Ramón Arjona Flores
Expediente 2091/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2091/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/12/2022
Partes del expediente
- Ramón Arjona Flores
Actuaciones
- Principal
En doce de diciembre de dos mil veintidós, la suscrita Secretaria Noemí Torres Avilés hace CONSTAR Y CERTIFICA: - Que en el presente juicio de amparo sí se solicitó la apertura del incidente de suspensión. Doy fe. En la misma data, se da cuenta al Juez con el oficio y anexos, registrados en oficialía de partes de este juzgado federal con el folio 26637. Conste. El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, doce de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio 1264/2022-B, signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, residente en Tepic, Nayarit, con el que remite testimonio de la resolución dictada el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, dentro del recurso de queja 31/2022, de su índice, interpuesto por Elsa Nayeli Pardo Rivera, David Horacio Salas García y Patricia Toznaco Gómez, en su carácter de Presidenta, Síndico y Tesorera del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río Nayarit, en contra del auto de diecinueve de enero del año en curso, por el que se desechó de plano la demanda de amparo; ejecutoria en la que se determinó: ".Por ende deberá ser el propio Juez de Distrito quien deba pronunciarse sobre la procedencia o no de la demanda de amparo, en relación con los actos de las precitadas autoridades cuyo estudio omitió. [.] Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: UNICO. Es fundado el recurso de queja..." Asimismo, devuelve el legajo de copias certificadas del juicio de amparo en que se actúa, remitido para la substanciación del aludido recurso; atento a lo anterior, comuníquese a las partes tal circunstancia y acúsese recibo; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito, y las correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En este orden, atendiendo a los lineamientos marcados en la ejecutoria de mérito, SE MODIFICA EL DESECHAMIENTO DECRETADO EN PROVEÍDO DE DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS y se provee sobre la procedencia de la demanda de amparo promovida por Elsa Nayeli Pardo Rivera, David Horacio Salas García y Patricia Toznaco Gómez, en su carácter de Presidenta, Síndico y Tesorera del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río Nayarit, ÚNICAMENTE POR LO QUE VE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y ACTO QUE A CONTINUACIÓN SE PRECISAN: 1. Administrador General de Recaudación del Servicio de Administración Tributario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Tepic, Nayarit. 2. Administrador Desconcentrado de Recaudación de Nayarit "1" del Servicio de Administración Tributario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Tepic, Nayarit. 3. Actuario o Notificador de Recaudación de Nayarit "1" del Servicio de Administración Tributario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Tepic, Nayarit. Acto reclamado: El inicio del procedimiento administrativo de ejecución para cobrar multas derivadas de los expedientes de amparo números 2004/2018, 2005/2018, 2007/2018, 2319/2018, 264/2020, 129/2020 y 1148/2019, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. DESECHAMIENTO Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, sin suspensión de los actos reclamados, de conformidad con el artículo 113 de Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Del dispositivo trascrito se observa, que el desechamiento de una demanda de amparo sólo procede ante la concurrencia de los requisitos siguientes: 1.- Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que este motivo sea manifiesto e indudable. En relación con lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo de demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya, y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Luego entonces, analizada la demanda de amparo se advierte que, la promovente del amparo, en esencia, hace consistir el acto reclamado en el inicio del procedimiento administrativo de ejecución para cobrar multas derivadas de los expedientes de amparo números 2004/2018, 2005/2018, 2007/2018, 2319/2018, 264/2020, 129/2020 y 1148/2019, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, considerando con ello que se transgreden las disposiciones consagradas en los artículos 1, 14 y 16, Constitucionales. Establecido lo anterior, debe decirse que, en la especie se actualizan, las causas de improcedencia contenidas en el numeral 61, fracción XX de la Ley de Amparo; y la diversa prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso a), este último interpretado contrario sensu, ambos de la ley de la materia. 1. Causa de improcedencia contenida en el numeral 61, fracción XX de la Ley de Amparo. De inicio, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;". De lo transcrito se coligen tres reglas a fin de que se actualicen los supuestos de la fracción XX del precepto 61 de la legislación de amparo, tratándose de la materia administrativa, a saber: 1) Que en contra del acto reclamado proceda algún juicio o medio ordinario de defensa que pueda nulificar, modificar o revocar el acto reclamado y que la ley respectiva regule a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. 2) Que dicho medio de impugnación se encuentre establecido en una ley formal, es decir, expedida por el órgano legislativo competente; y, 3) Que la ley que establezca el juicio o medio de defensa que rija el acto, no exija mayores requisitos que los previsto para el otorgamiento de la suspensión definitiva en el amparo. En efecto, las reglas que se destacan consagran que el juicio de amparo en materia administrativa resulta improcedente, cuando contra el acto reclamado proceda un juicio o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cierto, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Lo anterior, porque si se pasan por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos administrativos no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio de amparo. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio de garantías, deban agotar el juicio o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. En principio, como se ha destacado en la presente determinación, la parte quejosa se duele de que se le inició un procedimiento administrativo de ejecución para cobrarle algunas multas derivadas de los expedientes de amparo números 2004/2018, 2005/2018, 2007/2018, 2319/2018, 264/2020, 129/2020 y 1148/2019, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. Precisado lo anterior, se tiene que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su numeral 2 y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en su artículo 3, fracción II, prevé la procedencia del Juicio Contencioso Administrativo Federal, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, contra actos administrativos dictados por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; debiéndose destacar que, en el caso, el acto que se combate se ubica dentro del supuesto establecido en los preceptos y fracción antes aludidos, mismos que señalan: Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo "ARTÍCULO 2o.- El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. [.]". Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] II. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación;". En la especie, el acto toral reclamado y que se ha precisado en el presente acuerdo, se ubica en la hipótesis contemplada en la fracción II, del dispositivo 3 antes transcrito, habida cuenta que se trata de la emisión de un acto administrativo emitido por organismos fiscales autónomos, los cuales, a decir de la parte quejosa, contiene una obligación fiscal con cantidad líquida, misma que le está siendo exigible; razón por la cual, procede su impugnación mediante la promoción del Juicio Contencioso Administrativo Federal. Ello es así, porque las autoridades responsables que emitieron el acto reclamado, según indica la parte quejosa en su escrito de demanda, son autoridades fiscales autónomas, a saber, 1) Administrador General de Recaudación del Servicio de Administración Tributario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Tepic, Nayarit; 2) Administrador Desconcentrado de Recaudación de Nayarit "1" del Servicio de Administración Tributario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Tepic, Nayarit; y, 3) Actuario o Notificador de Recaudación de Nayarit "1" del Servicio de Administración Tributario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Tepic, Nayarit, por lo que es evidente que la parte peticionaria del amparo, antes de acudir al juicio debió agotar los medios de defensa que establecen las leyes ordinarias aplicables al caso en concreto, como ya se dejó establecido en líneas que anteceden; lo que no ocurrió en el asunto en estudio, según se aprecia del contenido integral de la demanda, pues ante dicho acto nunca inició el procedimiento contencioso administrativo de referencia, por el que se podría obtener su modificación, revocación o nulificación. A mayor abundamiento, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que los conceptos jurídicos que se utilizan en la fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal y en la fracción XX del numeral 61 de la Ley de Amparo, para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Además, los arábigos 24 y 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establecen la figura de la suspensión del acto impugnado, en lo que al caso interesa, mismos que a continuación se transcriben: "ARTÍCULO 24. Una vez iniciado el juicio contencioso administrativo, salvo en los casos en que se ocasione perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, y con el fin de asegurar la eficacia de la sentencia, el Magistrado Instructor podrá decretar la suspensión de la ejecución del acto impugnado, a fin de mantener la situación de hecho existente en el estado en que se encuentra, así como todas las medidas cautelares positivas necesarias para evitar que el litigio quede sin materia o se cause un daño irreparable al actor. La suspensión de la ejecución del acto impugnado se tramitará y resolverá exclusivamente de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 28 de esta Ley. [.]" "ARTÍCULO 28. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. [.]". De lo antes transcrito se advierte, que en tratándose del juicio contencioso administrativo, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece en los citados numerales la figura de la suspensión de la ejecución del acto impugnado, misma que exige iguales requisitos que los previstos en los numerales 128, 132 y 135, todos de la Ley de Amparo, pues disponen que, la suspensión se decretará siempre y cuando se considere necesario con el objeto de conservar la litis de la materia o impedir perjuicios irreparables de la parte actora. Esto es, del examen comparativo de los citados preceptos, se advierte que los requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, no son mayores que los previstos para suspender el acto reclamado en el juicio de amparo, puesto que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; así, tanto en uno como en otro, la suspensión debe solicitarse por escrito; asimismo, la medida cautelar procede cuando, de otorgarse, no cause perjuicio al interés general, estableciéndose también, en uno y otro, que si la suspensión puede ocasionar daños y perjuicios a alguna de las partes, se exigirá garantía al solicitante en términos y condiciones que son muy semejantes. Se insiste, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues como ya se dijo, entre ambas legislaciones, evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para la procedencia de la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación. Como se expuso, en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no se establecen mayores requisitos ni plazos que en la Ley de Amparo para la procedencia de la suspensión del acto reclamado, tratándose de determinaciones que causen agravio en materia administrativa, por lo cual se encuentran satisfechos los supuestos a que se refiere la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. De lo antes citado queda acreditado que, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo, para conceder la suspensión del acto reclamado. Es aplicable a lo anterior, por analogía y en lo conducente la Jurisprudencia XVI.1o.A.T. J/18, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, localizable en la página mil ciento siete, tomo XXXII, septiembre de dos mil diez, materia administrativa, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 163764,que dispone: "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE GARANTÍAS, AL EXIGIR LA LEY DE AMPARO MAYORES REQUISITOS QUE EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADO EN AQUÉL. Del análisis de los artículos 268 a 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensión del acto o resolución impugnado en el proceso administrativo, en comparación con los numerales de la Ley de Amparo que la prevén en el juicio constitucional, se advierte que ésta exige mayores requisitos que aquél para otorgar dicha medida cautelar. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que existen coincidencias entre ambos, tales como que de conformidad con el artículo 268 del mencionado código, el actor podrá solicitar la suspensión en su demanda o en cualquier momento del proceso y, en términos del artículo 141 de la citada ley, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria; que tanto la ley local (artículo 270) como la de amparo (artículo 125) exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen a tercero si no se obtiene sentencia favorable; que el ordenamiento estatal (artículo 271) precisa que el auto en que se decreta la suspensión surtirá sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si el actor no otorga la garantía dentro de los cinco días siguientes, cuya disposición es similar a la regla relativa de la Ley de Amparo (artículo 139) y que las dos normas (artículo 124 de la ley y 269 del código) impiden el señalado beneficio cuando se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público; también lo es que en asuntos de carácter fiscal, el aludido código (artículo 276) contempla que se concederá la suspensión si se garantiza el interés fiscal dentro de los tres días siguientes a partir del día en que se solicitó, ante las oficinas exactoras, en cualquiera de las formas previstas por la legislación correspondiente, mientras que, tratándose del cobro de contribuciones y aprovechamientos, la Ley de Amparo en su precepto 135 supedita la medida a que se deposite el total en efectivo de las cantidades correspondientes, lo que implica una carga mayor para el gobernado, pues en esta última hipótesis no se otorga un plazo para asegurar el interés fiscal ni se permite una forma distinta de garantía al depósito en efectivo. Por tanto, conforme a la fracción XV del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, previo a promover el juicio de garantías, debe agotarse el proceso administrativo que regula el referido código, en atención al principio de definitividad, pues a través de este medio de defensa puede obtenerse la insubsistencia de los actos reclamados." No es obstáculo que la parte quejosa aduzca violaciones directas a la Constitución, entre otras la violación a las garantías de legalidad, toda vez que esa manifestación por sí misma no hace procedente el juicio de amparo; pues de ser así, se dejaría al arbitrio del peticionario del amparo la tramitación de la instancia constitucional, sin agotar el medio ordinario de defensa, pues bastaría que únicamente refiriera en la demanda la contravención a preceptos constitucionales para la viabilidad del juicio de amparo. Ello es así, en virtud de que si bien es cierto que el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Carta Magna, también es verdad que tal excepción a la causal de improcedencia citada, presupone que en la demanda de amparo, exclusivamente se hagan valer esas violaciones constitucionales, porque si además se incluyen cuestiones de legalidad, como sucede en el presente asunto, según se explicará enseguida, la parte quejosa sí se encuentra obligada a agotar, previo a la promoción del juicio de amparo, el recurso ordinario que legalmente proceda, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley de la materia prevé. Cobra aplicación al caso la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos diecisiete, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice mil novecientos diecisiete guión dos mil, con registro digital 237480 que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se haya el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, solo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de este. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de este no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante este, cuya interposición priva de definitividad al acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca". Por otro lado, del escrito de cuenta, se advierte que la parte quejosa señaló que el acto reclamado a las responsables conculca en su perjuicio los dispositivos artículos 1o., 14 y 16 Constitucionales; sin embargo, de estimarse procedente el juicio de amparo, por el simple hecho de hacer referencia a violaciones de preceptos constitucionales, sin que se cumpla por parte quejosa la obligación de agotar los recursos ordinarios, ello se traduciría en que el afectado pudiese optar, a su criterio, por acudir directamente al juicio de amparo o bien, agotar los medios de defensa que prevé la ley que estima infringida, lo cual resulta contrario a los principios que rigen al juicio constitucional. Así las cosas, tampoco se actualiza la causa de excepción relativa a que el acto reclamado carezca de fundamentación; esto es así, porque el acto reclamado no es impugnado por carecer de la cita de los preceptos legales aplicables, sino que en sus conceptos de violación la parte impetrante se limita a hacer manifestaciones respecto a que el inicio del procedimiento administrativo de ejecución para cobrar multas derivadas de los expedientes de amparo números 2004/2018, 2005/2018, 2007/2018, 2319/2018, 264/2020, 129/2020 y 1148/2019, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, le genera actos de molestia. Apoya lo anterior la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, abril de 1994, materia Común, página 375, con registro digital 212868 del rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN, INDEBIDA. NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, contiene la obligatoriedad de agotar los medios de defensa que se establecen en las leyes en contra de los actos emitidos por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos, o del trabajo, la propia fracción en su última parte prevé una excepción a este principio que consiste en la falta de fundamentación del acto reclamado, la que obedece a que no es posible obligar a los particulares a agotar un recurso cuando no se le han dado a conocer los fundamentos del acto y por ende de la ley en donde se contemple el mismo. De esta manera, si la autoridad emite un acto de molestia pero en él se omite invocar precepto alguno que lo justifique, entonces el juicio de amparo sí es procedente, sin necesidad de agotar previamente algún medio de defensa, pero esta omisión debe ser total, esto es, el acto en sí debe carecer de precepto alguno y no debe confundirse con una indebida fundamentación, porque este último supuesto implica que el acto sí tiene fundamentación, ya que si se citan preceptos, pero éstos son inaplicables o están indebidamente citados, caso en el cual, si existe obligación de agotar los recursos ordinarios o medios de defensa, atacando precisamente dicha circunstancia. Así, la falta de fundamentación del acto de molestia, no tiene el mismo alcance de la indebida fundamentación, porque el primer supuesto, es una violación directa a la Constitución, y esto sucede cuando no se cita precepto alguno en el acto, esta hipótesis es la que se establece en la última parte de la fracción en comento. En cambio, el segundo supuesto (indebida fundamentación), produce una ilegalidad del acto, en el cual, sí se deben agotar los medios ordinarios previo al amparo. Lo anterior obedece a que la primera es una violación formal al artículo 16 constitucional, porque hay ausencia de fundamentación, y el acto de molestia es en sí mismo inconstitucional, porque no evidencia norma alguna que pudiera justificarlo, mientras, habrá una violación material a este precepto constitucional, por una incorrecta fundamentación en el acto de molestia". Bajo esas circunstancias, es evidente que el acto reclamado a las autoridades administrativas fiscales originan la improcedencia del juicio de amparo, ya que deben ser impugnados bajo la tramitación del Juicio Contencioso Administrativo, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en términos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es aplicable al caso, por identidad jurídica la Jurisprudencia 2a./J. 115/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatrocientos cuarenta y ocho, tomo X, octubre de mil novecientos noventa y nueve, materia común - administrativa, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 193142, que señala: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO).- Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." Causa de improcedencia contenida en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso a), este último interpretado contrario sensu, ambos de la ley de la materia. En el caso, se tiene que, el inicio del procedimiento administrativo de ejecución para cobrar multas derivadas de los expedientes de amparo números 2004/2018, 2005/2018, 2007/2018, 2319/2018, 264/2020, 129/2020 y 1148/2019, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, encuadra en la categoría de actos de trámite o instrumentales, ya que no ponen fin a la vía administrativa, sino que sólo es el inicio para que la autoridad exactora ejecute el cobro de las multas reclamadas. En ese sentido, la afectación material a derechos sustantivos definida en la Ley de Amparo, necesariamente condiciona la procedencia del juicio de amparo indirecto a que el acto reclamado realmente pueda causar afectación material, no sólo que sea susceptible de causar molestia en el gobernado por el mero inicio del procedimiento de ejecución. Esto es, el mero inicio del procedimiento de ejecución, realmente no constituye un acto que pueda afectar materialmente derechos sustantivos, puesto que el contribuyente puede cumplir o no, inclusive en forma total o parcial el requerimiento, o bien, justificar alguna imposibilidad jurídica o material y, en todo caso, será en la resolución final donde se pueda conocer la trascendencia del acto. De otra manera, de considerar que es suficiente para la procedencia del juicio de amparo indirecto, el hecho de que un acto de molestia, como el propio quejoso lo menciona, sea susceptible de afectar derechos sustantivos, implicaría desconocer el nuevo concepto de imposible reparación, conforme al cual necesariamente se debe causar una afectación material al quejoso. En efecto, el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, define lo que debe entenderse por los "actos de imposible reparación", que responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización. En esa tesitura, es claro que el inicio del procedimiento administrativo de ejecución para cobrar multas derivadas de los expedientes de amparo números 2004/2018, 2005/2018, 2007/2018, 2319/2018, 264/2020, 129/2020 y 1148/2019, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, no es en sí la ejecución de las mismas, porque esta concluye o finaliza con la resolución que haga efectivo el cobro de la multa, en contra de la cual podrá hacer valer el medio de defensa que legalmente proceda, invocando las violaciones cometidas en la propia resolución o las presentadas durante el desarrollo de dicho procedimiento que la hayan dejado sin defensa, trascendiendo al resultado de la resolución. De ahí que se estima que no está justificada la procedencia del juicio de amparo, como un caso excepcional en el que sí se afecten materialmente derechos sustantivos. En ese contexto, como el acto reclamado no constituye una resolución definitiva dictada en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso a), este último interpretado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 17/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Abril de 1998, página 187, con registro digital 196530 cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. El procedimiento administrativo de ejecución regulado por los artículos 145 a 196 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, en los términos literales del artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecución, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada. Por tanto, se justifica que el juicio de amparo sólo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecución fiscal la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de garantías contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que rigen ese procedimiento, ya que de la interpretación relacionada de la citada fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, acerca de que el amparo contra remates sólo procede contra la resolución definitiva que los apruebe o desapruebe, y de la fracción III del mismo precepto legal, se desprende que, en lo conducente, la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que operan las mismas razones para sostener que, tratándose del mencionado procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie". Asimismo, sirve de apoyo a las consideraciones antes expuestas, mismas que se comparten, las sustentadas en la tesis VI.2o.353 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XV-2, Febrero de 1995, página 409, con registro digital 208549, que a la letra dice: "MULTA DICTADA EN EJECUCION DE SENTENCIA. AMPARO IMPROCEDENTE. Si la multa, señalada como acto reclamado en amparo ante juez de Distrito, se impone con el objeto de ejecutar una sentencia, conforme al artículo 114, fracción III, de la ley de la materia, no se está ante un acto de imposible reparación, ya que, las supuestas violaciones pueden impugnarse ante la justicia federal al dictarse la última resolución en el procedimiento respectivo, por lo que se surte la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo". Así como la diversa tesis I.3o.C. J/51, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Abril de 2008, página 2085, con registro digital 169853, que a letra dice: "MULTA. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA SU APERCIBIMIENTO E IMPOSICIÓN SI ESTO SE PRODUCE EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Cuando se reclama un auto que apercibe con multa o que la hace efectiva, dictado en el procedimiento de ejecución de sentencia, el amparo indirecto resulta improcedente, en términos del artículo 114, fracción III, en relación con el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, porque es una medida de apremio que tiende a vencer la contumacia del interesado, a materializar los efectos del fallo o vencer su oposición frente a la ejecución, por lo que de proceder el amparo se entorpecería la facultad del órgano jurisdiccional de hacer cumplir sus determinaciones y consecuentemente la administración de justicia. De ahí que todo requerimiento judicial puede tener aparejado el apercibimiento de imponer una medida de apremio y aplicar la multa, hasta que esté cumplido el acto ordenado por el Juez, pues de otro modo quedaría burlada la condena decretada en la sentencia definitiva". Por consiguiente, en el caso, se actualiza el motivo de improcedencia en estudio y lo correcto es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Elsa Nayeli Pardo Rivera, David Horacio Salas García y Patricia Toznaco Gómez, en su carácter de Presidenta, Síndico y Tesorera del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río Nayarit, por su manifiesta e indudable improcedencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo y la diversa prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso a), este último interpretado contrario sensu, ambos de la ley de la materia. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizado el licenciado Juan Carlos Simón Hernández en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, toda vez que de una revisión en el Registro Único de Profesionales del Derecho y/o Dirección General de Profesionistas, se advierte que cuenta con cédula profesional debidamente registrada ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Mientras que a José Luis Silva Tozcano y Karla Diomira Ríos Ibáñez única y exclusivamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, en términos del artículo 24 de la ley de la materia, el primero por no haber acreditado contar con cédula debidamente registrada en el señalado sistema y la segunda por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Devolución de documentos De ser el caso de que así lo soliciten las partes, se les anticipa que no se devolverán los documentos exhibidos y que con posterioridad alleguen las partes en original o copia certificada, en virtud de que los documentos pueden ser objetados por las partes y que estos no podrán devolverse hasta en tanto no precluya el derecho de objetarlos, mientras no se haya resuelto definitivamente el punto relativo a las objeciones que se hayan formulado, o bien, mientras el juicio de amparo no haya sido resuelto definitivamente. Uso de medios electrónicos y obtención de copias Se autoriza el uso de medios electrónicos, obtención de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, sin que sea necesario que medie promoción por escrito, previa petición verbal al secretario y toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas que cuenten con facultades para ello, pues solo a éstas les serán entregadas, previa acreditación de la personalidad del solicitante en autos; siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo, reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo segundo, de la fracción II, del artículo 28 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario de la adscripción para que haga entrega de los oficios dirigidos a la autoridad correspondiente en el domicilio donde ésta resida, asimismo se habilitan días y horas inhábiles a fin de que realice las notificaciones de carácter personal que deriven del presente asunto. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información. Capturas y anotaciones del expediente. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como las anotaciones respectivas en los libros de Gobierno. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Noemí Torres Avilés, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En catorce de diciembre de dos mil veintidós, se da cuenta al Juez con el comunicado y anexos, registrados en oficialía de partes de este juzgado federal con el folio 26949. Conste. El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, catorce de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos, el oficio 17271/2022, suscrito por la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito con sede en Tepic, al que acompaña la resolución pronunciada el veinticuatro de noviembre del presente año, en el amparo en revisión 801/2022, interpuesto por el quejoso José Abel Marcía Espinoza, contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; así como el juicio de amparo original. Ahora bien, de la ejecutoria de cuenta se advierte que la superioridad resolvió el recurso interpuesto en los siguientes términos: "PRIMERO. Se dejan intocadas las consideraciones vertidas por el Juez de Distrito en los considerandos quinta y séptimo de la sentencia impugnada. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se modifica la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a José Abel Marcía Espinosa, contra los actos y autoridades señaladas en el resultando primero de esta ejecutoria y para los efectos precisados en la parte final del último considerando de la misma." En atención a lo anterior, hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia; acúsese el recibo correspondiente, agréguese al expediente devuelto el oficio y constancias originales del cuadernillo formado con motivo del envío del original del presente expediente. Ahora bien, dada la firmeza de la sentencia dictada en autos, requiérase a las siguientes autoridades (artículo 192 de la Ley de Amparo): - Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit. - Presidente del Comité del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit. - Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. Para que en el término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, informe sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, o bien, los actos que haya realizado para ese efecto. Es importante destacar que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las responsables, o de cualquier otra autoridad que intervenga en el trámite relativo (artículo 193 de la Ley de Amparo). Apercibimientos A las autoridades responsables, en caso de incumplimiento: Se les impondrá multa de cien unidades de medida y actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veinte, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Se remitirá el expediente al tribunal colegiado de Circuito para continuar con el trámite para lograr el eficaz cumplimiento de la sentencia de amparo. Lo anterior, bajo la precisión de que dicho trámite puede concluir con la separación de su puesto y su posterior consignación. (artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo). Debe mencionarse que conforme a los datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para el año dos mil veintidós, la unidad de Medida y Actualización equivale a noventa y seis pesos con veintidós centavos 22/100 moneda nacional ($96.22); por lo que de la operación aritmética respectiva se determina que el monto de la multa con la que se le apercibe asciende a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), el cual resulta de multiplicar el valor diario de la UMA (Unidad de Medida y Actualización) por cien veces, de conformidad con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintidós. Sin que sea necesario requerir a las diversas responsables "Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit" y "Congreso del Estado de Nayarit", para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que la autoridad responsable requerida para restituir a la parte quejosa en el goce del derecho violado es la señalada en párrafos anteriores. Se establece lo anterior, ya que las autoridades legislativas o reglamentarias, no realizan los actos de aplicación de las normas, por lo que resultaría ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en su proceso de creación, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), ya que no implica por parte de éstas la realización de un acto concreto en el cumplimiento al fallo protector, ni están obligadas a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Noemí Torres Avilés, Secretaria que autoriza y da fe.
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