Ramón Francisco Torre Lemus Oranday

Expediente 827/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
827/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
05/06/2023

Partes del expediente

  • Ramón Francisco Torre Lemus Oranday

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Ciudad de México, cinco de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, en la Ciudad de México, por el cual comunica el auto de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el cuaderno de antecedentes del juicio de amparo 209/2021 de su índice, asimismo solicita a este juzgado informe el estado procesal de este juicio. En atención a su contenido, se hace del conocimiento del juzgado oficiante, que por auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós, se tuvieron por recibidos los autos del juicio de amparo 209/2021, hoy radicado bajo el juicio 827/2022, por lo que este órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento y en acuerdo de diez de enero de dos mil veintitrés, se determinó archivar el asunto como concluido, lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales conducentes. Finalmente, vista la certificación de cuenta, en su oportunidad devuélvase el expediente al archivo. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, diez de enero de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta y del estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el plazo de tres días otorgado en el acuerdo del veintiuno de diciembre de dos mil veintidós a los quejosos, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto al cumplimiento de la sentencia, sin que hayan atendido la vista referida. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. Cabe señalar que se concedió la protección constitucional para los efectos siguientes: ".TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa respecto de los actos reclamados de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, así como del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes, en el ámbito de sus respectivas competencias, en el proceso legislativo del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, así como su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente." De la transcripción se advierte que los efectos del fallo constitucional fueron para que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a los quejosos y éstos no hayan ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Ahora, por oficio registrado con folio 27559 -para acreditar el acatamiento de la sentencia-, el jefe del Servicio de Administración Tributaria manifestó que a los quejosos a continuación relacionados, no se les realizó procedimiento de fiscalización electrónica, por lo que no existen actos de cobro que dejar insubsistentes RFC QUEJOSOS ********************l ********************l Sin que los quejosos realizaran señalamiento alguno al respecto. Por tanto, la suscrita estima que el cumplimiento del fallo ha quedado sin materia, lo que impide que pueda llevarse a cabo su ejecución, pues no se está en aptitud legal de exigirlo dado que no se instauró procedimiento de revisión electrónica a la quejosa. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluído. Notifíquese y por lista a los quejosos en términos del acuerdo de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós.

  3. Principal

    Ciudad de México, veinte de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido en representación del jefe del Servicio de Administración Tributaria, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado en relación con la ampliación de la demanda, por lo que se da vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la citada autoridad a las personas que refiere y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Asimismo, atento al artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la citada autoridad la instrumental de actuaciones, así como la presuncional en su doble aspecto, legal y humana, las que se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de éstas al momento de celebrar la audiencia constitucional. Por otra parte, conforme a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le autoriza para que se imponga de las actuaciones de este expediente con la utilización de medios electrónicos. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el término de tres días otorgado a la quejosa en auto de veintidós de noviembre de este año, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento de la sentencia, sin que haya realizado manifestación alguna al respecto. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. En primer lugar, cabe señalar que se concedió la protección constitucional para los efectos siguientes: "DÉCIMO. Efecto de la concesión del amparo, respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince El amparo y protección de la Justicia Federal señalada en supralíneas, se concede para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa durante la vigencia del referido numeral y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previsto para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." Decisión que no fue recurrida y causó ejecutoria el nueve de noviembre de dos mil veintidós y se requirió el cumplimiento al Jefe del Servicio de Administración Tributaria. El efecto protector de la sentencia ejecutoriada consiste en que el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Ahora bien, para acreditar el acatamiento de la sentencia la citada autoridad responsable manifestó mediante oficio registrado con folio 25274 que no realizó el procedimiento de fiscalización electrónica a la quejosa y que no existen actos de cobro que dejar insubsistentes. Sin que la quejosa realizara señalamiento alguno al respecto. Por tanto, la suscrita estima que el cumplimiento del fallo ha quedado sin materia, lo que impide que pueda llevarse a cabo su ejecución, pues no se está en aptitud legal de exigirlo dado que no se instauró procedimiento de revisión electrónica a la quejosa. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluído. Notifíquese y personalmente a la quejosa.

Quedan 7 actuaciones en este expediente

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