Ramón Hilario Serna Resendiz

Expediente 34/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
34/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
27/06/2022

Partes del expediente

  • Ramón Hilario Serna Resendiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintisiete de junio de dos mil veintidós******************** FIRME FALLO******************** Por otro lado, del estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, así como de la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma queda firme, para los efectos legales procedentes******************** Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo******************** ARCHIVO******************** En consecuencia, una vez hechas las notificaciones respectivas, archívese el expediente como asunto concluido******************** VALOR DOCUMENTAL******************** Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se sobreseyó en el presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido******************** Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda******************** En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General******************** CONSTANCIAS POR DEVOLVER******************** Al resultar innecesaria su conversación, devuélvase a la autoridad responsable: Jueza de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con competencia en Ejecución Penal, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, dos tomos de pruebas consistente en copia autentica de las constancias que integran el expediente SIPE 230/2021******************** FIRMA ELECTRÓNICA******************** Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa******************** NOTIFÍQUESE A LA PARTES POR CUALQUIER MEDIO ELECTRÓNICO AUTORIZADO CONFORME AL ACUERDO GENERAL 21/2020 EMITIDO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES********************

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, nueve de junio de dos mil veintidós. OFICIO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo téngase por recibido y agréguese el oficio suscrito por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, a través del cual remite el diverso comunicado signado por la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con sede en Morelia, por advertirse que el mismo es dirigido a este órgano jurisdiccional; en tales condiciones, agréguese ese comunicado únicamente para que obre como legalmente corresponda, en virtud de que, se tuvo por recibido mediante auto de veintisiete de abril de dos mil veintidós. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    V I S T O, para resolver los autos del juicio de amparo 34/2022, promovido por Ramón Hilario Serna Reséndiz. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veinticinco de enero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, turnado al día siguiente a este Juzgado, Ramón Hilario Serna Reséndiz, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por el acto que se precisarán más adelante. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por proveído de veintiséis de enero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de garantías; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que le corresponde al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; proveído en que se tuvo a Juventino Rosas Aceves, aceptando el cargo de defensor público del aquí quejoso; proveído de nueve de marzo del año en curso, en que se tuvo al impetrante de garantías ampliando su demanda; informe justificado rendido por las autoridades responsables; y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que luego de haber sido diferida tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, TERCERO. Precepto fundamental violado. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló como derecho fundamental violado los contenidos en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, ejerce jurisdicción y es legal y constitucionalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción II, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, por el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; por reclamarse actos que tienen eficacia jurídica dentro del área geográfica en que este Juzgado ejerce jurisdicción territorial (Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo). SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De la lectura integral de la demanda de amparo, en congruencia con todos sus elementos, se precisa que, conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado que agravia al quejoso lo es: Del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con competencia en Ejecución Penal, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia. ". LO HAGO CONSISTIR EN LA OMISIÓN Y/O NEGATIVA DE DAR CONTESTACIÓN Y/O RESPUESTA A MIS ESCRITOS CUYAS FECHAS NO RECUERDO. DONDE ESTOY SOLICITANDO LA PRESCRIPCIÓN DE LA MULTA Y LA CONCESIÓN DEL BENEFICIO DE LA LIBERTAD CONDICIONADA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN No. 230/2021 DEL ÍNDICE ESTADÍSTICA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE." Del Administrador del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Morelia, Michoacán. ".la omisión de no enviar oportunamente el escrito a que hago referencia en mi demanda de amparo" (ejecución del acto reclamado). TERCERO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con competencia en Ejecución Penal, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán y Administrador del Centro de Justicia Penal Federal, ambas con sede en Morelia, Michoacán, al rendir sus informes de ley negaron el acto que se le reclama, sin embargo, se le tiene por desvirtuada dicha negativa; toda vez que de la copia certificada consistente en el expediente SIPE 230/2021, que remitió la primera y por las propias manifestaciones de la segunda; se desprende la existencia del acto que se le reclama; documental a la cual se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo establecido por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del precepto 2º de la Ley de Amparo. Presta apoyo a lo anteriormente considerado, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGUE, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Así mismo, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previamente el estudio de los aspectos de fondo del acto reclamado, deben analizarse las causas de improcedencia por ser esa una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, de la documental remitida por las autoridades responsables Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con competencia en Ejecución Penal, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, así como la Administradora de dicho Centro, ambos con sede en Morelia, se determina que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud de las siguientes consideraciones. Es de precisar, que la cesación a que se refiere el artículo y fracción invocados se da por revocación o por sustitución; la primera implica la desaparición o destrucción del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas hayan vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna y, la segunda se presenta al sobrevenir un acto nuevo que incide en la vigencia o ejecutividad del primero. Sirve de sustento a lo anterior la tesis aislada I.3o.C.92 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, consultable en la página mil cuatrocientos noventa y uno, Tomo XXX, Diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." En mérito de lo anterior, la hipótesis que en el presente se actualiza es la primera, en virtud de que, como ya se indicó, el acto combatido por el quejoso consiste en: la omisión y/o negativa de dar contestación y/o respuesta a los escritos donde el quejoso solicita la prescripción de la multa y la concesión del beneficio de la libertad condicionada dentro del procedimiento de ejecución número 230/2021. Sin embargo, esta Juzgadora considera que tal acto reclamado cesó en sus efectos, habida cuenta que dentro del indicado procedimiento, la Juez responsable emitió el diverso proveído de veinte de abril de dos mil veintidós, en el que, en lo que aquí interesa, textualmente determinó lo siguiente: "AUTO. Morelia, Michoacán, veinte de abril de dos mil veintidós. (.) En ese contexto, no resulta procedente la petición del enjuiciado, por los motivos que se exponen a continuación. Cierto, el artículo 29 del Código Penal Federal prevé la posibilidad de que la sanción pecuniaria que se imponga en una sentencia se sustituya por jornadas de trabajo en favor de la comunidad, siendo que cada jornada de trabajo saldará un día multa; sin embargo, para la procedencia de ello, resulta necesaria la actualización de los siguientes supuestos: 1. Que se acredite, de manera fehaciente, que el sentenciado carece de recursos y/o posibilidades para cubrir la multa impuesta en el fallo correspondiente; y, 2. Que, de encontrarse privado de su libertad, el centro de reclusión en el que se encuentre interno, cuente con la infraestructura y la posibilidad de asignarle actividades para tal fin. En el caso, a través del oficio con terminación 3780/2022 la Subdirectora Jurídica del Centro Federal de Readaptación Social Número Diecisiete "CPS-Michoacán" informó el impedimento que tenía para que el sentenciado pudiera llevar a cabo la conmutación de la sanción pecuniaria por jornadas de trabajo en favor de la comunidad dentro de dicha unidad administrativa. Por tanto, se determina que NO HA LUGAR, a proveer de conformidad la solicitud de conmutación de sanción pecuniaria, elevada por el sentenciado de interés; ello, en virtud de que la institución penitenciaria en que guarda reclusión, no cuenta con la infraestructura para ello. PRECISIÓN. No obstante lo anterior, en términos del artículo 158, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, hágase saber al sentenciado que tiene hasta el día último de su pena de prisión, para cubrir el pago de la sanción pecuniaria que se le impuso. Debiendo precisar, además, que el plazo de prescripción de dicha sanción comenzó a transcurrir a partir del día siguiente al en que fue agotado el procedimiento administrativo de ejecución a cargo de la autoridad fiscal correspondiente." En consecuencia, toda vez que el acto reclamado en esta instancia constitucional cesó en su efectos y con ello dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso, resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal; de ahí que, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, en su fracción XXI de la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V de la propia Ley en cita, se SOBRESEE este juicio de garantías. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis P.CL/97, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, registro 197367, de rubro: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Asimismo, resulta aplicable al caso la jurisprudencia 2ª/J 59/1999, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados a la autoridad ejecutora responsable, debido a que no fueron combatidos por vicios propios. Es ilustrativa de lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 91-96, Sexta Parte, Séptima Época, página doscientos ochenta y seis, que dice: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". Sin que la anterior determinación se considere denegación de justicia, porque aun cuando en nuestro orden jurídico se reconoce el derecho de tutela judicial efectiva a favor de las personas, no implica que los órganos jurisdiccionales deban estimar que en todos los casos se acredita la legitimación de quienes acuden a instar la protección de la Justicia de la Unión, pues ello sería tanto como dar al citado derecho un alcance absoluto que desconocería las limitaciones legal y constitucionalmente admitidas que guardan una razonable relación de proporcionalidad entre los medios que deben emplearse y su fin; es decir, se desvirtuaría la finalidad de instrumentar requisitos y presupuestos procesales que permitan mantener la legalidad y seguridad jurídica requeridas dentro del sistema jurídico, en tanto que se beneficiaría indebidamente a una parte y se desconocerían los derechos de la contraparte en un proceso. Aunado a que las causas de improcedencia y sobreseimiento contenidas en los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Apoya lo expuesto, por similitud de razón, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, del rubro: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". En el entendido de que los diversos criterios antes reproducidos resultan aplicables al caso en términos de lo establecido en el artículo Sexto Transitorio del Decreto por el cual se expidió la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente, el cual dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley". QUINTO. Se requieren acuses de recibo. Para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de la fecha en que reciba el oficio que derive de la presente determinación, informe a esta autoridad federal al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, la fecha en que quedo debidamente notificada de esta sentencia. SEXTO. NOTIFICACIÓN QUEJOSO. Toda vez que el quejoso Ramón Hilario Serna Reséndiz, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán", ubicado en el municipio de Buenavista Tomatlán, se comisiona a los actuarios judiciales de la adscripción, conforme al rol correspondiente, en la fecha establecida, para que por su conducto, cumpliendo estrictamente las medidas de prevención que resulten indispensables al realizar una notificación, con el objeto de evitar cualquier riesgo de infección y propagación del virus que ha dado lugar a la emisión del Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), emitido por el Consejo de Salubridad General de los Estados Unidos Mexicanos, se constituya en dicho centro de reclusión y realice lo siguiente: - Localice al aquí quejoso y le notifique el contenido de la presente determinación, haciéndole entrega de copia simple. En el entendido que la salida y regreso del actuario comisionado, deberá ser en el mismo día, para los efectos legales a que haya lugar; por tanto, con fundamento en el artículo 136, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entérese de la anterior determinación a la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. SÉPTIMO. Versión pública de la sentencia. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11 fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118 todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 61, fracción XXI, 63, fracción V, 65, 73, 75, 107, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Ramón Hilario Serna Reséndiz, por su propio derecho, respecto del acto reclamado y autoridades responsables precisadas en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en el considerando cuarto del presente fallo. SEGUNDO. Una vez que cause ejecutoria la presente, elabórese versión pública sin supresión de los datos personales de la parte quejosa, en términos del considerando séptimo del presente fallo. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR EN DONDE SE ENCUENTRA RECLUIDO, ASÍ COMO A SU DEFENSOR PÚBLICO DESIGNADO.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintidós de abril de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS. De autos se advierte, principalmente del informe justificado rendido por la autoridad responsable Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, que precisa que en atención al escrito del aquí quejoso determinó, entre otras cosas, requerir a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Michoacán "1", con sede en la capital del Estado, para que en el plazo de tres días computado legalmente, informara las gestiones relativas a hacer efectivo el cobro de la multa impuesta ********************en la causa penal ********************/2019 (SIPE ********************/2019), del índice del Centro de Justicia Penal Federal en Chihuahua con sede en Ciudad Juárez; consistente en cien unidades de medida y actualización, equivalentes a $********************(********************). A lo que el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Michoacán "1", le informó ".que emitió mandamiento de ejecución, sin que haya sido posible recuperar el monto de la sanción pecuniaria. De igual forma, en la ejecución del mandamiento en comento se asentó que el enjuiciado ********************solicitó la conmutación de la multa por jornadas de trabajo en favor de la comunidad, por lo que se le requirió para que agotara los actos de investigación relativos a establecer la insolvencia o no del sentenciado de referencia, debiendo informar el resultado de dichas gestiones. En esa tesitura, por auto tres de marzo del año en curso y en atención a la manifestación del sentenciado en el sentido de solicitar la conmutación de la multa por jornadas de trabajo en favor de la comunidad, se requirió al Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Diecisiete "CPS Michoacán", para que dentro del término de tres días informara a este centro de justicia, si cuenta con espacio y horario disponible para que el sentenciado realice la ejecución de la sentencia con trabajo a favor de la comunidad en el centro de reclusión." REQUIERE. Por tanto, solicítese a la Administradora responsable, para que una vez que cuente con las constancias relativas a la contestación que le dé el Director del Centro Federal de que se trata, las remita de inmediato a este juzgado, para los efectos legales correspondientes. DIFIERE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar oportunidad a lo anterior, la audiencia constitucional prevista para esta fecha se difiere, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CUATRO MINUTOS DEL DOS DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO. Notifíquese mediante oficio a la autoridad responsable de que se trata.

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