Ramón Gamez Osuna
Expediente 825/2022 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 825/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 20/01/2023
Partes del expediente
- Juez Primero de lo Penal, Tijuana
- Ramón Gamez Osuna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Juicio de amparo 825/2022-E El veinte de enero de dos mil veintitrés, se da cuenta al juez, con la certificación que antecede y el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, veinte de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra de la sentencia dictada el veintiséis de diciembre de dos mil veintidós; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria. Ahora, en la sentencia definitiva se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal en los términos siguientes: "[.] para el efecto de que la Jueza Primero de lo Penal, con sede en esta ciudad, deje insubsistente el acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintidós [en la parte conducente], dictado en el causa penal ********************, del índice del órgano jurisdiccional que encabeza, y tomando en consideración el criterio jurisprudencial citado en este fallo, dicte un nuevo proveído en el que determine lo procedente en relación con la admisibilidad de la incidencia planteada, en términos de lo denotado en el presente fallo. Sin que la declaración de procedencia condigna implique necesariamente que asista la razón al quejoso por cuanto al fondo de la pretensión expresada ante la jueza de la causa, pues el único efecto de la protección constitucional es el de determinar la posibilidad de que tal solicitud sea efectivamente justipreciada, al tenor de los parámetros normativos al efecto establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales." Por ello, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad vinculada para que dentro del plazo de tres días, legalmente computado, dé cumplimiento con la sentencia amparadora. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo en dicho plazo, o no manifestar el impedimento que se tenga para ello, se remitirá el expediente al tribunal colegiado que corresponda para seguir el trámite de inejecución; mismo que podrá culminar con la separación del puesto y consignación de quien resulte responsable. Asimismo, se impondrá a quien corresponda multa de cien a mil días en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Una vez que transcurra el término concedido a la autoridad vinculada, dese nueva cuenta para acordar lo conducente. Ahora, cabe precisar que por Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintitrés, entre otras cosas, se determinó que a partir del dieciséis de enero del presente año, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, conserva su jurisdicción territorial y solo amplía su competencia original a mixta; asimismo, cambia de denominación a Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
S E N T E N C I A VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 825/2022; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. ******************** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra un acto de la Jueza Primero de lo Penal, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por razón de turno correspondió conocer del asunto a este juzgado de distrito, registrándose con el número 825/2022; previa ratificación y aclaración, mediante proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, se admitió a trámite y, posteriormente, seguido que fue el presente juicio, la audiencia constitucional se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en razón que del estudio integral de la demanda se advierte que lo reclamado guarda consecuencias materiales dentro de los límites de la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la íntegra lectura de la demanda de derechos fundamentales y su aclaración, así como de las constancias obrantes en autos, se precisa que el acto de reclamo destacado es el acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, dictado por la jueza responsable en la causa penal ******************** de origen. TERCERO. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así se advierte del contenido de su informe justificado; lo que además se corrobora con las constancias allegadas a juicio, relativas al expediente de origen. Documentales que merecen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTO. Es fundado lo alegado por el solicitante de la protección constitucional, supliéndose la deficiencia de la queja al tenor de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Para arribar a tal conclusión, es preciso apuntar que el quejoso se encuentra procesado dentro de la causa penal primigenia. En tal tenor de ideas, el aquí impetrante solicitó la tramitación del incidente de modificación de la medida de prisión preventiva a la que se encuentra sujeto, por alguna diversa. Vista que fue la petición de mérito, la jurisdiccional responsable dictó el auto de veintidós de septiembre de dos mil veintidós-que es el acto reclamado-, en el que se determinó, entre otras cosas, que no había lugar a acordar de conformidad con lo solicitado, pues uno de los delitos por los que está siendo enjuiciado se encuentra contemplado como de prisión preventiva oficiosa. No obstante lo considerado por la responsable en el acuerdo reclamado, asiste la razón al quejoso. Ello acontece, pues la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 1a./J. 74/2017 (10a.), que resuelve la temática en concreto, y es del tenor siguiente: "PRISIÓN PREVENTIVA. PROCEDE QUE LOS INCULPADOS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL MIXTO SOLICITEN LA REVISIÓN DE DICHA MEDIDA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016. El análisis de la revisión, modificación y sustitución de la prisión preventiva que contempla el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede realizarse de conformidad con el contenido del artículo Quinto Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016, que establece que tratándose de aquellas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva que hubieren sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, el inculpado o imputado podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente la revisión de dichas medidas. La razón del artículo quinto transitorio refiere al entendimiento del artículo 1o. constitucional, según el cual no debe haber un trato desigual de los sujetos procesados en ambos sistemas, por lo que apunta al esfuerzo de homologar las medidas que el mismo legislador consideró pertinentes en la reforma a la que pertenece ese artículo quinto transitorio, de esta manera se entiende la naturaleza más favorable de la norma del nuevo sistema en relación a la prisión preventiva. En el entendido de que la procedencia y análisis sobre la revisión de la medida no tiene el alcance de que el juzgador declare procedente, de facto o en automático, la sustitución, modificación o cese de la misma, sino que ello está sujeto a los parámetros normativos aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales (como la evaluación del riesgo que representa el imputado o inculpado) y el debate que sostengan las partes durante el desarrollo de la audiencia respectiva, en los términos que establecen los artículos 153 a 171 de dicho ordenamiento procesal. Además de que, en caso de sustituir la medida cautelar, el juez deberá aplicar las medidas de vigilancia o supervisión a que se refieren los artículos 176 a 182 del Código Nacional en cita." [Énfasis añadido]. Por tanto, al existir jurisprudencia respecto de la posibilidad de que el fondo de la solicitud incoada en la causa penal de origen sea analizado a la luz de las disposiciones al efecto previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y habiéndose decretado la improcedencia de la misma en el auto sometido al control de constitucionalidad, es evidente que a través de su dictado, se vulneraron las prerrogativas fundamentales del aquí quejoso, pues la sola circunstancia de que éste se encuentre sujeto a una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y que la causa primigenia se encuentre en etapa de instrucción es insuficiente para impedir la sustanciación incidental respectiva, así como la posibilidad de que las partes en audiencia tengan debida intervención, cobrando relevancia el escenario fáctico que el aquí impetrante refiere en la solicitud de mérito y que sometió a consideración de la jueza responsable. En tal tenor de ideas, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo conducente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a ********************, para el efecto de que la Jueza Primero de lo Penal, con sede en esta ciudad, deje insubsistente el acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintidós [en la parte conducente], dictado en el causa penal ********************, del índice del órgano jurisdiccional que encabeza, y tomando en consideración el criterio jurisprudencial citado en este fallo, dicte un nuevo proveído en el que determine lo procedente en relación con la admisibilidad de la incidencia planteada, en términos de lo denotado en el presente fallo. Sin que la declaración de procedencia condigna implique necesariamente que asista la razón al quejoso por cuanto al fondo de la pretensión expresada ante la jueza de la causa, pues el único efecto de la protección constitucional es el de determinar la posibilidad de que tal solicitud sea efectivamente justipreciada, al tenor de los parámetros normativos al efecto establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. QUINTO. Considerando que las partes en el presente juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Así, con fundamento en los artículos 107, fracción II, párrafo inicial, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 74, 75, 76, 77, fracción I, 79, fracción III, inciso a), y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Para los efectos precisados en la parte final del considerando cuarto del presente fallo, la Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra el acto que reclamó de la Jueza Primero de lo Penal, con sede en esta ciudad, señalado en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. En su oportunidad publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Tijuana, Baja California, seis de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio de cuenta, mediante el cual la responsable informa el estado procesal de la causa penal de origen; en consecuencia, déjense a la vista de las partes, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Vista la constancia actuarial que antecede de la que se advierte que el quejoso cumple con el requerimiento formulado en autos. En ese tenor, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; y, 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo en sus términos. Incidente de suspensión Sin que haya lugar a tramitar incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Audiencia constitucional Cítese a las partes a la audiencia constitucional que tendrá verificativo a las nueve horas con veinte minutos del veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Agente del Ministerio Público de la Federación Dese la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, en términos de los artículos 107, fracción XV, constitucional, y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Informe justificado Pídase informe justificado a la autoridad responsable, la que en términos del precepto 117 de la Ley de Amparo, deberá rendirlo dentro del plazo de quince días, siguientes a aquel en que reciba el oficio en el que se le solicita, en el cual expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y de ser el caso, remitir fotocopia certificada y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, en la inteligencia que de no hacerlo así, se presumirá cierto el acto que se reclama, salvo prueba en contrario; asimismo, de ser omisa, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio. Se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio de la autoridad responsable, si ésta se niega a recibir el comunicado a ella dirigido, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se le aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Causas de sobreseimiento Se previene a las partes que en caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten; de no hacerlo, se impondrá la multa prevista en el artículo 251 de la Ley de Amparo. Conocimiento previo Requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe con justificación, comunique a este órgano de control constitucional si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que haya sido promovido por el propio quejoso o que el acto que aquí se reclama derive del mismo procedimiento o juicio, a efecto de aprovechar el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Tercero interesado Dada la naturaleza del acto reclamado, no ha lugar a tener como tercero interesado a persona alguna, hasta en tanto la autoridad rinda su informe justificado, y se advierta que a alguien pueda asistirle tal carácter, virtud de que, por ahora, no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo. Asesor jurídico En otro contexto, conforme a lo previsto en los artículos 2º, fracción I, 5º, fracciones III y VI, 14, 20, fracción I, 34, fracción IX, y 35 de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, gírese oficio al Coordinador del Área Penal Zona Costa de la Defensoría Pública Estatal, con residencia en esta ciudad, anexándole fotocopia simple de la demanda, para que dentro del plazo de tres días, legalmente computado, asigne al quejoso un asesor jurídico, a fin de que adquiera una representación jurídica capacitada para enfrentar las diversas situaciones que se le presente en el juicio, en razón de las condiciones restrictivas de libertad en las que se encuentra. Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento, o no informar el impedimento que se tenga para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se impondrá a quien corresponda una multa de cincuenta a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.
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