Ramón Buruel Alor

Expediente 457/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 12 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
457/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
24/11/2022

Partes del expediente

  • Ramón Buruel Alor
  • Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Visto, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por el quejoso Ramón Buruel Alor, por medio del cual solicita la aclaración de la sentencia dictada dentro del amparo en revisión 620/2021-I del índice del Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California; en virtud de lo anterior, remítase original del ocurso de cuenta, previa copia certificada que se deje en autos, al Tribunal de Alzada en mención, a efecto de que provea lo que en derecho corresponda. Por otro lado, de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que, en proveído de diecisiete de noviembre del presente año, se otorgó a la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Ensenada, un plazo de tres días hábiles para que cumpla con el fallo protector concedido a la parte quejosa. En ese contexto, glósese a los autos el oficio signado por el delegado de la autoridad responsable Tesorero Municipal del XXIV Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, mediante el cual solicita se otorgue una prórroga para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. Por tanto, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, se le otorga una prórroga (plazo) de diez días hábiles contado a partir de la notificación de este proveído, para que remita copia certificada de las constancias con las que acredite haber dado cumplimiento al fallo protector de conformidad con los lineamientos específicos de la sentencia dictada en autos. Ahora, si bien se le otorga el referido plazo de diez días hábiles, no menos cierto es que no existe disposición que le impida dar cumplimiento a la referida ejecutoria de amparo, en un término menor al indicado, acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional. En el entendido que en caso de incumplimiento, o informar la imposibilidad legal que le asista para ello, subsiste el apercibimiento contenido en el proveído de diecisiete de noviembre del presente año, es decir la imposición de una medida de apremio -multa- y la remisión de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, ante la autoridad judicial correspondiente, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se solicita a la autoridad responsable que de manera preferente remita las constancias relativas, a la dirección de correo electrónico oficial 9jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, de conformidad con el artículo 251, inciso f), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo.

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el secretario del Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, mediante el cual remite el testimonio de la sentencia dictada en el recurso de revisión 620/2021-I, de su índice, en la que dicho tribunal resolvió: "[.] PRIMERO. Se MODIFICA la sentencia recurrida. SEGUNDO. SOBRESEE en el juicio de amparo, respecto de la boleta de infracción reclamada TERCERO. La justicia de la unión NO AMPARA ni protege respecto del acto reclamado en el artículo 40 y la parte conducente del artículo 245, del Reglamento de Tránsito para el Municipio de Ensenada, Baja California. CUARTO. La justicia de la unión AMPARA y protege respecto de los artículos 11, 209 y la parte conducente del artículo 245, del Reglamento de Tránsito para el Municipio de Ensenada, Baja California, en relación a las multas relativas a las infracciones por circular sin placas y sin tarjeta de circulación. [.]" En consecuencia, acúsese de recibo, háganse las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En ese contexto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Vicente Maldonado Del Toro, Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Ensenada, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, remita copia certificada de las constancias con que acredite haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo concedida a la parte quejosa, remitiéndole testimonio de la resolución de cuenta -con firmas electrónicas-, a efecto de que se encuentre en aptitud de cumplir con el fallo protector concedido en autos. En ese sentido, se solicita a la autoridad responsable que de manera preferente remita las constancias relativas, a la dirección de correo electrónico oficial 9jdo15cto@correo.cjf.gob.mx. Se apercibe a la citada autoridad que de no dar cumplimiento a lo anterior sin causa justificada, o bien, si no manifiesta la imposibilidad que tenga para ello, se le impondrá una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, conforme al artículo 193 de la propia ley, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad judicial correspondiente, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Por otra parte, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad, en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 56/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo."

  3. Principal

    Ensenada, Baja California, veinte de enero de dos mil veintidós. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el secretario del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, en el que transcribe el proveído de dieciocho de enero de dos mil veintidós; en el que comunica que se admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en contra de la sentencia dictada el siete de diciembre de dos mil veintiuno, en el presente juicio de amparo, mismo que se radicó con el número de recurso de revisión administrativo 620/2021; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Vista; la certificación secretarial que antecede de la que se advierte que la totalidad de las partes fueron notificadas de la sentencia dictada el siete de diciembre de dos mil veintiuno y del proveído de veintidós de diciembre de esta anualidad, en el que se tuvo a la parte quejosa Ramón Buruel Alor, interponiendo recurso de revisión en contra de dicha resolución. En consecuencia, solicítese a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, vía correo electrónico institucional, el turno para la substanciación del recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente. En el entendido de que, una vez que se cuente con la boleta de turno respectiva, usando la funcionalidad de interconexión, se ordenará la remisión del recurso de revisión en comento al Tribunal de Alzada que por razón de turno corresponda conocer del asunto, así como hacer disponible el expediente para su consulta; lo anterior, de conformidad con el oficio CJF/CAP/DGGJ/STG/2182/2020, de veintinueve julio de dos mil veinte, emitida por el Secretario Técnico "A" de la Dirección General de Gestión Judicial encargado del despacho, del Consejo de la Judicatura Federal, que explica el procedimiento de remisión de asuntos que se tramitan en los órganos jurisdiccionales, privilegiando el trabajo a distancia mediante el uso de las herramientas tecnológicas, en aras de evitar el contacto físico entre servidores públicos. Ahora bien, toda vez que es un hecho notorio para este juzgador, que en el trámite de diversos juicios de amparo, el Tribunal de Alzada ha solicitado mediante oficio le sean remitidas copias certificadas de las constancias necesarias para la substanciación de los medios de impugnación correspondientes, o en su caso los autos originales de los asuntos; en ese contexto, remítase el expediente original en el que se actúa, previo cuaderno de antecedentes que se forme para constancia, así como el escrito de agravios al Tribunal Colegiado que por razón de turno, le corresponda conocer del aludido medio de impugnación, a fin de que se encuentre en aptitud de acordar lo que conforme a derecho corresponda. Hágase del conocimiento del Tribunal que por razón de turno le corresponda conocer del medio de impugnación de mérito que el número de expediente único nacional del juicio de derechos fundamentales en el que se actúa, es 28749051. Notifíquese.

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