Ramón Galindo Loera
Expediente 136/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 1 actuación registrada, la última del 25 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 136/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 25/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Ramón Galindo Loera
Actuaciones
- Principal
EL NUEVE DE MARZO DE 2021 SE PUBLICA EN LISTA EL PRESENTE ACUERDO PARA NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. Ciudad Juárez, Chihuahua, a veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo presentada por Ramón Galindo Loera, por propio derecho, contra actos que reclama del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en Ciudad de México y otras autoridades. Fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 136/2021-VII. Ahora bien, del análisis íntegro de la demanda, se advierte que es improcedente y, por tanto, debe desecharse como se verá a continuación. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se actualiza cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis con número de registro 221353, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, dentro del tomo VIII, noviembre de 1991, la cual es visible a página 198, y establece lo que a continuación se transcribe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional." En efecto, el quejoso reclama de las autoridades responsables, el acuerdo de veinte de noviembre de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre siguiente, a través del cual, se desincorporó el Sistema Penitenciario del Centro Federal de Readaptación Social número 9 "Norte" de esta ciudad ordenando los traslados a los centros federales de readaptación social que determine el Comisionado de Prevención y Readaptación Social. Cabe destacar, que el traslado del quejoso se llevó a cabo desde el veintisiete de diciembre de dos mil veinte al Sistema Penitenciario del Centro Federal de Readaptación Social número Once, con residencia en Hermosillo, Sonora. Al respecto, este órgano jurisdiccional considera que del análisis de la demanda de amparo, que el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que indican lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:.- XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;.-." Por su parte, los artículos 17, fracción I y 18 ambos de la Ley de Amparo, en su orden indican: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;.-." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Según se advierte de los preceptos transcritos, las normas de carácter general pueden ser impugnadas mediante el juicio de amparo indirecto en distintos momentos, atendiendo a la naturaleza de la propia norma; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio al gobernado (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la norma en cuestión (heteroaplicativas). En el primer caso, basta con que el particular se encuentre ubicado en los supuestos que se establecen en un determinado ordenamiento legal, que afecte su interés jurídico, para que esté en aptitud de ejercer la acción de amparo dentro del plazo de treinta días, contados a partir de la entrada en vigor de la disposición de que se trate. En el segundo caso, se requiere de un acto de aplicación para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y entonces, el término con que cuenta la parte quejosa para promover el juicio de amparo, es de quince días, según las reglas establecidas en el artículo 17 de la ley citada. Lo antes expuesto, denota que para reclamar la constitucionalidad de las normas generales mediante el juicio de amparo indirecto, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea que la afectación se produzca con la sola entrada en vigor de las mismas, por lo cual tal afectación se genera de forma inmediata; o bien, porque dichos efectos se hayan originado con motivo de la actualización de la condición que prevé la Ley, para sostener que la afectación se produjo con motivo del primer acto concreto de aplicación de la norma, el cual puede provenir, generalmente, por la actuación de una autoridad, pero también de los propios particulares, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, al actualizarse sus supuestos. Así lo ha sustentado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia P./J. 55/97, consultable en la página 5, del Tomo VI, Julio de 1997, Materia Constitucional y Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." En esa tesitura, del articulado transcrito se advierte una doble oportunidad para reclamar leyes a través del juicio de amparo indirecto, consistentes en: La primera, en la presentación de la demanda correspondiente dentro del término de treinta días, contados a partir del siguiente al que inicie la vigencia de la ley, que se reclame. La segunda, en la presentación del libelo constitucional dentro del término de quince días, contados a partir del siguiente al en que haya tenido verificativo el primer acto de aplicación de la ley, que se tilde de inconstitucional. Así, en el caso particular, el quejoso reclama la aplicación de los dispositivos del acuerdo de veinte de noviembre de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre siguiente, a través del cual, se desincorporó el Sistema Penitenciario del Centro Federal de Readaptación Social número 9 "Norte" de esta ciudad ordenando los traslados a los centros federales de readaptación social que determine el Comisionado de Prevención y Readaptación Social. De lo anterior, debe decirse que en la especie, el acuerdo que constituyen los actos reclamados tienen el carácter heteroaplicativos, toda vez que no causan perjuicio en la esfera jurídica del quejoso, hasta en tanto se realicen los traslados que determine el Comisionado de Prevención y Readaptación Social. En tal virtud, el traslado del quejoso se llevó a cabo el veintisiete de diciembre de dos mil veinte al Sistema Penitenciario del Centro Federal de Readaptación Social número Once, con residencia en Hermosillo, Sonora. Por tanto, el término de quince días que el artículo 17 de la ley de la materia establece para presentar la demanda, en el caso como el que nos ocupa, se computa a partir del día siguiente hábil al en que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto de aplicación del acuerdo reclamado, iniciando así dicho término el doce de enero del año en curso, concluyendo el dos de febrero de dos mil veintiuno, sin contar los días dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de enero anterior, y uno de los corrientes, al haber sido inhábiles, acorde con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo. En este orden de ideas, es evidente que la demanda de amparo que originó el juicio en que se actúa, fue exhibida extemporánea al término de quince días que prevé el mencionado numeral 17 de la ley en aplicación, pues la misma se presentó hasta el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, tal como se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta localidad, asentado al margen superior del escrito de demanda. Lo anterior, acarrea el consentimiento tácito del acto reclamado, lo que se estima así, por no haberlo promovido en el plazo que la ley señala para ese efecto y hace improcedente el juicio de amparo, de acuerdo con la causa de improcedencia en estudio. La interpretación relacionada de los numerales 61, fracción XIV, 17 y 18 de la Ley de Amparo lleva a concluir, que se entenderá tácitamente consentido aquel acto respecto del cual el juicio de amparo no se promueva dentro del plazo legal previsto. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación perteneciente a la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXXXI, Página: 150, cuyo rubro y contenido a la letra dice: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO, LO QUE DEBE ENTENDERSE POR. Si un quejoso no consintió tácitamente el acto reclamado, en virtud de que desde la diligencia de deslinde se opuso y mostró su inconformidad, debe decirse que tales manifestaciones no invalidan el consentimiento tácito de que habla la fracción II del artículo 73 de la expresada Ley de Amparo, puesto que el referido precepto legal entiende por consentimiento tácito cuando no se promueva el juicio de garantías dentro del término señalado por el artículo 21 de la Ley de Amparo." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXXIX, Página: 814, cuyo rubro y contenido es del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO, CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL. Para incurrir en el consentimiento tácito a que se refiere el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, invocada por el Juez, basta con no promover el juicio de amparo dentro del término legal, sin que esta omisión pueda ser subsanada por gestiones que se hagan ante las autoridades responsables u otra forma de inconformidad." En ese tenor, se surte en la especie, la causal de improcedencia aludida, lo que obliga a desechar la demanda de amparo en el presente asunto respecto a los actos que se les atribuyen a las responsables, por su notoria improcedencia, acorde a lo dispuesto en el artículo 113, de la Ley de Amparo. Sin que el anterior pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que ese control opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido y alcance, la jurisprudencia 1ª./J 22/2014 (10ª.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, Tomo I, marzo de 2014, página 325, del epígrafe y contenido siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Asimismo, es aplicable la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo 1, Libro XV, diciembre de dos mil doce, página 530, que establece lo siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." Por otro lado, téngase al promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en la demanda y autorizando a las personas que señala para tal efecto. En ese sentido y a fin de evitar dilaciones en el presente asunto, en términos del numeral 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial para que de ser necesario, en días y horas inhábiles lleve a cabo las notificaciones que deriven del presente asunto. En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo y en relación con los diversos 3º, 7º, 11, 22 y 24 y Sexto transitorio del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, intégrese y tramítese a partir de este proveído el expediente electrónico del Juicio de Amparo en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); para tal efecto se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo, o en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, procédase a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente, y en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar todas aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Se hace saber a la parte promovente que este acuerdo y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente juicio, una vez emitidas, así como éste una vez concluido, podrán ser consultadas por el público en general conforme al procedimiento de acceso a la información aludido que establezcan las atribuciones de los órganos en materia de Transparencia, así como los procedimientos de acceso a la Información Pública y protección de datos personales. Asimismo, se le comunica que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada ley, para lo cual quedan expeditos sus derechos. De igual forma, se hace del conocimiento de las partes en que a partir del tres de agosto de dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual los justiciables encontrarán la "Agenda OJ", en la que podrán generar citas para consultar expedientes, así como para el desahogo de comparecencias o requerimientos, a través de un proceso automatizado que otorga al solicitante un Código QR que, a su vez, permitirá que, la persona que pide la cita y, en su caso, un acompañante (siempre y cuando esté autorizado en el expediente respectivo), ingresen al órgano jurisdiccional, lo cual puede consultarse específicamente en la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdic cionales. En el entendido, que el artículo 15 del citado Acuerdo General 21/2020, que establece los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial en todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, determina que las jornadas presenciales serán de seis horas; por tanto, el horario de labores de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, comprende de las trece horas con quince minutos hasta las diecisiete horas con quince minutos, de lunes a viernes (horario vespertino), sin posibilidad de ser extendido por causa alguna, ello, con motivo de las medidas relativas a la etapa de contingencia. Ahora, en términos de lo previsto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para: De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. II. Proponga usuario para que acceda al expediente electrónico a efecto de que pueda consultarlo. Notifíquese personalmente.Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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