Ramón Felipe Florentina
Expediente 1083/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1083/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Ramón Felipe Florentina
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte interesada interpusiera el recurso de queja contra el acuerdo de quince de noviembre último, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Ramón Felipe Florentina; en tales condiciones, se declara que el mismo causó estado.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL PROVEÍDO DE QUINCE DE NOVIEMBRE DE 2022, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO Ciudad Juárez, Chihuahua, quince de noviembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, agréguese el escrito signado por el quejoso Ramón Felipe Florentina, con el cual da cumplimiento a la prevención realizada en ocho de noviembre del año en curso, y para tal efecto, precisa el acto que reclama. Ahora bien, con fundamento en lo que se establece en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito advierte una causa manifiesta e indudable de improcedencia que conlleva a desechar la demanda, por los motivos que a continuación se expondrán. La Segunda Sala estableció que para advertir la notoria e indudable improcedencia de un asunto debe atenderse al escrito de demanda, en su caso a la aclaración realizada, y a sus respectivos anexos; y que es posible determinar la inviabilidad del juicio desde su promoción, cuando esté demostrada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya fueron manifestados claramente por el impetrante o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal, que los informes justificados de las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia, ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, de lo contrario, la demanda debe ser admitida. Dichas consideraciones pueden consultarse en la ejecutoria emitida al resolver la Contradicción de Tesis 297/2011, de donde deriva Jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Página 929, Libro X, Julio de 2012, Tomo 2, Materias Común y Administrativa, de la Décima época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital 2001071, de rubro siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO." Es oportuno decir que, si bien en el criterio invocado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizó una causa de improcedencia del juicio de amparo distinta a la que es materia de estudio en el presente asunto, lo cierto es que las razones contenidas en la ejecutoria destacada resultan aplicables por identidad de razón en el caso, como enseguida se verá. Así las cosas, la interpretación de lo que se dispone en el artículo 113 de la Ley de Amparo, exige que la improcedencia del juicio biinstancial tenga como apoyo que, desde un plano objetivo, el órgano de control constitucional cuente con información suficiente para advertirla de manera irrefutable y clara desde la promoción del citado juicio, de tal manera que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora, es preciso señalar, que la parte promovente reclama: Determinado lo anterior, este Juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia que se prevé en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos numerales 107, fracción V -aplicado a contrario sensu-, así como en lo que se dispone en el 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] " De las porciones normativas citadas, se tiene que el juicio de amparo es improcedente cuando ello resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la propia ley de la materia. Del mismo modo, se extrae que el juicio de amparo contra actos dentro del juicio, solamente procede cuando produzcan efectos de imposible reparación. Sobre el indicado tipo de actos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, virtud que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió. Esto es, son aquellos que producen efectos materiales inmediatos sobre los derechos sustantivos de los gobernados. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación, se caracterizan porque la afectación relativa solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento con vista a obtener una resolución favorable; por lo que, al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que la parte quejosa no obtenga un fallo favorable al resolverse el medio ordinario que proceda contra la sentencia definitiva o resolución final, estará en condiciones de reclamarlas como tales en el amparo directo o indirecto, respectivamente, según la naturaleza del acto, que se intente contra dicha determinación que ponga fin al juicio, pues tendrá la posibilidad de impugnar todas y cada una de las violaciones que se hayan cometido, no sólo en la resolución aludida, sino en todo el procedimiento. Por ello, no causa por sí mismo una afectación grave, trascendental e irreparable al promovente y no puede ser considerado como acto de imposible reparación, sino que únicamente forma parte del proceso, que debe sustanciarse en todas sus etapas. Ahora, para determinar la procedencia o improcedencia del juicio biinstancial, debe tenerse en cuenta que en la Ley de Amparo, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que con ello: Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal y lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas, esto es, se trate de actos que afecten materialmente derechos sustantivos. Los actos en juicio que tienen una ejecución de imposible reparación y, por ende, susceptibles de impugnarse en amparo biinstancial, también, son aquellos que de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, también llamados derechos fundamentales y respecto de los que no se puede privar ni restringir al gobernado, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello. Sentado lo precedente, toda vez que lo aquí reclamado consiste en la omisión de la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje de tomar en cuenta el escrito presentado el seis de agosto de dos mil veintiuno al momento de emitir el proveído de seis de diciembre siguiente en el que se decretó la deserción de la pericial médica ofrecida por el actor-aquí quejoso-, lo que, como se dijo, no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, virtud que no afecta los derechos sustantivos del impetrante consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, etcétera, pues no les impide el ejercicio de algún derecho, es decir, no atenta en contra de aquéllas prerrogativas de las que no se les puede privar ni restringir, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello; de ahí que, las consecuencias de la determinación reclamada son sólo intraprocesales, toda vez que tiene el efecto de continuar con el trámite del procedimiento natural. Esto es así, en razón de que no constituye por regla general, un acto dentro de juicio que ostente la naturaleza de imposible reparación y, en consecuencia, no proceda el juicio de amparo biinstancial, toda vez que la naturaleza del acto reclamado se considera meramente procesal y no afecta directa o indirectamente algún derecho sustantivo; dado que dependerá de que lleguen o no a trascender al resultado del laudo, lo que en todo caso podría reclamarse en amparo directo. En otras palabras, los actos procesales no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en ese caso los efectos producidos por aquellas actuaciones desaparecen, pues dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues es evidente que los efectos de tal determinación reclamada no se traducen al exterior del procedimiento en el que se dictó. En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser un acto -el reclamado- que afecte materialmente derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis que se contempla en el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para ser impugnado, de inmediato, a través del juicio de amparo indirecto. Apoya a lo anterior, por las razones que expone, la jurisprudencia 2a./J. 5/2001 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Febrero de 2001, página 250 (registro 190278), que textualmente establece: "PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. EL AUTO QUE, SIN PARALIZAR EL PROCEDIMIENTO, RESERVA ACORDAR SU ADMISIÓN Y SU EVENTUAL DESAHOGO, NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL DE IMPOSIBLE REPARACIÓN Y, POR TANTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. El auto por el que se reserva acordar sobre la admisión de pruebas en el procedimiento laboral es impugnable en amparo directo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44, 46, 158 y 159, fracciones III y XI, de la Ley de Amparo, en tanto que constituye un acto intraprocesal que no es irreparable, esto es, de aquellos a los que se refiere el artículo 114, fracción IV, de la propia ley, ya que no infringe derecho sustantivo constitucional alguno de manera directa e inmediata; y, desde diverso aspecto, el efecto de la sentencia que llegara a conceder el amparo, tampoco sería el de destruir los elementos de la acción que impidiera el pronunciamiento de un laudo. Lo anterior, con la salvedad relativa a que si con la expedición del citado auto se llegara a paralizar el procedimiento laboral, en ese supuesto se estaría en presencia de un acto de ejecución irreparable dentro del juicio, que afecta el derecho sustantivo del gobernado previsto en el artículo 17 constitucional, ya que tal paralización impediría la emisión del laudo correspondiente de manera pronta y, por tanto, se evitaría también que la administración de justicia tuviera lugar en los plazos y términos que fija la ley laboral."
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Ramón Felipe Florentina, contra actos que reclama del Junta Especial Número 55 de la Federal de Conciliación y Arbitraje y Actuario Adscrito a la Junta Especial Número 55 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Fórmese expediente electrónico e impreso y regístrese en el libro de juicios de amparo con el número 1083/2022-VIII. Conforme a lo anterior, con fundamento en el citado artículo 114, fracciones I y II de la Ley de Amparo, así como 108, fracciones II, III, IV y V, del mismo ordenamiento legal, se requiere a la parte quejosa para que, en un término de cinco días, computado legalmente, aclare su demanda de amparo, manifestando lo siguiente: a) señale el acto o actos específicamente que de cada autoridad pretende reclamar, esto es, si lo que reclama es la omisión de proveer respecto a la pericial médica ofertada o la deserción de dicha probanza y la omisión a notificarle esa determinación; b) Bajo protesta de decir verdad, manifieste la última actuación a la que compareció al juicio laboral 665/2017 y el estado procesal que éste guarda, así como la fecha en que tuvo conocimiento del acto o actos que reclame; y, c) exhiba copias suficientes de su escrito aclaratorio, para distribuir a la totalidad de las partes. Requisitos indispensables para que este juzgado fije la litis en el presente juicio y las autoridades responsables se encuentren en aptitud de rendir sus informes justificados. En términos del artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Tompiros número dos mil treinta y nueve esquina con Avenida Ejército Nacional fraccionamiento Jardines de San José, en esta ciudad y en términos del artículo 24 de la legislación en cita como sus autorizados únicamente para tales efectos a Susana Prieto Terrazas, Vicente Hernández García, Tania Litz Villagrán Martínez, Karla Janeth García Ruiz, Perla Cristina González Rentería, por así solicitarlo.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA ALQUEJOSO EL PROVEÍDO DE OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO Ciudad Juárez, Chihuahua, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Ramón Felipe Florentina, contra actos que reclama del Junta Especial Número 55 de la Federal de Conciliación y Arbitraje y Actuario Adscrito a la Junta Especial Número 55 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Fórmese expediente electrónico e impreso y regístrese en el libro de juicios de amparo con el número 1083/2022-VIII. Conforme a lo anterior, con fundamento en el citado artículo 114, fracciones I y II de la Ley de Amparo, así como 108, fracciones II, III, IV y V, del mismo ordenamiento legal, se requiere a la parte quejosa para que, en un término de cinco días, computado legalmente, aclare su demanda de amparo, manifestando lo siguiente: a) señale el acto o actos específicamente que de cada autoridad pretende reclamar, esto es, si lo que reclama es la omisión de proveer respecto a la pericial médica ofertada o la deserción de dicha probanza y la omisión a notificarle esa determinación; b) Bajo protesta de decir verdad, manifieste la última actuación a la que compareció al juicio laboral 665/2017 y el estado procesal que éste guarda, así como la fecha en que tuvo conocimiento del acto o actos que reclame; y, c) exhiba copias suficientes de su escrito aclaratorio, para distribuir a la totalidad de las partes. Requisitos indispensables para que este juzgado fije la litis en el presente juicio y las autoridades responsables se encuentren en aptitud de rendir sus informes justificados. En términos del artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Tompiros número dos mil treinta y nueve esquina con Avenida Ejército Nacional fraccionamiento Jardines de San José, en esta ciudad y en términos del artículo 24 de la legislación en cita como sus autorizados únicamente para tales efectos a Susana Prieto Terrazas, Vicente Hernández García, Tania Litz Villagrán Martínez, Karla Janeth García Ruiz, Perla Cristina González Rentería, por así solicitarlo.
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