Ramón Isidrio Marrufo Calderón
Expediente 1038/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1038/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ramón Isidrio Marrufo Calderón
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de octubre de dos mil veintidós. Se ordena dar de baja exhorto. Visto el estado que guardan los autos de los que se desprende que en proveído de seis de octubre de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el exhorto 304/2022 (orden 634/2022) ordenado en proveído de veintidós de septiembre del año en curso, mismo que se envió al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, para notificar al quejoso Ramón Isidro Marrufo Calderón, en consecuencia, se ordena dar baja la comunicación oficial de que se trata y háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Janette Pérez García, quien da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de octubre de dos mil veintidós. 1. Acuse recibo de incompetencia. Visto lo de cuenta, agréguese el oficio signado por el secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en Uruapan, Michoacán, por medio del cual acusa el recibo correspondiente e informa que acepta el conocimiento del asunto en el estado procesal en que se encuentra y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Ramón Isidro Marrufo Calderón, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán" con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán, por lo que la registró con el número 570/2022, y en el mismo auto desechó la demanda porque la parte quejosa no agotó el principio de definitividad previamente a acudir al juicio constitucional. De lo que se toma conocimiento para el efecto legal conducente. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 21, inciso i), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 2.2. Transferencia del expediente. De conformidad con el numeral 21 del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el expediente, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 2.3. Constancia. La anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éste, para los efectos legales procedentes. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Janette Pérez García, quien da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. 1. Registro. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Ramón Isidro Marrufo Calderón, por propio derecho; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1038/2022. 2. Precisión del acto reclamado. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda de amparo promovida por Ramón Isidro Marrufo Calderón, de acuerdo con el análisis integral de la demanda, se advierte que reclama lo siguiente: La falta de atención médica y le sea otorgado el medicamento que le fue recetado por el psicólogo, derivado de los trastornos psicóticos y ansiedad que presenta. Dichos actos, según se aprecia de los antecedentes que se señalan bajo protesta de decir verdad, se advierte que se suscitan en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán" con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán; lugar en el que el quejoso está recluido y dice que no se le ha brindado la atención médica en psiquiatría que aduce tener, así como expedir el medicamento que tiene indicado. Por lo que solicita, entre otras cosas, que se le proporcione dicha atención. 3. Se declara incompetencia por razón de territorio. Así, se estima que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, resulta legalmente incompetente por razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio. Lo anterior conforme con lo establecido por el artículo 37 de la Ley de Amparo: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Luego, del precepto antes transcrito, se desprende que la competencia por territorio en materia de amparo obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo, y posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. Este análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula a éste. Así, cuando la ejecución de un acto se lleve a cabo en lugares respecto de los cuales, ejerzan jurisdicción jueces distintos, la competencia se fincará en favor del que previno; y en el caso de que no requiera ejecución, es competente aquél en cuya jurisdicción se presentó la demanda. En ese contexto, del análisis del artículo 37 de la Ley de Amparo, se desprenden tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, mismas que a continuación se detallan. La primera, contenida en el primer párrafo, destaca que con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. La segunda consiste en que la competencia del Juez de Distrito, se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo; y, La tercera deriva del último párrafo del precepto legal en estudio, que establece que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por tanto, en la especie se actualiza la primera de las hipótesis descritas, pues, el acto reclamado en esta instancia consistente en la negativa por parte del Directo del Centro en el que se encuentra Recluido, de proporcionarle la atención médica que requiere en los términos adecuados; por tanto, atendiendo a que se encuentra recluido en Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán" con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán, lugar en el que este Juzgado de Distrito no ejerce jurisdicción. En ese contexto, de conformidad con la primera regla de competencia establecida en el artículo 37, de la ley de la materia, además, con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debe concluirse que en el caso concreto resulta competente para conocer del presente juicio de amparo el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde tendrá ejecución o trate de ejecutarse el acto reclamado destacado, es decir, en el lugar en el que la parte quejosa se encuentra recluido es decir en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán" con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán. Consecuentemente, se toma en cuenta que el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en lo conducente expresamente dispone: "[...] XI. DECIMOPRIMER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Aguililla, Apatzingán, Aquila, Arteaga, Briseñas, Buenavista, Coahuayana, Coalcomán de Vázquez Pallares, Cojumatlán de Régules, Cotija, Charapan, Chavinda, Cherán, Chilchota, Chinicuila, Ecuandureo, Gabriel Zamora, Ixtlán, Jacona, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Marcos Castellanos, Múgica, Nahuatzen, Nuevo Parangaricutiro, Pajacuarán, Paracho, Parácuaro, Peribán, Purépero, Sahuayo, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tanhuato, Taretan, Tepalcatepec, Tingambato, Tinguindín, Tocumbo, Tumbiscatío, Uruapan, Venustiano Carranza, Villamar, Vista Hermosa y Ziracuaretiro...." De ahí que, como ya se mencionó la competencia por razón de territorio no corresponda a un juzgado de distrito con residencia en esta ciudad, sino un juzgado que ejerza su jurisdicción en la localidad en la cual se ejecutará el acto reclamado. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 y 48 de la Ley de la Amparo, este órgano jurisdiccional declina de plano, la competencia para conocer de la demanda, a favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno. Es aplicable, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 1a./J. 86/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA. De conformidad con el numeral 4o. de la Constitución Federal en relación con los artículos 34, 73, 74, 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades penitenciarias se encuentran obligadas a proporcionar atención médica a las personas que se encuentran privadas de su libertad. En ese contexto, la omisión de brindar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre: a) la obligación del Estado de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad en su centro de reinserción social; b) la omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas; y c) la afectación del derecho fundamental a la salud en éstos, en el caso de que tal servicio no se proporcione. De esta manera, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de dicha demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluido el promovente de amparo". 4. Remisión de autos al juzgado competente. En consecuencia, lo procedente es remitir la demanda a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, para que sea turnada al Juzgado de Distrito en turno con residencia en esa ciudad. Así, remítanse los presentes autos, solicitando el acuse de recibo respectivo así como el informe de si acepta o no la competencia planteada. Regístrese en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este Juzgado de Distrito; con copias simples de la demanda de amparo, fórmese cuaderno de antecedentes; en su oportunidad elabórense las anotaciones correspondientes. 5. Suspensión del acto reclamado. Sin que sea necesario proveer sobre la suspensión del acto controvertido en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, puesto que no se encuentran dentro de los supuestos previstos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en los diversos del numeral 15, primer párrafo, dado que no pone en peligro la integridad del peticionario, tampoco en la hipótesis del artículo 126, ambos de la ley de la materia. Ello en razón de que el quejoso solicita la atención médica de tipo psicológica y/o psiquiátrica para una valoración. Sin embargo, tal situación no lo coloca en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentre gravemente comprometida; menos se aprecia que se trate de algún tormento o tortura psicológica que se esté realizando por las responsables, pues de los antecedentes de la demanda no se aprecia tal situación. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 55/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que dice lo siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Ahora bien, la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Por lo tanto, el juez de amparo deberá conceder la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que un interno reclame dicha omisión, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento". 6. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán" con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán, en que se encuentra recluido. 7. Notificación vía exhorto. En ese sentido, toda vez que el referido Centro de Readaptación Social se encuentra ubicado fuera de la residencia de este juzgado; con fundamento en los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2° y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado y en el ámbito de su jurisdicción, ordene a quien corresponda, se constituya en el referido Centro Federal, para que, se le notifique personalmente el contenido del presente proveído. Con apoyo en el precepto 21 de la ley de la materia, se autoriza al actuario de la adscripción para llevar a cabo dicha diligencia en días y horas inhábiles, o cualquier otra relacionada con la notificación de cuenta. Notifíquese a la parte quejosa mediante exhorto y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Janette Pérez García, quien da fe.
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