Ramón Ángel Gastelum Mada

Expediente 1234/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 10 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1234/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
05/04/2022

Partes del expediente

  • Ramón Ángel Gastelum Mada
  • Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye que la sentencia de amparo ha quedado cumplida sin exceso ni defecto; Asimismo, se ordena el Archivo y valoración del expediente. Responsable informa sobre el cumplimiento dado al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo; atento a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la presente notificación, exprese lo que a su interés legal convenga.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, siete de marzo de dos mil veintidós. Informe de cumplimiento. Glósese a los autos para los efectos legales correspondientes el oficio de cuenta suscrito por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento impuesto en proveído de veintiuno de febrero pasado, y para tal efecto anexa constancias e informa respecto del cumplimiento dado al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo. Atento a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído exprese lo que a su interés legal convenga, transcurrido ese plazo, este juzgado se pronunciará sobre tal cumplimiento. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Juicio de amparo 1234/2021 Certificación. El veintiuno de febrero de dos mil veintidós, María Guadalupe Noriega Vega, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, certifico y hago constar que el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió, del uno al quince de febrero del presente año, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó por una parte y, por otra, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión en el presente juicio; lo anterior se hace constar para los efectos legales conducentes. Doy fe. Cuenta. El veintiuno de febrero de dos mil veintidós, se da cuenta al juez con la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos. Conste.Auto. Hermosillo, Sonora, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó por una parte y, por otra, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Requerimiento. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la responsable, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: "Realice las gestiones necesarias para lograr el desahogo de la prueba testimonial a cargo de los atestes José Becerril Hernández, Carlos Gibrán Zazueta y María Antonieta Vega López; admitidas en el juicio laboral 1183/2017.". Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme a lo establecido en el artículo 258 de la referida ley, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado correspondiente, para iniciar el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Juicio de amparo 1234/2021 Audiencia y resolución constitucional En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las doce horas con veinticuatro minutos del veintisiete de enero de dos mil veintidós, en audiencia pública Juan de Dios Velasco Romero, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargado del despacho por vacaciones del titular, conforme al artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe declaró abierta la presente audiencia sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, la secretaria relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al secretario encargado del despacho con el escrito inicial de demanda, con las constancias de emplazamiento a juicio de las partes, con el informe justificado rendido por el presidente adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, así como con las constancias exhibidas por la autoridad responsable a solicitud de este órgano jurisdiccional; además, hace constar que no existe cuestión pendiente por acordar. El encargado del despacho acuerda. Téngase por hecha la certificación anterior para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, revisado el estado de autos, se advierte que en auto de radicación, se reservó proveer respecto del emplazamiento de la parte tercera interesada; sin embargo, no constituye obstáculo para la celebración de la presente audiencia, la falta de emplazamiento al presente asunto, a quien constituye la parte demandada en el procedimiento natural, pues la resolución que se pronunciará no lesiona sus derechos ni tampoco le irroga perjuicio alguno. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y la secretaria da cuenta con la documental ofertada por la autoridad responsable anexa al informe con justificación, así como con las constancias exhibidas por la autoridad responsable a solicitud de este órgano jurisdiccional. El encargado del despacho acuerda. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su especial naturaleza, las cuales serán tomadas en consideración al resolver este sumario. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes omitieron realizar manifestaciones. El encargado del despacho acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para expresar alegatos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1234/2021; y, I. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito recibido el siete de octubre de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el ocho siguiente, por razón de turno, a este juzgado de Distrito, Ramón Ángel Gastélum Mada solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad. Por proveído de veintiuno de octubre siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, se reservó proveer respecto a quien le pudiera revestir el carácter de tercero interesado; asimismo, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional; la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. II. Competencia Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que el acto de reclamo emana de autoridades con residencia en el ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. III. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados los siguientes: La omisión de proveer lo relativo para el desahogo de la prueba confesional dentro del juicio laboral 1183/2017, ofrecida por la parte actora y la demandada. La omisión de proveer lo relativo para el desahogo de la prueba testimonial dentro del juicio laboral 1183/2017 ofrecida por la parte actora (hoy quejoso). IV. Existencia de los actos reclamados Son ciertos los actos reclamados a la junta laboral responsable, no obstante que el presidente adscrito a dicha junta al rendir su informe justificado lo haya negado, toda vez que, dicha certeza que se corrobora con las constancias que remitió en apoyo; además, omitieron remitir constancias de las cuales se adviertan gestiones efectivas para lograr el desahogo de los medios de convicción pendientes de desahogar en el juicio laboral de origen. Causa de improcedencia actualizada En la especie respecto del acto reclamado precisado bajo el inciso a), se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente y de oficio, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, consistente en ?la omisión de señalar fecha para el desahogo de pruebas confesional por posiciones y testimoniales, dentro del juicio laboral 1183/2017?. En efecto, en el caso se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]". Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada; de modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Tiene aplicación en la especie, la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en la foja 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". En el caso, se llega a la firme convicción de que el acto reclamado estriba en la omisión de desahogar los medios de convicción, en el juicio laboral 1183/2017, consistente en el desahogo de la prueba confesional ofrecida por ambas partes, han cesado en sus efectos, ya que se constituyó una nueva situación jurídica que destruyó la que le dio motivo y, por ende, se sustituyó la determinación en la que recaía el agravio que reclama la parte quejosa. En efecto, conforme a las documentales exhibidas por la autoridad responsable, revelan que en auto de seis de diciembre de dos mil veintiuno, procedió a dar continuidad al juicio laboral de origen, en atención a que: ? Se señalaron las nueve horas del doce de enero de dos mil veintidós, para que tuviera lugar el desahogo de la prueba confesional por posiciones ofrecida por la parte actora a cargo de "Breaker, sociedad anónima de capital variable"; asimismo, seguidamente, el desahogo de la prueba confesional por posiciones ofrecida por la demandada a cargo de Ramón Ángel Gastélum Mada; ? Mediante diligencia de doce de enero de dos mil veintidós, se llevó a cabo el desahogo de la prueba confesional ofrecida por la demandada a cargo del actor Ramón Ángel Gastélum Mada; además, el actor se desistió de la prueba confesional a cargo de la moral demandada "Breaker, sociedad anónima de capital variable. Consecuentemente, es incuestionable que durante la tramitación del presente juicio de amparo, cesó en sus efectos el acto impugnado, pues se constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo y, por lo tanto, los actos reclamados precisados en el apartado III, inciso a), ya no ocasiona agravio a la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia publicada en la página 198, Tomo XI-Marzo, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que expresa: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Han cesado los efectos del acto reclamado, cuando la autoridad responsable dicta nueva resolución que substituye procesalmente a la anterior o cuando revoca su propio acto en el que se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que con esa nueva situación, se restituya al quejoso en el goce de sus garantías violadas.". De igual forma cobra vigencia sobre el particular la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 15, Tomo 55, Sexta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Ahora bien, en principio debe estimarse que esos efectos han cesado cuando las autoridades responsables comunican al Juez de Distrito que han dejado sin efecto los actos reclamados y han mandado archivar el asunto como totalmente concluido, aunque no le hayan hecho al quejoso ninguna comunicación al respecto, pues aunque sería de desearse que lo hicieran no podría decirse que conforme al precepto indicado los efectos del acto no cesen sino hasta el momento en que se comunique tal cosa al afectado. Es cierto que para sobreseerse el amparo, es menester que se conozca ciertamente la resolución que dejó sin efectos el acto, pero para ello es bastante que se le comunique oficialmente al Juez. Sería contrario a los fines de una expedita administración de justicia entrar al fondo de los negocios, en situaciones como la apuntada. Y, en todo caso, el quejoso puede obtener constancia de la cesación de efectos del acto reclamado, ya solicitando copias certificadas de las constancias pertinentes del juicio de amparo, o ya solicitándolas de las propias autoridades. Y la negligencia de éstas en lo relativo a notificar al quejoso la nueva resolución que dejó sin efectos la reclamada, no puede justificar que se entre al fondo del estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. A más de que, cuando las autoridades afirman categóricamente que han archivado el asunto como concluido, resultaría difícil entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, para decidir si se debe conceder la protección federal o no, pues en esta última hipótesis se crearía una situación legal extremadamente confusa. Y sólo podría justificarse el estudio del fondo del negocio, cuando los términos del informe justificado fueran ambiguos en forma tal, que no pudiera saberse el alcance de la cesación de los efectos del acto reclamado.". Así, al haber cesado los efectos del acto impugnado, es obvio que debe declararse improcedente el juicio de amparo y decretar el sobreseimiento en términos de lo dispuesto en la fracción XXI del numeral 61, en relación con la diversa V del artículo 63 de la Ley de Amparo, por los actos reclamados identificados con el inciso a) del apartado III, de la presente sentencia. Sustenta lo considerado, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, de la época y fuente en consulta, que refiere: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Consideraciones jurídicas Toda vez que las partes no hicieron valer ninguna causa de improcedencia, y este juzgador de oficio no advierte que en el caso se actualice alguna, procede el estudio de la cuestión constitucional efectivamente planteada. La parte quejosa aduce esencialmente en sus conceptos de violación que el acto reclamado en el apartado III, inciso b) transgrede sus derechos fundamentales de justicia pronta y expedita, contenidos en el artículo 17 constitucional, en virtud de que la responsable no ha llevado a cabo los actos tendentes para desahogar la prueba de ratificación de contenido y firma, lo cual entorpece el desarrollo de la controversia laboral. En efecto, el artículo 17 constitucional, consagra a favor de los gobernados la prerrogativa de acceso a la jurisdicción, la cual, contempla las subgarantías o principios siguientes: Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que se establezcan en las leyes. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos controvertidos. Justicia imparcial, significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de administrar justicia, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno para la prestación de ese servicio público. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." Con base en las directrices del artículo 17 constitucional, en función del procedimiento ordinario laboral, puede decirse que la autoridad laboral viola el derecho de acceso a la impartición de justicia, cuando no tramite, resuelva o ejecute los juicios laborales en los plazos y términos establecidos en la ley de la materia. Lo anterior, en virtud de que el precepto constitucional mencionado, decreta una obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia: tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone una prohibición: no retrasar injustificadamente el procedimiento y la solución de la controversia. La naturaleza expedita de esta prerrogativa se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al numeral 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Por su parte, los artículos 685, 686, 771, 880 y 883 de la Ley Federal del Trabajo, establecen entre otras cosas, que el proceso laboral se rige por los principios de economía, concentración y sencillez, es decir, debe ser dinámico, tan es así, que el propio código obrero impone la obligación a la autoridad laboral de substanciar el procedimiento dentro de los plazos que en él se señalan, para llevar a cabo los distintos actos procesales; que los presidentes de las juntas y los auxiliares, deben cuidar bajo su más estricta responsabilidad que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos. Además, prescriben que al concluir el ofrecimiento de pruebas, las partes podrán objetar las de su contrario, y se proveerá inmediatamente sobre las que admita o deseche, o en su caso, se reservará proveer al respecto, por un período que no deberá de exceder cinco días. Asimismo, se advierte que una vez admitidas las pruebas, la junta deberá señalar fecha dentro de los diez días siguientes para la audiencia de desahogo, además proveerá los mecanismos necesarios para que se lleven a cabo y cuando no sea posible, tendrá que señalar nueva fecha para su celebración; periodo que de ninguna manera podrá exceder de treinta días desde su admisión. Ahora, en el caso, de las manifestaciones del quejoso realizadas bajo protesta de decir verdad, se desprende que: ? La parte quejosa promovió demanda laboral ante la responsable el treinta de marzo de dos mil diecisiete radicada como juicio laboral 1183/2017. ? Seguida la secuela procesal, mediante proveído de trece de enero de dos mil veintidós, señaló las nueve horas con treinta minutos del treinta y uno de enero del año en curso, para el desahogo de la prueba testimonial a cargo de los atestes José Becerril Hernández, Carlos Gibrán Zazueta y María Antonieta Vega López; además, ordenó la notificación personal del contenido de dicha determinación; sin embargo, no se advierte actuación alguna con la que se acredite que se hayan realizado las gestiones para notificar a las partes materiales y testigos para el desahogo del medio de convicción en cita ?prueba testimonial?. ? Por lo anterior, no se tiene certeza que se hayan realizado las gestiones necesarias para el desahogo de la prueba testimonial; amén de que la autoridad responsable no ha informado al respecto. Lo anterior pone de manifiesto que la responsable trasgrede los derechos fundamentales de la quejosa, en virtud de que ha omitido dictar las medidas necesarias, a fin de que se desahogue la prueba testimonial en la controversia laboral, pues no ha acreditado haber notificado al actor, demandada y testigos de la fecha señalada para el desahogo de ese medios de convicción. Sin que resulte obstáculo para lo determinado, que la responsable remitió copia del proveído de trece de enero de la presente anualidad, el cual revela, que señaló fecha para el desahogo de la prueba testimonial a cargo de José Becerril Hernández, Carlos Gibrán Zazueta y María Antonieta Vega López; sin embargo, omitió remitir constancias de notificación de los atestes y partes materiales, o bien, constancias relativas que acreditaran las gestiones realizadas para tal fin. En consecuencia, se concluye que se violenta el derecho fundamental de pronta y expedita impartición de justicia previsto en el numeral 17 constitucional, por lo que se impone conceder la protección constitucional solicitada. Por su parte, no se desconoce que los tribunales laborales cuentan con una carga de trabajo excesiva; sin embargo, dicha circunstancia no los exime de la obligación que les impone la ley laboral, en cuanto a los tiempos fijados para el trámite del juicio. Decisión Al haberse actualizado la causa de improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados precisados en el inciso a) del apartado III, procede sobreseer en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la citada ley. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable en el ámbito de sus atribuciones: ? Realice las gestiones necesarias para lograr el desahogo de la prueba testimonial a cargo de los atestes José Becerril Hernández, Carlos Gibrán Zazueta y María Antonieta Vega López; admitidas en el juicio laboral 1183/2017. Respecto de los alcances de la protección federal, se destaca que se limitan a los actos reclamados y a la etapa procesal en la que se sitúan dentro del procedimiento laboral. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se VIII. Resuelve Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Ramón Ángel Gastélum Mada, respecto de los actos reclamados identificados con los incisos a) y b) del apartado III, por las razones expuestas en el considerando V, del presente fallo. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ramón Ángel Gastélum Mada, respecto del acto reclamado identificado con el inciso c) del apartado III, por las consideraciones y para los efectos señalados en los apartados VI y VII de esta sentencia. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable y mediante lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Juan de Dios Velasco Romero, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargado del despacho por vacaciones del titular, conforme al artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en relación con el artículo transitorio tercero del "Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles", autorizado en términos del oficio CCJ/ST/0047/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria de Juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy fe.

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