Ramón Juárez Campos
Expediente 432/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 432/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ramón Juárez Campos
Actuaciones
- Principal
Recepción de oficio. Agréguese el oficio que remite la actuaria adscrita al Primer Tribunal Coaligado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, por el cual informa que dicha superioridad admitió la demanda promovida por ***, con motivo de la incompetencia declinada por este juzgado; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Reiteración de archivo. Se reitera el archivo del presente asunto, decretado en auto de veintiséis de agosto del año en curso.
- Principal
Recepción de oficio. Agréguese el oficio que remite la actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, por el cual informa que dicha superioridad se avocó al conocimiento del presente asunto, con motivo de la incompetencia declinada por este juzgado, el cual se registró como amparo directo laboral ******; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. ? Archivo y clasificación de expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso j) del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.
- Principal
Recepción y registro de la demanda Vista la demanda de amparo signada por ******, en contra de actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato, Guanajuato; por considerarlos violatorios de sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16, 17 y 123 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 432/2021-6. Incompetencia. Del análisis integral del escrito de demanda se advierte que el promovente reclama el proveído de fecha nueve de junio de dos mil veintiuno, emitido en el expediente laboral ****** del índice de la junta responsable, en el que se tuvo por no interpuesta la demanda laboral por despido injustificado que promovió; y, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido. Establecido lo anterior, es que este juzgado de Distrito advierte que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida, como se verá a continuación. En efecto, el artículo 107, fracciones III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado;" Por su parte, los artículos 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, en su orden, disponen: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. (.).". Los preceptos transcritos contienen los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo y la competencia del órgano jurisdiccional a quien corresponde conocer y resolver de asuntos como el presente, previstos en la Ley Suprema y su legislación reglamentaria. Ahora bien, de conformidad con el artículo 170, fracción I de la Ley de Amparo, en contra de sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, es procedente el amparo directo ante el tribunal colegiado de circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI, del artículo 107 constitucional. De lo que se evidencia que cuando se reclama una resolución que pone fin al juicio, la vía correcta para impugnarla es el amparo directo. En ese orden de ideas, este juzgador considera que es legalmente incompetente para conocer del presente juicio de control constitucional. Ello es así, porque el acto reclamado que mediante esta vía constitucional se combate constituye -como se especificó-, el acuerdo de nueve de junio de dos mil veintiuno, emitido en los autos del juicio laboral ******, que tuvo por no interpuesta la demanda intentada por el hoy quejoso y se ordenó el archivo definitivo como asunto concluido, lo que se traduce en la culminación de dicho procedimiento jurisdiccional; por tanto, resulta evidente que el acto reclamado, no se ubica en los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, previstos en el artículo 107 de la Ley de Amparo, siendo en el diverso previsto en el 170, fracción I, del mismo ordenamiento. En esa virtud, con fundamento en los artículos 47 y 170 de la Ley de Amparo, se concluye que este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo formulada por ******, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía la jurisprudencia 2a./J. 87/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "DEMANDA LABORAL. EL ACUERDO QUE LA DESECHA PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, constitucional; 44, 46, tercer párrafo, y 158 de la Ley de Amparo, se desprenden los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo y la competencia de los órganos jurisdiccionales a los que corresponde resolverlo. Esta Suprema Corte de Justicia ha estimado, en reiteradas ocasiones, que el juicio se inicia, para los efectos del amparo, con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente, atendiendo a las reformas constitucionales y legales del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho. En tal virtud, el acuerdo que desecha una demanda laboral, constituye una resolución que pone fin al juicio, por lo que en su contra procede el amparo directo, porque las pruebas para analizar la constitucionalidad del acto deben obrar en el expediente de la responsable y, por ello, no se justifica el trámite de un juicio que admite dos instancias y una audiencia que prevé el periodo de pruebas, atentando contra los principios de economía procesal y celeridad en la administración de justicia. En consecuencia, con apoyo en el diverso numeral 47 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el presente asunto al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito en turno, para lo que tenga a bien determinar; se solicita atentamente el acuse de recibo correspondiente. Domicilio y autorizados. Respecto al domicilio para recibir notificaciones, como el promovente señaló los estrados de este juzgado; de conformidad con el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, ésta y las posteriores notificaciones, aún las de carácter personal, háganseles por medio de lista. Téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******; lo anterior, en razón de que se trata de un asunto laboral, y el promovente de la demanda de amparo es la parte trabajadora del juicio laboral de origen. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita. Notifíquese personalmente.
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