Ramón Lorenzo Jiménez
Expediente 966/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 15 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 966/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 07/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ramón Lorenzo Jiménez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
... PROCEDE TENER POR CUMPLIDA la sentencia dictada en este asunto... archívese como concluido... resulta innecesario conservar las constancias relativas al juicio ordinario civil... del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en esta ciudad, las cuales se llevan en un tomo por separado... devuélvanse...
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CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO QUE DICE: Del estado procesal del juicio de amparo en que se actúa y de la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, respecto de las constancias remitidas en cumplimiento de la sentencia dictada en este asunto; al respecto, se procede a analizar si de conformidad con dichas constancias la sentencia de amparo está cumplida. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Para el indicado análisis debe tomarse en cuenta lo siguiente: I. El acto reclamado por la parte quejosa consistió en lo siguiente: La resolución de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, emitida por el Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, en el juicio ordinario civil *** de su índice. Cabe precisar que en la referida resolución, el juzgado responsable resolvió el recurso de reclamación interpuesto por la parte quejosa en contra del proveído de cinco de marzo de dos mil veintiuno, y confirmó la pensión alimenticia provisional a favor de sus hijos menores de edad *** y *** (de quienes se omiten sus nombres en atención a su interés superior), consistente en tres salario mínimos diarios vigentes en la entidad, equivalente a *** (***) diarios, correspondiéndole salario y medio a cada acreedor. II. En sentencia de dieciocho de abril de dos mil veintidós, se concedió el amparo a la parte quejosa para el efecto de que el Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: 1. Dejara insubsistente la resolución reclamada. 2. Con plenitud de jurisdicción, dictara una nueva resolución, la cual podría ser en el mismo sentido de la anterior o en uno diverso; sin embargo, de optar por el primer caso, debía purgar los vicios formales señalados en la sentencia, esto es, debía expresar los fundamentos y motivos que tomara en consideración para resolver, así como la congruencia y exhaustividad necesarias que deben tutelar todos los actos de autoridad. Al respecto, en la sentencia de amparo se determinó que la autoridad responsable incurrió en las omisiones siguientes: a) El juez responsable no especificó suficientemente cuál era la posibilidad real del demandado (quejoso), para otorgar alimentos en relación con su capacidad económica. b) No expuso con base en qué prueba se demostró que el aquí quejoso percibía ingresos suficientes que le permitieran cumplir con la pensión alimenticia provisional decretada en el acuerdo de inicio del juicio de origen. c) No señaló cómo es que concluyó que el monto establecido como pensión alimenticia provisional consistente en tres salarios mínimos, correspondía a las necesidades de sus dos menores hijos, es decir, un salario y medio para cada uno de ellos, pues era necesario que hubiera expuesto argumentos suficientes con base en las pruebas aportadas por las partes de cómo fue que estableció dicho monto. d) No valoró en su totalidad el material probatorio aportado por las partes, pues si bien manifestó el valor formal que asignó a las actas de nacimiento de los menores, así como a algunos documentos de conformidad con el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, lo cierto es que no precisó el grado de convicción de cada una de esas pruebas, pues no dio valor probatorio al contrato de arrendamiento del vehículo automotriz destinado al transporte público en su modalidad de taxi, celebrado con el señor *** de cinco de junio de dos mil veinte , ni al contrato de arrendamiento celebrado entre el quejoso y *** de fecha once de septiembre de dos mil diecinueve . e) El juez responsable soslayó señalar de forma objetiva cómo es que concluyó que el ingreso restante que percibía el quejoso en su fuente de trabajo, era suficiente para solventar los gastos necesarios para su propia subsistencia. III. El dieciséis de mayo de dos mil veintidós, la sentencia emitida en este juicio causó ejecutoria, por lo cual se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. IV. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable remitió las constancias respectivas. V. En acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a las partes con el cumplimiento dado por la autoridad responsable. VI. Del análisis de las constancias de autos, se advierte que el Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, en cumplimiento a la ejecutoria, realizó lo siguiente: En resolución de veinte de mayo de dos mil veintidós, dejó insubsistente la diversa resolución de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno (acto reclamado). Determinó procedente el recurso de reclamación interpuesto por el aquí quejoso y modificó la pensión alimenticia provisional, de tres salarios mínimos diarios a la cantidad líquida de doscientos pesos diarios a favor de los dos menores acreedores, de acuerdo con las siguientes consideraciones: A) Determinó procedente regraduar la pensión alimenticia en atención a las manifestaciones del reclamante (aquí quejoso), quien refirió que contrario a lo manifestado por la actora, él solamente era conductor de transporte público en su modalidad de taxi, pues arrendaba la unidad vehicular a una diversa persona, por la cantidad de doscientos cincuenta pesos diarios, y además, debía pagar gasolina y lavado del coche; asimismo, el reclamante refirió que sus ingresos no rebasaban los dos salarios mínimos diarios. B) Lo anterior, según señaló el juez responsable, quedó acreditado en autos con las pruebas aportadas, entre ellas la consistente en el contrato de arrendamiento del vehículo automotriz destinado al transporte público en su modalidad de taxi, celebrado entre el señor *** y el suscrito, en fecha cinco de junio de dos mil veinte , al cual otorgó valor probatorio en términos de los artículos 225, 235, fracción III, 266, 327, 337 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado; asimismo, el juez responsable precisó que de dicha documental se desprendía que el reclamante no era propietario del vehículo y que lo arrendaba para desempeñarse como chofer de taxi. C) Aunado a lo anterior, se determinó como hecho notorio el alto costo de la gasolina, la cual era materia prima para desempeñar el trabajo del reclamante, que generaba gastos constantes durante el día, por lo que los ingresos diarios del reclamante no se encontraban comprobados, ni se tenía conocimiento exacto de ellos. D) En ese sentido, el juez responsable precisó que la pensión alimenticia no debía ser fijada con base en criterios puramente matemáticos, sino que debía atenderse a la necesidad del acreedor y a las posibilidades del deudor, así como el entorno social en que se desenvolvían ambas partes, pues no se limitaba a obtener una precaria supervivencia o a la satisfacción de las ingentes necesidades del acreedor alimentario. E) Acorde con lo anterior, el juez determinó que al desconocerse el monto diario que percibía el reclamante como ingreso, debía determinarse un salario mínimo diario para cada acreedor, pues con base en los principios de justicia y proporcionalidad era una cantidad líquida considerada como mínimo vital para satisfacer las necesidades básicas. F) De la misma forma, el juez responsable estimó procedente lo argumentado por el reclamante en relación con sus gastos personales como comida, gas, luz, agua, ropa y demás servicios para subsistir; al respecto, valoró la documental consistente en el contrato de arrendamiento del inmueble donde actualmente vivo... , en términos de los artículos 225, 235, fracción III, 266 327 y 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, con lo que el juez responsable tuvo por acreditado el hecho de que, al encontrarse separado del domicilio familiar, el reclamante debía rentar un bien inmueble donde habitar, el cual también implicaba gastos que mermaban considerablemente su economía. De lo expuesto, se considera que la ejecutoria de amparo está cumplida, debido a que el juzgado responsable dejó sin efectos la resolución reclamada y con libertad de jurisdicción, emitió otra en sentido contrario, pues determinó regraduar la pensión alimenticia provisional, pero tomó en consideración la totalidad de las pruebas aportadas en autos, así como las necesidades de los acreedores en relación con la posibilidad del deudor y sus propios gastos de subsistencia, ello en atención a lo establecido en la sentencia de amparo. Bajo las circunstancias narradas, PROCEDE TENER POR CUMPLIDA la sentencia dictada en este asunto; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como concluido. En ese contexto, en cumplimiento a lo dispuesto en el considerando noveno del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración, debido a que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), fracción I, del artículo 18 del Acuerdo General citado, al ser un juicio en el que se concedió el amparo, además de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Quinto del Acuerdo General referido, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, tal y como lo dispone el artículo 29, fracción II, párrafo segundo del acuerdo normativo. Finalmente, resulta innecesario conservar las constancias relativas al juicio ordinario civil *** del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en esta ciudad, las cuales se llevan en un tomo por separado; por lo tanto, devuélvanse dichas constancias al juzgado responsable, sin que haya necesidad de solicitar acuse pues se contará con la constancia de notificación relativa.
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El Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, informa el cumplimiento de la ejecutoria de amparo... se ordena dar vista a las partes por el término de TRES DÍAS... a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga en relación con el cumplimiento de la sentencia de amparo; transcurrido el plazo otorgado, con desahogo de la vista o sin éste, se dictará la resolución que corresponda...
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CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA, EL ACUERDO QUE DICE: El Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, informa el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, a efecto de estar en aptitud de acordar lo conducente en este asunto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes por el término de TRES DÍAS, legalmente computado, a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga en relación con el cumplimiento de la sentencia de amparo; transcurrido el plazo otorgado, con desahogo de la vista o sin éste, se dictará la resolución que corresponda.
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