Ramón Godoy Alvarado

Expediente 234/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
234/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
31/05/2018

Partes del expediente

  • Ramón Godoy Alvarado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de catorce de mayo del año en curso, por el que se sobreseyó en el sumario en que se actúa, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado estado. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en razón de que se sobreseyó en el presente asunto. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, en relación con el punto décimo primero, segundo párrafo y punto vigésimo primero, último párrafo, del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de mayo de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, agréguese sin hacer mayor pronunciamiento al respecto el oficio que remite el Presidente del Tribunal de Conciliación y arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, toda vez que por acuerdo de catorce de los actuales se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.Octavio Rojas Figueroa

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de mayo de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, se tienen por recibidas las constancias que remite el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de ocho de los actuales. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por desahogadas las documentales que remite la autoridad responsable en cita, en razón de su propia y especial naturaleza. Ahora bien, la procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el Juez de Distrito aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia II.1o. J/5, octava época, registro 222780, cuyo rubro y texto a la letra dicen: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En virtud de lo anterior, cabe destacar que el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, instituye que el juicio de amparo será improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En el presente asunto, el acto reclamado consiste en la omisión de la autoridad responsable de remitir los autos del expediente laboral 1814/2017, al Tribunal Colegiado que corresponda, para que determine la competencia de dicho asunto entre la autoridad responsable y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, en relación con la demanda laboral presentada por el quejoso Ramón Godoy Alvarado. Por tanto, resulta claro que con la remisión del expediente de origen en cita, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito con residencia en esta ciudad, quien a su vez turnó aleatoriamente tal asunto al Tercer Tribunal Colegiado en dichas materias, con la finalidad de resolver la incompetencia planteada por la autoridad responsable, de la cual anexó copia debidamente certificada al oficio de cuenta, a la que se le otorga valor probatorio pleno de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de materia, trajo como consecuencia que el acto reclamado cesara en sus efectos, pues ello constituye una situación jurídica que destruye la que dio origen al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho conculcado. De ahí que se ha dejado de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos del acto reclamado han desaparecido totalmente, sin que hayan dejado huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de especificar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho transgredido, obligando a la autoridad responsable a obrar en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que el mismo exija, cuando como en el caso, el acto reclamado sea de carácter omisivo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 193758, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Consecuentemente, como en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con apoyo además, en el dispositivo 63, fracción V, de la invocada ley, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto del acto atribuido a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Robustece lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia del País, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro , cuyo rubro y texto narran: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". El sobreseimiento se decreta fuera de audiencia sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, contrario a lo que dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve como sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 184572, cuyo rubro y texto expresan literalmente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". En atención a lo anterior, se dejan sin efectos las diez horas con cincuenta minutos del dieciocho de mayo de dos mil dieciocho señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio 7578 notificado el dieciocho de abril de dos mil dieciocho, se requirió a la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje para que dentro del término de tres días contado a partir de que surtiera efectos dicha notificación, informara si el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, remitió los autos del expediente laboral 3C-1814/2017 con la finalidad de ser reenviado al Tribunal Colegiado que corresponda y determine qué autoridad resulta competente para conocer del mismo, sin que a la fecha la referida autoridad responsable haya cumplido con el requerimiento formulado en autos. En ese sentido y con la finalidad de que este órgano jurisdiccional resuelva lo que en derecho proceda, con fundamento en los artículos 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles y 75 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable referida con antelación, así como a Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, para que dentro del término improrrogable de veinticuatro horas, contado a partir de que surta efectos la notificación que se les practique del presente auto, informen inmediatamente si el expediente laboral 3C-1814/2017 promovido por ******************** ya fue enviado ante la Junta responsable; o bien, el motivo por el cual a la fecha no se ha remitido tal asunto. Lo anterior, bajo apercibimiento que de no cumplir con el requerimiento dentro del plazo que se les concede a las autoridades con residencia en esta ciudad, de conformidad con el artículo 238, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo, se les impondrá multa por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), por cada una. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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