye. En ella, según refiere el promovente del amparo en los antecedentes del acto reclamado, el órgano jurisdiccional responsable vinculó a proceso a su representado. El defensor del quejoso refiere se tuvo conocimiento del acto reclamado el cuatro de mayo de dos mil veintiuno, pues se notificó en la misma audiencia donde se dictó auto de vinculación de proceso contra su defendido. Luego, si en el sello de recibo de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, se advierte que la demanda motivo de este juicio fue presentada hasta el veintisiete de junio de dos mil veintidós, su presentación es extemporánea, pues ocurrió después del término legal para acudir a esta instancia constitucional. Lo anterior en virtud de que el plazo con que contaba el defensor del quejoso para promover el juicio de amparo, trascurrió del seis al veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, sin contar los sábados y domingos comprendidos dentro de ese período, así como el cinco de mayo de ese año, por haber sido inhábiles conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo. En ese sentido, la parte quejosa dejó transcurrir en demasía el plazo previsto para promover el juicio de amparo indirecto en protección de sus derechos respecto de los actos reclamados en esta instancia. Por tanto, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia analizada; de conformidad con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XIV, en relación con el 17 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo en lo que ve al acto analizado en el presente apartado. En el caso, se surte la segunda hipótesis respecto de los actos reclamados, pues la omisión de notificarle la investigación seguida en su contra y darle intervención en la integración de la carpeta de investigación 20296/2021, en su etapa de investigación inicial, atribuida al Agente del Ministerio Público de Investigación adscrito a la Unidad de Atención Integral a las Mujeres, fue sustituida con el auto de vinculación a proceso dictado en audiencia de cuatro de mayo de dos mil veintiuno por el Juez de Control de Oralidad Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, misma que le fue notificada esa misma fecha; razón por la que subsiste procesalmente esta última determinación. Por tanto, existe un impedimento técnico para que en esta instancia constitucional se verifique de forma directa la regularidad de los actos reclamados, pues su situación jurídica actualmente se rige por la resolución asumida por el juzgador natural. En ese sentido, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 113, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo respecto de la omisión de notificarle la investigación seguida en su contra y darle intervención en la integración de la carpeta de investigación 20296/2021, en su etapa de investigación inicial, atribuida al Agente del Ministerio Público de Investigación adscrito a la Unidad de Atención Integral a las Mujeres.-

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, intégrese al expediente el oficio signado por el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con el que informa fue desechado el recurso de queja interpuesto contra el proveído de cuatro de noviembre pasado, por el que este órgano proveyó sobre la suspensión provisional; asimismo, devuelve el duplicado del cuaderno incidental 922/2021-VII. Acúsese recibo.-

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