Ramón Gómez Gómez
Expediente 991/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 991/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 09/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Ramón Gómez Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Incidental
II.-Visto el estado que guardan los presentes autos incidentales, toda vez que con esta misma fecha se calificó el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo principal de donde deriva el presente incidente y en las resoluciones respectivas, se negó a la parte quejosa la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado que solicitó; en consecuencia, de conformidad con el punto Vigésimo del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se indica que el DUPLICADO de este incidente de suspensión es susceptible de destrucción después de los SEIS MESES siguientes a partir del presente acuerdo, toda vez que existe el cuaderno original. Ahora bien, por lo que ve al expediente ORIGINAL de este incidente de suspensión, conforme al punto Décimo Primero, deberá conservarse hasta por tres años en el archivo de este órgano jurisdiccional al término de los cuales deberá realizarse su transferencia, y acorde con la fracción III del punto Vigésimo Primero de dicho Acuerdo General conjunto, al término de cinco años, deberá procederse con su destrucción, en virtud de que no se considera de relevancia documental, no contiene documentos originales que deban ser recogidos por las partes.
- Principal
II.- Visto el estado de autos de los que se advierte que feneció el plazo otorgado a la parte quejosa y tercero interesada respecto al proveído de diecisiete de septiembre del presente año, sin que hubiese hecho manifestación alguna; por consiguiente, se procede a resolver lo que corresponde en términos de lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia registrada con el número 2a./J. 26/2000, publicada en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Por auto de siete de septiembre de dos mil veinte (fojas 42 a 44), causó ejecutoria la sentencia que concedió la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa (fojas 24 a 33), y se requirió el cumplimiento de la autoridad responsable Juez de Instrucción adscrito al Juzgado Familiar Oral del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo. Cabe puntualizar los efectos para los cuales fue concedido el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, contra los actos que reclamó del Juez de Instrucción adscrito al Juzgado Familiar Oral del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo; mismos, que fueron los siguientes: "1) Dejar insubsistente el acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio oral de alimentos número 1262/2019. 2) Emitir una nueva resolución en la que: 2.1) Reitere lo relativo a la conversión de la medida provisional de alimentos a favor de la parte actora decretada por auto de veinte de agosto de ese mismo año. 2.2) De manera suficientemente fundada y motivada, establezca el monto en salario mínimo general vigente en la zona económica del Estado, por concepto de pensión alimenticia provisional y precise la periodicidad que deberá suministrarse, es decir, si son semanales, quincenales o mensuales." Por acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, se tuvo a la autoridad responsable Juez de Instrucción adscrito al Juzgado Familiar Oral del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, remitiendo copia certificada del acuerdo de nueve de ese mismo mes y año, dictado en el juicio oral de alimentos 1262/2019, en el que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejó insubsistente el proveído de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve; reiteró la conversión del porcentaje del cuarenta por cuento quincenal a salario mínimo general vigente en la zona económica del Estado, mismo que fue ordenado implementar el veinte de agosto de dos mil diecinueve, y se decretó en su lugar el noventa por ciento mensual del valor diario de un salario mínimo general vigente por cada mes calendario correspondiente, a favor de los menores hijos de edad Ramón Daniel y Bryan Alexander de apellidos Gómez Hernández, equivalentes a la cantidad de $3,326.94 (tres mil trescientos veintiséis pesos, 94/100, moneda nacional), a cargo de Ramón Gómez Gómez, en el entendido que la cantidad resultante deberá ser depositada en dos parcialidades, es decir, de forma quincenal, a partir de la primera quincena de septiembre de dos mil diecinueve. Documentales a las que se les otorga valor probatorio, al estar certificadas y suscritas por servidor público en ejercicio de sus funciones, por lo que constituyen documentos oficiales, que tienen eficacia probatoria plena en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º; con la que se estima que se ha dado cumplimiento a la sentencia emitida por este Juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, parte SCJN, de la Quinta Época, del Apéndice de 1995, en Materia Común, que establece DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. "Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena" Mediante proveído de diecisiete de septiembre del año que transcurre, se dio vista a las partes, con las referidas constancias remitidas por la responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, lo que se les notificó personalmente a las partes quejosa y tercera interesada el dieciocho de septiembre de este año, sin que las partes hayan hecho manifestación alguna al respecto. En tal virtud, es inconcuso que al no existir exceso o defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pueda concluirse que la parte quejosa fue restituida en el goce de sus derechos fundamentales, ya que se dejó insubsistente el acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio oral de alimentos 1262/2019; se emitió una nueva determinación en ese juicio el nueve de septiembre de dos mil veinte, en la que se reiteró lo relativo a la conversión de la medida provisional de alimentos a favor de la parte actora decretada por auto de veinte de agosto de ese mismo año; y se fijó a favor de los menores hijos de edad Ramón Daniel y Bryan Alexander de apellidos Gómez Hernández, equivalentes a la cantidad de $3,326.94 (tres mil trescientos veintiséis pesos, 94/100, moneda nacional), a cargo de Ramón Gómez Gómez, en el entendido que la cantidad resultante deberá ser depositada en dos parcialidades, es decir, de forma quincenal, a partir de la primera quincena de septiembre de dos mil diecinueve; por lo que se declara para todos los efectos legales a que haya lugar, QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, con fundamento en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el invocado numeral 196, párrafo tercero y cuarto de la Ley de Amparo, procede el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al punto décimo, fracción I del capítulo tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se indica que el presente expediente debe considerarse de archivo reciente y ser conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años, por lo que una vez cumplido este plazo, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, este expediente es susceptible de depuración después de los CINCO AÑOS siguientes a partir del presente acuerdo, toda vez que no se considera de relevancia documental, no contiene documentos originales que deban ser recogidos por las partes y se ubica en la fracción IV, del punto vigésimo primero del aludido acuerdo general. Hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Por otra parte, por lo que hace a los autos incidentales que derivan del presente juicio de amparo provéase a lo que corresponda, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo Conjunto de que se trata. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Juez de Instrucción del Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, el anexo que adjuntó a su informe justificado; sin que sea el caso solicitar acuse de recibo dado que solo se tratan de copias certificadas.
- Incidental
II. Resolución incidental: ÚNICO: En términos del considerando tercero de esta interlocutoria, se niega al quejoso la suspensión definitiva de los actos que reclama de la autoridad responsable señalada en el considerando segundo de esta resolución.
- Principal
II. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio y anexo de cuenta signado por la Secretaria de Estudio y Cuenta en Funciones de Juez de Instrucción del Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, con el cual rinde su respectivo INFORME JUSTIFICADO; téngase por rendido el informe de la autoridad responsable, dese vista a las partes. Se tienen por ofrecidas en tiempo y forma las pruebas documentales que exhibe a su misiva de cuenta, mismas que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente al momento de celebrarse la audiencia constitucional del juicio.
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