Ramon Avila Nuñez
Expediente 634/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 25 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 634/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 15/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Ramon Avila Nuñez
- Secretario de Seguridad Publica del Estado de Zacatecas
- Jesús Falcón Ochoa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
El quince de noviembre de dos mil diecisiete, el suscrito Jorge Martín Zamora González, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas. Certifica: Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución definitiva dictada por el Juez Primero de Distrito del estado de Zacatecas, transcurrió del veinte de octubre al diez de noviembre del año en curso (foja 146 a 154), sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno. Asimismo se certifica lo siguiente: Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; En el mismo orden de ideas, se hace constar que se aperturó incidente de suspensión, en el que se declaró sin materia, asimismo, no se exhibió billete de depósito para garantizar dicha suspensión. De igual forma, que existe cuaderno de pruebas por devolver al agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Procuraduría General del estado, con sede en Zacatecas. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a quince de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación secretarial, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el veinte de octubre de dos mil diecisiete (fojas 146 a 154), en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente principal como el cuaderno original del incidente de suspensión definitiva sí son susceptibles de destrucción, en razón de que en el primero se decretó el sobreseimiento y en el segundo, se declaró sin materia; además de que este Juzgado considera que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse. Asimismo, respecto al cuaderno duplicado del incidente de suspensión correspondiente al presente juicio de amparo, es también susceptible de destrucción, dado que este juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Por tanto, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Por último, devuélvase a la autoridad responsable agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Procuraduría General del estado, con sede en Zacatecas, el cuaderno de pruebas que en su momento remitió como justificación de los actos consistente en copias certificadas de la carpeta de investigación 21/UECS/EMM/2017. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora, secretario de juzgado, que autoriza y da fe. AleM./EMVG
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las ONCE HORAS DEL VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de derechos 634/2017, se encuentra en audiencia pública Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe; sin contar con la asistencia personal de las partes. Abierta la audiencia, el secretario da lectura de la demanda de amparo; de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (foja 50), Director General de Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (foja 51), Procurador General de Justicia del Estado de Zacatecas (foja 53) y Secretario de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (foja 56); y de las demás constancias que obran en los presentes autos. A lo que el juez determina: Téngase hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. En el periodo de pruebas, el secretario da cuenta a la juez con las documentales exhibidas por las autoridades responsables (fojas 26, 27, 33 a 40, 57 y 58) y con la instrumental de actuaciones y presuncional ofrecidas por la parte quejosa; asimismo, con la documental remitida por el agente investigador responsable, consistente en el disco compacto que contiene el audio y video de la audiencia de vinculación a proceso de los quejosos celebrada por el Juez de Control del Distrito Judicial de Valparaiso, Zacatecas. A lo que el juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas referidas, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos, el secretario da cuenta con los realizados por la representación social de la adscripción en los pedimentos que obran a fojas 64, 67, 70, 73, 82, 885, 88 y 91 de autos. A lo que el juez determina: En términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse reproducidos los argumentos referidos y perdido el derecho de las demás partes para formularlos. Por último, al encontrarse debidamente integrado el expediente y no habiendo diligencia pendiente por desahogar, se levanta la presente acta y se procede a dictar la siguiente resolución. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 634/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el treinta de junio de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Ermilo de la Rosa Velázquez promovió demanda de amparo en favor de Ramón Ávila Núñez, Jesús Falcón Ochoa y Evaristo Falcón Diera contra los actos y autoridades que enseguida se describen: Autoridad responsable: a) Secretario de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas. b) Procurador General de Justicia del Estado de Zacatecas. c) Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Secuestro de la procuraduría citada. d) Director de la Policía Ministerial del Estado de Zacatecas. Acto reclamado: "A la autoridad responsable mencionada en el inciso A), le reclamo la ilegal detención que a través de personal a su mando llevó a cabo en contra de los hoy quejosos [.] y a las autoridades mencionadas en los incisos B, C y D, les reclamo la ilegal retención e incomunicación que en este momento están realizando; de igual forma, les reclamo las consecuencias jurídicas derivadas del acto reclamado, tales como realizar en contra de los hoy quejosos cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la constitución federal". (Foja 4). Actos que, a su parecer, resultan violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16, 19 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. El asunto de referencia se turnó a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas; en proveído de uno de julio de dos mil diecisiete (fojas 15 y 16), se ordenó registrar la demanda con el expediente 634/2017, se concedió la suspensión de plano respecto de la incomunicación y actos del artículo 22 reclamados y se requirió a los amparistas para que ratificaran la demanda presentada en su nombre. En diligencia de la misma fecha, los quejosos manifestaron ratificar la demanda de amparo (fojas 19 a 21). En proveído de tres siguiente (foja 41), se admitió a trámite la demanda, se requirieron los informes con justificación respectivos, se ordenó dar intervención al agente del Ministerio Público de la adscripción y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. En acuerdo de catorce de julio de dos mil diecisiete (foja 60), se previno a la parte quejosa para que, en el plazo de quince días, manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo contra el Juez de Control del Distrito Judicial de Valparaíso, Zacatecas, al advertirse su posible participación en los actos reclamados del informe con justificación rendido por el agente del Ministerio Público responsable; bajo apercibimiento que se continuaría el trámite únicamente respecto de los actos y autoridades señalados originalmente. El catorce de agosto de la presente anualidad (foja 94, reverso), se hizo efectivo el apercibimiento anterior. En auto de once de octubre de dos mil diecisiete, se comunicó a las partes que, mediante oficio SEADS/762/2017, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión de trece de septiembre de dos mil diecisiete, se acordó la adscripción del licenciado Iván Ojeda Romo como titular de este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del uno de ese mes y año. La audiencia constitucional inició al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción II de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que la ejecución del acto reclamado se atribuye a autoridades que residen en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados que constituyen el objeto de la litis efectivamente planteada en este juicio consisten en: a) La afectación de la libertad personal de los amparistas, en virtud de la detención en flagrancia que sufrieron. b) La incomunicación y actos del artículo 22 constitucional realizados durante la detención. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados identificados con el inciso b (incomunicación y actos del artículo 22 constitucional). Debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto de la incomunicación y segregación combatidas. En efecto, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y." El precepto trascrito contiene dos supuestos de sobreseimiento en los juicios de amparo: a) Cuando esté claramente demostrado que no existe el acto reclamado; y b) cuando no se probare su existencia. Así pues, la prueba de la inexistencia del acto reclamado, al igual que la falta de prueba respecto de la existencia alegada por los quejosos, conduce al sobreseimiento. Las autoridades responsables negaron los actos materia del presente considerando en los términos siguientes: El Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas negó la existencia de los actos reclamados, sobre la base de que los quejosos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial dentro del plazo constitucional establecido para tal efecto y que durante dicho lapso tuvieron comunicación con su defensor y se respetaron sus derechos (foja 50). El Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas negó la existencia de la incomunicación y tortura de los quejosos durante su detención, debido a que, afirmó, se respetaron los derechos fundamentales (foja 51). El Procurador General de Justicia del Estado de Zacatecas negó, lisa y llanamente, la existencia de los actos reclamados (foja 53). El Secretario de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas negó la existencia de los actos reclamados, ya que, manifestó, la detención fue realizada en completo apego a la ley (foja 55). Lo expuesto implica la negativa de los actos de incomunicación y del artículo 22 constitucional reclamados. Sin que la negativa anterior se encuentre desvirtuada, pues no consta en autos de esta instancia constitucional elemento de prueba que acredite tales actos. Por el contrario, de las razones actuariales de uno de julio de dos mil diecisiete (fojas 19 a 21), se advierte que el actuario judicial adscrito a este juzgado dio fe de que los amparistas no presentaban huellas o indicios de golpes en su persona, lo que fue confirmado expresamente por dichos peticionarios de amparo. De ahí que, se insiste, de las constancias de autos no se advierte que la detención de los quejosos se hubiera traducido en incomunicación y malos tratos, en contravención directa al artículo 22 constitucional. Lo anterior, en particular, tomando en cuenta que la incomunicación alegada conlleva un hecho negativo con efectos positivos, relativos a que la autoridad responsable impidió la comunicación de los quejosos; por tanto, la carga de la prueba recae en los peticionarios de derechos porque sostener lo contrario conllevaría para la autoridad responsable la carga de acreditar que no realizó incomunicación alguna. Máxime que al momento de la presentación de la demanda de amparo (veintitrés horas con cuarenta y ocho minutos del treinta de junio de dos mil diecisiete) no se advierte la existencia de una detención prolongada (mayor a cuarenta y ocho horas) que haga presumir incomunicación, tomando en cuenta que el secretario estatal de seguridad pública responsable manifestó que la aprehensión de los amparistas aconteció a las dieciocho horas con cinco minutos del veintinueve anterior (foja 58) y que fueron puestos a disposición a las veintiún horas de ese día (foja 55). Por tanto, tales actos resultan inexistentes, ya que no existe evidencia razonable que otorgue certeza de las manifestaciones que en ese sentido se realizaron en la demanda de amparo. En consecuencia, al no haberse desvirtuado tal negativa, ni haberse probado la existencia del acto reclamado, se sobresee en el presente juicio de derechos, en conformidad con la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. Sobreseimiento respecto de autoridades que no revisten el carácter de responsables en relación con la detención reclamada. El procurador General de Justicia del Estado de Zacatecas negó la existencia de los actos reclamados (foja 53). Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas también negó la existencia de dichos actos, sobre la base de que la detención la realizaron elementos de la policía estatal (foja 55). No obstante, como se verá, la afectación a la libertad personal reclamada resulta cierta respecto de autoridades diversas. De ahí que respecto las autoridades en comento, se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el numeral 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, ya que su participación directa en los actos reclamados no se encuentra acreditada. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por analogía, la Jurisprudencia número I.5o.P. J/3, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primero Circuito, perteneciente a la novena época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo vigésimo segundo, septiembre de dos mil cinco, página 1363, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. ES IMPROCEDENTE DECRETARLO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO, SI NEGADO EL ACTO RECLAMADO POR ALGUNA O VARIAS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SE DEMUESTRA SU EXISTENCIA RESPECTO DE OTRA U OTRAS, PUES LA CAUSAL QUE SE ACTUALIZA ES LA PREVISTA EN LA DIVERSA FRACCIÓN III DEL PRECEPTO Y LEY CITADOS. En el supuesto de que las autoridades negaran el acto que les fue atribuido, sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba en contrario, y de las constancias procesales se demuestra que una diversa autoridad aceptó el mismo, esto es, que el acto reclamado sí existe, no resulta lógico ni jurídico sostener que éste, considerado como una determinación de la autoridad responsable que puede afectar la esfera jurídica del quejoso, sólo exista respecto de algunas autoridades y no en relación con otras, es decir, tal hipótesis se actualizaría sólo cuando todas las autoridades señaladas como responsables negaran la existencia del acto que se les atribuye y en autos no se demuestre lo contrario, pero no si se acredita que los actos reclamados sí existen, respecto de alguna autoridad. Consecuentemente si no se demuestra la intervención de ciertas autoridades en el juicio de amparo, se actualizará la causal de improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el numeral 11, ambos de la Ley de Amparo, pues si no emitieron, dictaron, publicaron ni ejecutaron el acto que se reclama, no puede considerárseles como responsables en el juicio de amparo, por tanto, se deberá sobreseer en términos del artículo 74, fracción III, y no de la IV, del mismo ordenamiento". Por tanto, se sobresee en el juicio de garantías con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento, por cuanto a dichas autoridades concierne. QUINTO. Certeza del acto reclamado identificado con el inciso a (afectación de la libertad personal de los amparistas, en virtud de la detención en flagrancia que sufrieron). El Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas negó la existencia de los actos reclamados, se reitera, sobre la base de que los quejosos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial dentro del plazo constitucional establecido para tal efecto y que durante dicho lapso tuvieron comunicación con su defensor y se respetaron sus derechos (foja 50). Lo anterior conlleva la aceptación de la detención reclamada, pues se advierte que los amparistas fueron presentados ante dicha representación social, lo que otorga certeza de que durante el lapso que estuvieron ante tal autoridad aconteció la afectación a la libertad personal base de la demanda de amparo. Es ilustrativa de lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, Octava Época, julio de mil novecientos noventa y cuatro, página trescientos noventa y uno, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Por tanto, al existir manifestaciones de certeza en el informe justificado en análisis, debe tenerse por existente el acto reclamado a la autoridad citada, consistente en la afectación a la libertad personal de los quejosos, con motivo de su detención en flagrancia. Por su parte, el Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas manifestó que los solicitantes de derechos fueron detenidos en flagrancia por elementos operativos de la policía a su cargo y que fueron puestos a disposición del agente investigador responsable (foja 51). Por tanto, se encuentra acreditada la existencia de la detención objeto de inconformidad. SEXTO. Improcedencia del juicio de amparo respecto de la detención reclamada (a). La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 13 del tomo IX relativo al mes de enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya transcripción es como sigue: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." Debe sobreseerse en el juicio, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. En efecto, la fracción citada dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;". De conformidad con lo dispuesto por dicho precepto, los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; d) Autonomía de las situaciones generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda. Lo anterior se obtiene de la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 183, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1997-2000, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. Conforme al artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente por la causa denominada cambio de situación jurídica. Los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda." En efecto, la regla general respecto de la improcedencia del juicio de garantías relativa al cambio de situación jurídica, consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva, el amparo será improcedente si de concederlo se afectara esta última y, por ello, se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo status jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 4981, LXIX, quinta época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE QUE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS. Según la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente:..."contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio promovido por no poder decidirse en dicho juicio sin afectar la nueva situación jurídica". Ahora bien, para que el cambio de que habla la fracción citada, produzca los efectos que esta determina, es necesario que verse precisamente sobre la situación jurídica creada en el procedimiento que dio margen al juicio de amparo; de manera que si el cambio se verifica dejando inalterados los derechos y obligaciones que las partes controvierten en dicho procedimiento, no puede haber cambio en la situación jurídica y faltará, por ende, el presupuesto esencial de la fracción mencionada, la que resultará, en último análisis, absolutamente inaplicable." De ahí que, si durante la tramitación de un juicio de garantías concurren los anteriores requisitos, el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, deberá sobreseerse. La regla general anterior tiene como excepción los casos en que se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en ese supuesto solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. Como consecuencia de lo expuesto, en el juicio de amparo en materia penal deben analizarse los actos reclamados que se consideran violatorios del artículo 16 de la Constitución Federal, a la luz de la regla general que establece la mencionada, pues únicamente en tratándose de las violaciones a los artículos 19 y 20 constitucionales puede atenderse a la regla específica relativa a que solo acontece el cambio de situación jurídica con el dictado de la sentencia de primera instancia. Es ilustrativa de lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 17/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Junio de 2008, página 270: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto" Por tanto, es evidente que el dictado de un auto de vinculación a proceso implica el cambio de situación jurídica respecto de la detención en flagrancia del procesado, pues aquél es emitido en términos del artículo 19 constitucional y ésta realiza con base en el precepto 16 de dicho ordenamiento máximo. En esta instancia constitucional, los quejosos combaten la afectación a su libertad personal derivada de la detención en flagrancia de que fueron sujetos. Sin embargo, el agente del Ministerio Público responsable manifestó que los amparistas fueron puestos a disposición ante el Juez de Control del Distrito Judicial de Valparaíso, Zacatecas, a efecto de que se les formulara imputación por los hechos que originaron la detención, secuestro agravado y robo (foja 50). Asimismo, informó que el siete de julio del presente año se celebró la audiencia de vinculación a proceso de los peticionarios del amparo y exhibió el disco óptico que contiene el audio y video de dicha actuación (foja 134). Del análisis integral de la audiencia referida, en lo conducente, se desprende que: 1. Tuvo como materia la resolución de la situación jurídica de los quejosos (Ramón Ávila Núñez, Evaristo Falcón Diera y Jesús Falcón Ochoa) dentro de la causa penal 17/2017, seguida por el delito de secuestro agravado y robo calificado (segundo treinta y tres de la primera parte del video). 2. Se determinó que existían datos de prueba suficientes para establecer la probable participación de los imputados en los hechos ilícitos que se les atribuían, por lo que a las once horas con veintiséis minutos del siete de julio de dos mil diecisiete se determinaba su vinculación a proceso (minuto once de la segunda parte del video). De manera que a los amparistas se les vinculó a proceso con motivo de los hechos que originaron la detención que combaten (que la ley prevé como secuestro agravado y robo calificado). Lo anterior implica un cambio de situación jurídica en relación con el acto reclamado, pues ya no es posible decidir sobre su constitucionalidad sin que se afectara la resolución emitida. En efecto, es evidente que la situación de lo quejosos en relación con la detención reclamada cambió, pues la vinculación a proceso conlleva que se estimó legal ésta, es decir, que resultó legal. De ahí que la situación jurídica de los peticionarios del amparo se encuentre regida por un acto autónomo al reclamado, ya que la afectación a la libertad que combaten ya no deriva de la detención en flagrancia, sino de la confirmación que de ésta realizó la autoridad judicial, lo que que imposibilita el análisis de lo combatido, tomando en cuenta que no se está en el caso de excepción a la regla general del cambio de situación jurídica (dado que la violación que subyace en la demanda de amparo se encuentra regulada únicamente por el artículo 16 constitucional). Por tanto, al haberse vinculado a los quejosos a proceso, se insiste, su situación jurídica cambió de tal manera que no es posible decidir sobre la constitucionalidad de la detención acontecida, al no poder tener como efecto la posible concesión de amparo la insubsistencia de tal contexto procesal. Sin que lo anterior prejuzgue sobre la legalidad de la detención que se combate ni sobre la licitud de las pruebas que pudieron haberse obtenido con ésta, ya que esos aspectos se subsumen en la nueva situación jurídica que rige a los amparistas, la que puede ser combatida por éstos de manera independiente, al no tener, como se destacó, una vinculación ineludible los actos en comento, sino tratarse de situaciones autónomas y la existencia de la segunda tiene como efecto el sobreseimiento respecto de la primera. En conclusión, se sobresee en el juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XVI, ambos de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Ramón Ávila Núñez, Jesús Falcón Ochoa y Evaristo Falcón Diera, contra los actos que reclamaron del Procurador General de Justicia, Secretario de Seguridad Pública, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Secuestro y Director de la Policía Ministerial, todos del Estado de Zacatecas; consistentes en la afectación de la libertad personal por detención en flagrancia, incomunicación y actos del artículo 22 constitucional. Por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos tercero, cuarto y sexto de esta sentencia. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
CERTIFICACIÓN: EL SUSCRITO LICENCIADO JORGE MARTÍN ZAMORA GONZÁLEZ, SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE ZACATECAS, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE MEDIANTE OFICIO SEADS/762/2017, DE TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, EL SECRETARIO EJECUTIVO DE ADSCRIPCIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL INFORMÓ QUE EL PLENO, EN SESIÓN CELEBRADA POR EL PROPIO DÍA, ACORDÓ LA ADSCRIPCIÓN DEL LICENCIADO IVÁN OJEDA ROMO, COMO TITULAR DE ESTE JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE ZACATECAS, CON EFECTOS A PARTIR DEL UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE; LO QUE SE ASIENTA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES. DOY FE. EL SECRETARIO. En once de octubre de dos mil diecisiete, el secretario licenciado Jorge Martín Zamora González doy cuenta al Juez con la certificación que antecede, así como con el estado que guardan los presentes autos.- Conste. Zacatecas, Zacatecas, once de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/762/2017, de trece de septiembre de dos mil diecisiete, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que el Pleno, en sesión celebrada el propio día, acordó la adscripción del licenciado Iván Ojeda Romo, como Titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con efectos a partir del uno de octubre del año en curso, ello para los efectos legales conducentes. Lo anterior, con apoyo en la tesis de jurisprudencia, 2ª./J.104/2010, visible en la página 312, Tomo XXXII, Julio de 2010, Materia Común, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que dice: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO". NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el secretario que autoriza licenciado Jorge Martín Zamora González.- DOY FE. EMVG
- Principal
El licenciado Jorge Martín Zamora González, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre - - - - - - - - - - - - - CERTIFICA: - - - - - - - - - - - - - Que se encuentran señaladas las diez horas con cincuenta minutos del día de hoy, para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Lo que asienta para los efectos legales conducentes. Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete. Conste. Lic. Jorge Martín Zamora González. 6335 y 6336 doce de mayo de dos mil diecisiete En la misma fecha, el secretario licenciado Jorge Martín Zamora González da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que encuentran fijadas las diez horas con cincuenta minutos del día de hoy, para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; sin embargo, de autos se advierte que en proveído de veintidós del mes y año en curso (foja 136), se dio vista a las partes con el disco, remitido por el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Combato al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, que contiene el audio y video de la audiencia de vinculación a proceso de los quejosos. Por tanto, para dar oportunidad a que transcurra el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que se impongan del contenido de la mencionada probanza y no se les deje en estado de indefensión, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy, para que tenga verificativo a las ONCE HORAS DEL VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza. Doy fe. EMVG -
Quedan 21 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes
- Ramiro Silva Hernández339/2016
- Ramíro Torres Bañuelos1307/2022
- Ramiro Villagrana López66/2015
- Ramiro Villagrana López4038/2014
- Ramiro Villagrana Troncoso49/2015
- Ramiro Zepeda González59/2018
- Ramón Barreto García2113/2015
- Ramón Campos Castillo663/2023
- Ramón Candelario Ku Balan368/2016
- Ramón Chairez Ayala2189/2015
- Ramón de Jesús Olague Landeros782/2018
- Ramón Escamilla Ávila959/2016