Ramón Anselmo Pérez González
Expediente 126/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 126/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 26/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Ramón Anselmo Pérez González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
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Mérida, Yucatán, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese el oficio número 881/2023, signado por la Magistrada Tercera y Presidenta de la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio 22935/2023-III-A, de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, por el cual se le devolvió los discos compactos en formato DVD, que contienen los registros de audio y video de las audiencias de trece de mayo de dos mil veintidós y de diez de septiembre de dos mil veintiuno, de su índice, así como el sobre cerrado que contiene datos reservados. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria del Juzgado con quien actúa. Doy fe.
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Mérida, Yucatán, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese el oficio signado por la Magistrada Tercera y Presidenta de la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 22413/2023-III-A, mediante el cual se le devolvió el anexo consistente en el toca original ********************, de su índice De igual manera, solicita que se le remita los discos compactos en formato DVD, que contienen los registros de audio y video de las audiencias de trece de mayo de dos mil veintidós y de diez de septiembre de dos mil veintiuno, de su índice, así como el sobre cerrado que contiene datos reservados, los cuales se encuentran al cuidado y resguardo de esta Secretaría. Por tanto, no habiendo pedimento legal alguno, remítanse los referidos anexos, mediante oficio que se le gire a la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad; solicitándole acuse el recibo correspondiente. Notifíquese y cúmplase.
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Mérida, Yucatán, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo causarle perjuicio, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en los registros de este órgano jurisdiccional, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17, del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se hace la indicación de que el presente asunto es conservable, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista la fracción III, inciso a), del citado precepto, al ser un juicio de amparo en el que se negó la protección constitucional y carece de relevancia documental, toda vez que no encuadra dentro de los supuestos previstos por el artículo 15 del citado Acuerdo General. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, no existiendo motivo legal alguno para que continúe al buen resguardo de la Secretaría de este Juzgado, el anexo remitido por la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, consistente en el toca original ********************, mismo que acompañó a su informe justificado; en consecuencia, devuélvase el anexo de referencia, solicitando a dicha autoridad acuse de recibo del mismo. Notifíquese y cúmplase.
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RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad (a través del buzón judicial), y turnado el uno de junio siguiente al Juzgado Primero de Distrito, compareció RAMÓN ANSELMO PÉREZ GONZÁLEZ a solicitar el amparo y protección de la justicia federal en contra del acto atribuido a la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de demanda. Por acuerdo de dos de junio de dos mil veintidós, el referido Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada con el número 1392/2022-VI; le dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se pidió informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Se declara impedido. Por auto de diecinueve de julio de dos mil veintidós, el Juez Primero de Distrito en el Estado se declaró legalmente impedido para seguir conociendo del referido juicio, motivo por el cual remitió los autos correspondientes al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, a efecto de calificar el impedimento manifestado. CUARTO. Se califica de legal el impedimento planteado. Mediante resolución emitida en sesión de doce de enero de dos mil veintitrés, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, calificó de legal el impedimento manifestado por el Juez Primero de Distrito en el Estado, por lo que ordenó la remisión de los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, a efectos de returnar el expediente 1392/2022-VI formado con motivo de la demanda de amparo promovida por RAMÓN ANSELMO PÉREZ GONZÁLEZ, con excepción del Juzgado Primero. QUINTO. Se recibe testimonio de resolución y expediente. Por auto de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, el oficio 72, con el que remitió, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, el testimonio de la resolución pronunciada el doce de enero del año en curso, en el impedimento 6/2022, de su índice; y el juicio de amparo 1392/2022-VI, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, que por razón de turno le correspondió conocer a este órgano jurisdiccional. SEXTO. Se avoca a conocimiento del asunto. En esas circunstancias, este Juzgado de Distrito se avocó al conocimiento del asunto; se le dio la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se ordenó notificar a las partes, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado, que se desprende del análisis integral de la demanda; ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo sentido, tiene aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden, de la demanda de amparo, así como de las constancias que integran este sumario, se advierte que la parte quejosa reclama: La resolución de trece de mayo de dos mil veintidós, dictada en autos del toca penal 2/2022, en la que revocó el acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, emitido en la carpeta administrativa 190/2021, en el que se canceló el cierre de partidas del predio denominado "Lac Tun Chen Pich", de Chicxulub Pueblo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, pues así lo reconoció la Magistrada Tercera y Presidente de dicho Tribunal, al rendir su informe justificado; lo que se corrobora con las constancias que remitió a este juzgado. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que se cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." CUARTO. Inexistencia de causales de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna otra causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, ni las partes lo hicieron valer, por lo que se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por el quejoso, cuya transcripción se estima innecesaria, y además, porque no existe algún precepto que obligue a ello. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Análisis de la litis constitucional. Son infundados los conceptos de violación aducidos por el quejoso; motivo por el cual deberá negarse el amparo y protección de la justicia de la unión que solicita. Primeramente, cabe señalar que de las constancias certificadas remitidas por la responsable, las cuales constituyen antecedentes del acto reclamado y merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidas por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, se desprende lo siguiente: 1. Por acuerdo de diez de septiembre de dos mil veintiuno, ante el Juez en turno del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación, en la carpeta administrativa 190/2021, en la que se informó al aquí quejoso, los hechos materia de la imputación, y se le impusieron diversas medidas cautelares, entre ellas, el cierre de partidas respecto del predio denominado "Lac Tun Chen Pich", de Chicxulub Pueblo, con base en lo dispuesto en el artículo 155, fracciones III y IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuya vigencia iniciaría ese mismo día y por todo el tiempo que dure el proceso; por lo que se ordenó librar oficio a la oficina registral correspondiente. 2. Mediante escrito de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, el imputado aquí quejoso, solicitó al Juez de Control con apoyo en el párrafo tercero, del artículo 138 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cancelara el cierre de partidas decretado sobre el predio denominado "Lac Tun Chen Pich", de Chicxulub Pueblo, con base en que desde que se inscribió la providencia precautoria, ya habían transcurrido sesenta y un día naturales, rebasando el plazo que establece el artículo 139 de la propia legislación procesal, aunado a que ni el asesor ni el fiscal habían solicitado la prórroga de dicha medida. Asimismo, destacó que el primer párrafo del numeral 138 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que las providencias precautorias podrán dictarse para garantizar la reparación del daño, y que la providencia no se dictó con la finalidad de garantizar la reparación del daño, sino por una diversa causa, por lo que también solicitó la cancelación del cierre de partidas de mérito. 3. En proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, la Juez en turno del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la entidad, accedió a lo solicitado por el imputado, medularmente en los siguientes términos: Que si bien un diverso juez de control, en la audiencia de diez de septiembre de dos mil veintiuno, hizo una apreciación del cierre de partidas como medida cautelar, respecto del predio denominado "Lac Tun Chen Pich", de Chicxulub Pueblo, ello fue con base en una interpretación sistemática de las fracciones III y IV del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en el embargo de bienes, inmovilización de cuentas bancarias y demás valores que se encuentran dentro del sistema financiero; la cual se impuso por todo el tiempo que durara el procedimiento. Sin embargo, consideró que el cierre de partidas por su naturaleza, se trata de una providencia precautoria, cuya duración máxima es de sesenta días naturales, conforme a lo dispuesto en el artículo 139 del Código Nacional Procesal, prorrogables hasta por treinta días. Por lo que al haber transcurrido dicho plazo, sin que se hubiere solicitado su prórroga, tomando en cuenta que la inscripción registral se realizó el quince de diciembre de dos mil veintiuno, y habían transcurrido más de sesenta días, ordenó librar el oficio correspondiente a la oficina registral para la cancelación del cierre de partidas de mérito. 4. Inconforme con la anterior determinación, el denunciante Gerardo José Millet Palomeque, interpuso recurso de apelación, el que correspondió conocer a la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 5. Por resolución de trece de mayo de dos mil veintidós, la Sala responsable declaró fundados los agravios hechos valer por el denunciante y revocó el acuerdo apelado de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno; misma que constituye el acto reclamado en el presente asunto. Como conceptos de violación, el quejoso aduce lo siguiente: 1. Que se vulneran sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1º, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la autoridad responsable sin seguir las formalidades esenciales del procedimiento y sin fundar y motivar la determinación reclamada, revocó la cancelación del cierre de registro del predio denominado Lac Tun Chen Pich, de la localidad y municipio de Chicxulub Pueblo, lo que considera viola el principio de presunción de inocencia y un daño irreparable a su patrimonio, porque no existe sentencia firme que determine su culpabilidad. Dicha inconformidad es de carácter formal, por lo que, por cuestión de técnica, su estudio es preferente a las de fondo planteadas por el impetrante de amparo en su demanda constitucional; la cual es infundada. Sobre el tema, debe atenderse al contenido del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su primer párrafo, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". Dicho precepto constitucional, impone a las autoridades la obligación constitucional de fundar y motivar los actos que emitan dentro del ámbito de sus competencias, entendiéndose por fundamentación, la cita de los preceptos legales aplicables al caso concreto; y por motivación, la expresión de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se consideraron para emitir el acto; siendo necesaria, además, la adecuación entre los motivos expuestos y las normas aplicables, para estimar configurada la hipótesis normativa. Así, conforme al citado precepto constitucional, nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos, sino en virtud de un mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, lo que exige a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley y especifiquen la normativa de que se trata y los artículos que sirvan de apoyo al mandamiento relativo, así como los motivos y razones que tomen en consideración para emitir su fallo en determinado sentido; para así cumplir con los requisitos formales contenidos en dicho derecho humano. Lo que es así, ya que tal exigencia de fundar en ley, tiene como propósito que el gobernado tenga la posibilidad de atacar dichos fundamentos si éstos no fueron correctos; o bien, si no fueron acordes con la motivación expuesta; lo que tiende a evitar la emisión de actos arbitrarios por parte de las autoridades. De manera que este derecho fundamental constriñe el deber que tiene la autoridad de expresar sus actos por escrito, así como los preceptos legales que regulen el hecho, las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con ese acto autoritario, y la obligación de expresar las razones por las cuales la autoridad considera legal su acto. Es decir, no sólo es necesario que exprese sus actos por escrito sino que debe fundarlos y motivarlos, estableciendo sobre bases objetivas su racionalidad y legalidad, a efecto de procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y arbitrariedad de las decisiones de la autoridad; lo que además permite la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a actos de autoridades que considere afectan o lesionan su interés jurídico, y así asegurar la prerrogativa de defensa de aquéllos, ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. Ahora bien, contrario a lo alegado por el promovente, la determinación combatida cumple con la fundamentación y motivación legal que todo acto de autoridad debe contener, conforme lo dispone el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la responsable, al emitirla, expresó los razonamientos jurídicos y lógicos que la llevaron a pronunciar su determinación, citando los preceptos legales y las tesis en que la apoyó, emitiendo así la resolución recaída al recurso de revisión que interpuso. De esta forma, la responsable sí señaló con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causa inmediatas que tomó en cuenta para el pronunciamiento del acto reclamado, existiendo total adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, que es lo que patentiza la fundamentación y motivación que todo acto de molestia debe reunir. Apoya lo anterior la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, tesis 204, página 166, con registro digital 238212; cuya literalidad es la siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Aunado a lo anterior, contrario a lo afirmado por el promovente del amparo, la resolución que por esta vía se reclama, no vulnera en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 14 Constitucional, al cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, para actos de esa especie, ya que del análisis de las constancias que conforman el expediente relativo, se aprecia que fue emitida por una autoridad facultada para ello. Además no se advierte que indebidamente se le haya dejado sin defensa, con la oportunidad de interponer los recursos que prevé la ley y el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas, pues también es evidente que el inicio de este juicio fue con motivo de la resolución recaída al recurso de apelación interpuesto por el denunciante Gerardo José Millet Palomeque, ante el Tribunal ahora responsable, en la que conforme a la vista que se le dio en dicha alzada, formuló alegaciones. 2. Que resulta violatorio de sus derechos fundamentales que la responsable haya determinado la aplicación de la providencia precautoria, siendo que a su parecer se trata de una medida cautelar y ya había precluido su derecho a inconformarse. Asimismo, expone el quejoso que conforme a los artículos 138 y 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la finalidad de la medida cautelar y la de la providencia precautoria son distintas. Pues la primera, es impuesta para garantizar la presencia del imputado en el proceso, proteger a la víctima y/o testigos, así como no obstaculizar el procedimiento; mientras que la providencia precautoria se impone para garantizar la reparación del daño. De ahí que, aun cuando es verdad que el Juez de Control en audiencia de diez de septiembre de dos mil veintiuno, determinó como medida cautelar, el cierre de registro del bien raíz de su propiedad; lo cierto es que la finalidad de la imposición de la medida cautelar fue la de garantizar la reparación del daño. Por lo que considera, que la llamada medida, corresponde realmente a una providencia precautoria, como correctamente lo reconoció el diverso juez de control en audiencia de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, en la que canceló el cierre de registro, porque de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya había fenecido el plazo máximo de duración de la providencia; la cual puede ser modificada, revisada, sustituida o cancelada a petición de parte, en términos del artículo 138 del invocado Código Procesal Penal. 3. Que es incorrecto lo considerado por el Tribunal responsable, en cuanto que su derecho a recurrir la imposición de la providencia precautoria, había precluido y quedado firme, pues no tendría sentido que el legislador hubiera previsto la posibilidad de modificar, revisar, sustituir o cancelar las providencias precautorias, como establece el artículo 138 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que al hacerlo viola sus derechos fundamentales y el principio de mutabilidad de las resoluciones. Lo anterior, ya que fue claro en señalar los fundamentos de su petición en cuanto a la cancelación del cierre de registro, pues su intención no fue impugnar la determinación de diez de septiembre de dos mil veintiuno, sino solicitar la cancelación de la providencia precautoria en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 138 del Código Procesal Penal de la materia, por lo que al variar los hechos la Sala responsable, pone en evidencia la parcialidad y falta de objetividad, dejándolo en estado de indefensión. Los argumentos expuestos por el quejoso, devienen infundados. Cabe señalar primeramente, que en la resolución impugnada, la Sala responsable declaró fundados los agravios hechos valer por el apelante y denunciante Gerardo José Millet Palomeque, porque la juez de control del conocimiento incorrectamente revocó la medida cautelar de cierre de partidas del predio "Lac Tun Chen Pich", de Chicxulub Pueblo, establecida por un diverso juez de control. Lo anterior, al considerar que el derecho a recurrir de la persona que solicitó la cancelación de dicha medida, ya había precluido, por no haber apelado la determinación del juez de control que autorizó esa medida cautelar, en contravención de los principios de preclusión y firmeza contenidos en el artículo 460 del Código Procesal de la materia. Asimismo, expuso que cuando el imputado aquí quejoso, presentó la solicitud de cancelar el cierre de partidas, lo que pretendió en realidad, fue impugnar los fundamentos de la decisión del juez de control que autorizó la medida cautelar, ya que adujo que la naturaleza de la medida cautelar decretada por éste, era la de una providencia precautoria, tomando en cuenta que su finalidad era la reparación del daño y que perdió su vigencia en términos del numeral 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales; esto, porque no planteó la posterior variación objetiva de las condiciones que inicialmente justificaron la imposición de la medida, sino que controvertía la base de una de las medidas cautelares impuesta en la audiencia de diez de septiembre de dos mil veintiuno. Igualmente, dejó establecido que si bien, en cuanto a las providencias precautorias, el artículo 138 del invocado Código Procesal Penal, prevé la posibilidad de revisar, modificar, sustituir o cancelar las providencias, a petición del imputado o de terceros interesados, y para ello debe escucharse a la víctima u ofendido y al Ministerio Público; y que el numeral 161 del propio ordenamiento legal alude también a la posibilidad de revisión de medidas cautelares, ante la eventualidad de que hubieran variado las condiciones que justificaron la imposición de dichas medidas, para lo cual también debe citarse a las partes para el debate correspondiente. Lo cierto es, que la pretensión del imputado no fue la revisión de las medidas impuestas por el juzgador de control primigenio, debido a que hubieren cambiado las condiciones que la justificaron, que fue por todo el tiempo que durara el proceso, sino que su pretensión fue que se revocara una parte de lo decidido por el juzgador en la audiencia de diez de septiembre de dos mil veintiuno, cuando su derecho ya había precluido. Lo que se corrobora, consideró el Tribunal responsable, que no se trató de una revisión de medidas, porque la juzgadora del conocimiento no llevó a cabo una audiencia de revisión de providencias precautorias o medidas cautelares y por ello revocó la determinación impugnada. De igual manera, estableció que los componentes de las medidas cautelares decretadas por el juez de control, con independencia de la conceptualización que le otorgó al cierre de partidas como medida cautelar, resultado de la interpretación realizada a las fracciones III y IV del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al no haber sido impugnada oportunamente, adquirió firmeza procesal; en observancia al derecho fundamental de seguridad jurídica contenido en el artículo 14 constitucional. De modo, que la juez de control que posteriormente intervino, no estaba facultada para modificar o revocar la decisión del juez primigenio, aun cuando su criterio fuera diferente, al considerar que el cierre de partidas decretado como medida cautelar, por su naturaleza, se trata de una providencia precautoria, ya que esa determinación adquirió firmeza al no haber sido recurrida; sin que tenga relevancia de que se trate o no del mismo juzgador el que emitió la determinación, en cuanto que no se puede de motu proprio, revocar sus propias determinaciones, sino a virtud del recurso o medio de defensa legal que la parte afectada interponga y en la forma y términos previstos en la ley. Ahora bien, dichas consideraciones, son esencialmente correctas, pues se advierte que la resolución impugnada, se emitió con apego a las disposiciones normativas que rigen el acto reclamado. Los preceptos legales del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los que se apoyó el Tribunal de Alzada para el dictado de su resolución, dicen lo siguiente: "Artículo 138. Providencias precautorias para la restitución de derechos de la víctima Para garantizar la reparación del daño, la víctima, el ofendido o el Ministerio Público, podrán solicitar al juez las siguientes providencias precautorias: I. El embargo de bienes, y II. La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero. El juez decretará las providencias precautorias, siempre y cuando, de los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público y la víctima u ofendido, se desprenda la posible reparación del daño y la probabilidad de que el imputado será responsable de repararlo. Decretada la providencia precautoria, podrá revisarse, modificarse, sustituirse o cancelarse a petición del imputado o de terceros interesados, debiéndose escuchar a la víctima u ofendido y al Ministerio Público. Las providencias precautorias serán canceladas si el imputado garantiza o paga la reparación del daño; si fueron decretadas antes de la audiencia inicial y el Ministerio Público no las promueve, o no solicita orden de aprehensión en el término que señala este Código; si se declara fundada la solicitud de cancelación de embargo planteada por la persona en contra de la cual se decretó o de un tercero, o si se dicta sentencia absolutoria, se decreta el sobreseimiento o se absuelve de la reparación del daño. La providencia precautoria se hará efectiva a favor de la víctima u ofendido cuando la sentencia que condene a reparar el daño cause ejecutoria. El embargo se regirá en lo conducente por las reglas generales del embargo previstas en el Código Federal de Procedimientos Civiles. "Artículo 139. Duración de las medidas de protección y providencias precautorias La imposición de las medidas de protección y de las providencias precautorias tendrá una duración máxima de sesenta días naturales, prorrogables hasta por treinta días. Cuando hubiere desaparecido la causa que dio origen a la medida decretada, el imputado, su Defensor o en su caso el Ministerio Público, podrán solicitar al Juez de control que la deje sin efectos." "Artículo 153. Reglas generales de las medidas cautelares Las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. Corresponderá a las autoridades competentes de la Federación y de las entidades federativas, para medidas cautelares, vigilar que el mandato de la autoridad judicial sea debidamente cumplido. Artículo 154. Procedencia de medidas cautelares El Juez podrá imponer medidas cautelares a petición del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, en los casos previstos por este Código, cuando ocurran las circunstancias siguientes: I. Formulada la imputación, el propio imputado se acoja al término constitucional, ya sea éste de una duración de setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, según sea el caso, o II. Se haya vinculado a proceso al imputado. En caso de que el Ministerio Público, la víctima, el asesor jurídico, u ofendido, solicite una medida cautelar durante el plazo constitucional, dicha cuestión deberá resolverse inmediatamente después de formulada la imputación. Para tal efecto, las partes podrán ofrecer aquellos medios de prueba pertinentes para analizar la procedencia de la medida solicitada, siempre y cuando la misma sea susceptible de ser desahogada en las siguientes veinticuatro horas. Artículo 155. Tipos de medidas cautelares A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares: I. La presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe; II. La exhibición de una garantía económica; III. El embargo de bienes; IV. La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero; V. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez; VI. El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada; VII. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse o ciertos lugares; VIII. La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa; IX. La separación inmediata del domicilio; X. La suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos; XI. La suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral; XII. La colocación de localizadores electrónicos; XIII. El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga, o XIV. La prisión preventiva. Las medidas cautelares no podrán ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o como sanción penal anticipada. "Artículo 156. Proporcionalidad El Juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en este Código, deberá tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución. Para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida, se podrá tomar en consideración el análisis de evaluación de riesgo realizado por personal especializado en la materia, de manera objetiva, imparcial y neutral en términos de la legislación aplicable. En la resolución respectiva, el Juez de control deberá justificar las razones por las que la medida cautelar impuesta es la que resulta menos lesiva para el imputado. Artículo 157. Imposición de medidas cautelares Las solicitudes de medidas cautelares serán resueltas por el Juez de control, en audiencia y con presencia de las partes. El Juez de control podrá imponer una de las medidas cautelares previstas en este Código, o combinar varias de ellas según resulte adecuado al caso, o imponer una diversa a la solicitada siempre que no sea más grave. Sólo el Ministerio Público podrá solicitar la prisión preventiva, la cual no podrá combinarse con otras medidas cautelares previstas en este Código, salvo el embargo precautorio o la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren en el sistema financiero. En ningún caso el Juez de control está autorizado a aplicar medidas cautelares sin tomar en cuenta el objeto o la finalidad de las mismas ni a aplicar medidas más graves que las previstas en el presente Código. Artículo 158. Debate de medidas cautelares Formulada la imputación, en su caso, o dictado el auto de vinculación a proceso a solicitud del Ministerio Público, de la víctima o de la defensa, se discutirá lo relativo a la necesidad de imposición o modificación de medidas cautelares. Artículo 159. Contenido de la resolución La resolución que establezca una medida cautelar deberá contener al menos lo siguiente: I. La imposición de la medida cautelar y la justificación que motivó el establecimiento de la misma; II. Los lineamientos para la aplicación de la medida, y III. La vigencia de la medida. Artículo 160. Impugnación de las decisiones judiciales Todas las decisiones judiciales relativas a las medidas cautelares reguladas por este Código son apelables. Artículo 161. Revisión de la medida Cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes podrán solicitar al Órgano jurisdiccional, la revocación, sustitución o modificación de la misma, para lo cual el Órgano jurisdiccional citará a todos los intervinientes a una audiencia con el fin de abrir debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida y la necesidad, en su caso, de mantenerla y resolver en consecuencia. Artículo 162. Audiencia de revisión de las medidas cautelares De no ser desechada de plano la solicitud de revisión, la audiencia se llevará a cabo dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes contadas a partir de la presentación de la solicitud. Artículo 460. Pérdida y preclusión del derecho a recurrir y desistimiento Se tendrá por perdido el derecho a recurrir una resolución judicial cuando se ha consentido expresamente la resolución contra la cual procediere. Precluye el derecho a recurrir una resolución judicial cuando, una vez concluido el plazo que la ley señala para interponer algún recurso, éste no se haya interpuesto. Quienes hubieren interpuesto un recurso podrán desistir de él antes de su resolución. En todo caso, los efectos del desistimiento no se extenderán a los demás recurrentes o a los adherentes del recurso. El Ministerio Público podrá desistirse del recurso interpuesto mediante determinación motivada y fundada en términos de las disposiciones aplicables. Para que el desistimiento del Defensor sea válido se requerirá la autorización expresa del imputado. Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: I. Las que nieguen el anticipo de prueba; II. Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no los ratifiquen; III. La negativa o cancelación de orden de aprehensión; IV. La negativa de orden de cateo; V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; VI. Las que pongan término al procedimiento o lo suspendan; VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso; VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso; IX. La negativa de abrir el procedimiento abreviado; X. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, o XI. Las que excluyan algún medio de prueba. Artículo 471. Trámite de la apelación El recurso de apelación contra las resoluciones del Juez de control se interpondrá por escrito ante el mismo Juez que dictó la resolución, dentro de los tres días contados a partir de aquel en el que surta efectos la notificación si se tratare de auto o cualquier otra providencia y de cinco días si se tratare de sentencia definitiva. En los casos de apelación sobre el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público se interpondrá ante el Tribunal de enjuiciamiento que dictó la resolución dentro de los tres días contados a partir de que surte efectos la notificación. El recurso de apelación en contra de las sentencias definitivas dictadas por el Tribunal de enjuiciamiento se interpondrá ante el Tribunal que conoció del juicio, dentro de los diez días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, mediante escrito en el que se precisarán las disposiciones violadas y los motivos de agravio correspondientes. En el escrito de interposición de recurso deberá señalarse el domicilio o autorizar el medio para ser notificado; en caso de que el Tribunal de alzada competente para conocer de la apelación tenga su sede en un lugar distinto al del proceso, las partes deberán fijar un nuevo domicilio en la jurisdicción de aquél para recibir notificaciones o el medio para recibirlas. Los agravios deberán expresarse en el mismo escrito de interposición del recurso; el recurrente deberá exhibir una copia para el registro y una para cada una de las otras partes. Si faltan total o parcialmente las copias, se le requerirá para que presente las omitidas dentro del término de veinticuatro horas. En caso de que no las exhiba, el Órgano jurisdiccional las tramitará e impondrá al promovente multa de diez a ciento cincuenta días de salario, excepto cuando éste sea el imputado o la víctima u ofendido. Interpuesto el recurso, el Órgano jurisdiccional deberá correr traslado del mismo a las partes para que se pronuncien en un plazo de tres días respecto de los agravios expuestos y señalen domicilio o medios en los términos del segundo párrafo del presente artículo. Al interponer el recurso, al contestarlo o al adherirse a él, los interesados podrán manifestar en su escrito su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios ante el Tribunal de alzada." De lo anteriormente expuesto y de los registros de audio y video de las audiencias relativas desahogadas el diez de septiembre de dos mil veintiuno, ante el juez de control primigenio y el trece de mayo de dos mil veintidós, ante la Sala responsable, así como de las constancias que integran estos autos, se puede observar que la parte quejosa parte de una idea equivocada, en cuanto que el Juez de control ante quien se llevó a cabo la audiencia de diez de septiembre de dos mil veintiuno, emitió una providencia precautoria y no una medida cautelar, al ordenar el cierre registral de la inscripción del bien inmueble perteneciente al imputado. Se afirma lo anterior, porque en esa audiencia, el juez de control fue muy claro en precisar que ante lo peticionado por el asesor jurídico de la víctima, respecto a decretar una providencia precautoria por todo el tiempo que durara el procedimiento, no era dable concederla en esos términos, sino como una medida cautelar, derivada una interpretación sistemática de las fracciones III y IV del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo cual expuso los motivos y fundamentos que lo orillaron a arribar a la imposición de esa medida. Del mismo modo, estableció que las medidas cautelares impuestas iniciaban a partir de misma fecha de la audiencia (10 de septiembre de 2021), por todo el tiempo que dure el proceso. Luego, de la lectura del escrito que presentó el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, ante el Juzgado Segundo de Control del conocimiento, se advierte que al solicitar la cancelación del registro de partidas que se impuso respecto de un inmueble de su propiedad, lo hizo con base en que el juez primigenio decretó dicho cierre de registro como una providencia precautoria, en términos del numeral 138 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando no fue así, y por ello, pidió que al haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 139 del aludido ordenamiento legal, y no haber solicitado prórroga alguna, era dable cancelar esa medida impuesta. Así, en atención a lo peticionado por la defensa, la Juez en turno del Juzgado de Control que conoce de la causa penal, por acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, accedió a ordenar la cancelación del aludido cierre registral, exponiendo los motivos por los que consideró que, a su criterio, no fue correcto el cierre de registro de partidas ordenado como una medida cautelar, sino que de acuerdo a su naturaleza se trataba de una providencia precautoria. Decisión ésta última que, como bien consideró la Sala responsable, no fue emitida conforme a derecho, ya que no correspondía a la juzgadora ordenar la cancelación del cierre de registro, por considerar que se trataba de una providencia precautoria, si el imputado no impugnó la determinación del juez que la impuso como una medida cautelar en términos del artículo 155 fracciones III y IV, del código procesal penal aplicable, el cierre registral del inmueble del quejoso. Máxime que no se estaba en el supuesto de una revisión de medidas cautelares, porque ni siquiera se convocó a las partes para llevar a cabo la audiencia, como dispone el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que, con independencia de que el cierre de registro ordenado haya sido o no correcto decretarlo como una medida cautelar, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 155 del Código Procesal Penal Nacional, correspondía al imputado impugnarla, por lo que al no haberlo hecho así, no era procedente que la juez del control la modificara, en salvaguarda de los principios de preclusión y firmeza de las resoluciones, y del derecho fundamental de seguridad jurídica establecido en el numeral 14 de la Constitución Federal. En esta tesitura, es inconcuso que fue correcto el actuar del Tribunal de Alzada, al declarar fundados los agravios hechos valer por el denunciante, en el recurso de apelación interpuesto en contra de la determinación de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, dictada en autos de la carpeta administrativa 190/2021. En consecuencia, al haber resultado infundados los conceptos de violación aducidos, lo que legalmente procede es negar al quejoso RAMÓN ANSELMO PÉREZ GONZÁLEZ, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. SEXTO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se : RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a RAMÓN ANSELMO PÉREZ GONZÁLEZ, en contra del acto que reclama de la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad; por los motivos señalados en la consideración quinta de esta sentencia. SEGUNDO. Al causar ejecutoria, provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración sexta de esta sentencia. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración séptima de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese personalmente y regístrese.
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