Ramón Jesus de Atocha Gamboa Noh
Expediente 874/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 20 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 874/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 27/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Fiscalia General del Estado de Quintana Roo, Por Conducto de Su Unidad de Delitos Diversos
- RAMÓN JESUS DE ATOCHA GAMBOA NOH y Otros.
- Ramón Jesus de Atocha Gamboa Noh
- Jesús Benjamin Gamboa Medina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los que se advierte que feneció el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia dictada el cuatro de marzo del año en curso, en la que se sobreseyó y negó la protección constitucional en el presente juicio de amparo, sin que la parte quejosa [única legitimada] haya hecho valer medio de impugnación alguno contra dicho fallo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 86 y demás relativos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara ejecutoriada para todos los efectos legales. Por otra parte, vista la segunda la certificación de cuenta, de la que se desprende que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b), del referido acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de depuración, por haberse sobreseído y negado el amparo, una vez transcurridos tres años; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa.
- Principal
Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75, 77, 76, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, respecto de los actos y autoridades precisadas en el considerando tercero de esta sentencia, conforme a las razones expuestas en el mismo. SEGUNDO. La justicia de la unión NO AMPARA NI PROTEGE al quejoso *** en representación de su menor hijo ***, contra la activación de la alerta AMBER de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, emitido por la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscal del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, dentro de la carpeta de investigación **** conforme a las razones expuestas en el considerando sexto de este fallo. TERCERO. Se hace constar que la publicación de esta sentencia se hará con su supresión de los datos sensibles de las partes, de acuerdo con las razones expuestas en el último considerando de esta resolución.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Fiscal del Ministerio Público del Fuero Común, adscrita a la Unidad de Investigación Territorial, Zona Dos, mediante el cual, en atención al requerimiento de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, remite lo siguiente: Copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran la carpeta de investigación ****, de su índice. Por lo que con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la citada autoridad, misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacerse relación en la audiencia respectiva. Asimismo, dado el volumen de las constancias remitidas, las cuales dificultarían el manejo del presente expediente, se ordena formar un tomo de prueba, respetando el sello, folio y rúbrica del mismo, agregando únicamente la carátula de este juzgado de distrito para su identificación. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que del análisis del informe justificado rendido por la autoridad Fiscal del Ministerio Público del Fuero Común, adscrita a la Unidad de Investigación Territorial, Zona Dos, adjuntó en apoyo a dicho informe, copia certificada de las constancias relativas a la activación de alerta amber dentro de la carpeta de investigación ***, de su índice, que se estiman insuficientes para resolver el fondo del asunto. En este sentido, a fin de contar con más elementos para resolver el fondo del asunto, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, por conducto de la Unidad de Delitos Diversos, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, legalmente computado, remita copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran la carpeta de investigación ***, de su índice. Apoya las consideraciones expuestas, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de 1997, Tomo V, Materia Común, Novena Época, visible en la página 108, que indica: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". Se apercibe a la autoridad responsable que de no cumplir lo ordenado o, no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una multa por la cantidad de***, equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación. En ese contexto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las diez horas del veintisiete de enero de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la misma. Sin que resulte necesario notificar a las autoridades responsables, a través de oficio, el señalamiento de la nueva fecha y hora para su desahogo, puesesta determinación no tiene la transcendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio, no obstante, podrán consultar la página de, con el objeto de hacer de su conocimiento la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Máxime que es un hecho público que la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19), sigue latente; por lo que la anterior determinación se emite en salvaguarda de la salud e integridad física de la actuaría, y demás personal de este órgano, así como de los propios justiciables. Notifíquese.
Quedan 16 actuaciones en este expediente
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