Ramón Jesús Trueba Rodríguez

Expediente 1532/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1532/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
17/09/2021

Partes del expediente

  • Ramón Jesús Trueba Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se acuerda: téngase por recibido del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, el oficio número 1641, por el cual remite copia certificada del testimonio de la resolución de veintiséis de agosto del presente año, relativo al amparo en revisión 289/2020, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por el quejoso Christian Bedian Cruz, en contra de la sentencia firmada el veintiséis de octubre de dos mil veinte; al respecto, se desprende que la Superioridad resolvió: "PRIMERO. SE CONFIRMA la sentencia recurrida. - - - - - - - - - - - SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a CHRISTIAN BEDIAN CRUZ, en contra del acto reclamado a la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, que hizo consistir en la resolución de veintinueve de enero de dos mil veinte, en el toca penal 86/2019, que revocó la resolución apelada, y en consecuencia se decretó auto de vinculación a proceso, en su contra, en la carpeta administrativa 289/2019." Acúsese recibo al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 26 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes el sentido de la resolución de segunda instancia; asimismo, glósense a estos autos las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del aludido recurso de revisión. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que en el presente asunto se negó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el citado artículo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, toda vez que no existe motivo legal alguno para que continúe en la Secretaría de este Juzgado el anexo consistente en el toca penal original número 86/2019, que la autoridad responsable Magistrada Tercera y Presidenta de la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, remitió junto con su informe justificado; por tanto, devuélvase el mismo a la nombrada autoridad responsable, y pídasele el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Para que obre como corresponda, agréguese el oficio de cuenta del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, con el que se acusa recibo del oficio con el que se remitió, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, un legajo de constancias certificadas relativas a este asunto, con motivo de la separación de juicios decretada, el cual, por razón de turno le correspondió conocer. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de septiembre de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra los actos que reclama del Fiscal General, Fiscal de la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía General, Titular de la Dirección de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General, Gobernador y Secretario de Seguridad Pública, todos del Estado, con sede en esta ciudad, que hace consistir en: 1. Del Fiscal General, Fiscal de la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía General, Titular de la Dirección de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General: La omisión de judicializar la carpeta de investigación UNATD-G1-001780/2019, formada con motivos de los hechos que denunció en contra de Gaspar Manuel Villanueva Noh, derivado de la falta de integración de la misma. 2. Del Gobernador y Secretario de Seguridad Pública del Estado: La omisión del primero en supervisar conforme a la normatividad aplicable, que la segunda responsable Secretaría de Seguridad Pública cumpla con sus facultades de investigación a través de la Subsecretaría de la Policía Estatal de Investigación y del Fiscal General del Estado. Al respecto, SE ACUERDA: Fórmese expediente, regístrese con el número 1532/2021-VII-B y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. SEPARACIÓN DE JUICIOS Con fundamento en el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se inicia de oficio el trámite de SEPARACIÓN DE JUICIOS, en virtud de que los actos reclamados por la parte quejosa son autónomos, por lo que deben substanciarse por separado. En consecuencia para estar en condiciones de acordar respecto de la admisión de la demanda correspondiente a los actos reclamados antes descritos, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, copia certificada de la demanda de amparo, a fin de que se proceda a su registro, y hecho lo anterior, se sirva turnarla al Juzgado de Distrito que corresponda. En el entendido que este órgano jurisdiccional determina conocer de los actos reclamados al Fiscal General, Fiscal de la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía General, y Titular de la Dirección de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General, todos del Estado, con sede en esta ciudad, consistentes en: La omisión de judicializar la carpeta de investigación UNATD-G1-001780/2019, formada con motivos de los hechos que denunció en contra de Gaspar Manuel Villanueva Noh, derivado de la falta de integración de la misma. Lo anterior, al ser el primer acto reclamado en la demanda de amparo. DESECHAMIENTO Antes de entrar al estudio de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, es pertinente hacer notar lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Esto es, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que le sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Ahora bien, este Juzgador estima que en el caso particular se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el artículo 20, Apartado C, fracción VII de la Constitución Federal. Los referidos numerales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley (.) "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principio de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño". El citado precepto constitucional, tiene estrecha relación con el artículo 109, fracción XXI del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece lo siguiente: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: (.) XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables;" (.).". Los referidos artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del referido Código Nacional, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese código. Por otra parte, el numeral 16, párrafo décimo cuarto de la citada Constitución General, prevé que los jueces de Control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho. Esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otro lado, el artículo 258 del aludido código de enjuiciamiento penal contempla la posibilidad de impugnar las actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. A su vez, el máximo tribunal de la nación, al resolver la Contradicción de tesis 233 2017, interpretó el reproducido dispositivo legal y determinó que aun cuando expresamente prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, que en general son actuaciones cuyo efecto es paralizar, suspender o terminar una investigación, empero, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, porque tal conducta supone la paralización de su función investigadora. Dicho criterio, es consultable en la Décima Época, Materias Penal, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 945, y registro digital: 2017641, con el rubro y texto siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. ... En otras palabras, la parte ofendida o víctima del delito tiene legitimación para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente e instarlo para que en caso de ser procedente ordene a la autoridad ministerial subsane las irregularidades u omisiones que existan en la investigación de los delitos. Por tanto, se advierte que tanto la Constitución Federal como la norma ordinaria, establecieron que las omisiones del Ministerio Público durante la etapa de investigación del delito, deben impugnarse ante el Juez de Control. Lo que implica que, a diferencia del sistema tradicional o inquisitivo, en el sistema procesal penal actual se amplió el marco de actuación de la autoridad jurisdiccional a una etapa antes del comienzo del proceso penal, es decir, anteriormente la autoridad ministerial realizaba toda la investigación sin intervención ni regulación de autoridad jurisdiccional y posteriormente consignaba el asunto a un Juez; sin embargo, actualmente la autoridad jurisdiccional tiene facultades para intervenir desde la etapa de investigación. Así, la etapa de investigación se judicializó con la incorporación de la figura del Juez de Control, con la intención de que, entre otras cosas, supervise los actos realizados por el Ministerio Público en la etapa de investigación, a fin de que no se transgredan en perjuicio de la víctima, ofendido o imputado, los derechos previstos constitucionalmente a su favor. Luego, en el caso particular, atendiendo al escrito de demanda se tiene que el quejoso reclama de las autoridades responsables la omisión o falta de impulso procesal para judicializar la carpeta de investigación UNATD-G1-001780/2019, formada con motivos de los hechos que denunció en contra de ***. Por tanto, es inconcuso que esa omisión reclamada encuadra en el supuesto que prevé el comentado numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, habida cuenta que tales conductas suponen la paralización de la función investigadora. De esa manera, el reclamo de mérito es improcedente y conduce al desechamiento de la demanda de amparo por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la ley de la materia, porque no agotó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Ya que en contra de las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación del proceso penal acusatorio, procede el medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; actualizándose con ello la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el artículo 20, Apartado C, fracción VII de la Constitución Federal. Pues la finalidad de que el juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público que definen el curso de una indagatoria, es que, al estimar que su actuación es ilegal, lo conmine a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias al esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J.28/2018 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINTIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO AMPARO. ..". Así como la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala para tal fin en su demanda de amparo y como sus autorizados en términos limitados del artículo 12 de la Ley de Amparo, a David Alberto Gamboa Tello y Roberto Javier Alayola Cáceres. Lo anterior, hasta que acrediten estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho, debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización, si no proceder a su registro en los términos que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. ESQUEMA EN LÍNEA ... REQUERIMIENTO PARA ENTABLAR COMUNICACIONES NO PROCESALES ... HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente. Que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales. En la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese, haciéndolo personalmente.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · 11,514 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano