Ramón Lomelí Jiménez
Expediente 1172/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1172/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 30/09/2020
Partes del expediente
- Ramón Lomelí Jiménez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Incidental
Zapopan, Jalisco, treinta de septiembre de dos mil veinte. Archivo. Visto el contenido de la certificación que antecede, y tomando en consideración que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como totalmente concluido. Acuerdo General. En cumplimiento al artículo 18, inciso a) del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓIN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, el presente expediente, se considera susceptible de depuración, en tanto que, se concedió la suspensión definitiva. Duplicado. Luego, por lo que ve al duplicado del incidente de suspensión en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción II, inciso a), artículo 20 del citado acuerdo general, éste es destruible en el término de seis meses; término que comenzara a transcurrir, al día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído. Devolución de documentos. Por último, en el presente asunto, no obran documentos a los que se refiere el artículo 18 del multicitado acuerdo general, por lo que no resulta necesario el cumplimiento al antepenúltimo párrafo del mismo. Intégrese expediente físico. Se instruye al secretario adscrito para que integre el expediente físico con el presente proveído y, en su caso, con lo de cuenta, en los términos y plazos indicados en los Acuerdos Generales expedidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Principal
Zapopan, Jalisco, treinta de septiembre de dos mil veinte. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que mediante proveído de diecisiete de marzo de dos mil veinte, se dio vista a las partes, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que les fue notificado el tres de agosto del año en curso. Pronunciamiento. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el cuatro de julio de dos mil dieciséis, por una parte sobreseyó en el juicio de amparo, y por otra parte, concedió el amparo y la protección constitucional; sin embargo, dicha resolución fue recurrida por la parte quejosa, habiendo conocido de dicho recurso el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el que, bajo número de revisión principal 499/2016, determinó revocar la sentencia recurrida y ordenó reponer el procedimiento para los siguientes efectos: "(.) a fin de que, de manera personal, manifieste si es su deseo señalar como responsable a la autoridad denominada "Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Jalisco", que participó en la aplicación de los exámenes de control de confianza que dieron origen al procedimiento administrativo de que se trata; y seguido el juicio, resuelva lo que corresponda.(.)" De esta manera, mediante proveído de ocho de diciembre de dos mil dieciséis, se requirió a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Jalisco, y de ser así, imputarle el acto reclamado consistente en los exámenes que le fueron practicados, los cuales dieron origen al procedimiento administrativo que nos ocupa. En consecuencia, en auto de veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, se tuvo al quejoso desahogando la vista concedida, y al efecto, se admitió la ampliación de demanda señalando como nueva autoridad responsable al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Jalisco. Así, este juzgado federal con fecha treinta de enero de dos mil diecisiete, dictó la sentencia correspondiente, determinando por una parte sobreseer en el juicio, y por otra parte conceder la protección federal; sin embargo, dicha resolución fue impugnada por la parte quejosa, habiendo conocido del recurso el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el que, bajo número de revisión principal 208/2017, determinó modificar la sentencia recurrida, sobreseer en el juicio y conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, a efecto de que el Encargado de Asuntos Internos de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco (antes Secretaría de Vialidad del Estado de Jalisco), realice los actos siguientes: "[.] Consecuentemente, al resultar jurídicamente ineficaces los agravios expresados por las autoridades responsables y fundados los planteados por el quejoso, lo que procede es modificar la sentencia recurrida para conceder el amparo, a fin de que se deje sin efectos el auto de avocamiento de nueve de marzo de dos mil dieciséis y los actos inherentes al procedimiento de separación en contra del quejoso. En la inteligencia que las autoridades deberán abstenerse de iniciar u ordenar el inicio de uno nuevo, basado en los mismos exámenes y reporte integral que se analizaron en el acuerdo de avocamiento reclamado [.]". Asimismo, resulta oportuno transcribir las consideraciones realizadas por la superioridad al emitir la ejecutoria de amparo que nos ocupa: "[.] Según se ve, ni de los exámenes ni del reporte integral se aprecia que se hubiera expresado que examen reprobó el quejoso, sino que en el reporte únicamente se citó que en el proceso de evaluación se observa que se obtuvieron datos significativos de factores de riesgo que indican que el evaluado se ha aprovechado de su puesto para obtener beneficios ilícitos y tienen compromisos con personas de la delincuencia organizada, lo que transgrede las obligaciones de sus funciones infringiendo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, por lo que resultó no aprobado para conservar su permanencia en una Institución de Seguridad Pública en el Estado de Jalisco, sin especificar como llegó a esa conclusión o de qué exámenes derivó esa información, sino que tan solo hizo esa afirmación; razón por la cual las autoridades responsables al dictar el auto de inicio del procedimiento administrativo de separación, concluyeron que el quejoso resultó no aprobado para conservar su permanencia en una Institución de Seguridad Pública, por no cumplir con el requisito de aprobar los procesos de evaluación de control de confianza, esto último con base, en que "de la ponderación en conjunto" del proceso de evaluación y de los Criterios emitidos por el citado Centro, "sustentan el resultado obtenido por el elemento en el cual se describen las calificaciones de cada etapa que concluyen con el texto, que permite calificar el aporte de cada etapa para su ponderación" y que las conductas encontradas transgreden el perfil y la probidad para su permanencia. Sin embargo, se insiste, no existe motivación del porqué los exámenes que le fueron practicados al quejoso, en el procedimiento de evaluación respectivo, generaron esa convicción; máxime, que de ninguno de ellos se advierte el resultado de no aprobado, por lo que resulta ilegal la instauración del procedimiento administrativo de responsabilidad, por haberse emitido éste en contravención a los derechos fundamentales de debido proceso y seguridad jurídica, por no fundar ni motivar debidamente los actos reclamados, en términos de lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". En ese contexto, a las constancias remitidas por las responsables se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que el Jefe del Área de Amparos de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco (antes Secretaría de Vialidad del Estado de Jalisco), mediante oficio ST/DGJ/DC/AMP/2705/2020, de fecha doce de marzo de dos mil veinte, informó a este juzgado federal que con fecha cuatro de mayo de dos mil dieciocho, se recibió el diverso oficio SM/DGPP/DP/947/2018, por el que el entonces Director General de Profesionalización de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, a su vez, informó que el elemento operativo *, había sido reevaluado en control y confianza, obteniendo un nuevo resultado de aprobado, motivo por el cual, el entonces encargado del Área de Asuntos Internos de la Secretaría de Movilidad del Estado, emitió un acuerdo por el cual sobreseyó el procedimiento especial de separación 013/2016, ordenando el archivo correspondiente por encontrarse concluido, incluyendo cualquier otro procedimiento de separación, por no haberse encontrado registro electrónico de la existencia de alguno, y por lo tanto, se extinguieron los efectos y consecuencias que pudieran derivar. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad sin excesos ni defectos. III. Anotaciones y archivo. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar totalmente concluido. IV. Acuerdo general. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓIN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no es de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental; asimismo, no se trata de un asunto relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni versa sobre la materia agraria; aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en artículo 15 del acuerdo general en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que, por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la dirección General de Archivo y Documentación, para el trámite respectivo, conservando la demanda y la sentencia respectiva, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo dispone el artículo 18, del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el artículo 35, del multicitado acuerdo general. V. Devolución de documentos. En el presente asunto, no obran documentos a los que se refiere el artículo 18 del acuerdo general en cita, por lo que no resulta necesario el cumplimiento al antepenúltimo párrafo del mismo. VI. Cuadernos incidentales. Con el contenido del presente asunto, se ordena dar cuenta en el incidente de suspensión derivado del presente asunto. VII. Intégrese expediente físico. Se instruye al secretario adscrito para que integre el expediente físico con el presente proveído y, en su caso, con lo de cuenta, en los términos y plazos indicados en los Acuerdos Generales expedidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente.
- Principal
Visto el contenido de los oficios de cuenta provenientes de la Secretaría del Transporte del estado de Jalisco, mediante el cual informa que la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, es la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco. Ahora bien, tomando en consideración que el Director General Jurídico de la Secretaría de Transporte, refiere los motivos por los cuales ella no debe fungir como responsable. En esas condiciones, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, para que dentro del plazo de tres días anexando copia simple del oficio de registro ****, contado a partir del momento siguiente al en que reciba la comunicación respectiva, realice lo mencionado en la ejecutoria de amparo e informe a este juzgado su cumplimiento, remitiendo copia certificada que lo acredite. Apercíbase a dicha autoridad que de no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá, en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, aplicado en relación con lo dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformado y adicionados diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que entró en vigor el día siguiente de su publicación, esto es, veintiocho de enero siguiente; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
- Principal
Visto el oficio signado por el Jefe del Área de amparo, en representación, del Encargado de Asuntos Internos de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, mediante el cual, pretende informar las gestiones que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento al fallo protector y solicita prórroga; por lo tanto, de conformidad con el artículo 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad informante en vías de cumplimiento. Tomando en consideración lo manifestado por la oficiante, en relación a que diversas autoridades se encuentran realizado las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la sentencia dictada en autos; por lo tanto, con fundamento en los artículos 192, párrafo cuarto y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable encargada del cumplimiento Encargado de Asuntos Internos de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, para que dentro del término improrrogable de DIEZ días, contado a partir de la notificación del presente auto, acredite haber dado cumplimiento a lo ordenado en el fallo protector, es decir: "[.] Consecuentemente, al resultar jurídicamente ineficaces los agravios expresados por las autoridades responsables y fundados los planteados por el quejoso, lo que procede es modificar la sentencia recurrida para conceder el amparo, a fin de que se deje sin efectos el auto de avocamiento de nueve de marzo de dos mil dieciséis y los actos inherentes al procedimiento de separación en contra del quejoso. En la inteligencia que las autoridades deberán abstenerse de iniciar u ordenar el inicio de uno nuevo, basado en los mismos exámenes y reporte integral que se analizaron en el acuerdo de avocamiento reclamado [.]". De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se les impondrá una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos del numeral 258, de la Ley de Amparo, y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. En acatamiento al numeral 192, párrafo segundo, y 193, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se requiere al Titular de la Secretaria de Transporte del Estado de Jalisco, quien resulta ser el superior jerárquico de la citada autoridad encargada del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, para que le ordene cumplir con la misma, remitiendo a este juzgado federal, constancia fehaciente que lo acredite, apercibida que de no hacerlo así, esto es, de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en el párrafo que antecede, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que las autoridades responsables. Finalmente, visto el contenido del diverso oficio de cuenta, signado por el Director General Jurídico de la Secretaria de Transporte del Estado de Jalisco, quien en representación de su titular, informa, que en su carácter de superior jerárquico de la autoridad encargada del cumplimiento, mediante oficio ****, requirió a este último, para que diera inmediato cumplimiento a la sentencia de mérito; con fundamento en el párrafo tercero del artículo 193 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad oficiante, informando en su carácter de superior jerárquico, que dio la orden para cumplir con la sentencia de amparo, dictada en el presente juicio.
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