Ramón Luis Morales Cruz
Expediente 978/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 978/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 03/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ramón Luis Morales Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, tres de febrero de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 978/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, tres de febrero de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia dictada el diecisiete de enero de dos mil veintitrés, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (definitiva) respecto de todos los actos reclamados, tal como se advierte de la resolución interlocutoria emitida en data once de noviembre de dos mil veintidós (fojas 25 a 27 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto); por lo que con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, este Juzgado estima innecesario conservar las constancias remitidas por la responsable 1. Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, por tanto, devuélvase a su lugar de origen el tomo de pruebas que se formó con las mismas, para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, tres de febrero de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia dictada el diecisiete de enero de dos mil veintitrés, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (definitiva) respecto de todos los actos reclamados, tal como se advierte de la resolución interlocutoria emitida en data once de noviembre de dos mil veintidós (fojas 25 a 27 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto); por lo que con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, este Juzgado estima innecesario conservar las constancias remitidas por la responsable 1. Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, por tanto, devuélvase a su lugar de origen el tomo de pruebas que se formó con las mismas, para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
VIII. Con esta fecha se notifica por este conducto a la tercera interesada la sentencia engrosada el diecisiete de enero de dos mil veintitrés, misma que a la letra dice: Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 978/2022, del índice de este Juzgado de Distrito, y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de los Juzgados Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta localidad, recepcionado el mismo día por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, RAMÓN LUIS MORALES CRUZ, promovió juicio de amparo. SEGUNDO. Mediante acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo; requirió de la autoridad señalada como responsable su informe justificado; dio la intervención que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y fijó fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional (fojas 13 a 17). TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos el informe justificado de las autoridades responsables (fojas 24 y 25); fue emplazado al presente juicio la tercera interesada María Rosa Morales Jiménez, por medio de la actuaria adscrita a este Juzgado (fojas 21 y 22); y tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución, y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción VII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de un acto dictado dentro de un proceso jurisdiccional, que se dice es susceptible de afectar directa e irreparablemente derechos fundamentales de los gobernados, tales como la legalidad y seguridad jurídica, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. Por razón de la materia (mixta) en razón de que actúa tanto como órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como de control constitucional al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Y por cuestión del territorio, toda vez que el acto reclamado fue emitido por una autoridad que reside en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado, con motivo de la emisión de la resolución reclamada. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, siendo en este caso el siguiente: La resolución de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, dictada en el juicio ordinario civil 180/2017-IV del índice del Juzgado responsable, la cual confirmó la pensión alimenticia provisional fijada a favor de la parte actora a razón del cincuenta por ciento (50%) del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado Resolución que fue notificada a las partes por lista de acuerdos el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós (foja 181 del tomo de pruebas). Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al 1. Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, como se aprecia del contenido de su informe justificado (fojas 24 y 25) lo que además se corrobora con las copias certificadas del juicio ordinario civil 180/2017-IV de su índice; documentales a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, ya que se trata de documentos públicos consistentes en copias certificadas que fueron expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que les asigna la ley, y de las cuales se advierte la existencia de los actos que se reclaman. Tienen aplicación al caso las jurisprudencias de los rubros siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." y "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. En el caso no se advierte, por quien aquí resuelve, alguna causa de improcedencia que se actualice, ni las partes las señalaron, entonces se procede al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Estudio. En términos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 74 de la Ley de Amparo, se concluye que en un análisis conjunto, sistemático y armónico de los conceptos de violación expresados por el quejoso, son infundados; aun suplidos en la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia (IV Región)2o.J/8(10a.) del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, de texto y rubro siguientes: SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA FAMILIAR. OPERA EN FAVOR DE CUALQUIERA DE LAS PARTES EN EL LITIGIO, CUANDO SE INVOLUCREN DERECHOS ALIMENTARIOS. En la contradicción de tesis 148/2012, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los alimentos tienen como fundamento "la solidaridad que debe manifestarse entre las personas con algún vínculo familiar"; en ese entendido, para comprender a mayor detalle a qué se refiere el concepto de familia, es necesario indicar que el Pleno del Máximo Tribunal del País, al resolver la acción de inconstitucionalidad 2/2010, afirmó que la Constitución Federal tutela a la familia entendida como "realidad social", lo que significa que debe cubrir todas sus formas y manifestaciones existentes en la sociedad, a saber: familias nucleares compuestas por padres con o sin hijos (biológicos o adoptivos) que se constituyan mediante el matrimonio o uniones de hecho; familias monoparentales compuestas por un padre o una madre e hijos; familias extensas o consanguíneas que se extienden a varias generaciones, incluyendo ascendientes, descendientes y parientes colaterales; así como las uniones de todos los estilos y maneras. En ese sentido, se considera que el concepto de familia se funda, esencialmente, en la afectividad, el consentimiento y la solidaridad libremente aceptada con la finalidad de llevar a efecto una convivencia estable. En este orden de ideas, es claro que al ser los alimentos un derecho de familia, todo lo relacionado con aquella institución afecta indudablemente el orden y desarrollo de todos los que son o hayan sido sus miembros; por ello, cuando el motivo de la litis involucre derechos alimentarios procede la suplencia de la queja a favor de cualquiera de las partes en el litigio conforme al artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, por alterarse y/o afectarse el orden y desarrollo de la familia; suplencia que consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de validar cada una de las determinaciones de la autoridad aun cuando no le reporten utilidad alguna al quejoso o recurrente o por el contrario le perjudique, sino sólo implicará el pronunciamiento para aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, el amparo resulte procedente. En mérito a lo anterior, lo procedente es negar el amparo solicitado, por los motivos que a continuación se expondrán. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO A efecto de exponer por qué se concluye en tal sentido, se estima conveniente destacar que de las copias certificadas relativas al juicio ordinario civil 180-2017-IV del índice del 1. Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, que éste envió en justificación a sus actos, y a las cuales en párrafos anteriores se les confirió pleno valor probatorio, se desprenden como antecedentes del acto aquí reclamado, esencialmente, los siguientes: a) Por escrito fechado el diecinueve de enero de dos mil diecisiete, MARÍA ROSA MORALES JIMÉNEZ, por propio derecho y en representación de su menor hija con iniciales L.M.M., demandó entre otras prestaciones el pago de una pensión alimenticia provisional y, en su momento, definitiva en favor de las acreedoras alimentarias, ofreciendo diversas pruebas con dicho escrito (fojas 2 a 11). b) Mediante proveído de treinta de enero de dos mil diecisiete, el juez responsable radicó el expediente 180/2017/IV, admitió la demanda y, entre otras cosas, fijó una pensión alimenticia provisional a razón del cincuenta por ciento (50%) del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado en su fuente laboral (fojas 38 y 39). c) Luego de ser emplazado a juicio el demandado RAMÓN LUIS MORALES CRUZ, a través del escrito fechado el dos de septiembre de dos mil veintiuno, contestó la demanda, y promovió reclamación en contra de la pensión provisional fijada en el auto de inicio (fojas 91 a 103); por lo que el juez del proceso dio vista con dicha reclamación a la parte actora mediante auto de diez de septiembre siguiente (foja 90). d) El veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, el Juez responsable resolvió la reclamación correspondiente, determinó confirmar la pensión alimenticia inicialmente decretada a cargo del demandado, del cincuenta por ciento (50%) del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado en su fuente laboral. (fojas 175 a 181) Previo a exponer las razones por las que los motivos de inconformidad se estiman infundados, es pertinente atender el marco normativo siguiente: MARCO NORMATIVO En principio, debe destacarse el contenido del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante publicación de diez de junio de dos mil once, en el Diario Oficial de la Federación, el cual establece literalmente lo siguiente: "Artículo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley." De la transcripción del citado precepto constitucional, se infiere, entre otras cosas, que a partir de la reforma constitucional de diez de junio del dos mil once, se elevaron a rango constitucional los derechos humanos protegidos tanto por la Carta Magna como por los tratados internacionales en que el Estado Mexicano es parte, cuestión que implica la creación de una especie de bloque de constitucionalidad integrado ya no sólo por la ley fundamental sino también por los referidos instrumentos supranacionales; asimismo, se incorporó el principio pro persona como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, en aquellas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas. El citado principio supone que, cuando existan distintas interpretaciones posibles de una norma jurídica, deberá elegirse aquella que más proteja al titular de un derecho humano o que lo restrinja en menor medida. También significa que, cuando en un caso concreto se puedan aplicar dos o más normas jurídicas, el intérprete debe elegir aquella que, igualmente, proteja de mejor manera a los titulares de un derecho humano. Expuesto a lo anterior, y atendiendo a que el suscrito debe hacer una interpretación de todas las normas aplicables al caso concreto, esto es, no solo de la norma constitucional suprema, sino también todas aquellas normas generales de derecho interno, así como los instrumentos internacionales; y a efecto de poder explicar los motivos por los cuales son infundados los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, relacionados con las garantías que tutela el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal Mexicana, conviene trascribir dicho numeral, que al respecto dice: "Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho." Asimismo, el derecho de audiencia y acceso a la justicia establecida en el texto constitucional antes transcrito, debe interpretarse en consonancia con el artículo 8°, numeral 1° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los cuales son del tenor siguiente: "Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano." "Artículo 8. Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. (.)." "Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. (.)." De las normas nacionales, como internacionales trascritas, se desprende el derecho de audiencia y acceso a la impartición de justicia, el cual consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, entendidas éstas como las necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que se traducen en los requisitos siguientes: La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; La oportunidad de alegar; y El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Lo anterior, se apoya en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual resulta aplicable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° Transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que es del tenor siguiente: DERECHOS HUMANOS. LA GARANTÍA JUDICIAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 8o., NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA RELATIVA, ES CONCORDANTE CON LAS DE AUDIENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 17 CONSTITUCIONALES. El citado artículo 8o., numeral 1, al disponer que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, resulta concordante con los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que llegue al extremo de ampliar las prerrogativas de audiencia y acceso a la justicia en ellos contenidas, porque la prerrogativa de que "toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías", está establecida en el segundo párrafo del indicado artículo 14, que prevé la garantía de audiencia en favor del gobernado mediante un juicio en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, y la referencia de que la garantía judicial en comento debe otorgarse "dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial", está en consonancia con el mencionado artículo 17, en lo concerniente a la tutela jurisdiccional de manera pronta, completa e imparcial, que previene que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Asimismo, es ilustrativa la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia P./J. 47/95, que se cita a continuación: FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. De conformidad con el artículo 14 de la constitución federal, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, es necesario que la autoridad previo al dictado de un acto de privación, lleve a cabo una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados, las cuales constituyen elementos fundamentales útiles para demostrar que la resolución que lo agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. En efecto, la aludida garantía de audiencia y acceso a la justicia consiste en la máxima oportunidad defensiva de los gobernados antes de ser privados de sus bienes o derechos por actos de autoridad. Respecto al alcance de la garantía de audiencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que existe la obligación por parte de las autoridades responsables para dar oportunidad al quejoso para que exponga todo cuanto considere conveniente en defensa de sus intereses. Expuesto lo anterior, se estima que la resolución que constituye el acto reclamado no viola en perjuicio del quejoso, la garantía consagrada en el artículo 14 de la Constitución Federal, pues se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento. En efecto, lo anterior se considera así, ya que la garantía que se estima violada fue observada, puesto que el juez responsable actuó en acatamiento a lo dispuesto en el segundo párrafo, del artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para Estado de Veracruz, en el cual se establece que en los casos en que se reclamen alimentos, el Juez podrá en el auto en que dé entrada a la demanda, a petición de parte y atendiendo a las circunstancias, fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento, cuando los acreedores justifiquen con las correspondientes copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial o su parentesco con el deudor alimentista, sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva, así pues, de la interlocutoria que en el presente caso es la fuente del reclamo se aprecia que la solicitante de alimentos justificó con la copia certificada de la correspondiente acta de nacimiento el lazo filial que une a la menor acreedora alimentaria con el aquí quejoso. Aunado a lo anterior, quien aquí resuelve considera que no se viola la garantía de audiencia, puesto que dicha medida alimentaria en esta etapa, como su misma denominación lo indica, se fija en forma provisional, pues el monto que en forma definitiva deberá regir se decreta al momento de dictarse sentencia, de ahí que se estime que en el caso particular, el deudor estuvo en posibilidad de inconformarse con esa medida provisional, tan es así que en el escrito mediante el cual dio contestación a la demanda instaurada en su contra, interpuso la reclamación a la pensión alimenticia, y ofreció diversas pruebas; dándose en este estadio procesal la oportunidad de ser oído, y posteriormente se emitió la resolución de reclamación que se combate mediante este controvertido constitucional. En consecuencia, si al darse trámite al juicio de alimentos de donde emana el acto reclamado, se acordaron diversas providencias de las establecidas en el artículo 210 del código procesal de la materia, como lo fue el fijar una pensión alimenticia provisional a favor de los demandantes de alimentos, con tal proceder se estima que se siguieron las formalidades del procedimiento especial de alimentos, y no resulta violatorio de la garantía de audiencia inmersa en el arábigo 14 de la Carta Magna, pues como ya se dijo, el aquí quejoso tuvo oportunidad de ser oído en audiencia al interponer la reclamación a la pensión alimenticia. Por otra parte, el impetrante de garantías aduce como concepto de violación, que la resolución reclamada es violatoria del artículo 16 constitucional. Es infundado el concepto de violación sintetizado en el párrafo que antecede. Al respecto, es menester traer a contexto lo previsto en el primer párrafo del artículo 16 de la Carta Magna, que textualmente dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Para evidenciar lo anterior, debe destacarse que en términos de lo previsto en el artículo 16 de la Constitución Federal, la conformación de la fundamentación y motivación es condición de existencia del acto autoritario, pues con la sola mención del derecho, que es abstracto resulta imposible resolver un caso concreto, y sin ella, es decir, sin la concurrencia aludida, es igualmente imposible la operación lógica de adecuar un caso concreto a aquellas disposiciones abstractas. Así, por fundamentación se debe entender la cita del precepto o preceptos legales que soportan la emisión de un acto, y la motivación implica adecuar lo establecido en los artículos invocados, al sentido del acto que se emite, lo que debe realizarse a través de la exposición de los razonamientos que conducen a la autoridad a tomar su decisión y respaldarla en la ley. Al respecto, resultan aplicables los criterios que a continuación se trascriben: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Precisado lo anterior, contrario a lo alegado por la quejosa, la responsable sí fundó su actuar, pues de la resolución reclamada se advierte que sustentó su actuación en los numerales 233, 234, 239 y 242 del Código Civil del Estado; y artículo 210 del código sustantivo civil; ello en cuanto a la Litis planteada; y por cuanto hace la valoración del materia probatorio citó los numerales 235, fracciones I, II y III, 239, 261, fracción IV, 266, 316, 320, 327, 329, 333 y 337 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad; cumpliendo así con la primera de las hipótesis mencionadas, esto es, con la cita de los preceptos legales aplicables al caso. Máxime que esos preceptos si son aplicables a la litis, pues los relativos al Código de Procedimientos Civiles para el Estado, hacen referencia a las reglas generales sobre la prueba, los medios de prueba reconocidos por la ley, a los documentos e instrumentos públicos, del valor de las fotografías, copias fotostáticas y demás pruebas científicas, así como a la procedencia de la reclamación contra la pensión alimenticia; mientras que los diversos preceptos del Código Civil invocados en la resolución reclamada, se refieren a la obligación alimentaria a cargo de los padres a favor de sus hijos, así como entre concubinos; qué deben comprender los alimentos, al principio de proporcionalidad entre la posibilidad del que deba darlos y a la necesidad del que deba recibirlos; así como a la repartición del importe de los alimentos. Además, por cuanto hace a la motivación, el juez responsable expuso toralmente en la propia determinación combatida que la pensión alimenticia provisional debía confirmarse pues el reclamante, aquí quejoso, no justificó con medios de convicción idóneos que su menor hija de identidad reservada se encuentra viviendo actualmente a su lado y que por ello cumple con su carga alimentaria; ni tampoco logró desvirtuar que a esa fecha ya no existía la aducida relación de concubinato, la cual según su dicho hacía más de ocho años que vivían separados. Conclusión a la que arribó el Juez responsable al desestimar el material probatorio ofrecido por el demandado, para los fines pretendidos -obtener la regraduación del monto de la pensión alimenticia a su cargo- pues no obstante que exhibió diversas documentales consistentes en la factura expedida por Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.; recibo de pago de servicio de telefonía expedido por Teléfonos de México, S.A. de C.V; recibo de pago de consumo de energía eléctrica emitido por Comisión Federal de Electricidad; tres tickets de compra de diversas cadenas comerciales; lo cierto es que les fue restado valor probatorio al haberse ofrecido esos medios de prueba en copia simple, y por tanto, carentes de todo valor probatorio. Con base en lo anterior, el suscrito advierte que la conclusión a que arribó el Juez responsable, en modo alguno violenta los derechos fundamentales del quejoso, pues se señalaron las razones y motivos que tuvo para confirmar la pensión alimenticia decretada inicialmente, cumpliendo así con la obligación constitucional de motivar la causa legal del procedimiento. En ese mismo orden de ideas, se considera que no asiste la razón a la parte quejosa, cuando sostiene que la responsable no valoró adecuadamente el material probatorio que ofreció a efecto de que se redujera el porcentaje de la medida provisional de alimentos, pues como se dejó asentando, el Juez responsable analizó en su justa medida, que el demandado no aportó medio probatorio para justificar que su menor hija de identidad reservada, actualmente y por mandato legal vive a su lado, ya que en contraposición al material probatorio ofertado consta que el depósito judicial se decretó en el juicio natural a favor de la madre de la menor involucrada. Lo anterior pone de manifiesto, que de ser cierto lo que aduce el demandado en el juicio natural, integró a su hogar a su menor hija, circunstancia que en todo caso prevalece de hecho; pues de estricto derecho, la madre de dicha menor, de nombre María Rosa Morales Jiménez, a quien se le otorgó la guarda y custodia como consta en la diligencia de cercioramiento de la medida de depósito de dos de febrero de dos mil diecisiete. (fojas 40 a 42) De ahí que ante tal escenario extraordinario del cual se desconoce, por no existir prueba idónea que brinde apoyo en ese sentido, si la incorporación de la menor involucrada identificada con las iniciales L.M.M. al lado de su padre, aquí quejoso, no se sustenta en un mandato judicial, sino que en todo caso se llevó a cabo por voluntad y decisión propia del ahora impetrante de amparo, esto es, si el quejoso motu proprio varió las circunstancias puestas a consideración del Juez responsable, sin mandato judicial de por medio, ello constituye una circunstancia ajena que no puede generar el derecho de postergar el cumplimiento cubrir la carga alimentaria impuesta. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio orientador siguiente: ALIMENTOS. SI EN LA SENTENCIA SE CONDENÓ A UNA DE LAS PARTES A ENTREGAR FÍSICAMENTE AL MENOR A SU CONTRARIA CON MOTIVO DEL CAMBIO DE GUARDA Y CUSTODIA, ASÍ COMO A CUBRIR LA PENSIÓN RELATIVA EN FAVOR DEL INFANTE Y ÉSTE SE ENCUENTRA CON LA PARTE CONDENADA, ELLO NO SIGNIFICA QUE ESTÉ CUMPLIENDO CON LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). El artículo 17, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, lo que significa que su cumplimiento no queda al arbitrio del gobernado, pues ello generaría impunidad e inseguridad jurídica en contravención a dicho precepto constitucional y, por ende, debe garantizarse que no se obstaculice la plena ejecución de la sentencia, pues allí radica una razón de orden público consistente en que se cumplan en sus términos al haber alcanzado el estatus de cosa juzgada, hasta en tanto no haya quedado insubsistente por diversa resolución. En ese orden, si en una sentencia se condenó a una de las partes a entregar físicamente al menor a su contraria con motivo del cambio de guarda y custodia, así como a cubrir la pensión alimenticia en favor del infante, entonces, debe cumplirse el pago de alimentos con independencia de que quien tenga que entregar al menor persista en tenerlo en su poder, pues la no entrega constituye un hecho ilícito que no genera derechos, como es el de postergar el cumplimiento de pago, máxime que éste forma parte del patrimonio del menor con motivo de la resolución judicial. En efecto, la legislación mexicana no prevé en favor del infractor el nacimiento de derechos a partir de los actos ilícitos que cometa, por lo que impera el principio general del derecho, consistente en que "a nadie se le permitirá aprovecharse de su propio fraude o sacar partido de su propia injusticia o fundar demanda alguna sobre su propia inequidad o adquirir propiedad por su propio crimen". Además, no puede considerarse que al infractor se le obligaría a cubrir un doble pago de alimentos por el hecho de que el infante se encuentre incorporado a su hogar, pues esta circunstancia sólo le es imputable a él, conforme al principio general del derecho que reza "al que realiza una cosa ilícita se le imputa todo lo que de ella se sigue, aunque sea ajeno a su voluntad". Además, la negativa de entrega no implica el cumplimiento de la obligación alimentaria, pues de una correcta intelección del artículo 309 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, se advierte que la norma abarca dos escenarios en que debe cumplirse dicha obligación: a) El ordinario, por no existir conflicto, en donde se actualizan dos formas de cumplir con la obligación alimentaria: 1. Proporcionando una pensión al acreedor alimentista; y, 2. El deudor integra al acreedor a su familia; b) El extraordinario, en donde existe conflicto para integrar al menor al seno familiar del deudor; y en este caso, corresponde al Juez de lo familiar fijar la forma en cómo se deberán suministrar los alimentos, según las circunstancias. Dicho escenario extraordinario también se encuentra previsto en el artículo 310 del código citado, que dispone, en lo conducente, que el deudor alimentista no podrá pedir que se reincorpore a su familia a quien debe recibir alimentos, cuando haya inconveniente legal para hacer esa incorporación. Así, cuando se decreta un cambio de guarda y custodia, se actualiza la hipótesis prevista en el inciso b), pues existe un conflicto que dio lugar a un inconveniente legal para que el menor se incorpore al hogar del obligado. Por tanto, aun cuando el infante se encuentre con la parte condenada, ello no significa que cumpla con la obligación alimentaria. De no considerarse así, generaría impunidad e inseguridad jurídica en contravención al precepto constitucional referido. De ahí que si el Juez responsable al emitir la resolución reclamada atendió a lo dispuesto en el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles, como ya se dejó sentado, ningún trato desigual aplicó en perjuicio de las garantías que tutela el artículo 4° Constitucional a favor del aquí quejoso. En esas condiciones, quien esto resuelve estima que la decisión alcanzada por la responsable, no resulta violatoria de los derechos fundamentales del quejoso. CONCLUSIÓN En consecuencia, al resulta infundados los conceptos de violación, aun suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; se niega el amparo y protección de la Justicia Federal, solicitado por el quejoso RAMÓN LUIS MORALES CRUZ. SEXTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73 a 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a RAMÓN LUIS MORALES CRUZ, contra el acto y autoridad precisados en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el último considerando de esta resolución. Notifíquese en términos de ley.Así lo sentenció y firma electrónicamente el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Mónica Penélope Rosales Gallegos, con quien actúa y da fe, el día de hoy diecisiete de enero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.Mónica Penélope Rosales GallegosMónica Penélope Rosales Gallegos
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado por el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase por rendido su INFORME JUSTIFICADO, y con el mismo dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, ténganse como pruebas de la responsable de mérito, las documentales que anexa a su oficio de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de lo anterior en la aludida audiencia que al efecto se celebre. Dado lo voluminoso de las constancias que se anexaron, fórmese un cuaderno de pruebas de dichas constancias, para el mejor manejo del presente asunto. Notifíquese en términos de ley.
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