Ramon Francisco López Soto
Expediente 1015/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1015/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 17/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Ramon Francisco López Soto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
VISTA LA CERTIFICACIÓN. HA CAUSADO EJECUTORIA LA SENTENCIA. ARCHIVO. SUSCEPTIBLE DE DEPURACION. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
V I S T O S los autos, para resolver el juicio de amparo 1015/2020-VII, promovido por RAMÓN FRANCISCO LÓPEZ SOTO, por derecho propio, contra el acto que reclama del Director General, Director Normativo de Administración y Finanzas, Director Normativo de Salud, Director Normativo de Supervisión y Calidad, Delegado Regional Oriente y Director del Hospital General "José María Morelos y Pavón", todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que consideró violatorio del artículo 4 constitucional. I. TRÁMITE PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el ocho de septiembre de dos mil veinte, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, remitido el mismo día, por razón de turno, al Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, RAMÓN FRANCISCO LÓPEZ SOTO, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto que enseguida se transcriben: AUTORIDADES RESPONSABLES "A. Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. B. Director Normativo de Administración y Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. C. Director Normativo de Salud del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. D. Director Normativo de Supervisión y Calidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. E. Delegado Regional Oriente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. F. Director del Hospital General "José María Morelos y Pavón" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.". ACTO RECLAMADO "Lo constituye la omisión por parte de las autoridades señaladas como responsables de ejecutar los lineamientos y criterios emitidos en la Guía para la Des-Reconversión en las Unidades Médicas: Nueva Normalidad, emitida por la propia responsable el día 31 de julio de 2020, como lo es el no permitir el resguardo domiciliario mediante el trabajo en casa, en razón de la imposibilidad de hecho y de derecho para que se me otorgue una licencia médica al suscrito; con el objeto de proteger mi salud y consecuentemente mi vida, como lo mandata el artículo 4 constitucional ante la epidemia por SARS-COV2 (COVID-19)". SEGUNDO. Incompetencia y suspensión de plano. Por acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veinte, el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México formó el expediente 845/2020, decretó la suspensión de plano a favor del quejoso y declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo en cuestión, ordenando remitirla al Juez de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno. TERCERO. Recepción de autos y desechamiento de la demanda de amparo. Mediante acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, este Juzgado tuvo por recibidas las constancias relativas al juicio de amparo en mención, ordenó formar el juicio de amparo 1015/2020-VII, aceptó la competencia declinada, se avocó al conocimiento del asunto y desechó la demanda de amparo, al considerar, en esencia, que lo reclamado no constituía un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. CUARTO. Recurso de queja. Inconforme con dicha determinación, la solicitante del amparo interpuso recurso de queja, el cual fue del conocimiento del Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, quien formó el toca QT.- 51/2020 y mediante ejecutoria de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, declaró fundado el medio de impugnación de que se trata. QUINTO. Admisión y trámite de la demanda. En cumplimiento a la ejecutoria del órgano colegiado, y recibido el testimonio el treinta de noviembre de dos mil veinte se admitió a trámite la demanda de amparo, requirió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, dio la intervención legal al agente del Ministerio Público Federal adscrito y señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional. SEXTO. Audiencia constitucional. La audiencia de ley tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, es competente para conocer del presente juicio, en términos de lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107 fracciones IV y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo y 55 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Determinación del Número y Límites Territoriales de los Circuitos en que se Divide la República Mexicana; y al Número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que en el caso, la parte quejosa reclama: Del Director General, Director Normativo de Administración y Finanzas, Director Normativo de Salud, Director Normativo de Supervisión y Calidad, Delegado Regional Oriente, y Director del Hospital General "José María Morelos y Pavón", todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: La omisión de ejecutar los lineamientos y criterios emitidos en la "Guía para la Des-Reconversión en las Unidades Médicas: Nueva Normalidad", emitida el treinta y uno de julio de dos mil veinte, al no permitirle el resguardo domiciliario mediante trabajo en casa. TERCERO. Análisis de la existencia del acto reclamado al Director General, Director Normativo de Administración y Finanzas, Director Normativo de Salud y Director Normativo de Supervisión y Calidad, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Debe destacarse que el acto que se reclama en la presente instancia constitucional es de carácter negativo. Los actos de autoridad negativos se clasifican en inacciones, omisiones y negaciones. Las inacciones son un no hacer de la autoridad, que no implica incumplimiento de obligaciones legales, constitucionales o convencionales, sino una simple inactividad de la autoridad. Las negaciones implican una respuesta contraria a los intereses del gobernado, pero en este supuesto la autoridad no es omisa en dar respuesta, sino que no acuerda o resuelve de manera favorable a los intereses del peticionario. Las omisiones, para los efectos del juicio de amparo, implican un no hacer que transgrede derechos de los gobernados y a la vez incumple obligaciones a cargo de las autoridades. En ese sentido, el Director General, el Director Normativo de Administración y Finanzas, el Director Normativo de Salud, y el Director Normativo de Supervisión y Calidad, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (todos por conducto de la Jefa de Departamento de Amparo Indirectos, adscrita a la Subdirector de lo Contencioso, Área de Asuntos Contenciosos), al rendir los informes justificados que les fueron requeridos, negaron la existencia del acto reclamado, refiriendo que de conformidad con el Estatuto Orgánico del ISSSTE, "éstas autoridades señaladas como responsables no cuentan con facultades, ni atribuciones para determinar que la parte quejosa se presente o no a laborar o bien realizar cambios en su área o en sus funciones por cuestiones de la CONTINGENCIA COVID-19. --- En todo caso, eso le corresponde a la unidad médica en la que se encuentra adscrita (su área laboral) unidad que solamente está facultada a realizar lo que la SECRETARÍA DE SALUD SEÑALA EN SUS MEDIDAS GENERALES, A TRAVÉS DEL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL. --- Aclarando que resulta conforme a derecho que los trabajadores acrediten padecer las enfermedades que aducen, además resulta importante que sea verificado por una Unidad Médica adecuada.". De la interpretación de los artículos 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo, así como 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se aprecia que corresponde a la parte quejosa desvirtuar la negación de los actos atribuidos a las autoridades responsables, debiendo, por un lado, acreditar su existencia, y por otro, su inconstitucionalidad. Tal negativa no fue desvirtuada por el quejoso, no obstante que se le dio vista con el referido informe justificado mediante proveído de cuatro de diciembre de dos mil veinte, por lo que procede SOBRESEER en el juicio con relación al acto que se reprocha a las autoridades en cita, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, de la literalidad siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, so´lo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no esta´ en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahi´ que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello so´lo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo". CUARTO. Análisis de la certeza del acto reclamado al Delegado Regional Oriente y Director del Hospital General "José María Morelos y Pavón", ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Previamente a determinar lo que en derecho corresponde, se considera pertinente para mayor claridad del asunto, destacar lo que el quejoso aduce en sus conceptos de violación: Refiere que el acto reclamado es violatorio de los artículos 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, fracción I, de la Ley General de Salud y 132, fracción XIX bis, de la Ley Federal del Trabajo, porque las autoridades responsables no le permiten el resguardo domiciliario mediante el trabajo en casa, ante la imposibilidad de "...iure y facto..." para que se le otorgue una licencia médica. El accionante de amparo narra en el apartado de antecedentes de su demanda, en lo que interesa, que: "[.] La autoridad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado optó por apegarse a los criterios de Vulnerabilidad permitiendo a la suscrita (sic) el resguardo domiciliario en razón de ser vulnerable por contar con 61 años de edad, como lo acredito con las constancias que se anexan al presente escrito. ---OCTAVO. El día 1° de agosto de 2020 solicito información a mi coordinador la forma en la cual nos vamos a reincorporar a laborar, a lo que contesta que la indicación es que se presenten todos incluyendo al personal de riesgo. --- NOVENO. El día 3 de agosto nos indica la sección sindical que continuaría con el resguardo, comentándole al Coordinador de Cirugía que presentare (sic) hasta el 1° día 1º de octubre de 2020, no habiendo objeción alguna por la autoridad. --- DÉCIMO. El 7 de agosto de 2020, el Coordinador de Cirugía del Hospital General nos envía al chat del servicio los requisitos para solicitar valoración de caso por vulnerabilidad por parte del subcomité técnico. --- DECIMO PRIMERO. El día 20 de agosto de 2020 el Coordinador de Cirugía me notifica vía telefónica que acuda al servicio de recursos humanos para que vea mi situación laboral, a la cual acudo el día 21 de agosto de 2020 entrevistándome con el Sr. Darío el cual manifestó que no sabía de ninguna indicación por el resguardo de mayor de 60 años, lo cual le informé al Coordinador de cirugía. --- DÉCIMO SEGUNDO. El día 25 de agosto de 2020 me notificaron del área de checadores del hospital que tenía que presentarme al área de recursos humanos a hacer trámites por los días que no me he presentado a laborar a lo cual les pregunté cómo y la respuesta fue que es la indicación que les dieron del área de recursos humanos, señalando que la indicación era a partir de este mismo día". (énfasis añadido). De lo expuesto, se advierte que el quejoso afirma que la autoridad responsable incumple con los lineamientos emitidos porque, a sabiendas de su grado de vulnerabilidad, en razón de su edad (mayor de sesenta años), le ordenó que se presentara a laborar a su centro de trabajo incluyendo "al personal en riesgo". Además, refiere que vía telefónica se le pidió acudir al servicio de recursos humanos para verificar su situación laboral, sin que se le diera indicación alguna para el resguardo de las personas mayores de sesenta años, aunado a que se le solicitó realizar los trámites respectivos en relación a los días en que no asistió a sus labores. Ahora bien, como se precisó en el considerando segundo de esta sentencia, el acto reclamado en el presente juicio, lo constituye la omisión de aplicar los lineamientos contenidos en la "Guía para la Des-Reconversión en la Unidades Médicas: Nueva Normalidad" emitida el treinta y uno de julio de dos mil veinte. En ese sentido, tratándose de omisiones, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 104/2018 sostuvo que cuando la autoridad responsable las niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de cumplir con lo que la norma le obliga, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados, sin que lo anterior, implique analizar el fondo de la controversia constitucional. Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido a la omisión desde un punto de vista conceptual, en el sentido que la simple inactividad no equivale a una omisión. En tanto que, en el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. El anterior razonamiento dio lugar a la tesis que reza: "CONCEPTO DE OMISIO´N COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no so´lo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones". Bajo ese contexto, para determinar si existe o no el acto reclamado, el cual básicamente consiste en la falta de aplicación de los lineamientos y criterios contenidos en la "Guía para la Des-Reconversio´n en las Unidades Médicas: Nueva Normalidad" -que ubican al quejoso en un grupo vulnerable-, lo primero que se debe corroborar a fin de determinar si las autoridades responsables incurrieron en la apuntada omisión es determinar si existe o no la obligación que se les atribuye. Al imponerse del contenido de la guía en comento, se advierte que el aludido instituto de seguridad social implemento´ una serie de medidas para el retorno de labores asegurando la prestación del servicio médico, con apego a la "semaforización" difundida por la Secretaria de Salud Federal. Entre las estrategias que instrumento´, esta´ la reorganización del recurso humano, la cual se estimó debería ser escalonada, siempre salvaguardando la integridad y preservación de salud de los trabajadores y pacientes. Con base en ello, se identificaron los grupos vulnerables, los cuales fueron catalogados "por su edad, condición física, psíquica o estado de salud o inmunidad", ya que correrían más riesgo de sufrir complicaciones en su salud, con motivo del virus covid-19. Al respecto, se estimó como una condición de vulnerabilidad, a las personas "mayores de 60 años sin comorbilidades" quienes de acuerdo al nivel de "semaforización", están en la posibilidad de realizar trabajo en casa, como se advierte de la siguiente inserción: Según los lineamientos contenidos en la referida guía, aquellas personas que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad, deberán manifestar el valor de vulnerabilidad estipulada, porque: "...se podrá considerar el trabajo en casa, siempre y cuando su trabajo se pueda realizar fuera de las instalaciones y con entregables de acuerdo a su jornada..."; sin embargo, se precisó que cuando no sea posible realizarlo por la propia naturaleza y relevancia, se tendrá que apegar a la normatividad vigente y justificar la ausencia mediante: - Incapacidad temporal (licencia médica). - Incapacidad permanente (dictaminacio´n de invalidez). Asimismo, señala la Guía que, en el caso de la incapacidad temporal, su justificación se debe realizar mediante la normativa aplicable, agregando el visto bueno del Comité para la Nueva Normalidad, con la finalidad que se evalúen los estudios clínicos: De lo expuesto, se tiene que, para sujetarse a las citadas disposiciones, los trabajadores deberán manifestar el valor de vulnerabilidad estipulada, a efecto de que se les identifique como grupos vulnerables; y con base en ello, atender a la factibilidad de realizar el trabajo en casa, cuando sea posible hacerlo fuera de las instalaciones mediante "entregables" de acuerdo a su jornada, o en su caso, si la naturaleza y relevancia del trabajo no permite ejercer la profesión a distancia, caso en el cual, se tiene que justificar la ausencia, mediante una licencia médica o dictaminacio´n de invalidez, según el tipo de incapacidad. En ese orden de ideas, la presentación de la licencia médica respecto de los grupos vulnerables no es un requisito que se exija en todo los casos para justificar la ausencia, y en su caso, se permita laborar a distancia, sino que ello depende de la naturaleza del trabajo. Sin embargo, lo que sí resulta exigible, es que los trabajadores deberán manifestar el valor de vulnerabilidad estipulada a efecto de que puedan ser identificados como grupos vulnerables. Por otra parte, en la referida Guía se advierte la integración del Comité para la Nueva Normalidad el cual es multidisciplinario, y que se encargara´, entre otros aspectos, de la planeación y determinación del retorno a la normalidad, con diversas facultades, entre la que se destaca: "9. Brindar apoyo a las personas vulnerables para que elijan las mejores opciones laborales". En el caso que nos ocupa, el quejoso aduce que labora en el Hospital General "José María Morelos y Pavón" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y que se le indicó luego de solicitar información a su coordinador, así como por mensaje y vía telefónica que se presentara a laborar, así como a verificar su situación en razón de los días que no había asistido a su fuente de empleo. Ahora bien, las autoridades responsables Delegado Regional Oriente y Director del Hospital General "José María Morelos y Pavón", ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, fueron omisos en rendir el informe justificado que les fue requerido, no obstante que desde el primero de diciembre de dos mil veinte quedaron debidamente notificados del oficio a través del cual se les requirió dicho informe. Por otra parte, es pertinente señalar que la edad del quejoso, sí se acreditó en este juicio con el original del recibo de pago expedido a su nombre el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, del que se desprende su Registrito Federal de Contribuyentes, así como de su credencial para votar (en la que se señala su CURP), de los cuales se advierte su fecha de nacimiento. De lo anterior, se tiene que el quejoso parte de la premisa que su fuente de empleo, de acuerdo a su naturaleza, necesita forzosamente de una licencia médica, para justificar su ausencia y seguir bajo resguardo domiciliario. En esa tesitura, la parte quejosa no acredita la existencia del acto reclamado, pues no demostró con algún medio de convicción a) que hubiera manifestado el valor de vulnerabilidad estipulada de acuerdo a los lineamientos cuyo incumplimiento reclama; b) que hubiera solicitado licencia a su superior jerárquico o al Comité para la Nueva Normalidad, que como se indicó´, este último tiene entre otras funciones, brindar apoyo a las personas vulnerables sobre las mejores opciones laborales; ni c) que recibió la indicación de su superior jerárquico que debía presentarse a trabajar; por lo que es inconcuso que el accionante de amparo no se ciñó al procedimiento que debe observar para que se le permita ejercer su profesión a distancia. Certeza del acto que le correspondía demostrar a la parte quejosa, puesto que, para que a las autoridades responsables les sea reprochable la omisión de ejecutar los lineamientos y criterios contenidos en la Guía para la Des-Reconversio´n en las Unidades Médicas: Nueva Normalidad, emitida por la Dirección Normativa de Salud del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado el treinta y uno de julio de dos mil veinte, era necesario que se demostrara previamente que se les hizo saber que se encontraba en los supuestos a que hacen alusión las citadas disposiciones, para que, de esa forma, existiera la obligación de atender a lo ahí dispuesto. Con independencia de ello, el quejoso tampoco demostró que la licencia fuera solicitada a su superior jerárquico o al Comité para la Nueva Normalidad, o que ésta le fuera negada; ni que recibió la indicación de que debía presentarse a trabajar, para que, en su caso, se tuviera por demostrado el acto que reclama, lo cual era necesario, pues se insiste, éste básicamente se hizo consistir en la falta de aplicación de los lineamientos y criterios contenidos en la Guía para la Des-Reconversión en las Unidades Médicas: Nueva Normalidad, con motivo de la orden que afirma, recibió para presentarse a trabajar. En ese contexto, no obstante que las autoridades responsables fueron omisas en rendir su informe de ley, no resulta procedente presumir la existencia de la omisión que se les atribuye, dado que la parte quejosa no demostró con un medio de convicción idóneo, tanto que existe la orden de reincorporarse presencialmente a sus labores, como que colmó el proceso correspondiente para obtener la licencia que refiere; por ende, lo procedente es SOBRESEER en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Esto es así, porque, se insiste, al no estar demostrado en autos que las autoridades responsables le ordenaron reincorporarse a su centro de trabajo, o que hubiera solicitado la licencia médica y menos que se le hubiera negado la misma, es inconcuso que deviene inexistente el acto debatido, porque carece de asidero fáctico la disconformidad que la accionante de amparo vierte, en el sentido de que se inobservaron los lineamientos contenidos en la Guía para la Des-Reconversión en las Unidades Médicas. En ese sentido, al haber operado la causa de sobreseimiento de referencia, no resultan aplicables los criterios que invoca la parte quejosa relativos a la protección del derecho humano a la salud. No pasa inadvertido que el peticionario de amparo es mayor de sesenta años y, por tanto, merece una especial protección por parte de los órganos del Estado. No obstante esa categoría sospechosa, lo cierto es que con la determinación asumida no se trastoca el principio pro homine y el control de convencionalidad tutelado en el artículo 1°, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque si bien se debe hacer una interpretación acorde al principio pro persona o pro homine, que radica en otorgar la protección más amplia al gobernado, sobre todo a los grupos más vulnerables, lo cierto es que ello, no significa que se dejen de aplicar las normas legales correspondientes en cada caso, o bien que dejen de verificarse los requisitos de procedibilidad previstos en la normativa que se trate, ni que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma. Esto se considera así, porque si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, también lo es que no se debe inobservar los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, tales como el de legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia y cosa juzgada. Asumir una postura adversa, se llegaría a una total anarquía en la tramitación y resolución de los juicios y medios de defensa procedentes, incluyendo al juicio de amparo, ya que por seguridad jurídica el cumplimiento de esos requisitos no puede quedar al arbitrio de los gobernados, autoridades o jueces. Sustenta lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIO´N MA´S FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS O´RGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIO´N, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVE´ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al arti´culo 1o. de la Constitucio´n Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federacio´n el 10 de junio de 2011, implico´ el cambio en el sistema juri´dico mexicano en relacio´n con los tratados de derechos humanos, asi´ como con la interpretacio´n ma´s favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los o´rganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que veni´an desempen~a´ndolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio so´lo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una proteccio´n ma´s bene´fica para la persona respecto de la institucio´n juri´dica analizada, e´sta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal funcio´n jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad juri´dica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que preve´ la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocari´a un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal funcio´n". Así´ como, en lo conducente, la tesis emitida por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que reza: "ADULTOS MAYORES. SU CONDICIO´N DE VULNERABILIDAD NO CONSTITUYE UNA JUSTIFICACIO´N VA´LIDA PARA DEJAR DE OBSERVAR LOS PRESUPUESTOS PROCESALES DE LA ACCIO´N Y REQUISITOS LEGALES MI´NIMOS PARA EL ACCESO A LA JURISDICCIO´N, COMO LO ES LA COMPETENCIA. El Alto Tribunal del Pai´s ha precisado que conforme a los arti´culos 25, numeral 1, de la Declaracio´n Universal de Derechos Humanos y 17 del Protocolo Adicional a la Convencio´n Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Econo´micos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable que merece especial proteccio´n por los o´rganos del Estado, ya que su avanzada edad los coloca con frecuencia en una situacio´n de dependencia familiar, discriminacio´n e, incluso, abandono. En esas circunstancias, se ha considerado que los adultos mayores son vulnerables porque en un alto porcentaje son sujetos de desempleo o de condiciones precarias de trabajo y sufren, muy frecuentemente, carencias econo´micas y de seguridad social, lo que los convierte en personas dependientes y vi´ctimas de un comportamiento adverso social hacia ellos; y que debido a ese estado de vulnerabilidad merecen una especial proteccio´n lo cual, incluso, se ve robustecido por el hecho de que los instrumentos internacionales y los regi´menes juri´dicos modernos han marcado una li´nea de proteccio´n especial a los adultos mayores, con el objeto de procurarles mejores condiciones en el entramado social, lo que pretende lograrse garantiza´ndoles el derecho a: a) un esta´ndar de vida adecuado, incluyendo alimentacio´n, vivienda y vestimenta; b) seguro social, asistencia y proteccio´n; c) no discriminacio´n en el empleo, acceso a vivienda, cuidado de la salud y servicios sociales; d) servicios de salud; e) ser tratado con dignidad; f) proteccio´n ante el rechazo o el abuso mental; g) participar en los espacios sociales, econo´micos, poli´ticos y culturales; y, h) participar enteramente en la toma de decisiones concernientes a su bienestar. Sin embargo, dicha condicio´n de vulnerabilidad no constituye una justificacio´n va´lida para dejar de observar los presupuestos procesales de la accio´n y los requisitos legales mi´nimos para el acceso a la jurisdiccio´n, como lo es la competencia, ya que ni la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos, ni las leyes establecen una eximente en ese sentido, incluido el protocolo y la Ley General de las Personas con Discapacidad (abrogada), aunado a que las cuestiones de competencia son de intere´s general, y se rigen por el derecho pu´blico que reglamenta el orden general del Estado en sus relaciones con los gobernados; es decir, las reglas de competencia son de orden pu´blico e irrenunciables, salvo las excepciones expresamente sen~aladas en la ley, pues derivan del derecho fundamental de legalidad previsto en el arti´culo 16 constitucional; de suerte que la competencia legal, junto con otros requisitos de procedencia, constituyen los elementos mi´nimos necesarios previstos en las leyes adjetivas que debe satisfacer todo gobernado para la realizacio´n de la jurisdiccio´n, esto es, para que el juzgador se encuentre en aptitud de conocer la cuestio´n de fondo planteada en el caso sometido a su potestad y pueda resolverla, determinando los efectos de dicha resolucio´n. Por tanto, el ser un adulto mayor no puede llevar a que la autoridad responsable declare procedente lo improcedente y actu´e al margen de la ley". Efectos del sobreseimiento decretado. A causa del sobreseimiento decretado, este Juzgador se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación y las manifestaciones en torno al acto reclamado; lo anterior porque el sobreseimiento no permite entrar al estudio de las cuestiones de fondo. Los referidos efectos del sobreseimiento, se sustentan en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violacio´n de garanti´as individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Así como en la jurisprudencia 2a./J.54/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garanti´as es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los arti´culos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiari´a el sentido de la resolucio´n". Finalmente, se aclara que esta determinación se emite en términos del artículo 1º, fracción I, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que habilita la posibilidad de resolver los casos urgentes y que se hayan tramitado físicamente. La circular SECNO/29/2020, así como las diversas SECNO/1/2021 y SECNO/4/2021, emitidas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, nos remite a su contenido. Aunado a ello, atendiendo al artículo 2, fracción XIII, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la notificación personal a la parte quejosa de la presente sentencia y por oficio a las autoridades responsables. IV. DECISIÓN Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63, fracción V, 73 a 76, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por RAMÓN FRANCISCO LÓPEZ SOTO, respecto de las autoridades y acto precisados en los considerandos tercero y cuarto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE. Así lo resolvió y firma Ricardo Manuel Martínez Estrada, Juez Quinto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, asistido de la Secretaria María Josefina Vázquez Carreón que autoriza y da fe. Doy Fe. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y PUBLÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE.
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Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, en consecuencia, para dar margen a que lo anterior suceda, SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL prevista para el día de hoy, y se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. Finalmente, en términos del artículo 22 de Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. NOTIFÍQUESE; Y PUBLÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE.
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AGRÉGUENSE A LOS AUTOS EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA JEFA DE DEPARTAMENTO DE AMPAROS INDIRECTOS, ADSCRITA A LA SUBDIRECCIÓN DE LO CONTENCIOSO, ÁREA DE ASUNTOS CONTENCIOSOS, QUIEN ACTÚA EN REPRESENTACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR NORMATIVO DE SALUD, DIRECTOR NORMATIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DEL DIRECTOR NORMATIVO DE SUPERVISIÓN Y CALIDAD, TODOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO; EN ATENCIÓN A SU CONTENIDO, SE LES TIENE POR RENDIDO EL INFORME JUSTIFICADO DE FORMA CONJUNTA; CON SU CONTENIDO PÓNGASE A LA VISTA DE LAS PARTES PARA QUE MANIFIESTEN LO QUE A SU DERECHO CONVENGA.SE TIENE COMO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EL QUE REFIERE Y POR DELEGADOS A LAS PERSONAS QUE SEÑALA, NOTIFÍQUESE.
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