Ramón Espinoza Orobio
Expediente 1937/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1937/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/10/2022
Partes del expediente
- Ramón Espinoza Orobio
Actuaciones
- Principal
Zapopan, Jalisco, tres de octubre de dos mil veintidósZapopan, Jalisco, tres de octubre de dos mil veintidós. Acusa recibo. Téngase por recibido el comunicado signado por el Presidente de la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, mediante el cual, acusa recibo del comunicado 37649/2022, del índice de este juzgado de Distrito, por el que se le remitió un tomo de pruebas; lo anterior, se agrega para los efectos legales conducentes. Notifíquese
- Principal
SENTENCIA CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 60, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado. Debido a que se reclama un acto de autoridad jurisdiccional en materia civil, con domicilio dentro del lugar en que este órgano de control constitucional, ejerce competencia. SEGUNDO. Fijación de la litis. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, debe precisarse que de la integral lectura de la demanda de garantías, así como de la ejecutoria emitida en la queja 81/2022, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, se obtiene que lo controvertido en lo substancial resulta ser: La notificación practicada por Boletín Judicial ciento veintiséis (126), relativa a la sentencia de segunda instancia de once de agosto de dos mil veintiuno, emitida en el toca 74/2021, del índice de la Novena Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Novena Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, ya que así lo aceptó su presidenta al rendir su informe con justificación, lo que constituye una confesión, de acuerdo con lo señalado en el precepto 200 del enjuiciamiento civil federal, aplicado supletoriamente de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia en materia común 305, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el apéndice de 1995, quinta época, tomo VI, Parte SCJN, página 206, registro digital 394261, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse ésta como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que además se corrobora con las copias certificadas del toca 74/2021, del índice de la responsable, de las que se advierte la existencia de la resolución de once de agosto de dos mil veintiuno, así como su notificación por medio del Boletín Judicial ciento veintiséis (126), de trece de agosto siguiente, a las que se concede pleno valor probatorio como documentos públicos, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo. Es aplicable al respecto, en lo conducente, la jurisprudencia en materia común 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, quinta época, tomo VI, parte SCJN, página 153, registro digital 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por la parte promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. En ese orden de ideas, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que en contra del acto reclamado proceda el incidente de nulidad de notificaciones, el cual es un medio de defensa ordinario existente, regulado por los artículos 64, 65 y 66 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, norma aplicable al procedimiento en el cual se emitió el mismo; sin embargo, dado que en este asunto se involucran derechos de una menor edad (desde la perspectiva de su interés superior), y dicho medio de impugnación no suspende el acto, se está ante una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo, pues dicho incidente no es efectivo, oportuno, adecuado y eficaz para alejar a la niña de una situación de vulnerabilidad en la que se encuentre ante la necesidad de recibir alimentos suficientes y oportunos para su subsistencia; por lo cual, en el caso particular se justifica el acceso al juicio de amparo indirecto sin agotar el incidente de nulidad de notificaciones. Lo anterior, tal y como lo estableció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en el recurso de queja 81/2022, de su estadística judicial. En consecuencia, no se advierte causa de improcedencia del juicio constitucional, ni alguna invocada por las partes qué analizar, por lo que se procede al estudio del fondo del asunto. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. La parte quejosa formuló los motivos de inconformidad que estimó pertinentes, mismos que se tienen por reproducidos y no se transcriben, en aras de salvaguardar el principio de economía procesal, debido a que tal circunstancia no deja a las partes en estado de indefensión, toda vez que no se les veda de la posibilidad de recurrir esta sentencia y alegar lo que estimen pertinente. En apoyo se cita la jurisprudencia 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En ese orden de ideas, es importante destacar que en el toca de origen se ventilaron cuestiones relativas a alimentos, por lo que el análisis de los motivos de disenso se efectuará partiendo de la base de su conservación y prevalencia, pues este resolutor está obligado a vigilarlos en términos de la jurisprudencia 191/2005 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que se advierte que en casos como el motivo a estudio, los derechos del menor se deben privilegiar con independencia de los derechos cuestionados y el carácter de quien promueva el amparo, de conformidad con la jurisprudencia (IV Región) 2o. J/8 (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, abril de 2018, Tomo III, página 1872, con el rubro y texto: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA FAMILIAR. OPERA EN FAVOR DE CUALQUIERA DE LAS PARTES EN EL LITIGIO, CUANDO SE INVOLUCREN DERECHOS ALIMENTARIOS. En la contradicción de tesis 148/2012, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los alimentos tienen como fundamento "la solidaridad que debe manifestarse entre las personas con algún vínculo familiar"; en ese entendido, para comprender a mayor detalle a qué se refiere el concepto de familia, es necesario indicar que el Pleno del Máximo Tribunal del País, al resolver la acción de inconstitucionalidad 2/2010, afirmó que la Constitución Federal tutela a la familia entendida como "realidad social", lo que significa que debe cubrir todas sus formas y manifestaciones existentes en la sociedad, a saber: familias nucleares compuestas por padres con o sin hijos (biológicos o adoptivos) que se constituyan mediante el matrimonio o uniones de hecho; familias monoparentales compuestas por un padre o una madre e hijos; familias extensas o consanguíneas que se extienden a varias generaciones, incluyendo ascendientes, descendientes y parientes colaterales; así como las uniones de todos los estilos y maneras. En ese sentido, se considera que el concepto de familia se funda, esencialmente, en la afectividad, el consentimiento y la solidaridad libremente aceptada con la finalidad de llevar a efecto una convivencia estable. En este orden de ideas, es claro que al ser los alimentos un derecho de familia, todo lo relacionado con aquella institución afecta indudablemente el orden y desarrollo de todos los que son o hayan sido sus miembros; por ello, cuando el motivo de la litis involucre derechos alimentarios procede la suplencia de la queja a favor de cualquiera de las partes en el litigio conforme al artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, por alterarse y/o afectarse el orden y desarrollo de la familia; suplencia que consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de validar cada una de las determinaciones de la autoridad aun cuando no le reporten utilidad alguna al quejoso o recurrente o por el contrario le perjudique, sino sólo implicará el pronunciamiento para aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, el amparo resulte procedente." SEXTO. Antecedentes. Para mejor comprensión del problema, se estima necesario realizar una breve relatoría de los antecedentes del acto reclamado: En proveído de veintiséis de junio de dos mil dieciocho, emitido en el juicio civil sumario 1093/2018, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Partido Judicial, se admitió a trámite la demanda presentada por Karla Ivett González Alcalá en representación de su menor hija K.X.M.G., en contra de Enrique Martínez Navarro. En acuerdo de dos de enero de dos mil veinte, se glosó a los autos del citado juicio, la constancia suscrita por el notificador adscrito a dicho órgano jurisdiccional, por la cual manifestó la imposibilidad de notificar de manera personal a Karla Ivett González Alcalá, el proveído de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, por las razones que expuso; por tanto, de conformidad a lo que establecen los artículos 107 y 108 del Enjuiciamiento Civil del Estado, se ordenó notificar a la citada parte el proveído de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, dicho acuerdo y los subsecuentes, aún los de carácter personal, por medio del Boletín Judicial, hasta en tanto señalara nuevo domicilio procesal para oír y recibir notificaciones, tal y como se advierte a continuación: Seguido que fue el juicio, el once de noviembre de dos mil veinte, se dictó sentencia definitiva, misma que fue notificada a la parte actora -aquí quejosa-, por medio de Boletín Judicial número ciento cincuenta y uno de doce de noviembre siguiente, como se observa enseguida: En determinación de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, se tuvo al abogado patrono de la parte demandada -aquí tercero interesada-, interponiendo recurso de apelación en contra de la sentencia precisada con antelación, lo cual se notificó a la parte actora -aquí quejosa-, por medio de Boletín Judicial número dieciséis de dieciséis de febrero siguiente, como se observa enseguida: En proveído de treinta de marzo de dos mil veintiuno, la Sala responsable tuvo por recibido el oficio 774/2021, suscrito por el Juez Primero de lo Familiar del Primer Partido Judicial, por el que envió los autos y documentos del juicio civil sumario promovido por Karla Ivett González Alcalá en contra de Enrique Martínez Navarro, substanciado bajo expediente 1093/2018; asimismo, previo a proveer sobre la admisión o no del recurso de apelación hecho valer, requirió al juez de origen en los términos ahí señalados. En acuerdo de catorce de junio de dos mil veintiuno, la autoridad responsable se avocó y admitió el recurso de apelación interpuesto por el abogado patrono de la parte demandada Enrique Martínez Navarro, en contra de la sentencia definitiva de once de noviembre de dos mil veinte, pronunciada en el juicio civil sumario 1093/2018, modificando la calificación del grado de ambos efectos a solo el efecto devolutivo; asimismo, entre diversas cuestiones, ordenó dar vista a Karla Ivett González Alcalá, madre de la aquí menor quejosa, para que, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 135 y 439 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, dentro del término de cinco días, manifestara lo que a su interés conviniera, por lo que ordenó recabar la certificación correspondiente, de la que se advirtiera si la citada parte señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en dicha instancia y, en caso negativo, se ordenara notificar dicha determinación y las subsecuentes, inclusive, las de carácter personal, por medio de Boletín Judicial, hasta en tanto señalara domicilio para tal efecto, de conformidad con los artículos 107 y 109 de la citada codificación. En cumplimiento a lo anterior, el diecisiete de junio de dicha anualidad, se elaboró la certificación correspondiente, tal y como se observa a continuación: Por determinación de veintidós de junio de dos mil veintiuno, la Sala responsable tuvo por recibida la certificación que antecede, en la que se hizo constar que con relación al expediente 1093/2018, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Partido Judicial, no se encontró escrito presentado por la parte actora Karla Ivett González Alcalá, en el que señalara domicilio para recibir notificaciones en segunda instancia; por tanto, se ordenó notificar el auto de catorce de junio de dos mil veintiuno, dicho proveído, y los subsecuentes, inclusive las notificaciones de carácter personal, por medio de Boletín Judicial, hasta en tanto señalara domicilio para tal fin. Aunado a lo anterior, se recibieron diversos escritos presentados por el Agente Social dependiente de la Procuraduría Social del Estado de Jalisco, la Agente de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco, y el abogado patrono de la parte demandada Enrique Martínez Navarro; además, se reservó los autos para el dictado de la sentencia correspondiente, ello con fundamento en el artículo 439 del Código Civil del Estado. Las notificaciones ordenadas en la determinación precisada con antelación, fueron efectuadas a través de los Boletines Judiciales números noventa y cuatro (94) de quince de junio de dos mil veintiuno, y cien (100) de veintitrés de junio siguiente, según se advierte de la siguiente acta de veinticuatro de junio de dicha anualidad: Por auto de dos de agosto de dos mil veintiuno, se hizo del conocimiento de las partes la integración de las Magistradas de la Novena Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, reiterándose la citación de sentencia realizada en proveído de veintidós de junio de dicha anualidad. Lo cual, fue notificado a la parte actora Karla Ivett González Alcalá, a través del Boletín Judicial número ciento dieciocho (118) de cuatro de agosto siguiente. El once de agosto de dos mil veintiuno, se resolvió el toca de apelación 74/2021, derivado del juicio civil sumario (acción de alimentos y custodia), promovido por Karla Ivett González Alcalá, en contra de Enrique Martínez Navarro, ventilado en el Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, bajo expediente número 1093/2018, la cual se ordenó notificar a las partes mediante boletín judicial, al haber sido pronunciada dentro de término que establece el artículo 439 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, así como en apoyo del diverso numeral 109 fracción VI, de la legislación en cita, tal y como se advierte a continuación: En cumplimiento a lo anterior, mediante Boletín Judicial ciento veintiséis (126) de trece de agosto de dos mil veintiuno, se notificó a las partes la resolución que antecede, como se desprende de la siguiente imagen: Notificación que constituye el acto que se combate en esta instancia constitucional. SÉPTIMO. Análisis de los conceptos de violación. Puntualizado lo anterior, se procede al análisis de los planteamientos de la parte quejosa relativos a la notificación de la sentencia de segunda instancia de once de agosto de dos mil veintiuno, emitida en el toca 74/2021, del índice de la Novena Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, practicada por Boletín Judicial ciento veintiséis (126), de trece de agosto siguiente, donde aduce en esencia lo siguiente: La autoridad responsable vulneró el interés superior de la menor quejosa identificada con las siglas K.X.M.G., toda vez que antes de actuar durante el procedimiento, debió agotar todos los medios a su alcance para tratar de localizar a su progenitora Karla Ivett González Alcalá -parte apelada en el toca de origen- a fin de ser debidamente notificada dentro del procedimiento, ya que, de inicio, es una obligación procesal de la misma autoridad, aunado a que dentro del toca se estaban ventilando situaciones que involucran a una menor con necesidad de recibir alimentos. Además, la notificación reclamada ocasionó que la parte apelada Karla Ivett González Alcalá, no hubiera podido preservar la situación de bienestar de la menor quejosa K.X.M.G, ya que la disminución de la pensión alimenticia establecida en la sentencia de once de noviembre de dos mil veinte, emitida en el juicio sumario civil 1093/2018, de la estadística del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, misma que fue confirmada en el toca 74/2021, del índice de la Sala responsable, ocasionaría que su nivel de vida y bienestar fueran reducidos. Los argumentos en estudio, aun suplidos en su deficiencia, resultan infundados para conceder la protección federal solicitada. A efecto de evidenciar lo anterior, en principio, resulta necesario precisar que las notificaciones son actos dentro del procedimiento, que tienen por objeto, hacer del conocimiento de las partes alguna actuación dictada por el órgano jurisdiccional dentro del juicio, es decir, es el medio legal por el cual se da a conocer a las partes o a un tercero, el contenido de una providencia judicial. En consecuencia, la notificación es el acto que permite hacer saber alguna cosa jurídicamente, para que la noticia dada a la parte, le pare perjuicio en la omisión de lo que se le manda o intima, o para que le corra término. Es por ello, que las notificaciones constituyen un acto de trascendental importancia, pues sin ellas, las resoluciones o providencias serían secretas y las partes carecerían de oportunidad para contradecirlas y, por tanto, para ejercitar el derecho constitucional de defensa. Por tal razón, la regla general, es que ninguna providencia puede cumplirse si no queda firme o ejecutoriada, sin haber sido antes notificada. En ese sentido, el acto procesal de notificación constituye el medio específico mediante el cual se crea la certeza de que el particular afectado por el acto que se notifica tuvo pleno conocimiento de éste, lo que supone que su realización no deja lugar a dudas para que aquél se encuentre en posibilidad de defenderse del acto correspondiente. Así, tal diligencia se encuentra revestida de ciertas formalidades legales y constituye un instrumento público, al ser ejecutada por un funcionario público en ejercicio de sus facultades y, por ende, hace fe hasta que se demuestra su falsedad. Ahora bien, sobre el particular los artículos 107 y 109 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, disponen: "Artículo 107.- Las partes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial en que intervengan, deben designar domicilio ubicado en el lugar del juicio para que se les hagan las notificaciones que deban ser personales y se practiquen las diligencias que sean necesarias. En su defecto, las notificaciones, aún las que conforme a reglas generales deban hacerse personalmente, se les harán por el boletín judicial o por medio de lista de acuerdos que se fijará en lugar visible y de fácil acceso en el tribunal en los lugares donde no se publique el boletín. Igualmente deberán designar domicilio en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan o a las que tenga interés que se les notifique. Los servidores públicos serán notificados siempre en su residencia oficial por medio de oficio, por correo en pieza certificada con acuse de recibo cuando el negocio interese a la oficina de que se trate. No se hará notificación alguna a la persona contra quien se promueva hasta que se subsane la omisión, a menos que dichas personas ocurran espontáneamente al tribunal a notificarse o que la ley disponga otra cosa." "Artículo 109.- Será notificado personalmente en el domicilio de los litigantes, del Agente de la Procuraduría Social y a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes: I. El emplazamiento del demandado a juicio y siempre que se trate de la primera notificación en cualquier procedimiento judicial, aunque sean diligencias preparatorias; II. La citación para absolver posiciones, para el reconocimiento de libros y documentos, salvo las que este Código permita se reciban sin citación de la contraria; III. La primera resolución que se dicte cuando se dejare de actuar más de cuatro meses por cualquier motivo; IV. El requerimiento de un acto a la parte que deba cumplirlo; V. Cuando se haga saber el envío de los autos a otro tribunal; VI. La sentencia definitiva o interlocutoria, cuando no se dicten dentro del término señalado en este Código y los autos definitivos que pongan fin a un procedimiento; y VII. En los demás casos en que la ley o el juzgador así lo ordene." De la transcripción que antecede, se advierte que las partes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial en que intervengan, deben designar domicilio ubicado en el lugar del juicio para que se les hagan las notificaciones que deban ser personales y se practiquen las diligencias que sean necesarias. Asimismo, se señala que, en caso contrario, las notificaciones, aun las que deban hacerse personalmente, se les harán por el Boletín Judicial o por medio de lista de acuerdos que se fijará en lugar visible y de fácil acceso en el tribunal en los lugares donde no se publique el Boletín. De igual forma, el legislador precisó los supuestos en que se deberá de notificar personalmente en el domicilio de los litigantes, del Agente de la Procuraduría Social y a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, siendo estos: I. El emplazamiento del demandado a juicio y siempre que se trate de la primera notificación en cualquier procedimiento judicial, aunque sean diligencias preparatorias; II. La citación para absolver posiciones, para el reconocimiento de libros y documentos, salvo las que este Código permita se reciban sin citación de la contraria; III. La primera resolución que se dicte cuando se dejare de actuar más de cuatro meses por cualquier motivo; IV. El requerimiento de un acto a la parte que deba cumplirlo; V. Cuando se haga saber el envío de los autos a otro tribunal; VI. La sentencia definitiva o interlocutoria, cuando no se dicten dentro del término señalado en este Código y los autos definitivos que pongan fin a un procedimiento; y VII. En los demás casos en que la ley o el juzgador así lo ordene. En ese orden de ideas, por lo que respecta al trámite del recurso de apelación, los numerales 437, 438 y 439, todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, establecen: "Artículo 437.- El recurso de apelación se interpondrá mediante escrito por conducto del juez que haya pronunciado la resolución que cause agravio. El término para la interposición del recurso salvo lo especificado en el párrafo siguiente, será de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al que se le notifique o tenga conocimiento el perjudicado de la resolución recurrida. Se exceptúa la apelación contra las sentencias de los juicios en rebeldía, cuando el demandado fuere emplazado por edictos. En estos casos la apelación será admisible si se presenta dentro de los tres meses que sigan al día de la notificación de la sentencia. Artículo 438.- Interpuesta la apelación y exhibidas las copias a que se refiere el artículo 427, el juez que haya dictado la resolución reclamada, la admitirá sin sustanciación alguna, si la encuentra procedente, expresando si la admite en los efectos devolutivo y suspensivo o sólo en el primero y remitirá juntamente con el escrito de agravios el expediente original o testimonio de constancias señaladas por el apelante, al Supremo Tribunal para que lo turne desde luego a la sala que corresponda su conocimiento. Artículo 439.- Llegados los autos a la sala correspondiente, ésta resolverá en definitiva sobre la admisión y calificación de grado del recurso, pondrá a disposición de la contraria las copias del escrito de agravios y en el mismo auto citará para sentencia, la que pronunciará dentro de los treinta días siguientes. Si se declara inadmisible la apelación en el mismo auto ordenará se devuelvan los autos al inferior y declarará ejecutoriada la resolución apelada." De lo anteriormente transcrito, se puede obtener, con claridad, que el recurso de apelación se interpondrá mediante escrito por conducto del juez que haya pronunciado la resolución que cause agravio, dentro del término establecido. Asimismo, una vez interpuesta la misma, el juez la admitirá sin sustanciación alguna, si la encuentra procedente, expresando si la admite en los efectos devolutivo y suspensivo o sólo en el primero y remitirá juntamente con el escrito de agravios el expediente original o testimonio de constancias señaladas por el apelante, al Supremo Tribunal para que lo turne desde luego a la sala que corresponda su conocimiento. Llegados los autos a la sala correspondiente, ésta: Resolverá en definitiva sobre la admisión y calificación de grado del recurso; Pondrá a disposición de la contraria las copias del escrito de agravios: y, En el mismo auto, citará para sentencia, la que pronunciará dentro de los treinta días siguientes. En ese orden de ideas, cabe señalar que los treinta días previstos en el artículo 439 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, para el dictado de la sentencia de segunda instancia deben contarse como hábiles, por los motivos expuestos a continuación. En efecto, en el Título Segundo, Reglas Generales, Capítulo Segundo, intitulado "De las formalidades y de las actuaciones judiciales" del Código Procesal Civil local, se contiene el artículo 55 que establece: "Artículo 55. Las actuaciones jurídicas se practicarán en días y horas hábiles. Son días hábiles o laborables todos los del año menos los sábados y domingos, así como el 1º. de enero; el primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 de febrero; el tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de marzo; 1º. y 5 de mayo; 16 y 28 de septiembre; 12 de octubre; 2 de noviembre; el tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre; 25 de diciembre; el día correspondiente a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal; y los que determinen las leyes federal y local electorales; en el caso de elecciones ordinarias para efectuar la jornada electoral; y en los casos de suspensión de labores del tribunal. Los demás días hasta hoy declarados festivos o luctuosos, lo serán para la conmemoración respectiva, pero no impedirán las actuaciones judiciales. (.)" El precepto transcrito establece los días en que pueden practicarse las actuaciones judiciales y excluye de ellos, los sábados y domingos, así como los conmemorativos ahí precisados. Asimismo, contiene el numeral 63 que establece la nulidad de actuaciones por falta de alguna de las formalidades esenciales, el cual establece: "Artículo 63. Las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales que prescribe este Código de manera que quede sin defensa alguna de las partes, y cuando la ley expresamente lo determine, pero no podrá ser invocada esa nulidad por la parte que dio lugar a ella. La nulidad establecida en beneficio de una de las partes o colitigante no puede ser invocada por la otra u otro." Por su parte, el artículo 129 inmerso en el capítulo VI del mismo título, denominado "De los términos judiciales", prevé: "Artículo 129. En ningún término se contarán los días en que no puedan tener lugar actuaciones judiciales, o en que el tribunal no esté en funciones, salvo disposición expresa de la ley." De acuerdo con tal precepto en ningún término se contarán los días inhábiles o conmemorativos previstos en el artículo 55 transcrito o cuando el tribunal no esté en funciones, lo cual puede acontecer por distintas circunstancias, a manera ejemplificativa: contingencia ambiental, acuerdo general del Consejo de la Judicatura del Estado o del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, etcétera. En ese tenor, una interpretación sistemática e integral de la norma lleva a concluir que si el código procesal establece que no se pueden realizar actuaciones judiciales en días inhábiles so pena de nulidad y que en ningún término se contarán los días en que no puedan tener lugar actuaciones judiciales o en que el tribunal no esté en funciones, entonces, los treinta días para dictar la sentencia en segunda instancia deben contarse en días hábiles. Aunado a lo anterior, se precisa que el multicitado cómputo de treinta días para el dictado del fallo de segunda instancia, inicia al día siguiente hábil de la fecha en que se citó para sentencia. Apoya lo anterior, la jurisprudencia PC.III.C. J/51 C (10a.), del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, que dice: "SENTENCIA. EL PLAZO PARA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL LA DICTE, COMIENZA A CORRER DESDE EL DÍA SIGUIENTE AL DE LA EMISIÓN DEL AUTO QUE HACE LAS VECES DE CITACIÓN PARA SU PRONUNCIAMIENTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Los artículos 419 (aplicable a los juicios iniciados antes de que entrara en vigor la reforma publicada en el Periódico Oficial el 8 de abril de 2014) y 439 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, en lo que interesa, establecen el plazo en el que el órgano jurisdiccional debe emitir el fallo que resuelva el juicio en primera y en segunda instancias, respectivamente, y al efecto disponen que debe dictarse dentro de los treinta días siguientes al auto que cite a las partes para sentencia, cuyo plazo no puede supeditarse a la notificación del auto que hace las veces de citación para sentencia, pues ese término es para el juzgador y no para las partes, y al tratarse del emisor del auto, no podría condicionarse el comienzo del mismo a la notificación de quienes desconocen su contenido." En tal sentido, es que se estima que, en la especie, los argumentos vertidos por la parte quejosa respecto de la notificación de la sentencia de segunda instancia de once de agosto de dos mil veintiuno, practicada por Boletín Judicial ciento veintiséis (126), de trece de agosto siguiente, realizada en el toca 74/2021, del índice de la Novena Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, resultan infundados. Lo anterior es así, porque, contrario a lo afirmado por la parte quejosa, el acto reclamado fue emitido conforme a lo establecido por la legislación aplicable, como se desprende a continuación: - En proveído de veintidós de junio de dos mil veintiuno, la Sala responsable reservó los autos del toca 74/2021, para el dictado de la sentencia correspondiente, ello con fundamento en el artículo 439 del Código Civil del Estado, lo cual le fue notificado a la parte apelada a través del Boletín Judicial cien (100) de veintitrés de junio siguiente, según se advierte de la siguiente acta de veinticuatro de junio de dicha anualidad: - El once de agosto de dos mil veintiuno, se resolvió el referido toca de apelación, resolución que se ordenó notificar a las partes mediante Boletín Judicial, al haber sido pronunciada dentro de término que establece el artículo 439 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, así como en lo dispuesto por el diverso numeral 109, fracción VI, de la legislación en cita, tal y como se advierte a continuación: Lo cual fue cumplimentado mediante Boletín Judicial ciento veintiséis (126) de trece de agosto de dos mil veintiuno, como se desprende de la siguiente imagen: Por tanto, si la Sala responsable citó para dictar sentencia el veintidós de junio de dos mil veintiuno, y emitió la misma el once de agosto de dicha anualidad, es inconcuso que la dictó dentro del término de treinta días que establece el artículo 439 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, por lo que no requirió de notificación personal como lo prevé la fracción VI del ordinal 109 de la citada legislación. Lo anterior se aprecia en los recuadros siguientes: JUNIO DE 2021 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 19 20 21 22 CITACIÓN PARA DICTAR SENTENCIA 23 DÍA 1 24 DÍA 2 25 DÍA 3 26 27 28 DÍA 4 29 DÍA 5 30 DÍA 6 JULIO DE 2021 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 DÍA 7 2 DÍA 8 3 4 5 DÍA 9 6 DÍA 10 7 DÍA 11 8 DÍA 12 9 DÍA 13 10 11 12 DÍA 14 13 DÍA 15 14 DÍA 16 15 DÍA 17 16 INICIO DE PERIODO VACACIONAL 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 CONCLUSIÓN DE PERIODO VACACIONAL 31 AGOSTO DE 2021 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 2 DÍA 18 3 DÍA 19 4 DÍA 20 5 DÍA 21 6 DÍA 22 7 8 9 DÍA 23 10 DÍA 24 11 DÍA 25 DICTADO DE SENTENCIA 12 DÍA 26 13 DÍA 27 14 15 16 DÍA 28 18 DÍA 29 18 DÍA 30 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 21 Cabe precisar que no se cuentan en ese lapso los días sábados y domingos, así como el periodo comprendido del dieciséis al treinta y uno de julio de dos mil veintiuno, dado que el mismo corresponde al periodo vacacional de la autoridad responsable, según se advierte del calendario oficial del citado año, aprobado en la Tercera Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, celebrada el tres de marzo de dos mil veintiuno. Al respecto resulta aplicable, por sus consideraciones, la tesis 2a. CII/2000, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIÓN DE SENTENCIAS. EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL AL SEÑALAR QUE AQUÉLLA DEBE REALIZARSE EN FORMA PERSONAL ÚNICAMENTE CUANDO LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA NO SE HAYA DICTADO DENTRO DEL PLAZO LEGAL. El citado precepto ordinario establece que será notificada personalmente en el domicilio de los litigantes la sentencia definitiva o interlocutoria cuando no se dicten dentro del plazo señalado en el propio código, de donde se sigue que solamente en tal hipótesis será necesario notificar personalmente dichas sentencias, circunstancia que no implica una violación a las formalidades esenciales del procedimiento, tuteladas en el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues aunado a que con tal disposición no se priva a los gobernados de ser oídos en juicio, tales formalidades únicamente obligan al legislador a establecer leyes que al inicio de toda contienda judicial aseguren la notificación personal de los demandados, con el objeto de que éstos puedan preparar su defensa, ofrecer y desahogar pruebas y formular alegatos; por ende, si bien la notificación personal de la sentencia puede ser útil, conveniente o idónea para las partes, las disposiciones legales que no la establezcan en esos términos, no conllevan una transgresión al referido precepto constitucional." Aunado a lo anterior, contrario a lo aseverado por la impetrante de amparo, la autoridad responsable no se encontraba obligada a agotar todos los medios a su alcance para tratar de localizar a la parte apelada a fin de ser debidamente notificada, ya que conforme al artículo 107 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, ésta debía designar domicilio ubicado en el lugar del juicio para que se le efectuaran las notificaciones que debían ser personales. Por tanto, al no señalar domicilio para recibir notificaciones en segunda instancia, según se advierte de la certificación de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, en determinación de veintidós de junio siguiente, se ordenó notificar el auto admisorio de catorce de junio de dos mil veintiuno, así como dicho proveído en el que se citó para dictar sentencia, y las subsecuentes notificaciones inclusive las notificaciones de carácter personal, por medio de boletín judicial, hasta en tanto señalara domicilio para tal fin. Lo cual se materializó a través de los Boletines Judiciales números noventa y cuatro (94) de quince de junio de dos mil veintiuno, y cien (100) de veintitrés de junio siguiente, según se advierte de la siguiente acta de veinticuatro de junio de dicha anualidad: Por tanto, aun en el supuesto de que la Sala responsable hubiese emitido la resolución del toca 74/2021 fuera del término que establece el artículo 439 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, la responsable no se encontraba obligada a agotar los medios legales a su alcance para notificar la misma a la parte apelada Karla Ivett González Alcalá, ya que la notificación respectiva se hubiera efectuado de igual forma por medio del Boletín Judicial, ello en acatamiento a lo ordenado en proveído de veintidós de junio de dos mil veintiuno, emitido en el expediente de origen. En consecuencia, al haber resultado infundados los argumentos expuestos por la parte quejosa, aun suplidos en su deficiencia, en mérito de las consideraciones precisadas, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, respecto a la notificación de la sentencia de segunda instancia de once de agosto de dos mil veintiuno, emitida en el toca 74/2021, del índice de la Novena Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, practicada por Boletín Judicial ciento veintiséis (126), de trece de agosto siguiente. OCTAVO. Jurisdicción escalonada. Por lo que respecta al acto reclamado consistente en la sentencia de once de agosto de dos mil veintiuno, emitida en el toca 74/2021, del índice de la Novena Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, en acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional determinó que carecía de competencia legal para su conocimiento. Lo anterior, en acatamiento a la jurisprudencia 70/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable por analogía al caso concreto, la cual establece: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005). Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio laboral o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que podrá impugnar su ilegalidad o ausencia a través del amparo, el cual compete conocer a un Juez de Distrito, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, y podrá reclamar simultáneamente el laudo como acto destacado. Así, una vez que se ha decidido la legalidad del emplazamiento reclamado, para determinar la consecuencia legal correspondiente en relación con los conceptos de violación en contra de las sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se deben diferenciar dos supuestos: a) que carezcan de definitividad; o b) que se trate de resoluciones definitivas, respecto de las cuales no proceda recurso ordinario. En el primer supuesto, el Juez de Distrito deberá declarar inoperantes los conceptos de violación aducidos en contra de dicho acto, dado el impedimento técnico para su análisis al no haberse agotado el principio de definitividad, pues, al advertir que el quejoso no es extraño al procedimiento, la falta o indebida defensa que tuvo durante éste sólo le es imputable a él; de ahí que al determinarse la legalidad del emplazamiento, debe considerarse que el peticionario de garantías estuvo en posibilidad legal de hacer valer los medios de defensa procedentes en contra de las resoluciones que le causaron algún perjuicio. En el segundo supuesto, al tratarse de una resolución definitiva que pone fin a un juicio tramitado por un tribunal del trabajo, conforme al artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley Suprema, sí pueden ser susceptibles de análisis los conceptos relativos al laudo, bien sea por vicios propios o por violaciones procesales, supuesto en el cual el Juez de Distrito deberá negar el amparo por cuanto hace al emplazamiento y, al resultar incompetente para resolver sobre el laudo, deberá escindir la demanda y remitir el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para que asuma su competencia y resuelva lo pertinente. Lo anterior, en el entendido de que al estar en presencia de una "jurisdicción escalonada", el trámite de la competencia está supeditado a la firmeza de la determinación tocante al emplazamiento y que el trámite inicial de la demanda como amparo indirecto, no implica la posibilidad de ofrecer nuevos medios de prueba en relación con el laudo, ya que la materia se circunscribe a los actos competencia del Juez de Distrito, de manera que, en todo caso, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá ceñirse a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, apreciando el laudo tal como aparezca probado ante la responsable. Finalmente, es importante precisar que la declaratoria de incompetencia del Juez de Distrito y su remisión al Tribunal Colegiado de Circuito no prejuzga sobre la procedencia del amparo respecto del laudo, incluyendo el cómputo para la oportunidad de la demanda; pues, al ser la competencia de análisis previo y preferente, corresponderá al Tribunal Colegiado su estudio por ser competente para pronunciarse sobre este aspecto." En efecto, dicha jurisprudencia señala que cuando se reclame en amparo indirecto la falta o ilegalidad del emplazamiento por parte de un tercero extraño a juicio por equiparación, así como el laudo respectivo, se debe atender a dos supuestos: a) Que carezcan de definitividad; o b) Que se trate de resoluciones definitivas, respecto de las cuales no proceda recurso ordinario. En el primer supuesto, el Juez de Distrito deberá declarar inoperantes los conceptos de violación aducidos en contra de la sentencia, dado el impedimento técnico para su análisis al no haberse agotado el principio de definitividad. En el segundo supuesto, al tratarse de una resolución definitiva que pone fin a un juicio tramitado por un tribunal, pueden ser susceptibles de análisis los conceptos relativos a la sentencia definitiva, bien sea por vicios propios o por violaciones procesales, supuesto en el cual el Juez de Distrito deberá sobreseer o negar el amparo por cuanto hace al emplazamiento y, al resultar incompetente para resolver sobre el laudo, deberá escindir la demanda y remitir el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, una vez que cause ejecutoria la presente determinación, se ordena remitir de inmediato el presente asunto al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en turno, a fin de que determine lo conducente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Agosto de 2015, página 2405, de rubro y texto siguiente: "JURISDICCIÓN ESCALONADA. CÓMO DEBE PROCEDER EL JUEZ DE DISTRITO CUANDO EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA LA ILEGALIDAD O FALTA DE EMPLAZAMIENTO EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO QUE LE PUSO FIN. Cuando en un juicio de amparo indirecto se señalan como actos reclamados el ilegal emplazamiento o la falta de éste, así como el laudo pronunciado en el juicio laboral relativo, en términos de la tesis de jurisprudencia P./J. 70/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 9, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005).", el Juez de Distrito debe proceder en los siguientes términos: 1. Si el laudo no se reclama como acto destacado, sino en vía de consecuencia, y en la sentencia recurrida se determina la legalidad del emplazamiento, no procede la separación de los actos, dado que la constitucionalidad del laudo se hace depender de la calificación del emplazamiento; y, 2. Por el contrario, cuando se señala el laudo como acto destacado por vicios propios, y en la sentencia recurrida se califica de legal el emplazamiento, procede la separación de los actos, lo que no atenta contra el principio de continencia de la causa, porque se está ante el análisis de constitucionalidad de actos y temas litigiosos diversos, como es el estudio del laudo, sin que conlleve un nuevo análisis de la legalidad del emplazamiento, ya que por las razones señaladas, para efectos del amparo debe considerarse como acto autónomo. En tal supuesto de jurisdicción escalonada, el Juez de Distrito debe declarar su incompetencia y ordenar la remisión de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, a efecto de que califique tal determinación, sin perjuicio de los trámites correspondientes para realizar la separación del expediente." Finalmente, es importante precisar que la declaratoria de incompetencia de este órgano jurisdiccional y su remisión al Tribunal Colegiado de Circuito no prejuzga sobre la procedencia del amparo respectivo, incluyendo el cómputo para la oportunidad de la demanda; pues, al ser la competencia de análisis previo y preferente, corresponderá al Tribunal Colegiado su estudio por ser competente para pronunciarse sobre ese tópico. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 74, 75, 76 y 77, de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ----, respecto del acto reclamado consistente en la notificación de la sentencia de segunda instancia de once de agosto de dos mil veintiuno, emitida en el toca 74/2021, del índice de la Novena Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, practicada por Boletín Judicial ciento veintiséis (126), de trece de agosto siguiente, por las determinaciones tomadas en el considerando séptimo de esta resolución. SEGUNDO. Este órgano jurisdiccional declara carecer de competencia legal para resolver sobre el acto reclamado consistente en la sentencia de once de agosto de dos mil veintiuno, emitida en el toca 74/2021, del índice de la Sala responsable; por lo que una vez que cause ejecutoria la presente determinación, remítase el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en turno, a fin de que determine lo que en derecho corresponda. Notifíquese personalmente
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