Ramón Domingo Membrilla Ramos
Expediente 616/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 23 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 616/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 30/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Ramón Domingo Membrilla Ramos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Apizaco, Tlaxcala, a treinta de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra de la sentencia terminada de engrosar el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en la que se negó el amparo solicitado, en virtud de lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia de mérito. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Conforme a lo anterior y toda vez que en el presente asunto se negó la protección constitucional a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es depurable; por lo que transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído, deberá procederse a su depuración, para lo cual solo deberá conservarse la demanda de amparo, la sentencia que puso fin al juicio y el presente acuerdo. Devuélvase a la autoridad responsable Magistrado Presidente y Titular de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, la copia certificada deducida del expediente 731/2018-2; sin que sea necesario que acuse de recibo dado que la constancia de notificación que al efecto se recabe por el fedatario adscrito a este juzgado, se considerará con ese efecto. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Como se advierte en la certificación, en el presente asunto obran documentos originales aportados por la parte quejosa; por tanto se autoriza desde este momento su devolución en caso de que así lo solicite, en el entendido que de no hacerlo, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Roberto César Morales Corona, que autoriza y da fe.***
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a treinta de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra de la sentencia terminada de engrosar el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en la que se negó el amparo solicitado, en virtud de lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia de mérito. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Conforme a lo anterior y toda vez que en el presente asunto se negó la protección constitucional a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es depurable; por lo que transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído, deberá procederse a su depuración, para lo cual solo deberá conservarse la demanda de amparo, la sentencia que puso fin al juicio y el presente acuerdo. Devuélvase a la autoridad responsable Magistrado Presidente y Titular de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, la copia certificada deducida del expediente 731/2018-2; sin que sea necesario que acuse de recibo dado que la constancia de notificación que al efecto se recabe por el fedatario adscrito a este juzgado, se considerará con ese efecto. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Como se advierte en la certificación, en el presente asunto obran documentos originales aportados por la parte quejosa; por tanto se autoriza desde este momento su devolución en caso de que así lo solicite, en el entendido que de no hacerlo, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Roberto César Morales Corona, que autoriza y da fe.
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Se tiene a la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 616/2020, promovido por Ramón Domingo Membrilla Ramos, por propio derecho, contra actos del Magistrado de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala; y, R E S U L T A N D OS: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintinueve de octubre de dos mil veinte, a través del Buzón Judicial a cargo de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y remitido el día hábil siguiente, por razón de turno, a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado; Ramón Domingo Membrilla Ramos, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad responsable y por el acto reclamado que precisó en su demanda. Acto que consideró violatorio de los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. SEGUNDO. Trámite. El tres de noviembre de dos mil veinte, la demanda de amparo se radicó bajo el expediente 616/2020, y se previno al quejoso para que señalara como autoridad responsable a la autoridad administrativa demandada en el juicio de nulidad. Previo desahogo, el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó el informe justificado correspondiente; se reservó emplazar a quien le pudiera asistir el carácter de tercero interesado; se dio la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo a las nueve horas con cincuenta minutos del doce de febrero de dos mil veintiuno. El treinta de marzo del mismo año, se terminó de engrosar la sentencia definitiva en la que se sobreseyó en el juicio y se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. TERCERO. Reposición del procedimiento. Inconforme con la sentencia emitida en autos, la autoridad responsable Director General de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala interpuso recurso de revisión, del que -por razón de turno- correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito; el que lo registró en el toca de revisión 82/2021 y en sesión de diez de junio de dos mil veintiuno, dictó ejecutoria en la que revocó la sentencia emitida en autos y ordenó la reposición del procedimiento para el efecto de que se tramitará un incidente de separación de juicios. Atento a ello, por auto de veintinueve de junio del año próximo pasado, se ordenó la tramitación de un incidente de separación de juicios y el quince de julio del mismo año, se resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Se decreta la separación de juicios, por lo cual el presente juicio de amparo 616/2020-VI se continuará respecto al acto reclamado a la autoridad responsable Magistrado de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, mientras que se deberá dar de alta como nueva demanda lo atinente al acto combatido al Director General de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, debiendo girar oficio a la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala para los efectos precisados en el considerando segundo de esta interlocutoria." En acuerdo de tres de septiembre de dos mil veintiuno, se ordenó emplazar a juicio con el carácter de terceros interesados a las autoridades demandadas en el juicio de origen, a saber, Director General y Encargado del Departamento de Prestaciones Pensionarias, ambos de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala. A las diez horas con seis minutos del tres de noviembre de dos mil veintiuno tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, es competente para conocer y resolver el presente juicio de derechos fundamentales, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Federal; 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado por grado es del conocimiento de un Juez de Distrito; por materia es de naturaleza administrativa y porque carece de ejecución -por ser de carácter negativo- y la demanda de amparo se presentó en la jurisdicción de este órgano de control de constitucionalidad. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo al estudio de la certeza o inexistencia del acto reclamado, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procederá a fijarlo en forma clara y precisa. Así, se advierte que la parte quejosa reclama del Magistrado de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala: La omisión de ejecutar la sentencia de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, dictada en el expediente 731/2018-2. CUARTO. Certeza del acto reclamado. El Magistrado de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala al rendir su informe justificado (foja 47), aceptó la existencia del acto reclamado que se le atribuye, por lo que se tiene por cierto. Certeza que se corrobora con la copia certificada del expediente relativo al recurso de revisión 731/2018-2, que se remitió como anexo al informe justificado; lo que tiene eficacia probatoria plena en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al numeral 2. QUINTO. Oportunidad de la demanda de amparo. La demanda de amparo debe estimarse oportuna en tanto que se reclama un acto omisivo -de naturaleza negativa- cuya afectación es de tracto sucesivo porque la violación se actualiza de momento a momento, por tratarse de hechos continuos que no se agotan una vez producidos, sino hasta en tanto cese la omisión de que se trata. De manera que la presentación de la demanda de amparo no está sujeta al plazo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo que puede presentarse en cualquier momento. SEXTO. Causal de improcedencia inatendible. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público. Improcedencia derivada de lo previsto en el artículo 107 de la Ley de Amparo. El tercero interesado organismo público descentralizado Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala señala que el presente juicio de amparo es improcedente en virtud de que el acto reclamado no encuadra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 107 de la Ley de Amparo, por lo que debe decretarse el sobreseimiento en el juicio. Este planteamiento de improcedencia es inatendible. Ello, derivado de que la parte tercera interesada es omisa en desarrollar argumentativamente qué causa de improcedencia -de las previstas en la Ley de Amparo o de las que se deducen de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos- es la que se actualiza en la especie; en el entendido de que no puede subsanarse dicha omisión, dado que ello implicaría suplir la deficiencia de la queja, lo que es inviable tratándose de asuntos de estricto derecho, como el presente. En efecto, a pesar de que la parte tercera interesada señala que el presente juicio no encuadra en alguno de los supuestos de procedencia del juicio de derechos fundamentales previstos en el artículo 107 de la Ley de Amparo -y de que destaca el segundo párrafo de la fracción IV de este numeral- no expresa qué causa de improcedencia cobra vigencia, pues para ello se requiere, por lo menos, que manifieste que aspectos de hecho o de derecho impiden analizar el fondo del asunto, lo que claramente no se cumple si solamente se precisa un artículo de la ley de la materia. Así, al no poder establecerse qué motivo de improcedencia es el que se hace valer y dado que las circunstancias que refiere la parte tercera interesada que derivan de lo previsto en el artículo 107 de la Ley de Amparo, no permiten identificar una causa de improcedencia de obvia y objetiva constatación, este Juzgado de Distrito está impedido para realizar el examen de improcedencia propuesto. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 137/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 174086, que dice: "Novena Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, Octubre de 2006, página 365 IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio." SÉPTIMO. Estudio. Se continúa con el examen de los conceptos de violación vertidos en la demanda de derechos fundamentales; en el entendido de que, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, en caso de que sea procedente, de suplirse la deficiencia de la queja, en tanto que quien pide la protección constitucional es un pensionado. Omisión de cumplir la sentencia anulatoria En el único concepto de violación se expresa que la autoridad responsable vulnera en perjuicio de la parte quejosa el derecho humano de acceso a la tutela judicial debido a que no ha dictado las medidas necesarias, previstas en la Ley del Procedimiento Administrativo en el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, para ejecutar la sentencia anulatoria; lo cual trastoca su derecho a obtener una jubilación que le resulta necesaria para su subsistencia. Este planteamiento es infundado. Para demostrar lo anterior, es menester tener presente que el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos prevé el derecho a la tutela judicial efectiva en un plazo razonable, en los siguientes términos: "Artículo 8. Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. (.)." Por su parte, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Lo anterior, pone de manifiesto que el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia establecido en el artículo constitucional en cita, estipula en favor de los gobernados los siguientes principios: a) Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; b) Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; c) Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho sino fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y d) Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. El contenido del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, entre otros derechos fundamentales, tener un acceso efectivo a la impartición de justicia que desarrollan los tribunales; así, para su debido acatamiento no basta el que se permita a los gobernados instar ante un órgano jurisdiccional, sino que es necesario que el acceso sea cierto en la medida en que el justiciable, de cumplir con los requisitos justificados constitucionalmente, pueda obtener una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no razón sobre los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado. Por tanto, la impartición de la administración de justicia solicitada por los gobernados y, por ende, el efectivo acceso a la justicia, se debe sujetar a los plazos y términos que fijen las leyes; es decir, la regulación de los respectivos procedimientos debe garantizar a los particulares un efectivo acceso a la justicia, por lo que los requisitos y presupuestos que condicionan la obtención de una resolución sobre el fondo de lo pedido deben encontrarse justificados constitucionalmente, lo que sucede, entre otros casos, cuando tienden a generar seguridad jurídica a los gobernados que acudan como partes a la contienda, o cuando permiten la emisión de resoluciones prontas y expeditas, siempre y cuando no lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende. Sirve de apoyo a lo anterior, en la parte conducente, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "JUSTICIA PRONTA. EL LEGISLADOR DEBE GARANTIZARLA EN LAS LEYES, SIN MENOSCABO DEL DERECHO QUE LOS GOBERNADOS TIENEN A SU DEFENSA PLENA. Es cierto que el legislador, además de la obligación que le impone el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de garantizar en las leyes que expida el derecho a la defensa plena en beneficio de las partes del conflicto jurídico, debe asegurar que los procedimientos que para tal efecto instruya garanticen una administración de justicia pronta, como lo manda el artículo 17 de la propia Norma Fundamental; sin embargo, esto último no podría lograrse si so pretexto de evitar la prolongación innecesaria de los juicios, se proscribiera la admisión de pruebas que pudieran resultar indispensables para crear convicción en el juzgador sobre los hechos materia de la controversia, porque no podría existir una verdadera impartición de justicia sin el respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, entre las que se encuentra el derecho que tienen las partes, dentro del proceso, a probar sus acciones y excepciones." Cabe señalar que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva no está limitado a los procesos tramitados ante autoridades que desarrollan funciones materialmente jurisdiccionales, sino que también irradia a las actuaciones de las autoridades administrativas, principalmente en lo tocante a los plazos establecidos por el legislador. Lo anterior encuentra sustento en la tesis aislada 2a. CXXVIII/2017 (10a.) , de la Segunda Sala del Alto Tribunal de la Nación. "DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. ALCANCE DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN RELACIÓN CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR EL LEGISLADOR PARA LA ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. El ámbito de aplicación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva no se limita a los juicios o procesos tramitados ante las autoridades que desempeñan funciones materialmente jurisdiccionales, sino también a la actuación de las autoridades administrativas, principalmente por lo que se refiere a los plazos establecidos por el legislador y que rigen su actuación. Ciertamente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LI/2002 (*), sostuvo que los principios que conforman el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previstos en el artículo 17 de la Constitución Federal, deben adecuarse a la naturaleza de interés público de los recursos establecidos en sede administrativa. En ese contexto, avanzando en la interpretación del precepto constitucional citado, en concreto, respecto al derecho a la justicia pronta, cuando se establece un plazo en un procedimiento tramitado ante una autoridad administrativa, es porque se considera necesario sujetar a un lapso temporal su actuación, ya que de otra forma no se entendería el porqué de su establecimiento." Ahora, dado que en el caso se cuestiona si la autoridad jurisdiccional ha cumplido con su obligación de proveer sobre el cumplimiento de la sentencia de nulidad dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establecen en las leyes; es menester tomar en cuenta que el artículo 3 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, establece que en tratándose de cuestiones procesales, debe aplicarse supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala. Esa codificación procesal, en lo atinente al cumplimiento de sentencia prevé -en sus artículos 571, 574, 578 y 591- que la parte que obtuvo sentencia favorable debe pedir la ejecución o, de ser el caso, presentar su propuesta de liquidación, para lo cual contará con un plazo de tres años. De esta manera, es dable sostener que el impulso del procedimiento para cumplir con la sentencia emitida conforme a la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, queda a cargo de la parte que obtuvo resolución favorable, máxime que la legislación citada en último término -en sus artículos 139 a 144- que reglamentan la ejecución de los actos administrativos, no prevé lo contrario. Conforme a lo anterior, para verificar si en el caso en estudio la autoridad responsable cumplió con el parámetro de regularidad constitucional que se obtiene de la intelección de los artículos 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, importa tener presentes los siguientes antecedentes relevantes del caso; Mediante sentencia de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho (fojas 252 a 277 del tomo de pruebas), dictada en el expediente relativo al entonces recurso de revisión 157/2017, el Magistrado de la otrora Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala declaró la nulidad de la resolución impugnada para el siguiente efecto: Deje sin efectos la resolución de treinta de marzo de dos mil diecisiete, emita otra debidamente fundada y motivada en que se pronuncie respecto a cada una de las peticiones formuladas por el recurrente en su escrito de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis. Realice el pago a Ramón Domingo Membrilla Ramos, de las diferencias salariales que existen entre lo pagado, con lo que tenía que pagársele, tomando en consideración lo determinado en el resolutivo 41/2016, de trece de mayo de dos mil dieciséis en específico en su considerando V, las que comprenden a partir del mes de enero de dos mil dieciséis y subsecuentes; El pago de los aumentos determinados en el salario mínimo con motivo de la desaparición de las Zonas Geográficas B y C, en que se dividía la República Mexicana, en el año dos mil quince. Otorgue al recurrente las tres despensas que corresponden respecto al año dos mil doce y subsecuentes, con productos de la canasta básica en un monto de $1,200.00 (un mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional) o su pago en efectivo, por un monto total de $3,600.00 (tres mil seiscientos pesos cero centavos moneda nacional) anuales. En auto de uno de octubre de dos mil dieciocho (fojas 280 ibídem), se hizo constar que el expediente relativo al entonces recurso de revisión 157/2017, del registro de la otrora Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, quedó registrado como recurso de revisión 731/2018-2, del índice del Tribunal de Justicia Administrativa de la misma entidad federativa. El veinte de mayo de dos mil diecinueve (fojas 283 a 285 ibídem), atento a lo solicitado por el actor Ramón Domingo Membrilla Ramos en escrito presentado el quince del mismo mes y año, se declaró que la sentencia de nulidad había quedado firme y se requirió su cumplimiento, para lo cual se otorgó un plazo de tres días a las autoridades Director General y Encargado del Departamento de Prestaciones Pensionarias, ambos de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala y se les apercibió con la imposición de una medida de apremio -sin que se precisara en qué consistía esa medida-. El veintiuno de agosto de dos mil diecinueve (fojas 287 a 289 ibídem), debido a lo pedido por el actor Ramón Domingo Membrilla Ramos en escrito presentado el quince anterior, se hizo constar que las autoridades Director General y Encargado del Departamento de Prestaciones Pensionarias, ambos de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala no cumplieron con el requerimiento de veinte de mayo de ese año, por lo que se hizo efectivo el apercibimiento relativo y se les impuso una multa equivalente a diez unidades de medida y actualización. Además, se les requirió nuevamente para que dieran cumplimiento a la sentencia de nulidad y se les apercibió con la imposición de una medida de apremio -sin que se precisara en qué consistía esa medida-. Por escrito presentado el dos de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 295 a 299 ibídem), la autoridad demandada Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala interpuso recurso de revocación contra el auto de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve; empero, por acuerdo de dieciséis de diciembre siguiente (fojas 300 a 302 ibídem), el Magistrado responsable lo desechó de plano. En contra de esta última determinación, la citada autoridad demandada interpuso nuevamente recurso de revocación; sin embargo, en proveído de treinta de enero de dos mil veinte (foja 306 ibídem), el Magistrado responsable también lo desechó de plano. Por resolución de trece de marzo de dos mil veinte (fojas 334 a 342 ibídem), el Magistrado responsable declaró infundado el incidente de nulidad de notificaciones promovido por la autoridad demandada Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala. Mediante escrito presentado el trece de octubre de dos mil veinte, el actor Ramón Domingo Membrilla Ramos solicitó se hiciera efectiva la medida de apremio con la que se apercibió a las autoridades demandadas en auto de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve. Sin embargo, el veintitrés de octubre de dos mil veinte (fojas 349 a 350 ibídem), se determinó que no había lugar a imponer la medida de apremio y se requirió nuevamente a las autoridades demandadas para que dieran cumplimiento a la sentencia de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho y las apercibió con la imposición de una multa equivalente a veinte unidades de medida y actualización. Como se puede observar, después de que se dictó sentencia, el peticionario del amparo ha impulsado el procedimiento de ejecución de sentencia a través de una diversidad de promociones, en las que pidió que, una vez transcurrido el término otorgado en cada ocasión a las autoridades demandadas, se hiciera efectivo el apercibimiento relativo y se les requiriera nuevamente el cumplimiento del fallo anulatorio. Este proceder de la autoridad responsable, se estima ajustado al parámetro de regularidad constitucional fijado por el derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva, en la medida que, como se explicó, dada la supletoriedad del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, el impulso del procedimiento de ejecución de sentencia recae en la parte que obtuvo sentencia favorable; por tanto, cada vez que el peticionario del amparo ha instado una actuación por parte del Magistrado de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, esta autoridad jurisdiccional ha proveído lo conducente a fin de coaccionar a las autoridades demandadas para que cumplan con la resolución de nulidad, esto a través de la imposición de medidas de apremio. Sin embargo, como se advierte de la breve semblanza de antecedentes relevantes del caso, con posterioridad al requerimiento formulado el veintitrés de octubre de dos mil veinte (fojas 349 a 350 del tomo de pruebas), que se notificó a la autoridad demandada el veinticuatro de noviembre del mismo año, la parte quejosa -actora en el procedimiento de origen- ha sido omisa en impulsar el procedimiento, pues no ha solicitado que se haga efectivo el apercibimiento relativo y se requiera nuevamente el cumplimiento de la resolución anulatoria. Por tanto, la autoridad responsable Magistrado de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala no ha incurrido en una conducta de naturaleza negativa -de omisión- respecto al cumplimiento de la sentencia de nulidad emitida en el expediente de origen, ya que como ha quedado expuesto, corresponde a la parte actora impulsar el procedimiento de ejecución de sentencia; de manera que si la citada parte no solicita al tribunal administrativo que lleve a cabo alguna actuación, conforme al marco legal previsto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala -de aplicación supletoria a la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios-, esa autoridad jurisdiccional no está obligada a efectuar alguna actuación de oficio. Sobre todo que, en sus escritos en los que el quejoso ha solicitado se requiera a las autoridades demandadas que cumplan con la sentencia de nulidad y que, al no haberlo hecho en el término concedido, se les haga efectivo el apercibimiento relativo, el justiciable no ha especificado alguna otra actuación a realizar para obtener el acatamiento del fallo anulatorio, sino que se ha limitado a reiterar que debe requerirse el cumplimiento de la sentencia de nulidad. En consecuencia, es desacertada la afirmación de la parte quejosa en cuanto a que la autoridad responsable ha vulnerado su derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva, en la medida que ésta no está obligada a realizar actuación alguna hasta que el promovente del amparo le solicite la actuación correspondiente. De ahí que se imponga calificar de infundado el argumento vertido en vía de concepto de violación. En mérito de lo anterior, ante lo infundado del concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. OCTAVO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. NOVENO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídase a su costa copia certificada de esta sentencia a cualquiera de las partes que la solicite, previa identificación y razón que por su recibo se deje en autos, para debida constancia. Por tanto, a fin de que las partes estén en posibilidad de acudir ante este órgano jurisdiccional para la reproducción de las constancias solicitadas, de conformidad con los lineamientos previstos en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníqueseles que deberán ingresar al portal de servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el apartado de servicios jurisdiccionales, específicamente en el rubro de "Agenda OJ", y atendiendo a las fechas y horarios disponibles en que pueda acceder a este órgano jurisdiccional y al horario de labores del centro de foto copiado (hasta las doce horas), deberán generar un Código QR que les permitirá ingresar a estas instalaciones para realizar el trámite correspondiente a la entrega de las copias certificadas solicitadas; ello con el fin de acatar las medidas sanitarias tendentes a evitar la concentración de personal y la propagación del virus Covid-19 con motivo de la situación de emergencia sanitaria actual. Además, se informa a las partes que de resultarles de suma importancia las copias en mención pueden, en caso de no tenerlo, solicitar el acceso electrónico al expediente en que se actúa, pues al imprimirse desde el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes las actuaciones se encuentran acompañadas de evidencia criptográfica lo cual en términos de la fracción VI, del artículo 3 y 22 del Acuerdo General 12 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tienen validez legal suficiente al ser firmadas electrónicamente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregadas al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ellas su evidencia criptográfica. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo; se, RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Ramón Domingo Membrilla Ramos, en contra del acto y autoridad que se indican en el considerando segundo de la presente sentencia, por las razones vertidas en el séptimo considerando de esta. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. CUARTO. Conforme a lo expuesto en el último considerando de este fallo, al hacerse pública la presente resolución deberá tomarse en cuenta que las partes no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por oficio a las autoridades responsable y terceras interesadas. Así lo resolvió y firma, Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, hasta el día de hoy treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante el Licenciado Roberto César Morales Corona, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
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SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 616/2020, promovido por Ramón Domingo Membrilla Ramos, por propio derecho, contra actos del Magistrado de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala; y, R E S U L T A N D OS: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintinueve de octubre de dos mil veinte, a través del Buzón Judicial a cargo de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y remitido el día hábil siguiente, por razón de turno, a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado; Ramón Domingo Membrilla Ramos, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad responsable y por el acto reclamado que precisó en su demanda. Acto que consideró violatorio de los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. SEGUNDO. Trámite. El tres de noviembre de dos mil veinte, la demanda de amparo se radicó bajo el expediente 616/2020, y se previno al quejoso para que señalara como autoridad responsable a la autoridad administrativa demandada en el juicio de nulidad. Previo desahogo, el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó el informe justificado correspondiente; se reservó emplazar a quien le pudiera asistir el carácter de tercero interesado; se dio la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo a las nueve horas con cincuenta minutos del doce de febrero de dos mil veintiuno. El treinta de marzo del mismo año, se terminó de engrosar la sentencia definitiva en la que se sobreseyó en el juicio y se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. TERCERO. Reposición del procedimiento. Inconforme con la sentencia emitida en autos, la autoridad responsable Director General de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala interpuso recurso de revisión, del que -por razón de turno- correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito; el que lo registró en el toca de revisión 82/2021 y en sesión de diez de junio de dos mil veintiuno, dictó ejecutoria en la que revocó la sentencia emitida en autos y ordenó la reposición del procedimiento para el efecto de que se tramitará un incidente de separación de juicios. Atento a ello, por auto de veintinueve de junio del año próximo pasado, se ordenó la tramitación de un incidente de separación de juicios y el quince de julio del mismo año, se resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Se decreta la separación de juicios, por lo cual el presente juicio de amparo 616/2020-VI se continuará respecto al acto reclamado a la autoridad responsable Magistrado de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, mientras que se deberá dar de alta como nueva demanda lo atinente al acto combatido al Director General de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, debiendo girar oficio a la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala para los efectos precisados en el considerando segundo de esta interlocutoria." En acuerdo de tres de septiembre de dos mil veintiuno, se ordenó emplazar a juicio con el carácter de terceros interesados a las autoridades demandadas en el juicio de origen, a saber, Director General y Encargado del Departamento de Prestaciones Pensionarias, ambos de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala. A las diez horas con seis minutos del tres de noviembre de dos mil veintiuno tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, es competente para conocer y resolver el presente juicio de derechos fundamentales, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Federal; 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado por grado es del conocimiento de un Juez de Distrito; por materia es de naturaleza administrativa y porque carece de ejecución -por ser de carácter negativo- y la demanda de amparo se presentó en la jurisdicción de este órgano de control de constitucionalidad. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo al estudio de la certeza o inexistencia del acto reclamado, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procederá a fijarlo en forma clara y precisa. Así, se advierte que la parte quejosa reclama del Magistrado de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala: La omisión de ejecutar la sentencia de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, dictada en el expediente 731/2018-2. CUARTO. Certeza del acto reclamado. El Magistrado de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala al rendir su informe justificado (foja 47), aceptó la existencia del acto reclamado que se le atribuye, por lo que se tiene por cierto. Certeza que se corrobora con la copia certificada del expediente relativo al recurso de revisión 731/2018-2, que se remitió como anexo al informe justificado; lo que tiene eficacia probatoria plena en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al numeral 2. QUINTO. Oportunidad de la demanda de amparo. La demanda de amparo debe estimarse oportuna en tanto que se reclama un acto omisivo -de naturaleza negativa- cuya afectación es de tracto sucesivo porque la violación se actualiza de momento a momento, por tratarse de hechos continuos que no se agotan una vez producidos, sino hasta en tanto cese la omisión de que se trata. De manera que la presentación de la demanda de amparo no está sujeta al plazo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo que puede presentarse en cualquier momento. SEXTO. Causal de improcedencia inatendible. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público. Improcedencia derivada de lo previsto en el artículo 107 de la Ley de Amparo. El tercero interesado organismo público descentralizado Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala señala que el presente juicio de amparo es improcedente en virtud de que el acto reclamado no encuadra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 107 de la Ley de Amparo, por lo que debe decretarse el sobreseimiento en el juicio. Este planteamiento de improcedencia es inatendible. Ello, derivado de que la parte tercera interesada es omisa en desarrollar argumentativamente qué causa de improcedencia -de las previstas en la Ley de Amparo o de las que se deducen de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos- es la que se actualiza en la especie; en el entendido de que no puede subsanarse dicha omisión, dado que ello implicaría suplir la deficiencia de la queja, lo que es inviable tratándose de asuntos de estricto derecho, como el presente. En efecto, a pesar de que la parte tercera interesada señala que el presente juicio no encuadra en alguno de los supuestos de procedencia del juicio de derechos fundamentales previstos en el artículo 107 de la Ley de Amparo -y de que destaca el segundo párrafo de la fracción IV de este numeral- no expresa qué causa de improcedencia cobra vigencia, pues para ello se requiere, por lo menos, que manifieste que aspectos de hecho o de derecho impiden analizar el fondo del asunto, lo que claramente no se cumple si solamente se precisa un artículo de la ley de la materia. Así, al no poder establecerse qué motivo de improcedencia es el que se hace valer y dado que las circunstancias que refiere la parte tercera interesada que derivan de lo previsto en el artículo 107 de la Ley de Amparo, no permiten identificar una causa de improcedencia de obvia y objetiva constatación, este Juzgado de Distrito está impedido para realizar el examen de improcedencia propuesto. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 137/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 174086, que dice: "Novena Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, Octubre de 2006, página 365 IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio." SÉPTIMO. Estudio. Se continúa con el examen de los conceptos de violación vertidos en la demanda de derechos fundamentales; en el entendido de que, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, en caso de que sea procedente, de suplirse la deficiencia de la queja, en tanto que quien pide la protección constitucional es un pensionado. Omisión de cumplir la sentencia anulatoria En el único concepto de violación se expresa que la autoridad responsable vulnera en perjuicio de la parte quejosa el derecho humano de acceso a la tutela judicial debido a que no ha dictado las medidas necesarias, previstas en la Ley del Procedimiento Administrativo en el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, para ejecutar la sentencia anulatoria; lo cual trastoca su derecho a obtener una jubilación que le resulta necesaria para su subsistencia. Este planteamiento es infundado. Para demostrar lo anterior, es menester tener presente que el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos prevé el derecho a la tutela judicial efectiva en un plazo razonable, en los siguientes términos: "Artículo 8. Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. (.)." Por su parte, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Lo anterior, pone de manifiesto que el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia establecido en el artículo constitucional en cita, estipula en favor de los gobernados los siguientes principios: a) Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; b) Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; c) Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho sino fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y d) Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. El contenido del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, entre otros derechos fundamentales, tener un acceso efectivo a la impartición de justicia que desarrollan los tribunales; así, para su debido acatamiento no basta el que se permita a los gobernados instar ante un órgano jurisdiccional, sino que es necesario que el acceso sea cierto en la medida en que el justiciable, de cumplir con los requisitos justificados constitucionalmente, pueda obtener una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no razón sobre los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado. Por tanto, la impartición de la administración de justicia solicitada por los gobernados y, por ende, el efectivo acceso a la justicia, se debe sujetar a los plazos y términos que fijen las leyes; es decir, la regulación de los respectivos procedimientos debe garantizar a los particulares un efectivo acceso a la justicia, por lo que los requisitos y presupuestos que condicionan la obtención de una resolución sobre el fondo de lo pedido deben encontrarse justificados constitucionalmente, lo que sucede, entre otros casos, cuando tienden a generar seguridad jurídica a los gobernados que acudan como partes a la contienda, o cuando permiten la emisión de resoluciones prontas y expeditas, siempre y cuando no lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende. Sirve de apoyo a lo anterior, en la parte conducente, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "JUSTICIA PRONTA. EL LEGISLADOR DEBE GARANTIZARLA EN LAS LEYES, SIN MENOSCABO DEL DERECHO QUE LOS GOBERNADOS TIENEN A SU DEFENSA PLENA. Es cierto que el legislador, además de la obligación que le impone el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de garantizar en las leyes que expida el derecho a la defensa plena en beneficio de las partes del conflicto jurídico, debe asegurar que los procedimientos que para tal efecto instruya garanticen una administración de justicia pronta, como lo manda el artículo 17 de la propia Norma Fundamental; sin embargo, esto último no podría lograrse si so pretexto de evitar la prolongación innecesaria de los juicios, se proscribiera la admisión de pruebas que pudieran resultar indispensables para crear convicción en el juzgador sobre los hechos materia de la controversia, porque no podría existir una verdadera impartición de justicia sin el respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, entre las que se encuentra el derecho que tienen las partes, dentro del proceso, a probar sus acciones y excepciones." Cabe señalar que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva no está limitado a los procesos tramitados ante autoridades que desarrollan funciones materialmente jurisdiccionales, sino que también irradia a las actuaciones de las autoridades administrativas, principalmente en lo tocante a los plazos establecidos por el legislador. Lo anterior encuentra sustento en la tesis aislada 2a. CXXVIII/2017 (10a.) , de la Segunda Sala del Alto Tribunal de la Nación. "DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. ALCANCE DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN RELACIÓN CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR EL LEGISLADOR PARA LA ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. El ámbito de aplicación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva no se limita a los juicios o procesos tramitados ante las autoridades que desempeñan funciones materialmente jurisdiccionales, sino también a la actuación de las autoridades administrativas, principalmente por lo que se refiere a los plazos establecidos por el legislador y que rigen su actuación. Ciertamente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LI/2002 (*), sostuvo que los principios que conforman el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previstos en el artículo 17 de la Constitución Federal, deben adecuarse a la naturaleza de interés público de los recursos establecidos en sede administrativa. En ese contexto, avanzando en la interpretación del precepto constitucional citado, en concreto, respecto al derecho a la justicia pronta, cuando se establece un plazo en un procedimiento tramitado ante una autoridad administrativa, es porque se considera necesario sujetar a un lapso temporal su actuación, ya que de otra forma no se entendería el porqué de su establecimiento." Ahora, dado que en el caso se cuestiona si la autoridad jurisdiccional ha cumplido con su obligación de proveer sobre el cumplimiento de la sentencia de nulidad dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establecen en las leyes; es menester tomar en cuenta que el artículo 3 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, establece que en tratándose de cuestiones procesales, debe aplicarse supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala. Esa codificación procesal, en lo atinente al cumplimiento de sentencia prevé -en sus artículos 571, 574, 578 y 591- que la parte que obtuvo sentencia favorable debe pedir la ejecución o, de ser el caso, presentar su propuesta de liquidación, para lo cual contará con un plazo de tres años. De esta manera, es dable sostener que el impulso del procedimiento para cumplir con la sentencia emitida conforme a la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, queda a cargo de la parte que obtuvo resolución favorable, máxime que la legislación citada en último término -en sus artículos 139 a 144- que reglamentan la ejecución de los actos administrativos, no prevé lo contrario. Conforme a lo anterior, para verificar si en el caso en estudio la autoridad responsable cumplió con el parámetro de regularidad constitucional que se obtiene de la intelección de los artículos 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, importa tener presentes los siguientes antecedentes relevantes del caso; Mediante sentencia de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho (fojas 252 a 277 del tomo de pruebas), dictada en el expediente relativo al entonces recurso de revisión 157/2017, el Magistrado de la otrora Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala declaró la nulidad de la resolución impugnada para el siguiente efecto: Deje sin efectos la resolución de treinta de marzo de dos mil diecisiete, emita otra debidamente fundada y motivada en que se pronuncie respecto a cada una de las peticiones formuladas por el recurrente en su escrito de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis. Realice el pago a Ramón Domingo Membrilla Ramos, de las diferencias salariales que existen entre lo pagado, con lo que tenía que pagársele, tomando en consideración lo determinado en el resolutivo 41/2016, de trece de mayo de dos mil dieciséis en específico en su considerando V, las que comprenden a partir del mes de enero de dos mil dieciséis y subsecuentes; El pago de los aumentos determinados en el salario mínimo con motivo de la desaparición de las Zonas Geográficas B y C, en que se dividía la República Mexicana, en el año dos mil quince. Otorgue al recurrente las tres despensas que corresponden respecto al año dos mil doce y subsecuentes, con productos de la canasta básica en un monto de $1,200.00 (un mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional) o su pago en efectivo, por un monto total de $3,600.00 (tres mil seiscientos pesos cero centavos moneda nacional) anuales. En auto de uno de octubre de dos mil dieciocho (fojas 280 ibídem), se hizo constar que el expediente relativo al entonces recurso de revisión 157/2017, del registro de la otrora Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, quedó registrado como recurso de revisión 731/2018-2, del índice del Tribunal de Justicia Administrativa de la misma entidad federativa. El veinte de mayo de dos mil diecinueve (fojas 283 a 285 ibídem), atento a lo solicitado por el actor Ramón Domingo Membrilla Ramos en escrito presentado el quince del mismo mes y año, se declaró que la sentencia de nulidad había quedado firme y se requirió su cumplimiento, para lo cual se otorgó un plazo de tres días a las autoridades Director General y Encargado del Departamento de Prestaciones Pensionarias, ambos de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala y se les apercibió con la imposición de una medida de apremio -sin que se precisara en qué consistía esa medida-. El veintiuno de agosto de dos mil diecinueve (fojas 287 a 289 ibídem), debido a lo pedido por el actor Ramón Domingo Membrilla Ramos en escrito presentado el quince anterior, se hizo constar que las autoridades Director General y Encargado del Departamento de Prestaciones Pensionarias, ambos de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala no cumplieron con el requerimiento de veinte de mayo de ese año, por lo que se hizo efectivo el apercibimiento relativo y se les impuso una multa equivalente a diez unidades de medida y actualización. Además, se les requirió nuevamente para que dieran cumplimiento a la sentencia de nulidad y se les apercibió con la imposición de una medida de apremio -sin que se precisara en qué consistía esa medida-. Por escrito presentado el dos de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 295 a 299 ibídem), la autoridad demandada Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala interpuso recurso de revocación contra el auto de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve; empero, por acuerdo de dieciséis de diciembre siguiente (fojas 300 a 302 ibídem), el Magistrado responsable lo desechó de plano. En contra de esta última determinación, la citada autoridad demandada interpuso nuevamente recurso de revocación; sin embargo, en proveído de treinta de enero de dos mil veinte (foja 306 ibídem), el Magistrado responsable también lo desechó de plano. Por resolución de trece de marzo de dos mil veinte (fojas 334 a 342 ibídem), el Magistrado responsable declaró infundado el incidente de nulidad de notificaciones promovido por la autoridad demandada Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala. Mediante escrito presentado el trece de octubre de dos mil veinte, el actor Ramón Domingo Membrilla Ramos solicitó se hiciera efectiva la medida de apremio con la que se apercibió a las autoridades demandadas en auto de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve. Sin embargo, el veintitrés de octubre de dos mil veinte (fojas 349 a 350 ibídem), se determinó que no había lugar a imponer la medida de apremio y se requirió nuevamente a las autoridades demandadas para que dieran cumplimiento a la sentencia de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho y las apercibió con la imposición de una multa equivalente a veinte unidades de medida y actualización. Como se puede observar, después de que se dictó sentencia, el peticionario del amparo ha impulsado el procedimiento de ejecución de sentencia a través de una diversidad de promociones, en las que pidió que, una vez transcurrido el término otorgado en cada ocasión a las autoridades demandadas, se hiciera efectivo el apercibimiento relativo y se les requiriera nuevamente el cumplimiento del fallo anulatorio. Este proceder de la autoridad responsable, se estima ajustado al parámetro de regularidad constitucional fijado por el derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva, en la medida que, como se explicó, dada la supletoriedad del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, el impulso del procedimiento de ejecución de sentencia recae en la parte que obtuvo sentencia favorable; por tanto, cada vez que el peticionario del amparo ha instado una actuación por parte del Magistrado de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, esta autoridad jurisdiccional ha proveído lo conducente a fin de coaccionar a las autoridades demandadas para que cumplan con la resolución de nulidad, esto a través de la imposición de medidas de apremio. Sin embargo, como se advierte de la breve semblanza de antecedentes relevantes del caso, con posterioridad al requerimiento formulado el veintitrés de octubre de dos mil veinte (fojas 349 a 350 del tomo de pruebas), que se notificó a la autoridad demandada el veinticuatro de noviembre del mismo año, la parte quejosa -actora en el procedimiento de origen- ha sido omisa en impulsar el procedimiento, pues no ha solicitado que se haga efectivo el apercibimiento relativo y se requiera nuevamente el cumplimiento de la resolución anulatoria. Por tanto, la autoridad responsable Magistrado de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala no ha incurrido en una conducta de naturaleza negativa -de omisión- respecto al cumplimiento de la sentencia de nulidad emitida en el expediente de origen, ya que como ha quedado expuesto, corresponde a la parte actora impulsar el procedimiento de ejecución de sentencia; de manera que si la citada parte no solicita al tribunal administrativo que lleve a cabo alguna actuación, conforme al marco legal previsto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala -de aplicación supletoria a la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios-, esa autoridad jurisdiccional no está obligada a efectuar alguna actuación de oficio. Sobre todo que, en sus escritos en los que el quejoso ha solicitado se requiera a las autoridades demandadas que cumplan con la sentencia de nulidad y que, al no haberlo hecho en el término concedido, se les haga efectivo el apercibimiento relativo, el justiciable no ha especificado alguna otra actuación a realizar para obtener el acatamiento del fallo anulatorio, sino que se ha limitado a reiterar que debe requerirse el cumplimiento de la sentencia de nulidad. En consecuencia, es desacertada la afirmación de la parte quejosa en cuanto a que la autoridad responsable ha vulnerado su derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva, en la medida que ésta no está obligada a realizar actuación alguna hasta que el promovente del amparo le solicite la actuación correspondiente. De ahí que se imponga calificar de infundado el argumento vertido en vía de concepto de violación. En mérito de lo anterior, ante lo infundado del concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. OCTAVO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. NOVENO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídase a su costa copia certificada de esta sentencia a cualquiera de las partes que la solicite, previa identificación y razón que por su recibo se deje en autos, para debida constancia. Por tanto, a fin de que las partes estén en posibilidad de acudir ante este órgano jurisdiccional para la reproducción de las constancias solicitadas, de conformidad con los lineamientos previstos en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníqueseles que deberán ingresar al portal de servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el apartado de servicios jurisdiccionales, específicamente en el rubro de "Agenda OJ", y atendiendo a las fechas y horarios disponibles en que pueda acceder a este órgano jurisdiccional y al horario de labores del centro de foto copiado (hasta las doce horas), deberán generar un Código QR que les permitirá ingresar a estas instalaciones para realizar el trámite correspondiente a la entrega de las copias certificadas solicitadas; ello con el fin de acatar las medidas sanitarias tendentes a evitar la concentración de personal y la propagación del virus Covid-19 con motivo de la situación de emergencia sanitaria actual. Además, se informa a las partes que de resultarles de suma importancia las copias en mención pueden, en caso de no tenerlo, solicitar el acceso electrónico al expediente en que se actúa, pues al imprimirse desde el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes las actuaciones se encuentran acompañadas de evidencia criptográfica lo cual en términos de la fracción VI, del artículo 3 y 22 del Acuerdo General 12 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tienen validez legal suficiente al ser firmadas electrónicamente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregadas al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ellas su evidencia criptográfica. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo; se, RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Ramón Domingo Membrilla Ramos, en contra del acto y autoridad que se indican en el considerando segundo de la presente sentencia, por las razones vertidas en el séptimo considerando de esta. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. CUARTO. Conforme a lo expuesto en el último considerando de este fallo, al hacerse pública la presente resolución deberá tomarse en cuenta que las partes no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por oficio a las autoridades responsable y terceras interesadas. ***
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