Ramón Jaime Martínez Pérez
Expediente 610/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 610/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 12/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ramón Jaime Martínez Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que el inconforme interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia en donde se sobreseyó en este juicio constitucional, sin que el disidente haya impugnado esa resolución a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo estatuido por los normativos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el fallo dictado en este asunto ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado por los ordinales 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este juicio constitucional como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo señalado por el precepto 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como se sobreseyó en este juicio de amparo en términos de lo establecido por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del propio acuerdo, este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a) del numeral 21 del acuerdo de observancia general invocado; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción del presente cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, dado que resulta innecesaria la retención del tomo I de pruebas formado con las copias certificadas de las constancias que integran el expediente de solicitud de traslado ST OAX/000270/2022 y la petición formulada por el inconforme mediante su escrito de seis de abril del año en curso, que el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en Oaxaca remitió en atención al requerimiento de nueve junio pasado, devuélvanse esos instrumentos mediante el oficio que al efecto se elabore con motivo de esta determinación. Notifíquese.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo indirecto 610/2022 promovido por*** en contra de los actos de las autoridades que más adelante se precisarán. I. ANTECEDENTES De la demanda de amparo se advierte que el inconforme Ramón Jaime Martínez Pérez reclama el acto siguiente: De Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Oaxaca y del Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en Oaxaca combate: Las omisiones de substanciar y de señalar fecha para resolver su petición de traslado voluntario. En consideración del titular de la acción de amparo los actos combatidos vulneran sus derechos fundamentales y ocasionan perjuicios en su esfera jurídica. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Mediante escrito presentado el treinta de mayo de dos mil veintidós, en el buzón judicial instalado por el Consejo de la Judicatura Federal en el edificio que alberga a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación en esta localidad, el cual se recibió en la propia data por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, Ramón Jaime Martínez Pérez promovió juicio de amparo indirecto en contra del acto reclamado y las autoridades responsables que posteriormente se precisarán. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los consagrados por los ordinales 1, 8, 17 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de las actuaciones combatidas y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. Por acuerdo de treinta y uno de mayo del año en curso, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto admitió a trámite la demanda registrándola con el progresivo 610/2022; solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta fecha en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo establecido por los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman unos actos atribuidos a diversas autoridades que tienen su residencia en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que el inconforme reclama los actos siguientes: De Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Oaxaca y del Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en Oaxaca combate: Las omisiones de substanciar y de señalar fecha para resolver su petición de traslado voluntario. V. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS COMBATIDOS Las autoridades responsables Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Oaxaca y Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en Oaxaca en sus informes justificados negaron la existencia de las omisiones atacadas, sin que el justiciable haya desvirtuado esas negativas, porque no aportó algún medio de convicción con ese propósito. Además, la inexistencia de los actos reclamados se corrobora con las copias certificadas de las diversas constancias que integran el expediente de solicitud de traslado ST OAX/000270/2022 que la responsable Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en Oaxaca remitió en atención al requerimiento de nueve de los corrientes, a las cuales se otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo previsto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación20, de contenido siguiente: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. En efecto, del citado expediente se desprende que en el acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, la responsable Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en Oaxaca proveyó sobre la substanciación de la petición de traslado voluntario que el justiciable formuló, dado que para que el diverso ente responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Oaxaca pudiera pronunciarse en cuanto a su competencia en relación con esa solitud de traslado requirió al Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-Oaxaca" que remitiera la partida jurídica del quejoso; por tanto, se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo la omisión combatida no existía, porque al treinta de mayo de dos mil veintidós, cuando se presentó el escrito inicial, la primera de las autoridades responsables ya había acordado lo que correspondía sobre la substanciación de la petición de traslado voluntario que el agraviado formuló. Por otra parte, debe indicarse que en el expediente de solicitud de traslado ST OAX/000270/2022 obra el proveído de tres de junio de dos mil veintidós, dictado por la responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Oaxaca, en funciones de Juez de Ejecución, en donde declaró que carecía de competencia legal para resolver sobre la petición de traslado voluntario que el disidente formuló, dado que estimó que ese presupuesto procesal se surtía a favor del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Veracruz, con sede en Xalapa, en funciones de Juez de Control; por tanto, remitió la solicitud indicada a este último órgano jurisdiccional. Luego, si el ente responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Oaxaca, en funciones de Juez de Ejecución, declaró que carecía de competencia legal para resolver sobre la petición de traslado voluntario que el disidente formuló es inconcuso que no puede reprocharse la diversa omisión destacada a los entes públicos responsables, porque la incompetencia legal detectada impedía jurídicamente que pudieran hacer un pronunciamiento sobre el fondo de la pretensión del justiciable en cuanto a su traslado voluntario y, por ende, estaban imposibilitados jurídicamente para resolver su solicitud de traslado. En ese contexto, si el inconforme no desvirtuó las negativas que las referidas autoridades sostuvieron en sus informes justificados es inconcuso que se actualiza la hipótesis establecida por el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También fortalece lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que informa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En esos términos, se actualiza el supuesto establecido por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo ante la inexistencia de los actos atribuidos a las referidas entidades públicas. VI. DECISIÓN En consecuencia, con fundamento en lo prescrito por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional en cuanto a los actos impugnados a los entes públicos responsables, dada su inexistencia. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, por las consideraciones expuestas en el apartado V de esta sentencia. Notifíquese.
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San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de junio de dos mil veintidós. Agréguense sin mayor proveído los instrumentos presentados por el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en Oaxaca, dado que el ocho y el diez de junio pasado, se recibieron diversos comunicados y distintas documentales de contenido similar y se proveyó lo que en derecho correspondía el nueve y el trece de los corrientes, por lo que la responsable deberá estarse a lo decidido en esas determinaciones. Notifíquese.
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" . . . San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de junio de dos mil veintidós. Agréguese la promoción señalada en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en Oaxaca en atención al requerimiento de nueve junio del año en curso, remite copias certificadas de las constancias que integran el expediente de solicitud de traslado ST OAX/000270/2022 y la petición formulada por el inconforme mediante su escrito de seis de abril del año en curso, de donde emanan los actos reclamados. Al respecto, se tiene a la oficiante por cumplida la referida prevención y con fundamento en lo dispuesto por el precepto 119 de la Ley de Amparo téngase a la responsable por anunciadas las documentales que exhibe, sin perjuicio de relacionarlas al celebrarse la audiencia constitucional en términos de lo señalado por los normativos 123 y 124 de la citada legislación; en consecuencia, dese vista a las demás partes con el contenido de esos instrumentos para su conocimiento. Por otro lado, para un mejor manejo de los documentos aportados, fórmese por separado el tomo I de pruebas, el cual queda a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este Juzgado Federal, en el entendido de que conforma el expediente relativo a este asunto. Precisa señalar que para la consulta de las constancias indicadas en las instalaciones que albergan a este Tribunal es necesario que las partes obtengan una cita previamente, la cual podrá programarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", en particular en el sistema "Agenda OJ", en donde aparecerán las fechas y los horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos, que deberán llevarse en términos de lo dispuesto por los numerales 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en concordancia con el artículo único del diverso Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en relación con el periodo de vigencia. Notifíquese.
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