Ramón Luévano Silva

Expediente 585/2021 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito. 10 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
585/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
02/06/2022

Partes del expediente

  • Ramón Luévano Silva

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Vista la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiuno de abril de dos mil veintidós, dictada por este Primer Tribunal Colegiado, en la cual se sobreseyó en el juicio de amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar; en consecuencia, con testimonio de la ejecutoria, remítanse a la autoridad responsable los autos de origen; hágase la anotación en el libro físico y electrónico de gobierno correspondiente, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Notifíquese

  2. Juicio de Amparo Directo

    ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *********************, por conducto de su defensor particular licenciado ***********************, contra la autoridad y por el acto que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria. Notifíquese

  3. Juicio de Amparo Directo

    Toda vez que transcurrió el término de dos días concedido a la parte quejosa, para que compareciera a este tribunal a notificarse de la resolución de veintiuno de abril del año en curso, sin que lo hayan hecho, no obstante el citatorio que se les dejó, se les notifica por este medio y al efecto le hago saber que este órgano jurisdiccional, en sesión de esa fecha resolvió: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *********************, por conducto de su defensor particular licenciado ***********************, contra la autoridad y por el acto que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Toda vez que transcurrió el término de dos días concedido a la parte quejosa, para que comparecieran a este tribunal a notificarse del proveído de veinticinco de marzo del año en curso, sin que lo hayan hecho, no obstante el aviso que se les dejó, se le notifica por este medio y al efecto le hago saber: Como se ordenó en la sesión ordinaria virtual de la misma fecha, este Primer Tribunal Colegiado de Circuito, anunció la posible actualización de la causal de improcedencia prevista en 61, fracción XIV, en relación con el 170, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, quedando en lista a fin de dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, manifieste lo a que su derecho convenga, en torno a la causal de improcedencia señalada en el proyecto de resolución que se sometió a consideración; lo anterior en aras de velar por el derecho de audiencia y, en su caso, que la parte interesada se encuentra en oportunidad de expresar argumentos tendientes a favorecer su situación jurídica y se esté en aptitud de resolver lo que conforme a derecho corresponda una vez que, en su caso, se desahogue la vista conducente la cual se sustenta en las siguientes consideraciones: "CUARTO. Actualización de una causa de improcedencia. En la especie, resulta innecesario analizar la sentencia reclamada y los conceptos de violación que su contra formula el quejoso, pues este Órgano de Control Constitucional advierte de oficio la actualización de un motivo que conduce al sobreseimiento en el juicio, cuestión que por ser de orden público es preferente al estudio del fondo del asunto, acorde a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. I. Antecedentes. De la consulta hecha al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que constituye un hecho notorio para este Cuerpo Colegiado, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme su numeral 2º, se observa lo siguiente: 1. El tres de junio de dos mil trece, la Juez de Garantía y Tribunal de Juicio Oral del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas, ante el cual se desarrolló la audiencia de procedimiento abreviado derivado de la causa penal 52/2012, dictó sentencia condenatoria contra Ramón Luévano Silva y sus coacusados, al considerarlos penalmente responsables de la comisión del delito de secuestro agravado, cometido en perjuicio de la víctima de identidad reservada. 2. Inconformes con ese fallo condenatorio, Ramón Luévano Silva y otro de los sentenciados, interpusieron recurso de revisión, del que correspondió conocer a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, el cual fue resuelto el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, dentro del toca penal R.R.O. 138/2016, en el sentido de declarar improcedente ese medio de impugnación. 3. El trece de septiembre de dos mil diecisiete, el ahora quejoso y otro promovieron demanda de amparo directo, en la que reclamaron la mencionada sentencia de segunda instancia de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, y su ejecución; la cual tocó conocer a este Tribunal Colegiado, quien por auto de Presidencia la admitió a trámite y fue registrada con el expediente 1239/2018, y en ejecutoria de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, el Pleno de este órgano jurisdiccional federal determinó carecer de competencia legal para conocer de ese juicio, y ordenó remitir la demanda de derechos y sus anexos al Juzgado de Distrito en el Estado en turno. 4. El Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, en auto de nueve de noviembre de dos mil dieciocho, tuvo por recibida la referida demanda y se avocó al conocimiento del asunto que ordenó registrar como juicio de amparo indirecto 1924/2018, y seguido que fue el procedimiento por sus demás etapas, el tres de mayo de dos mil diecinueve celebró la audiencia constitucional, que concluyó con sentencia firmada el treinta de junio de ese mismo año, en la que resolvió negar la protección de la Justicia Federal a los quejosos. 5. En contra de esa determinación, la parte quejosa interpuso el recurso de revisión penal 837/2019, del índice de este Órgano Colegiado, fallado en sesión de nueve de enero de dos mil veinte, por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, en el sentido de confirmar la sentencia recurrida. II. Causal de improcedencia que invoca la juez responsable. La juez responsable en su informe justificado hace valer la causal de improcedencia prevista en la fracción IX, del artículo 61 la Ley de Amparo; sin embargo, para justificar su planteamiento refiere que el sentenciado Ramón Luévano Silva, dentro de la causa penal 52/2012 que se le siguió por el delito de secuestro, ya promovió otro juicio de amparo directo contra la sentencia condenatoria emitida en su contra mediante procedimiento abreviado, de manera que la hipótesis de improcedencia a la que en realidad alude dicha autoridad judicial se ubica en la fracción XI de dicho numeral, lo cual se corrige conforme a lo señalado en el diverso ordinal 76 de la propia ley. Ahora bien, de lo estipulado en el precepto 61, fracción XI, de la ley de la materia, se desprende el principio de cosa juzgada que opera para actualizar una causa de improcedencia cuando existiendo una ejecutoria dictada en un juicio de amparo previo, se promueva uno nuevo en el que exista identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, aunque las violaciones sean diversas. Sobre el tema, resulta ilustrativo el criterio sustentado en la tesis XCV/2016, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "COSA JUZGADA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO RELATIVO, ES COMPATIBLE CON EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Conforme al precepto y porción normativa señalados, el principio de cosa juzgada opera en el juicio de amparo para actualizar una causa de improcedencia cuando existiendo una ejecutoria dictada en un juicio constitucional previo, se promueva uno nuevo en el que exista identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, aunque las violaciones reclamadas sean diversas; figura que no sólo se actualiza cuando en la sentencia se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, pues esta situación no puede desconocerse en un nuevo juicio constitucional; lo que es compatible con la garantía de seguridad jurídica, pues el propósito de la figura de la cosa juzgada es revelar las condiciones terminantes en que habrá de concluir un asunto jurisdiccional, con lo que se dotará de certeza jurídica a la decisión definitiva asumida y a los intervinientes en el juicio respecto de las consecuencias derivadas del caso, toda vez que el respeto a la decisión judicial constituye un pilar del estado de derecho como fin último de la impartición de justicia." Sentado lo anterior, contrario a lo manifestado por la juzgadora responsable, en la especie no se actualiza el motivo de inejercitabilidad de la acción de amparo que propone, toda vez que, si bien tanto el diverso amparo directo 1239/2017, como el presente juicio los promovió el mismo quejoso Ramón Luévano Silva, no se advierte que fuera por el mismo acto o actos reclamados. En efecto, en la demanda que se radicó como amparo directo 1239/2017, la parte quejosa reclamó la resolución de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, dictada dentro del toca penal R.R.O. 138/2016, por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, así como su ejecución; mientras que en el presente juicio constitucional, se reclama la sentencia de tres de junio de dos mil trece, dictada dentro del procedimiento abreviado que derivó de la causa penal 52/2012, por la Juez de Garantía y de Tribunal de Juicio Oral del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas. Sin que pase inadvertido que en el primero de los referidos juicios de amparo, también fue señalada como autoridad responsable la mencionada juzgadora de primera instancia; sin embargo, el acto que se le reclamó se hizo consistir en la ejecución de la resolución de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, dictada en el toca penal R.R.O. 138/2016. De manera que, no obstante que en el juicio para la tutela de derechos que nos ocupa existe coincidencia en relación al quejoso -Ramón Luévano Silva-, no fue contra idénticos actos reclamados en el diverso amparo directo 1239/2017, ni tampoco respecto de las mismas autoridades responsables, habida cuenta que en este último asunto, como se indicó en líneas anteriores, se dictó sentencia en la que este Tribunal Colegiado de Circuito se declaró incompetente legalmente para conocer de ese juicio en la vía uniistancial, lo que patentiza aún más que no se actualiza la causal de improcedencia en estudio. III. Causales de improcedencia advertidas de oficio. Tomando en cuenta que la sentencia condenatoria reclamada se notificó personalmente al quejoso el tres de junio de dos mil trece, para cuando presentó su demanda de derechos el ocho de noviembre de dos mil veintiuno, ya había transcurrido en exceso el plazo de ocho años que establece el artículo 17, fracción II, de la Ley de Amparo, lo que conduciría a que cobrara vigor la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del numeral 61 de dicha ley; no obstante, sin perjuicio de lo anterior, este Órgano Colegiado advierte que el caso concreto, amerita estudio preferente por orden de importancia, el diverso motivo de inejercitabilidad de la acción constitucional que prevé la fracción XXIII, del precitado dispositivo en relación con el artículo 170, fracción I, del propio ordenamiento legal, toda vez que el peticionario de derechos no agotó el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatir el acto que reclama. En apoyo de lo anterior, cabe invocar por su contenido esencial y espíritu que lo motiva, el criterio sustentado en la jurisprudencia 3/99 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." En efecto, en la especie se aprecia que la sentencia reclamada, constituye un acto consentido, dado que el impetrante de la tutela constitucional omitió agotar en su contra el medio ordinario de defensa correspondiente, y esa falta de impugnación constituye manifestación de aceptación, al tenor del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 170, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; [.]." La interpretación gramatical de dichos preceptos revela que el juicio de amparo resulta improcedente cuando no se cumple con el principio de definitividad, esto es, que la procedencia del juicio de derechos está condicionada a que el gobernado, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, haga valer el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado, por el que hubiera podido modificar, revocar o nulificar la determinación que combata, salvo la excepción ahí contenida. Lo anterior, toda vez que el juicio constitucional tiene como objeto de estudio los actos de autoridad que afecten al quejoso, que previamente han sido preparados a través de los recursos que establezca la ley que rige el acto reclamado, en atención al principio de definitividad vigente para este medio extraordinario de defensa. Por tanto, de no prepararse el juicio contra un acto del que deriva la sentencia reclamada, la consecuencia será la improcedencia de la vía constitucional, tal y como lo dispone el artículo 170, fracción I aludido, en la parte que señala, que para la procedencia del juicio deberá agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales la sentencia definitiva pueda ser revocada o modificada. Ahora bien, como ya se señaló, el quejoso reclama de la Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas, ante la cual se desarrolló la audiencia de procedimiento abreviado derivado de la causa penal 52/2012, la sentencia condenatoria de tres de junio de dos mil trece, dictada en su contra y de sus coacusados, al considerarlos penalmente responsables de la comisión del delito de secuestro agravado, cometido en perjuicio de la víctima de identidad reservada. Al respecto, es de destacar lo que los artículos 426 y 450 del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas vigente en la época en que se dictó la referida sentencia condenatoria, disponen con relación a la existencia de un medio de impugnación ordinario: "CAPÍTULO II Procedimiento abreviado Sentencia en el procedimiento abreviado Artículo 426. Terminado el debate, el Juez emitirá su fallo sobre condena o absolución en la misma audiencia, y deberá dar lectura pública a la sentencia, dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas. En caso de ser condenatoria, no podrá imponer una pena superior a la solicitada por el Ministerio Público. En ningún caso el procedimiento abreviado se opondrá a la concesión de alguna de las medidas alternativas consideradas en la ley, cuando correspondiere. La sentencia que se dicta en el procedimiento abreviado es apelable". "CAPÍTULO III Recurso de Apelación Resoluciones apelables Artículo 450. Sin perjuicio de otras disposiciones establecidas en este Código, el recurso de apelación procederá solamente contra las resoluciones dictadas por los jueces competentes en las etapas preliminar e intermedia, siempre que sean declaradas apelables, causen agravio irreparable, pongan fin a la acción o imposibiliten que ésta continúe. Serán apelables las siguientes resoluciones: [.] IV. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado. [.]." En ese sentido, si Ramón Luévano Silva y su defensa, una vez que la Juez de Garantía y Tribunal de Juicio Oral del Distrito Judicial de la Capital, emitió sentencia en audiencia de tres de junio de dos mil trece, relativa a la causa penal 52/2012 -que se instruyó contra el aquí quejoso y otros, por el delito de secuestro agravado cometido en agravio de la víctima de identidad reservada-, de la que quedaron notificados en aquella misma fecha; omitieron interponer el recurso de apelación dentro del término de tres días a que alude el artículo 451 del ordenamiento legal en consulta, debe señalarse que el nombrado sentenciado la consintió en sus términos, es decir, jurídicamente estuvo de acuerdo con las consideraciones y decisiones de la juez de la causa. Dicho de otro modo, si aquí el quejoso promueve el juicio de derechos reclamando la sentencia definitiva que deriva de un procedimiento abreviado, contra la cual procede el recurso de apelación previsto en el artículo 450, fracción IV, del Código Adjetivo Penal Zacatecano aplicable, y ese medio de defensa ordinario no fue agotado -previo a instar el juicio constitucional- es dable concluir que no cumplió con el principio de definitividad, y por ende, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 170, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, el criterio que se comparte sustentado en la tesis II.1°.13 P, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, cuyo rubro y texto señala: "SENTENCIA EMITIDA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO. PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL AMPARO EN SU CONTRA DEBE INTERPONERSE EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 409 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE MÉXICO. El procedimiento abreviado tramitado conforme a los artículos 388 a 393 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, constituye una forma anticipada de concluir el juicio cuando concurren las siguientes exigencias: la conformidad del justiciable con su tramitación, el conocimiento que éste tenga sobre su derecho a pedir un juicio oral, pero renuncie expresamente a esa prerrogativa, y acepte ser juzgado con los antecedentes que hasta ese momento obren en la investigación; además, entienda los términos y consecuencias de ese procedimiento, y haya reconocido voluntariamente ante la autoridad judicial su intervención en el delito, con conocimiento de las consecuencias jurídicas de ello. Así, una vez que dichos requisitos son validados por el Juez de control, se cita a una audiencia en la que el Ministerio Público formula su acusación y las partes tienen oportunidad de alegar, luego de la cual se dicta sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. Ahora bien, toda vez que el procedimiento abreviado culmina con una sentencia, entendida ésta conforme a la definición contenida en el artículo 65 de la propia legislación procesal, como aquella que resuelva en definitiva la instancia, en su contra procede el recurso de apelación, de conformidad con el artículo 409 del mencionado ordenamiento adjetivo, cuyo conocimiento corresponde a las Salas Penales del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de acuerdo con el artículo 44, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad, en el cual, la locución "primera instancia" no debe entenderse referida a la denominación de los diferentes tipos de juzgadores que coexisten durante el proceso de transición del sistema mixto o tradicional al sistema de justicia penal de corte acusatorio, sino a las etapas procesales por las que cursa el juicio. En esas condiciones, si previo a promover el juicio de amparo contra la sentencia recaída a un procedimiento abreviado no se interpone el recurso mencionado, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo." En tales condiciones, con fundamento en el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se da vista a la parte quejosa, por el plazo de tres días, para que manifieste lo a que su derecho convenga, en torno a la causal de improcedencia advertida de oficio por el magistrado ponente y puesta a consideración del Pleno de este Tribunal Colegiado. Por otra parte y sin necesidad de un nuevo acuerdo, una vez que transcurra dicho plazo, devuélvase el presente expediente a la ponencia de origen para que se elabore el correspondiente proyecto de resolución.

Quedan 6 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito · 5,526 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano