Ramón Javier Pool González

Expediente 1256/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1256/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
07/11/2019

Partes del expediente

  • Ramón Javier Pool González
  • Ramón Javier Pool González y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de noviembre de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra del auto de quince de octubre de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en el aludido acuerdo se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por licencia del Titular, de conformidad con lo establecido en el párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Karen Azalia Mendoza Sánchez, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y anexos que se le adjuntan en relación con las prevenciones formuladas en proveído de nueve de octubre de dos mil diecinueve y al efecto en oficio de cuenta, se informa que son parte en el juicio 1181/2018 de su índice, el quejoso Ramón Javier Pool González, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán. Ahora bien, de las constancias que la autoridad responsable remitió con su informe justificado y con el oficio de cuenta, se advierte la existencia de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir el acto reclamado, en la omisión de emplazar al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán en el expediente número 1181/2018, del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. De las constancias que Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, autoridad señalada como responsable, remitió como apoyo a su informe y en su oficio de cuenta, las cuales tienen el valor probatorio pleno que les confieren los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2 de la Ley de Amparo, se observa que en autos del juicio laboral 1181/2018 del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve se emplazó al juicio laboral al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán. Asimismo se advierte que las partes en dicho contencioso fueron notificados del acuerdo de seis de septiembre de dos mil diecinueve, en el que se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley. Por tanto, en el caso opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues habiéndose reclamado a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, la omisión de emplazar al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán en el juicio laboral 1181/2018, en el caso cesaron los efectos del acto reclamado desde el momento en que se realizó dicho emplazamiento y se notificó a las partes respecto de la audiencia de ley; lo anterior con fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo; por tanto, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, visible en la página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUÍDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho que aún no hubiere transcurrido el término de ley respecto a la vista de las partes del informe justificado que rindió la autoridad responsable, por cuanto que en el presente caso, de conformidad con los párrafos que anteceden, se actualizó una causal de improcedencia de manera notoria y manifiesta, que autoriza a sobreseer en el juicio fuera de audiencia. Cabe señalar que este asunto debe resolverse con base en la función del acto reclamado y la etapa procedimental en la cual se encuentra el juicio de origen; de ahí que si a la fecha ya se emplazó al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán cuya omisión se reclamó de la responsable y las partes quedaron notificadas de la fecha y hora de la audiencia trifásica, en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia en estudio. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Libro I, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732, de rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Por último, queda sin efecto la audiencia constitucional que estaba señalada para la once horas con diez minutos del día de hoy. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria licenciada Karen Azalia Mendoza Sánchez, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    VIII. ART. 27 FRACC. I INCISO C DE LA NUEVA LEY DE AMPARO. Mérida, Yucatán, quince de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y anexos que se le adjuntan en relación con las prevenciones formuladas en proveído de nueve de octubre de dos mil diecinueve y al efecto en oficio de cuenta, se informa que son parte en el juicio 1181/2018 de su índice, el quejoso Ramón Javier Pool González, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán. Ahora bien, de las constancias que la autoridad responsable remitió con su informe justificado y con el oficio de cuenta, se advierte la existencia de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir el acto reclamado, en la omisión de emplazar al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán en el expediente número 1181/2018, del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. De las constancias que Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, autoridad señalada como responsable, remitió como apoyo a su informe y en su oficio de cuenta, las cuales tienen el valor probatorio pleno que les confieren los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2 de la Ley de Amparo, se observa que en autos del juicio laboral 1181/2018 del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve se emplazó al juicio laboral al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán. Asimismo se advierte que las partes en dicho contencioso fueron notificados del acuerdo de seis de septiembre de dos mil diecinueve, en el que se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley. Por tanto, en el caso opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues habiéndose reclamado a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, la omisión de emplazar al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán en el juicio laboral 1181/2018, en el caso cesaron los efectos del acto reclamado desde el momento en que se realizó dicho emplazamiento y se notificó a las partes respecto de la audiencia de ley; lo anterior con fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo; por tanto, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, visible en la página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUÍDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho que aún no hubiere transcurrido el término de ley respecto a la vista de las partes del informe justificado que rindió la autoridad responsable, por cuanto que en el presente caso, de conformidad con los párrafos que anteceden, se actualizó una causal de improcedencia de manera notoria y manifiesta, que autoriza a sobreseer en el juicio fuera de audiencia. Cabe señalar que este asunto debe resolverse con base en la función del acto reclamado y la etapa procedimental en la cual se encuentra el juicio de origen; de ahí que si a la fecha ya se emplazó al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán cuya omisión se reclamó de la responsable y las partes quedaron notificadas de la fecha y hora de la audiencia trifásica, en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia en estudio. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Libro I, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732, de rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Por último, queda sin efecto la audiencia constitucional que estaba señalada para la once horas con diez minutos del día de hoy. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria licenciada Karen Azalia Mendoza Sánchez, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes para el uso de sus derechos de estimarlo pertinente. Por otra parte, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase a la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que dentro del término de tres días que al efecto se le concede, informe quiénes son parte en el juicio 1181/2018 de su índice, del que deriva el acto reclamado, y en su caso remita las constancias de notificación que se hayan hecho a las partes, respecto de la audiencia de seis de septiembre del año en curso en el que se difirió la audiencia de conciliación de demanda y excepciones, y se fijó nueva fecha para su celebración; con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria licenciada Karen Azalia Mendoza Sánchez, que autoriza y da fe.

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