Ramón Cruz Sánchez
Expediente 91/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 91/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 31/01/2023
Partes del expediente
- Ramón Cruz Sánchez
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Visto; el pedimento signado criptográficamente por la Agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado, por medio del cual solicita se realice un estudio pormenorizado del cumplimiento de la sentencia, para efecto de determinar si se encuentra debidamente fundada, motivada y congruente con la resolución de amparo. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, agréguese a los autos para que obre como corresponda el pedimento de cuenta; asimismo, ténganse por hechas sus manifestaciones, las cuales serán tomadas en consideración al momento de pronunciarse respecto al cumplimiento de la sentencia emitida por este juzgado. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Vista; la demanda de amparo promovida por ************, firmada electrónicamente por José González Estrada, contra los actos que reclama del 1. Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región Tres del Distrito Judicial de Pichucalco y Simojovel, con sede en Pichucalco, Chiapas, y otras autoridades. I. REGISTRO. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo número 91/2023-VIII y dese de alta en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. II. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, el artículo 113, de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo y, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el caso, es procedente desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa, toda vez que se advierte actualizada la causal de improcedencia deducida de lo previsto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 3 y 6, todos de la Ley de Amparo, que textualmente establecen: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. [.] Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. [.]". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". De la interpretación conjunta de los preceptos señalados, se advierte que los gobernados pueden presentar promociones por vía electrónica; no obstante, para ello es necesario que las mismas se interpongan mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), la cual tendrá los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa. Asimismo, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando no existe manifestación de voluntad para ejercer esa acción constitucional que se rige por el principio de instancia de parte agraviada. Ahora, la firma es la manifestación de voluntad por excelencia, la cual hace patente la intensión del justiciable de promover el juicio de amparo; por tanto, ésta es un requisito esencial de la demanda al ser el signo, como se dijo, de la expresión de la voluntad del accionante para demandar la restitución del derecho que se estima violado y sirve, además, para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales. En consecuencia, la ausencia de firma electrónica en la demanda trae consigo la improcedencia del juicio, al no ser patente la manifestación de la voluntad necesaria para ejercer la acción constitucional de amparo. Como apoyo a tal afirmación, cabe indicar que los artículos 6, 10, 16 y 45 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, interpretados de manera conjunta, ponen de manifiesto que para la presentación de las demandas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es necesario el uso de la Firma Electrónica vigente y, además, que los promoventes se registren en el sistema. Sobre el tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 47/2018, consideró que la implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3 de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. Así es, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido criterio en el sentido de que, la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa. Ahora, en el caso concreto, la demanda de amparo que se provee carece de las firmas electrónicas de los directos agraviados R**************; por lo tanto, no se advierte su manifestación de la voluntad para dar inicio a la presente instancia constitucional. En mérito de lo anterior, la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación, mediante el empleo de las tecnologías de la información, está supeditada a la utilización de una firma electrónica; de modo que, si la promoción de cuenta se presentó vía electrónica sin cumplir con dicho requisito, entonces es equiparable a un escrito sin firma. Sin que obste a lo anterior, que la demanda que se analiza cuente con una evidencia criptográfica de una firma electrónica; empero, aquella pertenece a José González Estrada, quien al parecer fue designado por los directos quejosos como su autorizado en términos amplios; sin embargo, como se vio en párrafos precedentes, al carecer la demanda de la firma electrónica de los directos quejosos, no se advierte su manifestación de la voluntad para dar inicio a la presente instancia constitucional; de ahí que tal circunstancia no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento del principio de parte agraviada, lo cual, no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, libro 65, abril 2019, tomo I, página 69, con número de registro 2019715, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO." Sin que pase desapercibido que el artículo 3, último párrafo, de la Ley de Amparo señala que no se requerirá firma electrónica cuando el amparo se promueva en términos del diverso 15, de la referida ley, empero en el presente asunto no se surte dicha excepción, ya que se señala un acto diverso a los que contempla dicho numeral. IV. DESECHAMIENTO. En mérito de lo expuesto, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción XXIII, en relación el diversos 3 y 6, de la Ley de Amparo, lo que procede es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo que se analiza. Guarda aplicación la tesis II.1o.C.T.11 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Diciembre de 1995, página 509, Materia Común, Novena Época, con registro digital 203580, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." V. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para recibir oír y notificaciones de la parte quejosa el señalado en su escrito de demanda, el ubicado en A*******,******************** ******************** Se tiene como autorizados de la parte quejosa a ********************, con las facultades amplias que refiere el numeral 12 de la Ley de Amparo, tomando en consideración que sus cédulas se encuentran registradas en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Y como autorizados en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, parte in fine, con relación en el diverso 24, párrafo segundo, del mismo ordenamiento legal, a ******************** por así haberlo solicitado. Respecto a los correos electrónicos y teléfono proporcionado, únicamente tómese nota de los mismos, toda vez que sólo son medio para entablar comunicaciones no procesales con las partes. XIII. AUTORIZACIÓN CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se tiene al promovente solicitando el acceso al expediente electrónico en el presente juicio de amparo, para lo cual proporciona el nombre de los usuarios "*******". En consecuencia, dese de alta en el Módulo de Autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que pueda tener acceso al expediente electrónico en comento. Por ello, se ordena al personal encargado de la digitalización de constancias, que realice el escaneo únicamente de las constancias que integran el presente juicio de amparo; y a los actuarios de la adscripción que realicen la digitalización de las notificaciones, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. VII. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. VIII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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