Ramón Barraza Bojalil
Expediente 162/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 84 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 162/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 84
- Última actuación
- 24/10/2022
Partes del expediente
- Ramón Barraza Bojalil
Actuaciones
Las 4 más recientes de 84.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. agréguese a los autos el oficio signado por la actuaria judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, atento a su contenido se provee: Como lo solicita la autoridad oficiante, remítase a la brevedad el oficio de veintiséis de abril del año en curso, donde se le acusó recibo de las constancias originales remitidas así como de los cuarenta y cinco tomos anexos.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Visto el sobre de cuenta, téngase al Administrador de la Oficina de Servicios Directos del Servicio Postal Mexicano, Poder Judicial Siglo XXI, en San Andrés Cholula, Puebla, devolviendo el oficio 36541/2022 dirigido a la autoridad señalada como responsable Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a través del Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la leyenda "LA AUTORIDAD QUE MENCIONA SE LOCALIZA EN CALLE JUAREZ 20 C.D. MÉXICO". Atento a lo anterior, y como se estableció con anterioridad en el auto de cinco de agosto de esta anualidad, reexpídase el citado oficio a la autoridad responsable Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a través del Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores a la dirección ubicada en ******.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de agosto de dos mil veintidós. Visto el sobre de cuenta, téngase al Administrador de la Oficina de Servicios Directos del Servicio Postal Mexicano, Poder Judicial Siglo XXI, en San Andrés Cholula, Puebla, devolviendo el oficio 31160/2022 dirigido a la autoridad señalada como responsable Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a través del Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la leyenda "CAMBIO DE DOMICILIO". Atento a lo anterior, reexpídase el citado oficio a la autoridad responsable Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a través del Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores a la dirección ubicada en *******.
- Principal
Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que transcurrió el plazo de tres días que prevé en el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Por resolución dictada el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, por una parte, se sobreseyó en el presente asunto; por otra parte se negó el amparo; asimismo, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a *****, para que la juez Segundo de lo Civil del distrito judicial de Cholula, Puebla, realizara lo siguiente: "En las relatadas circunstancias y por las razones expuestas en la presente sentencia, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, realice los siguientes actos: a). Deje insubsistente el auto de uno de diciembre del dos mil dieciséis, dictado en el juicio de alimentos 576/2015, sólo en la parte en que decretó la imposición de una medida cautelar en contra del quejoso consistente en la restricción para salir del territorio nacional; y b). Emita otra determinación, en la que, con plenitud de jurisdicción resuelva lo que estime procedente; en el entendido que de insistir en la imposición de dicha medida cautelar deberá sujetarse a los lineamientos descritos en la presente sentencia, esto es, de manera fundada y motivada: - Precise a partir de qué fecha en concreto consideró que el demandado, hoy quejoso, ******** incumplió con la obligación alimentaria a su cargo; - Justifique, en su caso, la imposición de la medida cautelar, para lo cual deberá considerar que para restringir a una persona la posibilidad de abandonar el territorio nacional no sólo se debe acreditar que el deudor alimentario deje de cumplir con las obligaciones que le impone la legislación civil en materia de alimentos por un período mayor de sesenta días, sino que también debe acreditarse que quien pretende viajar es deudor alimentario; que ha sido denunciado por el acreedor alimentario; que un juez ha conocido su caso; que ha sido vencido en juicio; que a pesar de ello continúa incumpliendo y que desea ausentarse del país; y - Valore si a pesar de que mediante diligencia de nueve de junio del dos mil quince (fojas 702 y 703 del Anexo XI), se trabó embargo respecto de dos vehículos, una casa habitación y un predio propiedad de *******, era necesario restringir a este último de abandonar el territorio nacional ante la posibilidad de que incumpliera sus obligaciones alimentarias o si con motivo de esas providencias decretadas se podría estimar que estaba acreditada la subsistencia de sus acreedores alimentarios. En el entendido de que, con base en estos aspectos, así como el interés superior del menor -en cuanto a su subsistencia-, tendrá que valorar si existe incumplimiento, cuál es el monto y si los bienes serían suficientes para alcanzar esa subsistencia. La concesión del amparo debe hacerse extensiva al acto de ejecución reclamado al Delegado Federal en Puebla del Instituto Nacional de Migración, consistente en la ejecución material del proveído de uno de diciembre de dos mil dieciséis, emitido en el juicio de alimentos 576/2015, por el que decretó la imposición de una medida cautelar en contra del demandado, aquí quejoso, consistente en la restricción para salir del territorio nacional." Inconformes con tal determinación tanto el quejoso *******, como la tercera interesada *******, por conducto de su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo *******, interpusieron recursos de revisión, los que por turno correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito quien, mediante testimonio de ejecutoria pronunciado el veintinueve de octubre de dos mil veinte, dentro del toca R-106/2019, resolvió: "PRIMERO. Quedan firmes por falta de impugnación las consideraciones atinentes al sobreseimiento en el juicio con base en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por inexistencia de los actos reclamados a la Diligenciaria encargada de los expedientes con número par adscrita al Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, así como al Comisionado del Instituto Nacional de Migración; lo atinente a la actualización de la causal de improcedencia establecida en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados a la ahora Secretaria de Gobernación y al Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, consistentes en el refrendo y publicación del Decreto tildado inconstitucional; así como lo relativo a la desestimación de las causales de improcedencia que invocaron la tercera interesada Teresa Carolina Palacios Duarte, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, todas ellas vinculadas con la inconstitucionalidad de la fracción VI del artículo 48 de la Ley de Migración y con el tema de legalidad del acto de aplicación, las cuales fueron analizadas por el juez de distrito. SEGUNDO. Este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, es legalmente incompetente para conocer del presente asunto, relativo a la inconstitucionalidad de la fracción VI del artículo 48 de la Ley de Migración. TERCERO. Remítanse los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de que determine si asume la competencia originaria para conocer del presente recurso, adjuntándose el toca de revisión 106/2019, así como los cuarenta y cinco tomos de pruebas que envió el juez de distrito a quo para la sustanciación del presente medio de impugnación." Luego, por auto de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio enviado a través del Módulo de Intercomunicación para la transmisión electrónica de documentos entre los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y la propia Suprema Corte (MINTERSCJN), procedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que contiene el acuerdo dictado el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, dentro del amparo en revisión 24/2021, del que se desprende que ese alto tribunal asumió su competencia originaria para conocer de los recursos de revisión interpuestos por la parte quejosa ******* y la tercero interesada ******* por propio derecho y en representación de sus menores hijos A.C., J.R. y F.E., todos de apellidos B.P., así como de la revisión adhesiva hecha valer por la citada parte quejosa, en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo 162/2017 de la estadística de este órgano jurisdiccional, por lo cual fue turnado a la Primera Sala de ese alto tribunal. Por auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, la actuaria judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, remitió copia certificada del voto particular de uno de septiembre de dos mil veintiuno, emitido por el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación *******, referente al recurso de revisión 24/2021interpuesto en contra de la sentencia dictada en el presente asunto. Mediante proveído de veintiséis de abril de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio de la actuaria adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, mediante el cual remitió el juicio de amparo 162/2027, cuarenta y cinco tomos anexos, así como el testimonio de ejecutoria pronunciado el siete de abril de dos mil veintidós, dentro del toca de revisión R-106/2019; el cual fue resuelto bajo los siguientes puntos: "PRIMERO. En lo que es materia de análisis en la presente ejecutoria, se confirma la sentencia de amparo impugnada. SEGUNDO. Por los motivos y para los efectos precisados en el fallo recurrido, la Justicia de la Unión ampara y protege a ******* [NOMBRE DEL QUEJOSO], contra el acto que reclamó del Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, consistente en el auto del uno de diciembre de dos mil dieciséis, dictado en el juicio de alimentos 576/2017 [NÚMERO DE EXPEDIENTE], así como su ejecución atribuida al delegado Federal en Puebla del Instituto Nacional de Migración (Vicios de forma). TERCERO. Se declara sin materia el recurso de revisión adhesiva interpuesto por el quejoso ****** [NOMBRE DEL QUEJOSO]." Para mayor comprensión se transcriben los efectos para los cuales se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitado: "En las relatadas circunstancias y por las razones expuestas en la presente sentencia, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, realice los siguientes actos: a). Deje insubsistente el auto de uno de diciembre del dos mil dieciséis, dictado en el juicio de alimentos 576/2015, sólo en la parte en que decretó la imposición de una medida cautelar en contra del quejoso consistente en la restricción para salir del territorio nacional; y b). Emita otra determinación, en la que, con plenitud de jurisdicción resuelva lo que estime procedente; en el entendido que de insistir en la imposición de dicha medida cautelar deberá sujetarse a los lineamientos descritos en la presente sentencia, esto es, de manera fundada y motivada: - Precise a partir de qué fecha en concreto consideró que el demandado, hoy quejoso, ****** incumplió con la obligación alimentaria a su cargo; - Justifique, en su caso, la imposición de la medida cautelar, para lo cual deberá considerar que para restringir a una persona la posibilidad de abandonar el territorio nacional no sólo se debe acreditar que el deudor alimentario deje de cumplir con las obligaciones que le impone la legislación civil en materia de alimentos por un período mayor de sesenta días, sino que también debe acreditarse que quien pretende viajar es deudor alimentario; que ha sido denunciado por el acreedor alimentario; que un juez ha conocido su caso; que ha sido vencido en juicio; que a pesar de ello continúa incumpliendo y que desea ausentarse del país; y - Valore si a pesar de que mediante diligencia de nueve de junio del dos mil quince (fojas 702 y 703 del Anexo XI), se trabó embargo respecto de dos vehículos, una casa habitación y un predio propiedad de *******, era necesario restringir a este último de abandonar el territorio nacional ante la posibilidad de que incumpliera sus obligaciones alimentarias o si con motivo de esas providencias decretadas se podría estimar que estaba acreditada la subsistencia de sus acreedores alimentarios. En el entendido de que, con base en estos aspectos, así como el interés superior del menor -en cuanto a su subsistencia-, tendrá que valorar si existe incumplimiento, cuál es el monto y si los bienes serían suficientes para alcanzar esa subsistencia. La concesión del amparo debe hacerse extensiva al acto de ejecución reclamado al Delegado Federal en Puebla del Instituto Nacional de Migración, consistente en la ejecución material del proveído de uno de diciembre de dos mil dieciséis, emitido en el juicio de alimentos 576/2015, por el que decretó la imposición de una medida cautelar en contra del demandado, aquí quejoso, consistente en la restricción para salir del territorio nacional." En consecuencia, con la citada fecha (veintiséis de abril de dos mil veintidós), este juzgado federal requirió el cumplimiento de ejecutoria a las autoridades responsables. Posteriormente, mediante oficio INM/DAJ/833/2022, recibido en este juzgado federal el quince de junio de dos mil veintidós, el jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Delegación Federal en Puebla, del Instituto Nacional de Migración, informó que el quejoso ********, no tiene registro de control migratorio vigente al catorce de junio de dos mil veintidós. Luego, por oficio 3875, recibido el diecisiete de junio de dos mil veintidós, la juez responsable, remitió copia certificada del auto dictado el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, dentro del expediente 576/2015, del se desprende que por cuanto hace al siguiente punto resolutivo consistente en: En el entendido de que, con base en estos aspectos, así como el interés superior del menor -en cuanto a su subsistencia-, tendrá que valorar si existe incumplimiento, cuál es el monto y si los bienes serían suficientes para alcanzar esa subsistencia. Al respecto, informó que el veintitrés de mayo del año en curso, dejó insubsistente el auto de uno de diciembre de dos mil dieciséis, en la parte que decretó la imposición de una medida cautelar en contra del aquí quejoso; asimismo, acordó el escrito de Luis de los Santos Romero en su carácter de abogado patrono de la parte actora, recibido en aquél juzgado civil, el veintiuno de octubre de dos mil diecisiete, donde determinó no ha lugar a decretar la medida que señala al estimar que se encontraba garantizado el pago de las pensiones alimenticias provisionales con los bienes embargados. Asimismo, la juez responsable determinó que no consta en autos que la parte actora haya promovido su planilla de liquidación de las pensiones alimenticias adeudadas, mediante la cual pudiera cuantificarse su monto. Que la parte actora no justificó, si el deudor alimentario aquí quejoso, tenía intenciones de viajar fuera del país, con la finalidad de dejar de cumplir con su obligación alimentaria, ya que como refirió en diligencia de nueve de junio de dos mil quince, se trabó embargo sobre los bienes muebles e inmuebles descritos en la misma, tendentes a garantizar las pensiones alimenticias reclamadas, sin que autos conste que los mismos resulten ser insuficientes para garantizar el pago de los alimentos decretados a favor de los acreedores alimentarios, y que ello implique que se deje a los acreedores sin lo indispensable para su subsistencia. Mediante oficio 3884, recibido en este juzgado el diecisiete de junio de dos mil veintidós, la juez Segundo de lo Civil del distrito judicial de Cholula, Puebla, dio contestación al oficio 26643/2022 de seis de junio de año en curso, en el que manifestó lo siguiente: ". En relación al primero de los puntos que menciona en su oficio de cuenta infórmese a la Autoridad Federal que la fecha en que incumplió con la obligación de proporcionar alimentos, con base a las constancias que obran en autos, lo es a partir del nueve de junio del dos mil quince, fecha en la que fue requerido el pago de la primera mensualidad de alimentos fijada en su contra. Por otra parte, en relación al segundo punto consistente en que se justifique, en su caso, la imposición de la medida cautelar por la cual deba considerar que para restringir a una persona de abandonar el territorio nacional, dígase que por proveído de treinta uno de mayo de dos mil veintidós, se estableció no ha lugar decretar la medida cautelar. Lo anterior es así en virtud, de que la parte actora no justificó los elementos necesarios para poder decretarla, con base en el artículo 48 fracción VI de la Ley de Migración, 293, 507, 516 del Código Civil del Estado de Puebla, 89 y 688 del Código de Procedimiento Civiles del Estado de Puebla, ya que las pensiones alimenticias se encontraban garantizadas, con los bienes embargados mediante diligencia de nueve de junio de dos mil quince. Asimismo, la parte actora omitió justificar con elementos de prueba suficientes, tendientes a demostrar que quien pretendía viajar lo era el deudor alimentario, que éste último había sido denunciado por la acreedora alimentaria, que un Juez había conocido de su caso, y que este había sido oído y vencido en el mismo, situación que resultó suficiente para determinar la no imposición de la medida cautelar. Finalmente, con los bienes embargados en diligencia de nueve de junio de dos mil quince, se garantiza el pago de los alimentos solicitados por los acreedores, lo que resulta ser suficiente para decretar la no imposición de la medida cautelar, consistente en la restricción de salir del país por parte del quejoso ********, pues no existe en autos elementos de prueba que acrediten lo contrario, tal y como se ha dicho en auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. ." Razones por las cuales el suscrito considera que se encuentra cumplido el fallo protector; sin que obste lo anterior el escrito de *******, en su carácter de autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo por la tercero interesada ******** por propio derecho y en representación de los menores con iniciales ACBP, JRBP y FEBP, recibido el veinticuatro de junio de año en curso, mediante el cual realizó diversas manifestaciones a la vista que se otorgó a las partes por auto de veinte de junio del año en curso, al argumentar en resumen que no se debe tener por cumplida la ejecutoria del presente juicio de amparo, toda vez que la obligación alimentaria es una obligación de tracto sucesivo, que se genera día con día, por lo que deben tomarse el consideración todas las circunstancias existentes en autos y no solamente las que obran hace cinco años aproximadamente, es decir, que se debió tomar en consideración la interlocutoria que resolvió la planilla de liquidación de pensiones alimenticias provisionales formulada por la parte tercera interesada, en la cual se aprobó un adeudo hasta por la cantidad de $4,862,257.60 (cuatro millones, ochocientos sesenta y dos mil doscientos cincuenta y siete pesos 60/100 moneda nacional), correspondiente al mes de junio de dos mil quince al mes de enero de dos mil diecinueve, ya que la juez responsable omitió tomar en cuenta dicha resolución que aduce es suficiente para justificar el incumplimiento en la obligación alimentaria a cargo de ******, lo que a su criterio, vuelve ilegal el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Al respecto, resultan inoperantes sus manifestaciones, ya que como lo manifiesta la parte tercera interesada el amparo se concedió para que la Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, dejara insubsistente el auto de uno de diciembre del dos mil dieciséis, dictado en el juicio de alimentos 576/2015, sólo en la parte en que decretó la imposición de una medida cautelar contra el quejoso consistente en la restricción para salir del territorio nacional; para que emitiera otra determinación, en la que, con plenitud de jurisdicción resolviera lo que estimara procedente; en el entendido que de insistir en la imposición de dicha medida cautelar debería sujetarse a los lineamientos descritos en la sentencia emitida en el presente juicio de amparo, esto es, de manera fundada y motivada; que precisara a partir de qué fecha en concreto consideró que el demandado, hoy quejoso, ******* incumplió con la obligación alimentaria a su cargo; que justificara en su caso, la imposición de la medida cautelar, para lo cual debería considerar que para restringir a una persona la posibilidad de abandonar el territorio nacional no sólo se debe acreditar que el deudor alimentario deje de cumplir con las obligaciones que le impone la legislación civil en materia de alimentos por un período mayor de sesenta días, sino que también debería acreditarse que quien pretende viajar es deudor alimentario, que ha sido denunciado por el acreedor alimentario, que un juez ha conocido su caso, que ha sido vencido en juicio, que a pesar de ello, continuaba incumpliendo y que deseaba ausentarse del país; y que valorara si a pesar de que mediante diligencia de nueve de junio del dos mil quince (fojas 702 y 703 del Anexo XI), se trabó embargo respecto de dos vehículos, una casa habitación y un predio propiedad de ******, era necesario restringir a este último de abandonar el territorio nacional ante la posibilidad de que incumpliera sus obligaciones alimentarias o, si con motivo de esas providencias decretadas se podría estimar que estaba acreditada la subsistencia de sus acreedores alimentarios, en el entendido de que, con base en estos aspectos, así como el interés superior del menor -en cuanto a su subsistencia-, tendría que valorar si existía incumplimiento, cuál es el monto y si los bienes serían suficientes para alcanzar esa subsistencia. Sin que lo anterior, resulte que la juez responsable deba de emitir la sentencia definitiva en el juicio de origen, como hace mención la parte tercera interesada, ya que la omisión en la que incurriría la responsable respecto al dictado de la sentencia correspondiente sería materia de otro juicio de amparo, no así del juicio que nos ocupa. Atento a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en este juicio, sin excesos ni defectos. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE); asimismo, ARCHÍVESE el presente asunto como concluido. Por otra parte, se advierte que el cuaderno incidental del que deriva el presente sumario constitucional obra por cuerda separada, por tanto, se ordena dar vista con el presente proveído para que se acuerde lo que en derecho corresponda. Ahora bien, el expediente PRINCIPAL en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes. Por lo anterior, como lo dispone el capítulo Décimo Tercero, artículo 35, primer y segundo párrafo del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en que se actúa; y, una vez que transcurra el plazo de tres años que aduce el penúltimo párrafo del artículo 18, dentro de los siguientes noventa días posteriores, este juzgado federal deberá depurar el presente expediente; hecho lo anterior, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de A Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del multicitado Acuerdo. Finalmente, para efectos de estadísticos de existencia de este órgano jurisdiccional, se precisa la siguiente información en torno al cumplimiento del fallo amparador dictado en el presente juicio constitucional: Campo solicitado Data 1 Fecha del cumplimiento por parte de la autoridad 15 de junio de 2022 2 Fecha en que se recibió el oficio por el cual la autoridad responsable informó el cumplimiento 17 de junio de 2022 3 Fecha de la última notificación a las partes del auto por el que se dio vista con el apercibimiento 24 de Junio de 2022 (electrónica al quejoso) 4 Fecha en que se tuvo por cumplida la ejecutoria 04 de Julio de 2022
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