Ramón González Angulo

Expediente 932/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
932/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Ramón González Angulo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el comunicado remitido por el Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad social del Estado de México y Municipios, mediante el cual informa que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; sin embargo del oficio que remite no se advierte que dicha autoridad haya anexado el dictamen CP/92725/2023 suscrito por el Presidente del Comité de Pensiones; por tanto al respecto se provee lo siguiente. Por tanto, en términos del párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo requiérase a dicha autoridad responsable, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta sus efectos la notificación de este proveído, informe el cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por lo que se hace de su conocimiento que sigue subsistiendo el apercibimiento con el que se le previno en caso de incumplimiento. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, y de conformidad con la circular 28/2023, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como el Aviso de Suspensión de Labores signado por el Coordinador de Jueces de Distrito con residencia en Naucalpan, Estado de México, se declararon como inhábiles los días del dieciséis al veintisiete de octubre de la presente anualidad; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. En ese contexto, vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpongan recurso de revisión contra la sentencia del veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que concedió el amparo en este juicio, ha causado ejecutoria. Realícense las anotaciones respectivas; y hágase del conocimiento de las partes lo anterior. Se requiere a la autoridad responsable, en términos del artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que dentro del término de tres días informe el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y acompañe las constancias necesarias en su apoyo. Con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien unidades de medida de actualización vigente a esta fecha, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés, con apoyo en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las diez horas con seis minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 932/2023-IV, promovido por **********, por derecho propio, contra actos del Comité de Pensiones del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; ante Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, la secretaria hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. El Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, la secretaria da cuenta al Juez de Distrito con la prueba documental ofrecida por la parte quejosa con su ocurso de demanda. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene por ofrecida, admitida y desahogada la citada probanza. Se cierra esta etapa. Cerrado el periodo de pruebas y abierto el de alegatos, la secretaria hace constar que la quejosa no formuló manifestaciones ni el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito presentó pedimento. El Juez acuerda: Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación se pasa a dictar la sentencia correspondiente. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 939/2023-IV; y, R E S U L T A N D O: I. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciocho de julio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, turnado al día siguiente a este órgano jurisdiccional, **********, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Comité de Pensiones del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. II.- En proveído de veintiuno de julio de dos mil veintitrés, se radicado la demanda bajo el número 932/2023-IV, se admitió a trámite; se dio la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que previo diferimiento, tuvo verificativo al tener del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 de la Ley de Amparo; 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues no obstante de reclamar un acto omisivo, el mismo tiene ejecución en el territorio donde este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se aprecia que el acto reclamado consiste en: La omisión de dar respuesta a la solicitud de pensión presentada por el quejoso ante la Unidad de Atención al Derechohabiente Ecatepec del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; al rendir su correspondiente informe justificado, por conducto de su apoderado, aceptó la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con la documental que exhibió el quejoso en su demanda de amparo, consistente en copia de la solicitud de pensión con sello de recibo de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, ante la Unidad de Atención al Derechohabiente Ecatepec, misma que no fue objetada por la autoridad en cita. Es importante precisar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por el artículo 2o. de la Ley de Amparo, el valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de otras cualesquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia, carácter que tienen las copias fotostáticas, por ser reproducciones fotográficas de documentos, quedan al prudente arbitrio del juzgador; por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio se otorga valor probatorio a la documental exhibida por la parte quejosa en el presente juicio de amparo. En ese orden, al haberse exhibido en el presente juicio de amparo copia simple del acuse de la solicitud de cuya omisión en su atención se atribuye a la autoridad y dada las manifestaciones de certeza en cuanto a tal solicitud vertida por la responsable, es dable presumir su existencia, por ello, dicha constancia y presunción de certeza del acto atribuido a la autoridad, es suficiente para tener por acreditado el mismo. Conclusión que además guarda congruencia con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, acaecidas el diez de junio de dos mil once, en específico lo dispuesto en el texto del artículo 1o. constitucional, en relación con el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por virtud de las cuales constituye una obligación de los juzgadores asegurarse de que los gobernados puedan tener un real y efectivo acceso a la justicia, en específico al juicio de amparo, por ser éste el medio de impugnación extraordinario que existe en nuestro país para amparar a las personas contra actos que violen sus derechos humanos reconocidos por la Constitución, la ley o cualquier tratado internacional del que México sea parte. CUARTO. Causales de improcedencia. Conforme a la técnica reconocida para la elaboración de las sentencias de amparo y por ser una cuestión de orden público, es menester analizar las causas de improcedencia que hayan hecho valer las partes o que se adviertan actualizadas de oficio, tal como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia 158 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 262, Tomo VIII, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1985, cuyo texto establece: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En ese sentido la autoridad responsable al rendir su informe con justificación, manifestó que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que la quejosa no agotó el principio de definitividad al no promover previamente el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. No obstante, se desestima dicha causa de improcedencia, toda vez que ante la omisión de dar respuesta a una petición formulada por la quejosa en términos del artículo 8 constitucional, se traduce en una afectación de forma directa e inmediata a un derecho sustantivo que impide en forma actual su ejercicio, por lo que se actualiza la hipótesis de excepción que se prevé para acudir al juicio de amparo. Bajo ese contexto, se estima que en la especie no se actualiza otra causa de improcedencia en el asunto de mérito, se procede al análisis de fondo de la cuestión debatida. SEXTO. Estudio de fondo. Se dan por reproducidos los conceptos de violación vertidos en la especie los cuales, al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo en vigor, que señale que deba hacerse en la sentencia transcripción de ellos, de conformidad con lo que dispone la tesis jurisprudencial 477 publicada en las páginas 414 y 415, Segunda Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917- 2000, que es del tenor literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma." La parte quejosa expone que se violaron en su perjuicio los artículos 1 y 8 constitucionales, toda vez que la autoridad responsable ha omitido dar respuesta a su solicitud de pensión presentada el veintiuno de febrero del dos mil veintitrés; no obstante, que el artículo 73 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, establece que deberá resolverse respecto del otorgamiento de una pensión en el plazo de treinta días, contados a partir de la fecha que sea recibida la solicitud correspondiente, por lo que en el caso ha transcurrido en exceso dicho término para resolver su petición. El sintetizado concepto de violación es fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado, atento a las consideraciones que a continuación se exponen. En principio resulta pertinente destacar que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." Del análisis del precepto de referencia se advierte que en él se establece: a) Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión, y en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado. b) La obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. c) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que tanto los actos procesales que practiquen los órganos jurisdiccionales, como las resoluciones que éstos emitan, ya sean acuerdos o sentencias, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales y de manera completa e imparcial. De lo anterior se deduce que los tribunales deben realizar los actos procesales y emitir las resoluciones correspondientes en las contiendas sometidas a su jurisdicción, dentro de los términos y plazos que establezca la ley que los rija. Así, del texto constitucional se advierte que la expeditez debe estar presente en todo el desarrollo del procedimiento a fin de que permita resolverse el conflicto en la forma más pronta. Estos principios generales, aplicados a la materia específica, deben entenderse referidos al juicio laboral a fin de que se facilite la solución del conflicto. Asimismo, cabe señalar que respecto del cumplimiento del derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sólo se encuentran obligados a observarlo los tribunales judiciales formalmente instituidos, sino también las autoridades administrativas, que en el ejercicio de sus funciones materialmente jurisdiccionales, tienen la obligación de emitir las resoluciones correspondientes en los procedimientos planteados ante tales autoridades, así como las autoridades en el ámbito de su competencia deben dar vigencia y efectividad a dichas resoluciones. Ahora bien, retomando la litis planteada en esta instancia constitucional, es de considerarse que, como se aprecia de autos, las autoridades responsables han omitido dar respuesta a la solicitud de pensión presentada el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés; obstante que, no conforme al procedimiento previsto en la legislación aplicable al caso, debe resolverse respecto del otorgamiento de una pensión en el plazo de treinta días, contados a partir de la fecha en que sea recibida la solicitud correspondiente, tal como lo se establece en el numeral 73, de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, en relación con los diversos 1°, 68 y 75, segundo párrafo, del Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, que prevén lo siguiente: Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios. "Artículo 73. El Instituto resolverá respecto al otorgamiento de una pensión del sistema solidario de reparto en un plazo de treinta días contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud con la documentación correspondiente. (.)" Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. "Artículo 1. El presente ordenamiento legal tiene por objeto regular las disposiciones relacionadas con el otorgamiento de las prestaciones señaladas en el Título Tercero, Capítulos II, III, IV, y V de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, relativas a riesgos de trabajo; sistema mixto de pensiones; seguro por fallecimiento; créditos a corto, mediano y largo plazo, y su recuperación." "Artículo 68. El trámite para el otorgamiento de las pensiones en sus diferentes modalidades, se iniciará a petición de parte, por escrito, mediante los formatos establecidos por el Instituto, debiendo cumplir además con los siguientes requisitos documentales (...)" "Artículo 75. (.) El Instituto señalará al solicitante una fecha de respuesta que no excederá de treinta días hábiles. El escrito de respuesta estará a su disposición en la unidad administrativa donde el promovente inició el trámite, a excepción de aquellas solicitudes que por su naturaleza requieran de mayor tiempo para su resolución." De los preceptos legales transcritos se aprecia, en lo que interesa, que esa normatividad tiene como propósito regular las disposiciones relacionadas con el procedimiento de otorgamiento de diversas prestaciones contempladas en la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, entre las que destaca, la relativa al sistema de pensiones, esto es, lo referente al otorgamiento de las pensiones en sus diferentes modalidades, la cual se iniciará por escrito a petición de parte mediante los formatos establecidos por el propio Instituto de Seguridad Social de mérito, quien señalará una fecha de respuesta que no excederá de treinta días hábiles, la que se pondrá a disposición en la unidad administrativa donde el promovente inició el trámite. Tal ordenamiento es aplicable al caso, en virtud de que establece el plazo para resolver o dar contestación a la petición que formuló la parte quejosa el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, el cual es de treinta días posteriores a la presentación de tal solicitud y la obligación de poner a disposición del peticionario el sentido de ésta, en la unidad administrativa en la que inició el trámite (Unidad de Atención al Derechohabiente Ecatepec del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios); lo que en el caso, conforme a las constancias que obran en el presente sumario constitucional no ha acontecido, por lo que, resulta evidente que a la fecha en que este juzgado federal emite la presente sentencia el aludido plazo ha transcurrido en exceso (siete meses). En ese contexto, se está en presencia de una abstención total de parte de la autoridad responsable, pues como se advirtió, ha omitido resolver lo conducente, retardando así el procedimiento de pensión en perjuicio de la parte quejosa, violando lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese contexto, como se adelantó, es esencialmente fundado el concepto de violación de la parte quejosa. En virtud de lo expuesto, ante la falta de respuesta a la solicitud de pensión, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso **********, para el efecto de que el Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, dentro del término de tres días posteriores a que cause ejecutoria la presente sentencia: a) Emita de manera escrita la resolución que en derecho proceda respecto de la solicitud de pensión presentada por **********, el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. b) La haga del conocimiento de la parte quejosa a través de la (Unidad de Atención al Derechohabiente de Ecatepec del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios) (al haber sido esta última la autoridad ante quien se presentó la solicitud). Es importante destacar que el sentido de la respuesta o su fundamentación no son motivo de la concesión del amparo, por lo que bastará que la autoridad responsable emita la resolución que conforme a derecho corresponda y la haga del conocimiento de la parte quejosa, para que la sentencia se tenga por cumplida. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, por derecho propio, contra el acto reclamado a la autoridad responsable Comité de Pensiones del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, para los efectos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista electrónica a las demás partes. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, secretaria quien certifica que la presente resolución, se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que a la fecha se encuentra transcurriendo el término de ocho días otorgado a la parte quejosa en auto de uno de septiembre pasado, a efecto de que se imponga del informe justificado que obra en autos; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas con seis minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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