Ramon Fernandez Sanchez

Expediente 594/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 18 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
594/2018
Año
2018
Actuaciones
18
Última actuación
11/12/2018

Partes del expediente

  • Ramon Fernandez Sanchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal de los autos y en especial la certificación que antecede, de la cual se desprende que a la fecha ha transcurrido el término de tres días hábiles concedido a la parte quejosa el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo, sin que hubiese hecho manifestación alguna; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento de los autos de referencia, y el suscrito juzgador federal procede a pronunciarse respecto de dicho cumplimiento, en base a las constancias que obran en autos, en relación a lo anterior, de conformidad con lo establecido por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2ª./J.26/2000, consultable en la página 242 del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de 2000, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. Así, se tiene que el dieciocho de abril de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la cual se resolvió: "SÉPTIMO. Efectos de la concesión de amparo. A fin de establecer los efectos de la concesión, se retoman algunos de los conceptos previamente establecidos. Deje insubsistente la resolución recurrida. Con libertad de jurisdicción emita una nueva en la que reitere las consideraciones que no son objeto de la concesión,; Y por lo que hace a lo resuelto en el inciso XI), sobre los perjuicios por ganancias probables derivadas del maíz, se pronuncie de nueva cuenta, prescindiendo de la consideración que se ha estimado inconstitucional". Dicha resolución causó ejecutoria el veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, requiriendo en esa fecha a la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Celaya, Guanajuato, a fin de que diera cumplimiento a la misma. Motivo por el cual la presidenta de la citada Sala, envió oficio registrado bajo el número 4290, al que anexó constancia en copia certificada de la resolución de veintisiete de noviembre del año en curso, en la que resuelve: ". 1.- RESULTA PROCEDENTE Y PARCIALMENTE FUNDADO EL INCIDENTE DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS PROMOVIDO. II.- SE CONDENA AL AUTORIDAD RESPONSABLE AL PAGO DE LA CANTIDAD DE $ *** POR CONCEPTO DE REPARACIPON DE DAÑOS Y PERJUICIOS AL IBNCIDENTISTA EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL PRESENTE FALLO." En base a lo anterior, este Órgano de Control Constitucional estima que la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Celaya, Guanajuato, ha dado cumplimiento en sus términos a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo, toda vez que, como se ordenó, dejó insubsistente la resolución interlocutoria de reitere las consideraciones que no son objeto de la concesión, y por lo que hace a lo resulto en el inciso XI), sobe los perjuicios por ganancias probables de derivados del maíz, se pronuncie de nueva cuenta, prescindiendo de la consideración que se ha estimado inconstitucional, previniéndola para que instaure un nuevo; por tanto de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria decretada en el presente juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación CXIV/97, consultable en la página 414 del Tomo VI, octubre de 1997, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, que es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentas las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal y otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la y incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación que en el supuesto de que se declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. En consecuencia, una vez que transcurra el término a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 214 de la misma, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado Federal. DEPURACIÓN DEL EXPEDIENTE. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Toda vez que en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, se hace constar que el mismo será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo.

  2. Principal

    RECEPCIÓN DE OFICIOS.- Agréguense a sus autos para que obren como correspondan y surtan los efectos legales a que haya lugar, los oficios suscritos por el Presidente de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Celaya, Guanajuato. Respecto al oficio registrado con el número (9290), acusa recibo del oficio 19366/2018 del índice de este Juzgado, con el cual se le notifico el auto de veintiséis de noviembre pasado. En relación al oficio registrado con el folio (9289) adjunta copia certificada de la resolución de veintisiete de noviembre del año en curso, dictada dentro del expediente 3574/12-10-01-9. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 primer párrafo, primera parte, de la Ley de Amparo, con el contenido del comunicado que se recibe y anexo que se acompaña, consistente en copia autorizada de la resolución de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, dése vista a la parte quejosa por el término de tres días para que manifieste lo que a su derecho convenga; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado de la Federación realizará el pronunciamiento que en derecho corresponda sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo; esto último de conformidad con el segundo párrafo del citado precepto legal.

  3. Principal

    VISTO el estado que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, mediante proveído de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, el suscrito Juzgador Federal procede a pronunciarse respecto de dicho cumplimiento, con base en las constancias que obran en autos, de conformidad con lo que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2ª./J.26/2000, consultable en la página 242 del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de 2000, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Ahora bien, tomando en consideración que la concesión de la protección constitucional se decretó para el siguiente efecto: "SÉPTIMO. Efectos de la concesión de amparo. A fin de establecer los efectos de la concesión, se retoman algunos de los conceptos previamente establecidos. I. Deje insubsistente la resolución recurrida. II. Con libertad de jurisdicción emita una nueva en la que reitere las consideraciones que no son objeto de la concesión; III. Y por lo que hace a lo resuelto en el inciso XI), sobre los perjuicios por ganancias probables derivadas del maíz, se pronuncie de nueva cuenta, prescindiendo de la consideración que se ha estimado inconstitucional". Y en el contenido de la sentencia de amparo se advierte además que el único punto materia de la concesión es determinar la cantidad que dejó de percibir el aquí quejoso, esto fundada y motivadamente, tomando en cuenta dos cuestiones: 1). Valorar si el hecho de que la pretensión del ejecutante (doscientas toneladas de maíz, menos el cincuenta por ciento de costo de producción) en el escrito por el que interpuso el incidente, no fue refutada por la demandada, es suficiente para tener por acreditado el perjuicio en sus términos; debiendo en tal caso, exponerlo la responsable fundada y motivadamente. 2). De no surtirse el caso anterior, con base en el causal probatorio, determinar la cantidad que dejó de percibir el quejoso por la siembra de maíz; sin que esto implique desatender cuestiones ya acreditadas en autos; y además, en el caso de la valoración que pudiera llegar a hacer respecto de las periciales existentes, lo deberá hacer fundando y motivando su determinación. Así las cosas, mediante proveído de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, se agregó al sumario el oficio remitido por la responsable, al que acompañó copia certificada de la resolución dictada en cumplimiento al fallo protector el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, en los autos del expediente ***, del a que, no se da cumplimiento a la ejecutoria de amparo, como se verá: Por lo que hace al punto número uno de supra párrafos, se inadvierte que la responsable refiriera fundada y motivadamente valorara si la demandada controvirtió la pretensión de doscientas toneladas de maíz menos el cincuenta por ciento de costo de producción. Pues se limita a afirmar que la demandada refutó el argumento, pero omite decir si esto aconteció al momento de contestar el incidente respectivo, y en qué términos lo hizo, y sobre todo sin justificas tal aserto. Mientras que en relación al segundo de los puntos, la responsable efectúa un nuevo análisis de la cantidad de maíz que se puede producir en cuarenta hectáreas de terreno y una nueva cuantificación en dinero; siendo que la pretensión, es decir, la cantidad de maíz que se dejó de producir, ya era una cuestión previamente resuelta. Por lo que únicamente debió cuantificar fundada y motivadamente, el costo en dinero de las cien toneladas de maíz por temporada, que dejó de producir el quejoso. De manera tal que, como bien aduce el impetrante de amparo en su escrito agregado al sumario el catorce de noviembre pasado, la ejecutoria de amparo no ha sido cumplimentada en sus términos. REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO. Por tanto, respecto del referido punto de concesión, con fundamento en los artículos 192 y 193 ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la responsable Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Celaya, Guanajuato, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la presente ejecutoria. Hecho lo anterior, remita a este Órgano de Control Constitucional, las constancias que así lo acrediten. APERCIBIMIENTO. En el entendido de que en caso de no cumplir con dicho mandato sin causa justificada, o no exponer motivo legal que le impida hacerlo o bien acredite que se encuentra en vías de cumplimiento, dentro del lapso concedido para dicho efecto, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego, aunado a que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación de la autoridad contumaz, ello en términos del párrafo segundo del ordinal 192 de la Ley de la Materia.

  4. Principal

    RECEPCIÓN DE OFICIO.- Téngase por recibido el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, mediante el cual hace del conocimiento de este Órgano jurisdiccional la resolución dictada dentro recurso de revisión fiscal 177/2018, de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, en el cual resolvió: ÚNICO. Se desecha por haber quedado sin materia el recurso de revisión fiscal interpuesto por el Subadministradora Desconcentrada Jurídica de la Administración Desconcentrada Jurídica de Michoacán 1, con sede en Michoacán, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público; el cual se ordena agregar únicamente para que obre como corresponda

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