Ramón Carrasco Vargas
Expediente 736/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 736/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Ramón Carrasco Vargas
Actuaciones
- Principal
MESA V.- SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO en sus términos el desechamiento. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese este asunto como totalmente concluido. Se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al haberse desechado la demanda de amparo del presente juicio. Asimismo, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de garantías. Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos.
- Principal
MESA V.- Se tiene por recibida la demanda de amparo, promovida por *** contra actos del Director, Jefe del Departamento de Trámites y Servicios Legales, Jefe del Departamento de Servicios Administrativos, Director de Relaciones Labórales, todos del Centro Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Yucatán y INAH en la Ciudad de México. Con el original de la demanda y anexos, fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno bajo el 736/2019-V y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo indirecto promovida por la quejosa en contra del acto que reclama del Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo indirecto de mérito, por los motivos que a continuación se exponen. Ramón Carrasco Vargas, reclama de las autoridades responsables la emisión del oficio 401.2C.6-2019/360 de veinte de marzo de dos mil diecinueve, con el cual se es notificada el acta de hechos levantada el veinte de marzo de los corrientes; oficio 401.4C.20-2019/453 de doce de abril de dos mil diecinueve; 401.2C.6-2019/606 de ocho de mayo de dos mil diecinueve; 401.2C.1-2018/3522 con el cual se le notificó el cambio de adscripción; oficios emitidos en cumplimiento a instrumentar acta administrativa en contra del hoy quejoso, por no haberse presentado a laborar en diversas ocasiones, sin contar con permiso alguno para ellos, por parte de su superior jerárquico, y/o documento oficial con el que justificara dichas inasistencias. Por consiguiente, Ahora bien, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas Generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)" "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas (.)" De los numerales transcritos se pone de manifiesto que el juicio de amparo, tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, entre otros, por leyes o actos de la autoridad que violen los derechos humanos. Asimismo, se considera como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado; por tanto, es necesario precisar el concepto de autoridad responsable, entendiendo por tal, aquel órgano o ente que ejerce facultades decisorias en uso de sus atribuciones que les confiere la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable por ser de naturaleza pública la fuente de su potestad, por ello, a fin de establecer si a quien se le atribuye el acto, tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio constitucional, se debe atender a la naturaleza propia del acto que se le reclame; esto es, a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública, o bien, a través de otras autoridades. En ese tenor tenemos que atendiendo a los actos que se reclaman del Director, Jefe del Departamento de Trámites y Servicios Legales, Jefe del Departamento de Servicios Administrativos, Director de Relaciones Labórales, todos del Centro Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Yucatán y INAH en la Ciudad de México, los mismos no actúan como autoridades, sino en su carácter de patrones con motivo del vínculo laboral que existe entre la ahora promovente y aquellos; caso en el cual actúan en un plano de igualdad como una relación patrón-trabajador. Por consiguiente, los funcionarios señalados como autoridades responsables, no tienen ese carácter cuando realiza actos positivos, negativos u omisivos, que tienen su origen en una relación jurídica con sus trabajadores, lo que significa que la peticionaria de amparo, de estimarlo conveniente, antes de ocurrir a este juicio de amparo, debe agotar el procedimiento laboral correspondiente. En ese aspecto, se pronunció el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P.XXVII/97, publicada en el Semanario Judicial y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, página ciento dieciocho, que a la letra dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Al igual, la Jurisprudencia I.6º.T. J/28(10ª.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo número de registro es 2011343, del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." De acuerdo con ello, resulta evidente que en el caso a estudio, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el normativo 61 fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Se tiene a la parte quejosa designando la vía electrónica para las notificaciones del presente asunto. Asimismo, en cuanto a su solicitud de que se le proporcione el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo, a través del portal de servicios electrónicos del Poder Judicial de la Federación, a efecto de consultar el expediente de este juicio, y promover electrónicamente en el mismo, proporcionando para el nombre de usuario que es: "Jonas23". Al respecto, dígase que por cuanto que el nombre de usuario del autorizado Jonathan García Pérez, se encuentra inscrito en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y con ello, su firma electrónica reconocida por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, con fundamento en los artículos 64 y 67 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza a Jonathan García Pérez, para tener acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, y consultarlo, asimismo, se les faculta para tener acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, consultarlo y promoverlo con el usuario "Jonas23"; o bien, a través de su firma electrónica reconocida por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, para todos los efectos legales que correspondan Por tanto, hágase lo anterior del conocimiento del oficial administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para el efecto de que realice el registro correspondiente del usuario. Asimismo, se accede a la solicitud de la quejosa de que se faculte a sus autorizados el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos para la reproducción electrónica de las actuaciones judiciales que emanen del presente asunto. Se tiene como su autorizado a Jonathan García Pérez, Ana Arely Chávez Rodríguez, y Oscar Alberto Pérez García, en términos amplios del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, y a Alan García Pérez, con las limitaciones a que se refiere el segundo párrafo del artículo 12 referido, estos es únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, en virtud de que la presente demanda versa en materia administrativa, y los primeros nombrados acreditaron encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho, al estar registrada su cédula profesional en el Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal, no así el último. Hágase saber a las partes que sus datos personales serán suprimidos de las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información.
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