Ramon Anibal Flores Aleman
Expediente 217/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 217/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/06/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ramon Anibal Flores Aleman
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a diez de junio de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de queja contra el acuerdo dictado en este juicio de garantías, el trece de mayo de dos mil quince, en el que se desechó de plano la demanda de garantías promovida por Ramón Aníbal Flores Alemán; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que la sentencia dictada en este juicio, y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º., fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Notifíquese. IIIA
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veinte de mayo de dos mil catorce. Vista la razón que antecede, asentada por el fedatario adscrito a este Juzgado, de la que se advierte que no le fue posible notificar personalmente al quejoso Ramón Aníbal Flores Alemán, el proveído de fecha trece de mayo del actual, dictado en este juicio, por las razones que precisa; en consecuencia, a fin de evitar mayores dilaciones, notifíquese a dicha parte el proveído de mérito, por lista, de conformidad con lo previsto en el artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal. Notifíquese. (INSERCIÓN) Salina Cruz, Oaxaca, a trece de mayo de dos mil quince. Vista la diligencia que antecede, en la cual el quejoso RAMÓN ANÍBAL FLORES ALEMÁN, ratificó la firma que calza su escrito que presentó el siete de mayo del actual, por el que cumple con las prevenciones que se le formularon por auto inicial; en consecuencia, téngase a dicho quejoso cumpliendo en tiempo y forma con el requerimiento que se le hizo, precisando que los actos que reclama los hace consistir en la falta de emplazamiento al juicio laboral de origen, así como en la "improcedencia" de la notificación del requerimiento al cumplimiento del laudo dentro del juicio 96/2006; así también, precisando que los bienes muebles embargados en dicho juicio laboral no son de su propiedad sino de diversa persona y manifestando que tuvo conocimiento de los actos que reclama el trece de febrero de dos mil quince, fecha en la que fue notificado y emplazado para efectos de la ejecución del laudo laboral respectivo. Ahora bien, en el caso se procede desechar de plano la demanda de garantías, por actualizarse de manera notoria la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por consentimiento tácito de los actos reclamados, en tanto que no se promovió el juicio de amparo dentro del plazo establecido por el artículo 17 de la ley invocada que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. . "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Ello es así, en virtud de que el quejoso indicó que tuvo conocimiento de los actos que reclama desde el trece de febrero de dos mil quince, siendo que su demanda de garantías la presentó en la Oficina de Correspondencia Común el veintisiete de abril del actual, esto es, habiendo transcurrido el plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo para la presentación oportuna de la demanda. Cabe precisar que los actos impugnados no encuadran en ninguno de los supuestos de excepción establecidos en el artículo 17, de la Ley de Amparo. Con base en lo anterior, es evidente que la presentación de la demanda de garantías que nos ocupa resulta extemporánea, actualizándose de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por éstos aquellos contra los que no se promueva el juicio de garantías dentro de los términos que se señala el numeral 17 de esa ley. En consecuencia, de plano, se desecha la demanda de amparo con fundamento en los artículos 112 y 113, por su manifiesta e indudable improcedencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia IV.2o.C. J/7, consultable en la página mil treinta y cinco del Tomo XXII, julio de dos mil cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA EXPRESAMENTE LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO". Así como en lo conducente, la Jurisprudencia P./J. 27/96, misma que resuelve la contradicción de tesis 30/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cincuenta y siete, del Tomo III, junio de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO". Notifíquese personalmente al quejoso. IIIA
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