Ramón Hernández Costilla
Expediente 1478/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 15 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1478/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 12/11/2019
Partes del expediente
- Ramón Hernández Costilla
- Congreso del Estado de Jalisco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que se haya presentado promoción encaminada a impugnar el auto de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en el punto Décimo, fracción I, y el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del mismo año; el presente juicio es susceptible de depuración, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, deberá realizarse una transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el trámite respectivo. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. En esas condiciones, atento a lo dispuesto en el numeral Décimo Primero, tercer párrafo, del acuerdo en cita, se requiere a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contados a partir de que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, comparezca a este Juzgado a recoger las documentales que exhibió, apercibida que de no hacerlo en el aludido término, dichos documentos podrán ser destruidos junto con este expediente. Finalmente, notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto totalmente concluido.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso C), de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa, NO acudió a las instalaciones de este Órgano Jurisdiccional para notificarse personalmente del auto dictado el doce de noviembre de dos mil diecinueve; se le notifica por medio de la presente lista dicho auto, en el que se acordó lo siguiente: Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que se haya presentado promoción encaminada a impugnar el auto de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en el punto Décimo, fracción I, y el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del mismo año; el presente juicio es susceptible de depuración, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, deberá realizarse una transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el trámite respectivo. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. En esas condiciones, atento a lo dispuesto en el numeral Décimo Primero, tercer párrafo, del acuerdo en cita, se requiere a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contados a partir de que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, comparezca a este Juzgado a recoger las documentales que exhibió, apercibida que de no hacerlo en el aludido término, dichos documentos podrán ser destruidos junto con este expediente. Finalmente, notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto totalmente concluido.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que por acuerdo de tres de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio que remitió la Directora de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública, en representación de dicha Secretaría, con el que informó las gestiones realizadas para dar cumplimiento al fallo protector y remitió constancias para acreditarlo. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, se resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la responsable, sin que hasta el momento haya realizado manifestación alguna. Por lo tanto, se procede de oficio a RESOLVER CONFORME AL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE AMPARO. Los efectos de la concesión del amparo quedaron precisados en el considerando correspondiente de la sentencia de siete de agosto de dos mil diecinueve, haciéndose consistir en que: "(.) la parte quejosa deje de pagar la tarifa prevista en dicha fracción, inciso y numeral; debiendo únicamente cobrar la cuota que establece el artículo 16 fracción I, inciso a) de la legislación impugnada, reintegrando a éste el numerario que exceda de la tarifa indicada por concepto de la contribución analizada en este asunto y, en su lugar, emita otro recibo de pago de derechos por los mismos conceptos, pero absteniéndose de aplicar el cálculo porcentual que establece el artículo declarado inconstitucional. liberar a la parte impetrante de acción constitucional parcialmente del pago, toda vez que al ser el vicio de inconstitucionalidad de la norma combatida, el otorgar un trato inequitativo a sujetos que se encuentran en la misma situación jurídica de tributo, y ante la falta de diferencias que resulten relevantes desde el punto de vista fiscal, deben de recibir un trato idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación. Por tanto, la restitución del derecho violado se obtiene mediante la restitución en el goce de la garantía violada, lo que implica que los quejosos dejen de pagar la tarifa de $5,225.00 (cinco mil doscientos veinticinco pesos 00/100 moneda nacional), por cada uno de los actos, contratos, resoluciones o inmuebles a registrar, que les fue aplicada en los recibos de pago A 43858297 y A 43858292, expedidos por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco. En ese contexto, a fin de cumplir con lo previsto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, deberá devolverse a la parte quejosa la cantidad de $5,225.00 (cinco doscientos veinticinco pesos 00/100 moneda nacional), que les fue cobrada mediante dichos recibos oficiales. Mediante acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve (foja 42), causó ejecutoria la sentencia de amparo, por lo que en ese mismo proveído se requirió a las autoridades responsables a fin de que dieran cumplimiento al fallo protector. Ahora bien, de las constancias certificadas allegadas, a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos certificados por una autoridad en ejercicio de sus funciones, se pone de manifiesto que por acuerdo de devolución PF-DC-JA-29547, de la Secretaría de la Hacienda Pública; desincorporó de las esferas jurídicas de los impetrantes los numerales controvertidos; y además elaboró las órdenes de pago correspondientes y efectuó las devoluciones respectivas en favor de la parte quejosa. Además, de las constancias certificadas allegadas, se pone de manifiesto que por oficio PF-DC-JA-29546 de veintitrés de septiembre del año en curso, se informó que se encuentra a disposición de la quejosa, los cheques por las cantidades de $ 5, 246.94 (cinco mil doscientos cuarenta y seis pesos 94/100 moneda nacional), para que dentro del horario comprendido de 09:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, acudan a sus instalaciones, para la entrega de los mismos. En consecuencia, conforme al artículo 196, tercer y cuarto párrafos, de la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO CUMPLIDA la ejecutoria de amparo en su totalidad, sin exceso ni defecto, en el entendido de que una vez que la parte quejosa se constituya en las oficinas de la responsable le deberá ser entregado el cheque relativo. Lo anterior es así, ya que solo resta que la contribuyente comparezca a hacer efectivo el cobro aludido para recuperar la suma que pagó por concepto de los derechos reclamados. De conformidad con el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de quince días. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
Quedan 11 actuaciones en este expediente
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