Ramón Escudero Acosta
Expediente 2126/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2126/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Ramón Escudero Acosta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Archivo y anotaciones. Vista la certificación de cuenta que antecede y dado que de la misma se advierte, que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto en el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo; por ende, se declara que el mismo causó estado, para todos los efectos legales correspondientes. Por consiguiente, archívese el presente expediente como asunto concluido
- Principal
Chihuahua, Chihuahua, tres de enero de dos mil veintidós. Se agrega oficio. Con fundamento en los artículos 61, 62 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta, remitido por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, residente en esta ciudad, con sede en esta ciudad, al cual anexa la boleta de turno 013681/2021 correspondiente al presente juicio de amparo. Lo anterior, para los efectos legales conducentes. Cumple requerimiento. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito presentado por el quejoso Ramón Escudero Acosta mediante el cual cumple la prevención de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Desechamiento. A efecto de proveer lo que en derecho corresponda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, prevé que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia 748, del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 504, Tomo VI, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación compilación 1995, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, la tesis en cuestión interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, además, que este motivo sea: Manifiesto; e Indudable. Lo manifiesto es aquello que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En el caso, se considera que en el presente juicio de amparo se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 1º, fracción I, 5, fracción II, y 61, fracción XXIII, todos de la Ley de Amparo, considerando para ello la naturaleza de los actos reclamados a la autoridad responsable, consistentes en: "A.- Se ME EXPIDA RECIBO POR EL SUMINISTRO DE LUZ, mes con mes, pues NUNCA SE ME HA EXPEDIDO y no existe forma física o electrónica donde acceder para conocer mi consumo. B.- Se pide reconectar mi servicio, en razón del corte del suministro de luz realizado el día de hoy. C.- Se restablezca LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA necesaria para que se me brinde servicio, misma que me fue retirada QUE SE VA A REALIZAR EN CUALQUIER MOMENTO EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y/O PROPIEDAD PRIVADA del suscrito, ACTOS QUE PONEN EN RIESGO NUESTRA SALUD, Y NEGARNOS EL ACCESO A LA SALUD MISMA, ANTE LOS ACTOS PRIVATORIOS DE LOS DERECHOS DE MOLESTIA EN EL SENTIDO DE DEJAR DESPROVISTO AL QUEJOSO Y MI FAMILIA EN SU TOTALIDAD DE PODER CONSERVAR LOS ALIMENTOS EN ESTADO ÓPTIMO PARA SU CONSUMO POR LA LATENTE FALTA DE ELECTRICIDAD PARA LOS REFRIGERADORES. ESTO ES ILEGAL A TODAS LUCES PUES EL SERVICIO. D.- Se funde y motive los actos de corte del suministro. E.- Se me expida recibo cada mes, desglosado, con fechas, kw/h de consumo mensual. F.- Se me expida historial del cual, deriva suspuestamente el motivo del corte. G.- Se me dé el número de usuario del servicio y/o contrato, toda vez que ha sido omiso. H. Se abstenga de los actos de molestias, como amagos, cortes y se restablezca el servicio". A fin de evidenciar lo anterior, los preceptos citados en el párrafo precedente, en lo conducente establecen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". De la interpretación literal, armonizada y sistemática de los numerales transcritos, se colige que para los efectos del juicio de derechos humanos, el concepto de autoridad responsable converge en establecer, que es aquella que con independencia de su naturaleza formal, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En la especie, se estima que se reclaman actos que no provienen de autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que, según se verá a continuación, las actuaciones atribuidas a la Comisión Federal de Electricidad con residencia en esta ciudad, no constituyen actos de autoridad para efectos del amparo, pues la relación que existe entre la quejosa y la señalada anteriormente, en dicho supuesto es laboral, con motivo de su jubilación como empleado de la Comisión Federal de Electricidad. En primer término, se considera conveniente transcribir los artículos 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o. de la Ley de Amparo, relativos a lo que se entiende como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Los artículos de referencia son del siguiente tenor: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal." Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." De los anteriores preceptos, así como del diverso 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, transcrito con anterioridad, es dable inferir que la procedencia del juicio de derechos fundamentales se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En esas consideraciones, a través del juicio de derechos fundamentales, únicamente es dable impugnar un acto que provenga de autoridad, o de un particular que actúa con el carácter de autoridad (con imperio), a fin de estar en aptitud de analizar los conceptos de violación de legalidad que se hayan aducido en su contra. De lo expuesto se concluye que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada, como se dijo, a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquella que, con fundamento en una norma legal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, para los efectos del juicio de amparo los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 394/2016, explicó las connotaciones de autoridad para efectos del juicio de amparo, para lo cual esbozó los motivos que condujeron al legislador ordinario para modificar el concepto de autoridad en la Ley de Amparo. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación explicó que el concepto de acto de autoridad para efecto del juicio de amparo se modificó esencialmente ya que la vulneración de los derechos humanos no sólo proviene del Estado, sino también proviene de la actuación de los particulares en determinadas circunstancias, esto es, cuando sus actos u omisiones sean equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos del acto de autoridad que define el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, cuya potestad o función deriva de una norma general y abstracta. Agregó que el criterio actual del Máximo Tribunal para determinar si se tiene o no el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, se basa no sólo en el atributo de la fuerza pública o del imperio, pues con fundamento en una norma legal se pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales se creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consentimiento del afectado, así como el tipo de relación jurídica que existe entre los sujetos en conflicto. Indicó que para que pueda otorgársele a alguien el carácter de autoridad responsable tiene que darse necesariamente la relación de supra a subordinación, pues tratándose de los otros tipos de relaciones (de coordinación o de supraordinación) los sujetos se ubican en un plano de igualdad, por lo que no se da la característica de un sujeto que tenga superioridad respecto del otro, que es la nota distintiva para determinar que, en esos casos, se está en presencia de un acto de autoridad. Las consideraciones reseñadas dieron origen a la jurisprudencia 1ª/J. 41/2019 con rubro: "NOTARIOS PÚBLICO. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE LES RECLAMEN ACTOS DERIVADOS DE LA TRAMITACIÓN DE SUCESIONES EXTRAJUDICIALES", publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 69, Agosto de 2019, tomo II, página 1144. En ese sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. La primera corresponde a la entablada entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuera expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. De los antecedentes del acto reclamado que bajo protesta de decir verdad narró la quejosa, se advierte: Mantenía una relación laboral con la Comisión Federal de Electricidad, ya que es pensionado y/o jubilado, dicha institución. Refiere que la Comisión Federal de Electricidad fue su patrón y actualmente disfruta de pensión jubilatoria en razón del contrato extra legal celebrado con el sindicado Nacional Único de Trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Que derivado de dicho contrato colectivo es que tiene derecho, como trabajador jubilado, al consumo gratuito de energía, hasta por una cantidad de determinada de KWH mensuales. Bajo ese contexto, es dable sostener que los actos reclamados citados en párrafos precedentes, no tienen la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, se explica: La autoridad responsable a quién se le atribuyen los actos reclamados, se localizan en un plano de igualdad con los derechos de la quejosa, derivado del punto de coordinación existente como patrón (autoridad señalada como responsable) y de empleada (parte quejosa), como pensionada y/o jubilada. Ello debido a que esas circunstancias provienen del derecho de trabajador de la solicitante de amparo que se encuentra incorporado a su esfera jurídica como consecuencia de la relación laboral que existe con la Comisión Federal de Electricidad, para quien prestó sus servicios de manera personal y subordinada; esto es, se trata de un derecho reconocido en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se amplía a través de las leyes de trabajo respectivas y los contratos colectivos correspondientes. En efecto, el arábigo 8 de la Ley Federal del Trabajo indica que es trabajador la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. A su vez, los numerales 698 y 699 de la Ley Federal del Trabajo prevén que es competencia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje los conflictos de trabajo que se susciten en términos de esa legislación y que cuando se ejerciten acciones relacionadas con la obligación en materia de capacitación y adiestramiento o de seguridad e higiene, serán de la competencia de la Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de acuerdo a su jurisdicción. Por tanto, los actos que reclama la quejosa no constituyen -de acuerdo con su naturaleza- actos de personas de derecho público o de autoridad, sino actos entre particulares, pues la Comisión Federal de Electricidad señalada como responsable no obró con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, sino con base en una relación laboral que existe con motivo de su jubilación, por lo cual los actos imputados como responsables pertenecen a la esfera del derecho privado. De esta manera se colige que la Comisión Federal de Electricidad, por el solo hecho de la naturaleza formal no adquiere por esa sola razón el carácter de autoridad cuando realiza actos positivos, negativos y omisivos que tiene su origen en una relación jurídica con el trabajador y, por tanto, los actos reclamados, con independencia de que estén o no acreditados, no constituye actos de autoridad para efectos del amparo. Por ende, como en el caso ocurre, cuando los funcionarios pertenecientes a una institución realizan actos positivos, negativos u omisivos que tengan su origen en una relación jurídica con el trabajador, están desprovistos de su carácter de autoridades, ya que se conducen bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que actúan en un mismo plano cuyas controversias deben dilucidarse ante una autoridad laboral. Además, se le da el carácter de particulares a los mencionados funcionarios, ya que pueden ser demandados como tal ante la autoridad del trabajo competente y, por ello, no podría sujetársele al juicio de amparo, al reclamarles actos que podrían ser enjuiciados ante otra instancia. En ese sentido, si lo que se pretende reclamar en esta instancia constitucional se trata de circunstancias inherentes a prestaciones derivadas de un contrato colectivo, entre una institución de la cual era empleada la parte quejosa, dentro de una relación regulada por el artículo 123 Constitucional, cuyo propósito es que, se analice los actor aquí reclamados; ello conlleva a determinar que lo reclamado no es susceptible de analizarse en esta instancia constitucional. En ese sentido, es pertinente reiterar que lo reclamado por la parte quejosa frente a la autoridad señalada como responsable deriva de la relación laboral que existió, es decir, a través de la vía constitucional impugna acciones u omisiones que atribuye a su empleador y que desde su perspectiva ponen en riesgo su salud. Sin embargo, el derecho que le asiste a la quejosa, no deriva de su carácter como particular ante un ente del Estado con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, sino con base en una relación laboral que mantiene en un plano de coordinación, como motivo de haber sido empleado y encontrarse jubilado o pensionado. Respetuosamente debe precisar que, sobre el particular no es aplicable la jurisprudencia 2ª./J. 54/2012 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue publicada con el rubro "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO", en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Libro X, Julio de 2012, Tomo 2, página 929, debido a que por virtud de la solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, se autorizó la adecuación del título de la tesis mencionada para quedar de la siguiente manera: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA". En el primero de los rubros de la jurisprudencia citada se establece de manera genérica que el auto de inicio en el juicio de amparo no era la etapa procesal oportuna para determinar si un acto proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo; sin embargo, por virtud de la sustitución autorizada, en el segundo de ello se aclaró que la falta de idoneidad para calificar la improcedencia del juicio de amparo en el auto de inicio se referiría al supuesto que menciona el cuerpo de la misma. La sustitución de rubro en la jurisprudencia mencionada cobra relevancia en el presente asunto, pues revela que no existe prohibición absoluta para determinar o calificar la improcedencia del juicio de amparo en el auto de inicio cuando se reclaman actos que no son de autoridad para efectos del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicado en la página 160, del Tomo VII, Febrero de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que establece: "COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. AYUDA DE ENERGIA ELECTRICA, INTEGRA LA PENSION JUBILATORIA DE LOS TRABAJADORES. Aun cuando es cierto que las cláusulas 67, fracción III y 29 del contrato colectivo de trabajo, son contradictorias entre sí pues la primera hace referencia al derecho que tienen los trabajadores jubilados a recibir servicio eléctrico, en los términos de las cláusulas 65 y 29, las cuales establecen que si continúa suministrándose energía eléctrica sin costo, a los trabajadores que sean jubilados, tal concepto no se incluirá en sus pensiones jubilatorias, mientras que la cláusula 29 dispone que para los efectos de las liquidaciones, en los casos de muerte derivados de cualquier causa, la prestación de energía eléctrica se cuantificará en la cantidad de $90.00 diarios y en todos los demás casos se cuantificará en la cantidad de $45.00 diarios, sin embargo dicha contradicción debe resolverse de acuerdo con el artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo a favor del actor, pues un cuerpo normativo no puede establecer un derecho para los trabajadores y al mismo tiempo desconocerlo, por lo tanto, dicha ayuda integra el salario del actor para establecer el monto de su pensión jubilatoria." Igualmente, la tesis VIII.P.T.2 L (10a.), por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito, publicado en la página 2629, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación del Decima Época, que establece: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA PRESTACIÓN PARA SUS TRABAJADORES Y JUBILADOS CONSISTENTE EN SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA GRATUITA, PREVISTA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CONSTITUYE UNA PRESTACIÓN EXTRALEGAL QUE PUEDE REDUCIRSE, SIN QUE ELLO IMPLIQUE VIOLACIÓN A SUS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES. De conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 40/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, agosto de 1996, página 177, de rubro: "CONTRATO COLECTIVO. EN SU REVISIÓN SE PUEDEN REDUCIR LAS PRESTACIONES PACTADAS POR LAS PARTES, SIEMPRE Y CUANDO SE RESPETEN LOS DERECHOS MÍNIMOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES DEL TRABAJADOR.", las prestaciones contenidas en un contrato colectivo de trabajo pueden reducirse, siempre y cuando se respeten los derechos mínimos constitucionales y legales del trabajador. En este sentido, si la prestación del servicio de energía eléctrica gratuita para los trabajadores y jubilados de la Comisión Federal de Electricidad constituye una prestación extralegal por provenir del contrato colectivo de trabajo, y supera los derechos laborales mínimos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal del Trabajo, entonces se concluye que la nueva regulación de dicha prestación, prevista en la cláusula 67 del Contrato Colectivo de Trabajo bienio 2014-2016, en la que se modificaron la forma y términos en que se proporcionaba en los contratos colectivos de trabajo anteriores, estableciendo ahora nuevos límites en el consumo de energía eléctrica y regulando de diversa manera lo relativo al cobro del consumo que exceda los límites establecidos, no viola los derechos mínimos constitucionales y legales de los trabajadores y jubilados, porque se trata de una prestación extralegal que, como tal, puede ser reducida, pues asumir un criterio diverso podría implicar la ruptura del equilibrio de los factores de la producción y desarrollo del país (capital y fuerza laboral)." De ahí que este Juzgado Federal estime que al actualizarse la causa de improcedencia invocada, deba desecharse la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, y al ser esta una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, la cual quedó plenamente demostrada en los párrafos que anteceden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por Ramón Escudero Acosta. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicado en la página 618, del Tomo V, Mayo de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto." Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma electrónicamente Flor Verenisse Gómez Peinado, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistida de José Everardo Carrillo Carrillo, Secretario de Juzgado, con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Se notifica por medio de lista a la parte quejosa el proveído de tres de enero de dos mil veintidós, por no haber acudido a este Juzgado Federal a notificarse en forma personal en el plazo concedido en el aviso de siete de enero del año en curso.
- Principal
Estado de autos. Visto el estado actual que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de veinticinco de noviembre del año en curso, se requirió a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados del Estado de Zacatecas, con sede en aquella localidad, a fin de que informe a qué Juzgado de Distrito, fue turnado el exhorto 148/2021, comunicación oficial 313/2021, enviado para emplazar a ********************; lo anterior, para estar en posibilidad de dar seguimiento al mismo, sin que hasta el momento se haya recibido respuesta alguna. II. Diferimiento. En consecuencia, fin de dar margen a lo anterior, con fundamento en los artículos 124, de la Ley de Amparo y 283, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las once horas con cuarenta minutos del veinte de enero de dos mil veintidós, para que tenga verificativo.
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