Ramon Hueyopan Munguia

Expediente 1545/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1545/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
23/11/2018

Partes del expediente

  • Ramon Hueyopan Munguia
  • Magistrados de la Segunda Sala Penal de Toluca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    MESA V De la certificación de cuenta se desprende que la parte quejosa, a quien se considera podría causarle algún perjuicio el auto de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, a través del cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, dentro del plazo de diez días inserto en el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de revisión. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos procedentes. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. Así las cosas, en cumplimiento al punto décimo primero, segundo párrafo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo en mención). 2. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración (punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo de dicho Acuerdo General), al haberse concedido la suspensión provisional, así como la definitiva de los actos reclamados. 3. El duplicado de dicho cuaderno es susceptible de destrucción, (punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo en mención). 4. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Ahora bien, se hace la precisión que los cuadernos incidentales serán remitidos por separado al archivo físico junto con el cuaderno principal, los cuales contendrán la determinación emitida en esta fecha. Finalmente, remítanse al Juez y al Tribunal de Alzada responsables los anexos que acompañaron a sus respectivos informes justificados, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA V. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Magistrado Presidente del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, a través del cual rinde su informe justificado y remite como complemento al mismo, copias certificadas del toca de apelación 238/2005; asimismo, para su mejor manejo y resguardo dichas constancias manténganse por separado. Constancias que ciertamente merecen valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo y conforme la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153 del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora bien, del informe justificado de cuenta, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior." Lo anterior es así, toda vez que después de un análisis de las constancias que remite la autoridad responsable, consistentes en copias certificadas del toca de apelación 238/2005, se advierte que el quejoso ********************, mediante escrito presentado en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, el seis de mayo de dos mil dieciocho, promovieron juicio de amparo en contra el auto de quince de abril de dos mil cinco, dictado en el toca de apelación 238/2005, del índice de la Segunda Sala Penal de Toluca, Estado de México, que revoca el auto de libertad por falta de elementos para procesar, dictado por el Juez Tercero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, juicio que se radicó en el índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de México, bajo el número de expediente ********************. Asunto en el cual se dictó sentencia el veintiuno de junio de dos mil cinco, en la cual se negó el amparo y protección de Lajusticia de la Unión al hoy quejoso; asimismo, mediante proveído de veintiséis de agosto de dos mil dieciocho, se declaró que la referida sentencia quedó firme. Lo cual constituye un hecho notorio para este Juzgador, de conformidad con lo que establece el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, que aprobó la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 285, del Tomo XXV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de 2007, Novena Época, con número de registro 172215, que establece: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." En ese sentido, el precepto legal transcrito, a saber, el artículo 61, fracción XI, de la Ley de la materia, establece la causa de improcedencia del juicio de amparo que se sustenta en la institución de la cosa juzgada, y al remitir a la fracción X del mismo artículo, parte del supuesto en el que un segundo juicio de amparo se promueve por el mismo quejoso, en contra de los mismos actos y autoridades responsables que un proceso constitucional anterior, lo que impide que prospere el asunto presentado con posterioridad. De ello se deduce, que la disposición legal en consulta alberga en toda su esencia la eficacia de la autoridad de la cosa juzgada, cuya importancia radica en el principio de seguridad jurídica de las resoluciones de autoridad, emanado del artículo 16 constitucional, que impide el ejercicio de diversas acciones sobre un mismo litigio ya resuelto con sentencia firme, a fin de evitar la proliferación interminable de juicios sobre un mismo punto litigioso. Al respecto, los artículos 354, 355 y 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al caso en términos de lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 354. La cosa juzgada es la verdad legal, y contra ella no se admite recurso ni prueba de ninguna clase, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Artículo 355. Hay cosa juzgada cuando la sentencia ha causado ejecutoria. Artículo 356. Causan ejecutoria las siguientes sentencias: I. Las que no admitan ningún recurso." La interpretación literal de los preceptos transcritos, en cuanto definen la cosa juzgada como "la verdad legal" y contra la cual "no se admite recurso ni prueba de ninguna clase, salvo en los casos expresamente establecidos en la ley", evidencia que recogen a la institución de la cosa juzgada al tenor del criterio tradicional en el sentido que constituye un efecto de las sentencias inimpugnables, porque vinculan a la cosa juzgada con la sentencia firme que califican de "ejecutoria". Lo trascendente de la regulación establecida en los preceptos en estudio, es que de existir sentencia firme respecto de un punto de litigio, dicho pronunciamiento constituye la verdad legal y, por ende, inmutable, de modo que exista cosa juzgada. Sobre esta base, podría decirse que la cosa juzgada, desde un punto de vista tradicional, sólo tiene efectos en relación con lo que constituye el objeto de la sentencia, cuyo límite objetivo es la demanda o el objeto litigioso, por lo cual, en términos generales habrá cosa juzgada cuando exista identidad de pretensiones; que se funden en la misma causa; que la litis se dé entre las mismas partes y propuestas por ellas y contra ellas en la misma calidad; de lo que resulta que la esencia de la cosa juzgada desde el punto de vista objetivo y tradicional, consiste en no permitir que el juzgador, en un proceso futuro, pueda de alguna manera desconocer o disminuir el bien reconocido en el precedente. Los principios destacados implícitamente se reconocen en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, pues al impedir que prospere un juicio de amparo posterior promovido en contra de actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo anterior, esto evidencia que la disposición reglamentaria del juicio de amparo alberga en su esencia a la institución de la cosa juzgada, desde el punto de vista tradicional, cuando exista identidad de pretensiones; que se funden en la misma causa; que la litis se dé entre las mismas partes y propuestas por ellas y contra ellas en la misma calidad. En resumen, para que se actualicen los supuestos establecidos en el artículo 61, fracción XI, de la ley de la materia, se requiere el cumplimiento de los siguientes presupuestos tomados incluso de la fracción III del propio artículo, a saber: La existencia de otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso; Que sea contra la misma ley o acto reclamado; Por esa razón, que se promueva contra la misma o mismas autoridades responsables y, Que en el otro procedimiento se haya resuelto el tema litigioso y haya quedado firme la decisión respectiva. Ahora bien, como ya se ha precisado en el juicio de amparo ********************, del índice del, entonces, Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de México, mediante sentencia de veintiuno de junio de dos mil cinco se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ********************, contra del auto de quince de abril de dos mil cinco, dictado en el toca de apelación 238/2005, del índice de la Segunda Sala Penal de Toluca, Estado de México, que revoca el auto de libertad por falta de elementos para procesar, dictado por el Juez Tercero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, y mediante proveído de veintiséis de agosto de dos mil cinco, se declaró que dicha sentencia quedo firme; lo que actualiza los supuestos de la cosa juzgada (o autoridad de la cosa juzgada), cuyos efectos jurídicos no se pueden desconocer de conformidad con lo dispuesto en el artículo 354 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Entonces, de lo descrito en párrafos anteriores se tiene que: Existió otro juicio de amparo promovido por el propio quejoso (******************** del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de México). Contra la misma ley o acto reclamado (el auto de formal prisión, dictado en el toca de apelación 238/2005, del índice de la Segunda Sala Penal de Toluca, Estado de México, que revoca el auto de libertad por falta de elementos para procesar, dictado por el Juez Tercero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México). Que se promueva contra la misma o mismas autoridades responsables (en ambos juicios se señaló como autoridad responsable a los Magistrados de la Segunda Sala Penal de Toluca, Estado de México). Que en el otro procedimiento ya se haya proveído lo conducente entorno a, en este caso, la negativa del amparo solicitado y que haya quedado firme por auto de veintiséis de agosto de dos mil cinco. En ese tenor, si en este juicio de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable y acto reclamado el mismo que reclamó en el diverso juicio ********************, del índice Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de México; entonces, resulta evidente que no puede impugnarse nuevamente en este sumario. Bajo esa óptica, resulta palmario que si el acto que se reclama por esta vía ya fue materia de estudio en diverso juicio, no puede esgrimirse en un nuevo juicio constitucional, pues como se observa, en el caso prevalece el principio de cosa juzgada. De ahí que ante la existencia de una resolución firme en el juicio de amparo ********************, en el que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, es una decisión firme y es cosa juzgada, y por ende, resulta insuperable su eficacia en el tiempo. Resulta aplicable por las razones que la contienen la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, página 91, tomo 181-186 Tercera Parte, séptima época, con número de registro 237445, que se cita enseguida: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEIDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías." Asimismo, sirve de apoyo la tesis I.7o.A.132 K, que aprobó el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, abril de 2010, página 2717, con número de registro 164818, que a la letra dice: "COSA JUZGADA. HIPÓTESIS EN QUE SE ACTUALIZA DICHA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, AUN CUANDO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS ANTERIOR, PROMOVIDO POR EL MISMO QUEJOSO, CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR IDÉNTICOS ACTOS RECLAMADOS, SE HAYA SOBRESEÍDO. El artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías. Ahora bien, si el quejoso promueve un juicio de amparo que se sobresee y, con posterioridad, inicia otro contra las mismas autoridades responsables y por idénticos actos reclamados, procede también sobreseer en éste, a pesar de que en el primero no se analizó el fondo del asunto planteado, si no se demuestra fehacientemente que los hechos y circunstancias que llevaron a tomar nuevamente dicha determinación fueron distintos a los inicialmente estudiados o que a la presentación de la nueva demanda imperan nuevas situaciones de hecho que modifican lo antes analizado. En consecuencia, lo resuelto en el primer juicio adquiere firmeza, por identidad de los alcances del concepto de ejecutoria, por razones de legalidad, seguridad jurídica y congruencia en las resoluciones de los tribunales de amparo, pues lo contrario implicaría desconocer la decisión previa adoptada, y más aún, avalar la coexistencia de resoluciones contradictorias, ante la probabilidad de que en una segunda controversia se concluya en sentido opuesto respecto de hechos ya examinados." Finalmente, sustenta lo expuesto la tesis aislada XIX.2o.P.T.3 K, que aprobó el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, marzo de 2009, página 2734, con número de registro 167743, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "COSA JUZGADA. SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EN EL SEGUNDO JUICIO EXISTE COINCIDENCIA DEL QUEJOSO, ACTO RECLAMADO Y AUTORIDADES RESPONSABLES RESPECTO DE UNO ANTERIOR RESUELTO OPORTUNAMENTE, Y NO SE TRATA DE UNA AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN DE LA PRIMER DEMANDA. El artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo es improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías. Ahora bien, si el quejoso promueve un juicio de amparo, el cual fue resuelto en su oportunidad, y posteriormente inicia otro contra las mismas autoridades responsables y por idénticos actos reclamados que el anterior, a efecto de determinar si se actualiza la indicada causa de improcedencia, debe dilucidarse si en el caso se trata de una ampliación de la demanda o de una diversa. Así, debe decirse que para la doctrina la "demanda" es el primer acto que abre o inicia un juicio, es decir, la primera petición con la que el actor formula sus pretensiones, y que dependiendo de la actitud de la parte demandada, si es que suscita controversia sobre ellas, constituirán la materia de la litis; de ahí que sea tan importante lo que se diga en esta etapa procesal, ya que ello será lo que conformará la materia del debate, pues por regla general lo que no se exponga en ella no debe considerarse por el juzgador en su sentencia. En cambio, en cuanto a la "ampliación", en términos del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, vigésima segunda edición, define al verbo ampliar de la siguiente manera: "(Del lat. ampliare). 1. tr. Extender, dilatar. 2. Reproducir fotografías, planos, textos, etc., en tamaño mayor que el del original."; de donde se colige que la ampliación de la demanda de amparo, aun cuando la ley de la materia no la contemple expresamente, implica la adición o modificación de lo expuesto por parte del quejoso en su escrito inicial, a efecto de que forme parte de la controversia que deberá resolver el Juez o tribunal que conozca del asunto. En esa tesitura, si de la demanda de amparo presentada en segundo término, se advierte que no se trata de una ampliación o modificación de la primer demanda, independientemente de que de su texto se advierta que el quejoso cumplió con los requisitos que sobre la formulación de una demanda establece el artículo 166 de la Ley de Amparo, y existe coincidencia en lo referente al acto reclamado, autoridad responsable y quejoso, se actualiza la referida causa de improcedencia de cosa juzgada." Por consiguiente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61, 107, fracción IV, a contrario sensu, y con fundamento en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia el juicio de amparo promovido por ********************, contra actos de los Magistrados que integran la Segunda Sala en Materia Penal de Toluca, Estado de México y otras autoridades, por notoriamente improcedente. Es ilustrativa, por los razonamientos que contiene, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO". En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en el presente juicio a las diez horas con diez minutos del nueve de noviembre de dos mil dieciocho, sin que ello implique dejar al quejoso en estado de indefensión, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la constitución general de la república, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 26/2002-PL, el siete de febrero de dos mil tres, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Finalmente, se deja sin efectos el apercibimiento con que fue conminada la parte quejosa, mediante proveído de veintiséis de octubre pasado, lo anterior en virtud de que al sobreseer el presente sumario constitucional, no tiene lugar el pronunciamiento respecto dicho requerimiento. Notifíquese por lista a la parte quejosa, en términos del auto de diez de octubre pasado.

  3. Principal

    MESA V. Se tiene por recibida la razón de imposibilidad signada por la Actuaria adscrita, de la cual se advierte la imposibilidad material que tuvo para emplazar a la parte tercera interesada, por las razones que ahí expone. En consecuencia, requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, de conformidad con la fracción II del artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, proporcione el domicilio actual y correcto de tercera interesada menor de identidad reservada o de quien legalmente la represente; esto es, en el que pueda ser localizada y emplazada al presente juicio. Con el apercibimiento que para el caso de no proporcionar domicilio alguno, se procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo de la Ley de Amparo. Al caso se aplica la tesis aislada con número de registro 211339, sustentada por Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 538 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, Materia Común, Octava Época, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO TIENE LA CARGA PROCESAL DE SEÑALAR EL NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO. De lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley de Amparo, que contempla los requisitos que debe contener una demanda constitucional en la vía indirecta, se infiere que en realidad prevé diversas cargas procesales que el quejoso debe satisfacer para que se pueda dar curso a su petición, entre ellas, la prevista por la fracción II, relativa al señalamiento del nombre y domicilio del tercero perjudicado, que resulta exigible siempre que, cuando con relación al acto reclamado exista una persona que se ubique en alguno de los supuestos que prevé en sus diversos incisos (tres) la fracción III del artículo 5o., de la legislación de la materia. Además, la ley invocada en ninguno de sus preceptos establece bajo algún supuesto la satisfacción de ese señalamiento por otra de las partes en el juicio de amparo ni por el propio juzgador federal, excepto en el caso de amparos en materia agraria cuando el quejoso sea alguno de los sujetos que menciona el artículo 212 del ordenamiento invocado. En consecuencia, es de concluirse al respecto que, legalmente la carga procesal de señalar el nombre y domicilio del tercero perjudicado pesa exclusivamente sobre el quejoso, el que debe procurarse todos los medios y agotar las instancias posibles para cumplir con esa obligación, y sólo ante la demostración de que ha actuado de tal forma puede recurrirse a otras alternativas para tener conocimiento de los datos indicados." Notifíquese por lista a la parte quejosa, en términos del auto de diez de octubre pasado.

  4. Principal

    MESA V. UN ACUERDO PARA NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE TERCERA INTERESADA

Quedan 5 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 9,095 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano