Ramón Farías Villaseca

Expediente 350/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
350/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
09/01/2023

Partes del expediente

  • Ramón Farías Villaseca

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, con fundamento en los artículos 51 a 60 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes que a partir del ocho de diciembre de dos mil veintidós, se encuentra adscrita como titular de este órgano jurisdiccional la licenciada Judith Alhelí Andrade Villafán. Por otra parte, se advierte que el término de cinco días para interponer el recurso de queja en contra del proveído de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, ha transcurrido sin que se haya interpuesto dicho recurso; en consecuencia, se declara que ha causado estado, archívese el presente asunto como concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, siete de septiembre de dos mil veintidós. No acepta competencia Agréguese los autos el oficio 40766/2022, remitido por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual remite el oficio 31832/2022, proveniente del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México (el cual le fue erróneamente dirigido) y devuelve el juicio de amparo 350/2022-5, del índice de este juzgado de distrito; acúsese el recibo de estilo correspondiente y suspéndase toda comunicación posterior con el primero de los precitados órganos jurisdiccionales. Por consiguiente, glósese a los autos originales el cuaderno de antecedentes respectivo, desglosándose del mismo, las copias certificadas con que se formó, de conformidad con el artículo vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un expediente auxiliar, conforme al punto segundo, fracción XX del citado acuerdo. Ahora bien, de las constancias anexadas al oficio de cuenta se advierte que el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, no aceptó la competencia planteada por este órgano de control constitucional, respecto de la demanda de amparo 350/2022-5, promovida por Ramón Farias Villaseca, por los motivos que expone en el acuerdo de once de agosto de la presente anualidad. Ahora bien, este juzgador comparte los razonamientos vertidos por la autoridad oficiante, y se desiste sobre la competencia declinada a favor del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Prevención Sin embargo, previo a acordar lo que en derecho proceda en cuanto a la admisión de la demanda de que se trata, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción I, y 114 de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días contados a partir de la notificación de este proveído, por escrito, bajo protesta de decir verdad, y, para el caso de cumplir mediante ocurso presentado físicamente, con siete copias de su escrito aclaratorio, por corresponder (4) cuatro para las autoridades que señala como responsables, (2) dos para la apertura del incidente de suspensión y (1) una para el Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, cumpla con lo siguiente: ÚNICO. Indique el domicilio en el que dice, se pretende ejecutar la orden de aprehensión librada en su contra. Lo anterior, dado que del capítulo respectivo al acto reclamado, se advierte que la parte quejosa se duele de la orden de aprehensión dictada en su perjuicio por las autoridades que señala como responsables ordenadoras, así como su ejecución por las diversas que menciona; sin embargo, de la lectura íntegra de su demanda no se advierte mayor información respecto al domicilio en el cual se deba ejecutar dicha orden. Además de que el promovente del amparo refiere que el primero de julio de dos mil veintidós, se presentó en su domicilio particular personal de una corporación policiaca, sin que como se dijo, haya precisado la ubicación del mismo. No obviando mencionar que de las constancias que anexó a su escrito de demanda, particularmente la copia de la Credencial Para Votar expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, se desprende que el domicilio del quejoso se ubica en Angel R. Cabada, Veracruz; empero, no se cuenta con la certeza de que ese sea el domicilio donde se pretende ejecutar el acto reclamado. Apercibimiento Con el apercibimiento de que si el promovente no cumple con el requerimiento indicado, su demanda se tendrá por no presentada, en términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Alfredo Rivera Anaya, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, ante Oscar Santos Molina Garza, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, once de julio de dos mil veintidós. Vista la cuenta; téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Ramón Farías Villaseca, por su propio derecho, contra los actos que reclama del Encargado de la Fiscalía General de la República, con sede en Tamaulipas, y de otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese con el número 350/2022-5, que es el que por orden le corresponde. Incompetencia Del análisis integral de la demanda que se atiende y sus anexos, se advierte que el promovente solicita la protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridades siguientes: ? La orden de aprehensión girada en su contra y su ejecución. Actos que les atribuye al Encargado de la Fiscalía General de la República con sede en Tamaulipas, por sí mismo o por concepto de alguno de los agentes del Ministerio Público que pertenecen a dicha Fiscalía con jurisdicción en la Ciudad de México; Fiscal General de Justicia del Estado de Tamaulipas, con sede en la Ciudad de México; Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal y Comisario General de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas. En ese contexto, se estima que este Juzgado carece de competencia legal para conocer de esta demanda de amparo, por razón de territorio, y que corresponde su conocimiento a un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, por las siguientes consideraciones: Ahora bien, es necesario destacar que la competencia es un presupuesto procesal básico para ejercer jurisdicción, que por su trascendencia implica una cuestión de orden público. En ese sentido, el artículo 37 de la Ley de Amparo dispone: "Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del precepto antes transcrito derivan tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo: a) La primera, se caracteriza porque con independencia de dónde radique la autoridad emisora del acto reclamado, el criterio para fijarla consiste en que será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual presupone que dicho acto es de los que requieren ejecución por autoridad diversa de la ordenadora. b) La segunda regla, deriva de la primera, pues sobre el mismo criterio de ejecución del acto reclamado, establece que cuando éste haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, es competente para conocer del amparo el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) La tercera regla se refiere al supuesto de que el acto reclamado no requiera de ejecución material, caso en el cual es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por su parte, el primer párrafo del numeral 48 del invocado cuerpo de leyes establece: "Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.". En el mismo contexto, el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, establece: "SEGUNDO. Cada uno de los Circuitos a que se refiere el punto primero comprenderá los tribunales colegiados y unitarios de Circuito y los juzgados de Distrito que a continuación se precisan: PRIMER CIRCUITO: 1. Sesenta y seis tribunales colegiados especializados: diez en materia penal, veintitrés en materia administrativa, dieciséis en materia civil y diecisiete en materia de trabajo, todos con residencia en la Ciudad de México. 2. Diez tribunales unitarios especializados: seis en materia penal y cuatro en materias Civil, Administrativa y Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, todos con residencia en la Ciudad de México. 3. Sesenta y dos juzgados de Distrito en la Ciudad de México especializados: seis de procesos penales federales, dieciséis de amparo en materia penal, diecisiete en materia administrativa, catorce en materia civil y nueve en materia de trabajo, todos con residencia en la Ciudad de México. 4. Seis Juzgados de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializados en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México. 5. Derogado. 6. Seis Juzgados de Distrito Especializados en Ejecución de Penas, todos con residencia en la Ciudad de México. 7. Dos Juzgados de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles." "CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: PRIMER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito con residencia en la Ciudad de México ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de aquélla, con excepción de los Juzgados de Distrito Especializados en Ejecución de Penas y los Juzgados de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, que ejercerán jurisdicción territorial en toda la República Mexicana. Los Juzgados de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializados en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, ejercerán jurisdicción en todo el territorio de la República Mexicana para conocer de las acciones de extinción de dominio y de los procedimientos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, así como de los juicios de amparo indirecto relacionados con esta materia y dentro del Distrito Judicial conformado por el territorio de la Ciudad de México para conocer de los procedimientos orales mercantiles." Destacado lo anterior, de las constancias que integran el presente asunto se advierte que el escrito de demanda presentado electrónicamente por el quejoso se encuentra dirigido al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Asimismo, que el impetrante y las autoridades responsables a las que les atribuye los actos reclamados tienen su domicilio fuera del territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción, esto es, el quejoso en Ángel R. Cabada, Veracruz y las responsables en la Ciudad de México. En ese contexto, la hipótesis de competencia que aquí interesa es la precisada en el inciso a), particularmente en lo relativo a que será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución material el acto reclamado. Es así, dado que como se dijo las autoridades responsables a las que les atribuye los actos reclamados tienen su domicilio fuera del territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción, esto es, en la Ciudad de México, por tanto, la orden de aprehensión emitida en su contra, tendrá ejecución material en ese lugar. De esta manera, en este caso, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio de las autoridades responsables, donde tendrá ejecución material la orden de aprehensión girada en contra del quejoso. En ese tenor, si el acto reclamado por su naturaleza jurídica requiere de ejecución material, por ende, es indudable que el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo que originó el juicio que ahora nos ocupa, será el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, toda vez que es aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado. Por lo antes expuesto, este Juzgado de Distrito en el Estado de Tamaulipas, se declara legalmente incompetente por razón de territorio para seguir conociendo del presente asunto, y con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el presente juicio de amparo al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno; a quien se considera competente en términos del artículo 37, párrafo primero, de la invocada ley, lo anterior por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de dichos Juzgados, para los efectos a que se refiere el artículo 48 del mismo ordenamiento legal, se sirva comunicar si acepta o no la competencia planteada para conocer de la demanda de amparo en cuestión. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Domicilio y autorizado Téngase como autorizado en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, a Miguel Urrutia Hernández, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse al resto de las personas que indica el quejoso en el escrito inicial de demanda de amparo, hasta en tanto registren su cédula profesional en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales", de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Habilitación de días y horas inhábiles En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico Finalmente, se ordena al Secretario, así como a los Oficiales Judiciales "C" correspondientes de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente a supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Adolfo Arreygue y Arreygue, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, encargado del despacho en términos del párrafo segundo, del artículo 44, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia otorgada al titular de este órgano jurisdiccional, ante Arturo Samaniego Morales, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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