Ramón Gil Carreón Gallegos

Expediente 886/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango. 35 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
886/2021
Año
2021
Actuaciones
35
Última actuación
07/10/2022

Partes del expediente

  • Miriam Guadalupe Lanzarin Roldan
  • Ramón Gil Carreón Gallegos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Principal

    Dado que este expediente se encuentra totalmente concluido, devuélvase al Congreso del Estado de Durango, el tomo de prueba que allegó en su oficio informativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Durango, Durango, a diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Intégrese el oficio del Secretario de Servicios Jurídicos de la Sexagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de Durango, mediante el cual informa las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en este enjuiciamiento constitucional. Por otra parte, vista la diligencia levantada el trece de septiembre de dos mil veintidós ante este órgano jurisdiccional, en la que compareció el quejoso******** a fin de ratificar su escrito fechado el siete del propio mes, en el que manifestó ".por motivos personales no es mi interés que se continúe con la tramitación del presente juicio de amparo.". Ahora bien, los artículos 192, primer párrafo, y 196 de la Ley de Amparo, disponen: "ARTÍCULO 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. .". "ARTÍCULO 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente. Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley". Conforme a estos dispositivos las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas, por lo que al causar ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, si se trata de amparo indirecto la jueza o juez de distrito hará la notificarán sin demora a las partes, y cuando se reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, previa vista dada a las partes para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga, y transcurrido ese término con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En ejecutoria dictada en sesión de dos de junio de dos mil veintidós por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito dentro del amparo en revisión administrativo 46/2022, por una parte se dejó firme la parte considerativa no impugnada de la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional, y por otra se revocó la parte controvertida de dicha sentencia en la se sobreseyó en el juicio, y en su lugar se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Ramón Gil Carreón Gallegos en contra del acuerdo tomado en sesión celebrada el treinta de junio de dos mil veintiuno por parte del Congreso del Estado de Durango, en el que determinó que no ha lugar a la ratificación del impetrante como Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Durango, debido a que carece de fundamentación y motivación, por lo que el amparo se concedió para el efecto de que la autoridad responsable: "I. Deje insubsistente la determinación reclamada. II. Someta nuevamente a discusión del Pleno del Congreso del Estado de Durango, el dictamen elaborado por su Comisión de Justicia. III. En caso de persistir en la no ratificación del funcionario público quejoso conforme a su propia normativa atinente a desarrollo de los debates, y a la luz de las directrices que ha fincado la Suprema Corte de Justicia de la Nación plasmadas en la parte considerativa de esta ejecutoria, deberán ser expuestos los motivos y fundamentos que sustenten tal decisión, mismos que deberán ser sometidos a la votación correspondiente. IV. De ser aprobada la no ratificación disponga que la aludida Comisión de Justicia efectúe un nuevo dictamen retomando los fundamentos y motivos adoptados en la sesión respectiva. Documento que en su caso deberá someter a consideración del Pleno del Congreso estatal para su votación, y en su momento comunicarlo al impetrante". En el oficio de cuenta el Secretario de Servicios Jurídicos de la Sexagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de Durango informó las gestiones realizadas por el Pleno de esa legislatura para dar cumplimiento a la sentencia ejecutoria, por cuanto que se dejó sin efectos el acto reclamado y se puso a consideración del Pleno el dictamen de la Comisión de Justicia objeto del presente juicio, y a petición de tres legisladores se solicitó se devolviera a esa Comisión para realizar las modificaciones necesarias y volver a someter a votación el dictamen, lo que fue aprobado por la Legislatura; asimismo comunicó que el siete de septiembre del año en curso se recibió por conducto de la Secretaría General del Congreso un escrito signado por el aquí quejoso Ramón Gil Carreón Gallegos en el que manifestó su voluntad de no seguir adelante con su proceso de ratificación, habiéndose turando el escrito a la Comisión de Justicia para los efectos legales conducentes y se tomara en cuenta en el proceso de dictaminación. Ahora bien, el trece de septiembre de dos mil veintidós el peticionario del amparo Ramón Gil Carreón Gallegos compareció ante este órgano jurisdiccional a ratificar su escrito fechado el siete de septiembre de la propia anualidad, en el que manifestó ".por motivos personales no es mi interés que se continúe con la tramitación del presente juicio de amparo.", por lo que se acuerda favorable su petición, de ahí que existe imposibilidad para continuar con el trámite relativo al cumplimiento del fallo protector, y con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, lo procedente es declarar sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en este juicio de amparo. Cimienta sobre el particular la tesis III.4o.T.17 K (10a.), que aparece publicada en el registro digital 2019601, o en la página 2676, del Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE SI EN EL JUICIO ORIGINAL EL ACTOR DESISTIÓ DE LA ACCIÓN PRINCIPAL, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DECLARAR SIN MATERIA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA Y NO ENVIAR LOS AUTOS DEL JUICIO AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. En la jurisprudencia P./J. 23/2018 (10a.), de título y subtítulo: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO.", el Máximo Tribunal determinó que cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la Ley de Amparo, y si no se interpone el recurso de inconformidad, debe aplicar, por analogía, el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura -puntualizó el Pleno- que una determinación de esa naturaleza sea revisada de oficio por el superior jerárquico del a quo que, en el caso, lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, cuando en el juicio original el actor desistió de la acción principal, no debe seguirse el trámite aludido, porque el desistimiento, invariablemente, produce la pérdida de los derechos subjetivos correspondientes y, como consecuencia lógica y legal, no puede alegarse la existencia de la violación de derechos fundamentales que dio vida al juicio de amparo; en otras palabras, no puede existir un agraviado si no existe el derecho subjetivo respecto del que se alega la violación. En consecuencia, el Juez no debe enviar el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito, pues no podría revisarse el cumplimiento de la sentencia de amparo ante la renuncia expresa y personal de derechos subjetivos, ya que ese pronunciamiento pierde todo sentido y eficacia y, en su caso, el juzgador debe declarar sin materia el cumplimiento de la sentencia de amparo". En su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. En virtud de que este expediente es susceptible de depuración en un plazo de tres años, por encontrarse en el supuesto a que se refiere el inciso b), del artículo 18 del Acuerdo General que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, ya que se considera que no tiene relevancia jurídica dado el sentido del fallo, y al no estar contenido en los dispositivos 15 y 17 del citado Acuerdo General, en su oportunidad procédase a su depuración; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Durango, Durango, a diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Intégrese el oficio del Secretario de Servicios Jurídicos de la Sexagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de Durango, mediante el cual informa las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en este enjuiciamiento constitucional. Por otra parte, vista la diligencia levantada el trece de septiembre de dos mil veintidós ante este órgano jurisdiccional, en la que compareció el quejoso******** a fin de ratificar su escrito fechado el siete del propio mes, en el que manifestó ".por motivos personales no es mi interés que se continúe con la tramitación del presente juicio de amparo.". Ahora bien, los artículos 192, primer párrafo, y 196 de la Ley de Amparo, disponen: "ARTÍCULO 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. .". "ARTÍCULO 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente. Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley". Conforme a estos dispositivos las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas, por lo que al causar ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, si se trata de amparo indirecto la jueza o juez de distrito hará la notificarán sin demora a las partes, y cuando se reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, previa vista dada a las partes para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga, y transcurrido ese término con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En ejecutoria dictada en sesión de dos de junio de dos mil veintidós por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito dentro del amparo en revisión administrativo 46/2022, por una parte se dejó firme la parte considerativa no impugnada de la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional, y por otra se revocó la parte controvertida de dicha sentencia en la se sobreseyó en el juicio, y en su lugar se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Ramón Gil Carreón Gallegos en contra del acuerdo tomado en sesión celebrada el treinta de junio de dos mil veintiuno por parte del Congreso del Estado de Durango, en el que determinó que no ha lugar a la ratificación del impetrante como Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Durango, debido a que carece de fundamentación y motivación, por lo que el amparo se concedió para el efecto de que la autoridad responsable: "I. Deje insubsistente la determinación reclamada. II. Someta nuevamente a discusión del Pleno del Congreso del Estado de Durango, el dictamen elaborado por su Comisión de Justicia. III. En caso de persistir en la no ratificación del funcionario público quejoso conforme a su propia normativa atinente a desarrollo de los debates, y a la luz de las directrices que ha fincado la Suprema Corte de Justicia de la Nación plasmadas en la parte considerativa de esta ejecutoria, deberán ser expuestos los motivos y fundamentos que sustenten tal decisión, mismos que deberán ser sometidos a la votación correspondiente. IV. De ser aprobada la no ratificación disponga que la aludida Comisión de Justicia efectúe un nuevo dictamen retomando los fundamentos y motivos adoptados en la sesión respectiva. Documento que en su caso deberá someter a consideración del Pleno del Congreso estatal para su votación, y en su momento comunicarlo al impetrante". En el oficio de cuenta el Secretario de Servicios Jurídicos de la Sexagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de Durango informó las gestiones realizadas por el Pleno de esa legislatura para dar cumplimiento a la sentencia ejecutoria, por cuanto que se dejó sin efectos el acto reclamado y se puso a consideración del Pleno el dictamen de la Comisión de Justicia objeto del presente juicio, y a petición de tres legisladores se solicitó se devolviera a esa Comisión para realizar las modificaciones necesarias y volver a someter a votación el dictamen, lo que fue aprobado por la Legislatura; asimismo comunicó que el siete de septiembre del año en curso se recibió por conducto de la Secretaría General del Congreso un escrito signado por el aquí quejoso Ramón Gil Carreón Gallegos en el que manifestó su voluntad de no seguir adelante con su proceso de ratificación, habiéndose turando el escrito a la Comisión de Justicia para los efectos legales conducentes y se tomara en cuenta en el proceso de dictaminación. Ahora bien, el trece de septiembre de dos mil veintidós el peticionario del amparo Ramón Gil Carreón Gallegos compareció ante este órgano jurisdiccional a ratificar su escrito fechado el siete de septiembre de la propia anualidad, en el que manifestó ".por motivos personales no es mi interés que se continúe con la tramitación del presente juicio de amparo.", por lo que se acuerda favorable su petición, de ahí que existe imposibilidad para continuar con el trámite relativo al cumplimiento del fallo protector, y con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, lo procedente es declarar sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en este juicio de amparo. Cimienta sobre el particular la tesis III.4o.T.17 K (10a.), que aparece publicada en el registro digital 2019601, o en la página 2676, del Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE SI EN EL JUICIO ORIGINAL EL ACTOR DESISTIÓ DE LA ACCIÓN PRINCIPAL, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DECLARAR SIN MATERIA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA Y NO ENVIAR LOS AUTOS DEL JUICIO AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. En la jurisprudencia P./J. 23/2018 (10a.), de título y subtítulo: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO.", el Máximo Tribunal determinó que cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la Ley de Amparo, y si no se interpone el recurso de inconformidad, debe aplicar, por analogía, el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura -puntualizó el Pleno- que una determinación de esa naturaleza sea revisada de oficio por el superior jerárquico del a quo que, en el caso, lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, cuando en el juicio original el actor desistió de la acción principal, no debe seguirse el trámite aludido, porque el desistimiento, invariablemente, produce la pérdida de los derechos subjetivos correspondientes y, como consecuencia lógica y legal, no puede alegarse la existencia de la violación de derechos fundamentales que dio vida al juicio de amparo; en otras palabras, no puede existir un agraviado si no existe el derecho subjetivo respecto del que se alega la violación. En consecuencia, el Juez no debe enviar el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito, pues no podría revisarse el cumplimiento de la sentencia de amparo ante la renuncia expresa y personal de derechos subjetivos, ya que ese pronunciamiento pierde todo sentido y eficacia y, en su caso, el juzgador debe declarar sin materia el cumplimiento de la sentencia de amparo". En su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. En virtud de que este expediente es susceptible de depuración en un plazo de tres años, por encontrarse en el supuesto a que se refiere el inciso b), del artículo 18 del Acuerdo General que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, ya que se considera que no tiene relevancia jurídica dado el sentido del fallo, y al no estar contenido en los dispositivos 15 y 17 del citado Acuerdo General, en su oportunidad procédase a su depuración; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Durango, Durango, a diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Intégrese el oficio del Secretario de Servicios Jurídicos de la Sexagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de Durango, mediante el cual informa las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en este enjuiciamiento constitucional. Por otra parte, vista la diligencia levantada el trece de septiembre de dos mil veintidós ante este órgano jurisdiccional, en la que compareció el quejoso******** a fin de ratificar su escrito fechado el siete del propio mes, en el que manifestó ".por motivos personales no es mi interés que se continúe con la tramitación del presente juicio de amparo.". Ahora bien, los artículos 192, primer párrafo, y 196 de la Ley de Amparo, disponen: "ARTÍCULO 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. .". "ARTÍCULO 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente. Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley". Conforme a estos dispositivos las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas, por lo que al causar ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, si se trata de amparo indirecto la jueza o juez de distrito hará la notificarán sin demora a las partes, y cuando se reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, previa vista dada a las partes para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga, y transcurrido ese término con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En ejecutoria dictada en sesión de dos de junio de dos mil veintidós por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito dentro del amparo en revisión administrativo 46/2022, por una parte se dejó firme la parte considerativa no impugnada de la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional, y por otra se revocó la parte controvertida de dicha sentencia en la se sobreseyó en el juicio, y en su lugar se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Ramón Gil Carreón Gallegos en contra del acuerdo tomado en sesión celebrada el treinta de junio de dos mil veintiuno por parte del Congreso del Estado de Durango, en el que determinó que no ha lugar a la ratificación del impetrante como Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Durango, debido a que carece de fundamentación y motivación, por lo que el amparo se concedió para el efecto de que la autoridad responsable: "I. Deje insubsistente la determinación reclamada. II. Someta nuevamente a discusión del Pleno del Congreso del Estado de Durango, el dictamen elaborado por su Comisión de Justicia. III. En caso de persistir en la no ratificación del funcionario público quejoso conforme a su propia normativa atinente a desarrollo de los debates, y a la luz de las directrices que ha fincado la Suprema Corte de Justicia de la Nación plasmadas en la parte considerativa de esta ejecutoria, deberán ser expuestos los motivos y fundamentos que sustenten tal decisión, mismos que deberán ser sometidos a la votación correspondiente. IV. De ser aprobada la no ratificación disponga que la aludida Comisión de Justicia efectúe un nuevo dictamen retomando los fundamentos y motivos adoptados en la sesión respectiva. Documento que en su caso deberá someter a consideración del Pleno del Congreso estatal para su votación, y en su momento comunicarlo al impetrante". En el oficio de cuenta el Secretario de Servicios Jurídicos de la Sexagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de Durango informó las gestiones realizadas por el Pleno de esa legislatura para dar cumplimiento a la sentencia ejecutoria, por cuanto que se dejó sin efectos el acto reclamado y se puso a consideración del Pleno el dictamen de la Comisión de Justicia objeto del presente juicio, y a petición de tres legisladores se solicitó se devolviera a esa Comisión para realizar las modificaciones necesarias y volver a someter a votación el dictamen, lo que fue aprobado por la Legislatura; asimismo comunicó que el siete de septiembre del año en curso se recibió por conducto de la Secretaría General del Congreso un escrito signado por el aquí quejoso Ramón Gil Carreón Gallegos en el que manifestó su voluntad de no seguir adelante con su proceso de ratificación, habiéndose turando el escrito a la Comisión de Justicia para los efectos legales conducentes y se tomara en cuenta en el proceso de dictaminación. Ahora bien, el trece de septiembre de dos mil veintidós el peticionario del amparo Ramón Gil Carreón Gallegos compareció ante este órgano jurisdiccional a ratificar su escrito fechado el siete de septiembre de la propia anualidad, en el que manifestó ".por motivos personales no es mi interés que se continúe con la tramitación del presente juicio de amparo.", por lo que se acuerda favorable su petición, de ahí que existe imposibilidad para continuar con el trámite relativo al cumplimiento del fallo protector, y con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, lo procedente es declarar sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en este juicio de amparo. Cimienta sobre el particular la tesis III.4o.T.17 K (10a.), que aparece publicada en el registro digital 2019601, o en la página 2676, del Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE SI EN EL JUICIO ORIGINAL EL ACTOR DESISTIÓ DE LA ACCIÓN PRINCIPAL, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DECLARAR SIN MATERIA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA Y NO ENVIAR LOS AUTOS DEL JUICIO AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. En la jurisprudencia P./J. 23/2018 (10a.), de título y subtítulo: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO.", el Máximo Tribunal determinó que cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la Ley de Amparo, y si no se interpone el recurso de inconformidad, debe aplicar, por analogía, el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura -puntualizó el Pleno- que una determinación de esa naturaleza sea revisada de oficio por el superior jerárquico del a quo que, en el caso, lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, cuando en el juicio original el actor desistió de la acción principal, no debe seguirse el trámite aludido, porque el desistimiento, invariablemente, produce la pérdida de los derechos subjetivos correspondientes y, como consecuencia lógica y legal, no puede alegarse la existencia de la violación de derechos fundamentales que dio vida al juicio de amparo; en otras palabras, no puede existir un agraviado si no existe el derecho subjetivo respecto del que se alega la violación. En consecuencia, el Juez no debe enviar el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito, pues no podría revisarse el cumplimiento de la sentencia de amparo ante la renuncia expresa y personal de derechos subjetivos, ya que ese pronunciamiento pierde todo sentido y eficacia y, en su caso, el juzgador debe declarar sin materia el cumplimiento de la sentencia de amparo". En su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. En virtud de que este expediente es susceptible de depuración en un plazo de tres años, por encontrarse en el supuesto a que se refiere el inciso b), del artículo 18 del Acuerdo General que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, ya que se considera que no tiene relevancia jurídica dado el sentido del fallo, y al no estar contenido en los dispositivos 15 y 17 del citado Acuerdo General, en su oportunidad procédase a su depuración; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente.

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