Ramón Ferrari Pardiño

Expediente 648/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
648/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
01/09/2021

Partes del expediente

  • Ramón Ferrari Pardiño

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa, Veracruz, uno de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guarda este juicio de amparo y de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el auto por el que se desechó la demanda que dio origen al presente asunto. Por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletoriamente aplicado, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido.

  2. Principal

    SE AUTORIZA FIRMA ELECTRÓNICA AL QUEJOSO.

  3. Principal

    SE DESECHA LA DEMANDA DE GARANTÍAS PROMOVIDA POR LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: "...Xalapa, Veracruz, diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por *****, contra actos del Fiscal Sexto adscrito a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 648/2021, que le corresponde. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO 3 El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, conforme a lo que en seguida se expone. Sirve de apoyo la tesis I.13.A.4 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1318, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Agosto de 2001, Novena Época, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El acto reclamado por el impetrante de amparo, se hace consistir en: La omisión y negativa de darle intervención en la carpeta de investigación número ******, por conducto de sus abogados y en su caso, la obstrucción a una defensa técnica y adecuada. En el caso, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en relación con el numeral 5, fracción I ambos de la Ley de Amparo, en razón de que no se irroga perjuicio al quejoso en sus derechos subjetivos. Para demostrar esa afirmación conviene transcribir el contenido de los siguientes artículos: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.)B. De los derechos de toda persona imputada: (.)VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; (.).Código Nacional de Procedimientos Penales: Artículo 218. Reserva de los actos de investigación Los registros de la investigación,así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código. En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales. Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme. Artículo 266. Actos de molestia Todo acto de molestia deberá llevarse a cabo con respeto a la dignidad de la persona en cuestión. Antes de que el procedimiento se lleve a cabo, la autoridad deberá informarle sobre los derechos que le asisten y solicitar su cooperación. Se realizará un registro forzoso sólo si la persona no está dispuesta a cooperar o se resiste. Si la persona sujeta al procedimiento no habla español, la autoridad deberá tomar medidas razonables para brindar a la persona información sobre sus derechos y para solicitar su cooperación. De la interpretación sistemática de los artículos 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se obtiene que, taxativamente establecen que el imputado y su defensor tendrán acceso a la investigación cuando sea citado a efecto de pretender recibir su declaración, precisamente con el carácter de imputado, o sea sujeto a un acto de molestia, como sería entrevistarlo. Ahora, del contenido integral de la demanda se advierte que el promovente se duele esencialmente del Fiscal responsable de la omisión y negativa de darle intervención en la carpeta de investigación número *******, por conducto de sus abogados y en su caso, la obstrucción a una defensa técnica y adecuada. En tal razón, aun cuando el promovente aduzca que tiene conocimiento de que la representación social se encuentra integrando una carpeta de investigación en su contra, y que le realizó una solicitud, si éste aún no tiene el carácter de imputado, de conformidad con el artículo 218 mencionado, en virtud de que a pesar de que fue citado a comparecer ante el Ministerio Público, lo cierto es, que afirma no asistió a dicha diligencia, por lo que, al no comparecer físicamente ante la responsable, no se ha ocasionado algún acto de molestia en su perjuicio, él o su defensa no pueden tener ni exigir el acceso a los registros de la investigación. Ello es así, pues la investigación contenida en la carpeta respectiva, per se, no puede generar un acto de molestia, a que se refiere el artículo 266 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En consecuencia, la omisión y negativa de darle intervención en la carpeta de investigación número *******, por conducto de sus abogados y en su caso, la obstrucción a una defensa técnica y adecuada reclamada, no afecta sus derechos subjetivos o, en su caso, legítimos del promovente en los términos de la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo, actualizándose con ello, la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII, de la propia ley. Tiene aplicación, la tesis I.9o.P.172 P (10a.), emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 1958, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SI EL QUEJOSO NO HA SIDO CITADO A COMPARECER ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO COMO IMPUTADO NI SE HA OCASIONADO ALGÚN ACTO DE MOLESTIA EN SU PERJUICIO, ÉL O SU DEFENSA NO PUEDE TENER ACCESO A LOS REGISTROS DE LA INVESTIGACIÓN, AUN CUANDO ADUZCA QUE TIENE CONOCIMIENTO DE QUE EXISTE UNA DENUNCIA EN SU CONTRA Y AQUÉLLA SE ESTÁ INTEGRANDO. Determinar que el inicio de una carpeta de investigación es un acto de molestia para el investigado, haría considerar letra muerta los artículos 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que taxativamente establecen que el imputado y su defensor tendrán acceso a la investigación cuando sea citado a efecto de pretender recibir su declaración, precisamente con el carácter de imputado, o sea sujeto a un acto de molestia, como sería entrevistarlo. Por tanto, aun cuando el quejoso aduzca que tiene conocimiento de que existe una denuncia en su contra y que la representación social se encuentra integrando una carpeta de investigación, si aún no tiene el carácter de imputado, de conformidad con el artículo 218 mencionado, en virtud de que no ha sido citado a comparecer ante el Ministerio Público con esa calidad, ni se ha ocasionado algún acto de molestia en su perjuicio, él o su defensa no puede tener acceso a los registros de la investigación, pues la investigación contenida en la carpeta respectiva, per se, no puede generar un acto de molestia, a que se refiere el artículo 266 de ese código, esto es, en donde la autoridad le informa a una persona sobre los derechos que le asisten y mediante el cual solicita su cooperación, ello antes de que el procedimiento se lleve a cabo. Por ende, aquella integración de la carpeta de investigación por la autoridad responsable, no afecta los intereses jurídicos o, en su caso, legítimos del quejoso, en los términos de la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo, actualizándose con ello, la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII, de la propia ley. Por tanto, si el promovente no se encuentra en alguno de los supuestos previstos en el citado numeral 218, pues en la demanda no refirió haber sido detenido, citado nuevamente para comparecer con el carácter de imputado o, ser sujeto de un acto de molestia, aun cuando le pudiera recaer el carácter de imputado en la carpeta de investigación que refiere, no existe obligación del fiscal de permitirle el acceso a los registros de investigación que obran en la carpeta de investigación, como incluso lo ha determinado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 72/2019 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación el veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, con número de registro 2020891, de rubro y texto siguientes: DEFENSA ADECUADA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. EL INDICIADO Y SU DEFENSOR TIENEN DERECHO A OBTENER COPIAS O REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS DE LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CUANDO EL IMPUTADO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 218, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Una interpretación sistemática de los artículos 113 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite concluir que el imputado y su defensor podrán tener acceso a los registros de la investigación cuando aquél se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter, o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Sin embargo, para el goce efectivo del derecho fundamental de defensa adecuada, debe permitirse que puedan obtener una reproducción de dichos registros, ya sea en copia fotostática o como registro fotográfico cuando el imputado se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 218, párrafo tercero, del Código aludido lo que es acorde con los principios del sistema procesal penal acusatorio, relativos a la igualdad y equilibrio entre las partes. Sin que obste a lo anterior el hecho de que el artículo 219 del Código aludido establezca que una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tendrán derecho a consultar los registros de investigación y a obtener copia con la oportunidad debida para preparar la defensa, pues dicha disposición legal no debe interpretarse como una regla restrictiva ni considerar que sólo a partir de ese momento procesal pueden obtener copias, ya que de la redacción de dicho precepto deriva la obligación del Ministerio Público de respetar el derecho a una defensa adecuada y de igualdad entre las partes, permitiendo el acceso a los registros de investigación y la obtención de copias o reproducciones fotográficas de los datos que obran en la carpeta de investigación, de manera que no prohíbe que éstas se obtengan con anterioridad, pues lo que debe privilegiarse es que llegada la audiencia inicial, quien habrá de ser imputado cuente ya con los datos y registros necesarios que le permitan desarrollar una defensa adecuada, por lo que al actualizarse el supuesto en que el imputado pueda tener acceso a la carpeta de investigación, ello implica también su derecho a obtener copia de su contenido. Máxime cuando en la especie se desconoce si en el trámite de esa indagatoria realmente se afectará algún derecho del promovente, ya que, en todo caso, el perjuicio se materializará cuando sea citado a la audiencia inicial y el fiscal formule la imputación ante el Juez de Control, y será precisamente en ese momento procesal donde tendrá la oportunidad de intervenir, controvertir lo alegado por la fiscalía y ofrecer las pruebas que estime necesarias; pues hasta este momento no se produce afectación alguna en su situación jurídica. Al respecto se comparte, por su sentido y alcance, el criterio sustentado en la tesis (X Región) 2o.1 P (10a.) por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región que se comparte, visible en la página dos mil quinientos noventa y dos, Tomo IV Agosto de 2016, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2012423 y voz: INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. De ahí que, la omisión y negativa de darle intervención en la carpeta de investigación número *******, por conducto de sus abogados y en su caso, la obstrucción a una defensa técnica y adecuada, no le causa una afectación en sus derechos subjetivos públicos. Es importante destacar que, aun en el caso de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, sería imposible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; pues dicha afirmación no se basa en la posibilidad o no de que el quejoso pudiera acreditar algún derecho reconocido a su favor durante la tramitación del juicio de amparo (lo que haría admisible la demanda constitucional), sino en la naturaleza propia de los actos reclamados; pues se insiste, éstos no provoca alguna afectación a sus derechos subjetivos del promovente del juicio de amparo. En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XII, del artículo 61, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, en relación con los citados numerales de la Constitución Federal; en consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, en términos del artículo 113, de la Ley de Amparo."

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