Ramón Alvarado Ambrosio
Expediente 979/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 979/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Ramón Alvarado Ambrosio
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de la secretaria de este juzgado, en el sentido de que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I, inciso a, de la propia ley; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se declara que el proveído de veintitrés de julio de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo, ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de fecha quince de octubre de dos mil nueve; hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente, de acuerdo a sus particularidades es susceptible de destrucción, una vez transcurridos los cinco años que establece el primer párrafo del punto vigésimo primero del aludido acuerdo, contados a partir de esta fecha, toda vez que el presente asunto no tiene relevancia documental, a virtud de que no se trata de delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni de aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, no es relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes y tampoco se considera que en él se haya adoptado alguna resolución que tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Notifíquese.
- Principal
Vista la constancia de notificación practicada al quejoso ..., mediante el cual da cumplimiento al requerimiento de diecisiete del mes que transcurre a fin de aclarar su escrito inicial de demanda en los siguientes términos: "El acto reclamado es contra la fuerza y sometimiento con que me obligan a raparme y afeitarme eso manifiesto respecto al requerimiento que se me practicó". Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, el dispositivo en consulta señala: En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen, así como del escrito aclaratorio; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En tales condiciones, para determinar si una violación es o no reclamable en amparo indirecto, debe observarse en principio la exigencia a que se refiere la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en cuanto a la procedencia del juicio de amparo cuando los actos que reclamen tengan sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación, al afectarse con los mismos cualquier derecho sustantivo contenido en los ordenamientos legales precisados en el párrafo anterior. De esta manera, se tiene que el alcance de las disposiciones legales antes citadas, obliga a cualquier órgano jurisdiccional legalmente competente para analizar violaciones a derechos fundamentales, a precisar si los actos que son reclamados en una demanda de amparo tienen una ejecución de imposible reparación, y si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución favorable a sus pretensiones dentro del procedimiento al cual se encuentre sujeto. Por lo contrario, se considera que no existe una ejecución irreparable, si las consecuencias que se derivan de la posible violación se extinguen en la realidad; ello, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. En este sentido, como se desprende del escrito de demanda y de la constancia de notificación, el quejoso destaca como acto reclamado que lo obliguen a raparse y afeitarse. Ahora bien, con la finalidad de dilucidar la determinación que se plantea en el presente acuerdo, conviene tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 13, fracción I y 22, fracción VI del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 13.- Son atribuciones del Director General: [.] I. Administrar, organizar y operar el Centro Federal; [.]". "Artículo 22.- Son atribuciones del Consejo: [.] VI. Resolver sobre la autorización de estímulos para el interno; [.]" De esta manera, de las disposiciones legales antes trascritas se advierte que son facultades de los Directores Generales de los Centros Federales de Readaptación Social, la organización, operación y administración de los mismos. Asimismo, se establece que es atribución de los Consejos Técnicos Interdisciplinarios resolver sobre la autorización de estímulos que le sean solicitados en su caso para los internos de los referidos Centros de reclusión. De esta manera, a criterio de este órgano jurisdiccional, se concluye que los actos reclamados por el quejoso, no generan una imposible reparación, ni vulneran algún derecho sustantivo o fundamental del mismo. Lo anterior es así, toda vez en primer término, del contenido de la demanda de amparo no se advierte que se esté afectando por parte de las autoridades responsables, algún derecho sustantivo o fundamental de los reconocidos en la Constitución Política del País, o en algún tratado internacional de los que el Estado Mexicano es parte, como podría ser en su caso: el derecho a la vida, a la salud, a la libertad personal, etc; ello es así, toda vez que en el caso particular, no se advierte que los quejosos se encuentren aislados en un área en la cual no puedan solicitar a las autoridades penitenciarias el equipo necesario para el desarrollo del deporte que mencionan. No obstante lo anterior, si bien en su caso la libertad personal del quejoso se encuentra restringida al estar internos en el Centro Federal de Readaptación Social número catorce "CPS Durango", con residencia en Gómez Palacio, Durango, sin embargo, ello obedece a un proceso penal que justifica su legal reclusión en el mismo, en el cual se encuentran sujetos a las diversas disposiciones contenidas en los ordenamientos legales que regulan la administración y seguridad de dichos centros. Aunado a lo anterior, se considera que al ser facultades de las autoridades penitenciarias el determinar la autorización o no de cualquier tipo de estímulo, como puede ser en su caso, las reglas mínimas de higiene, es lo que determina en su caso, que el quejoso, se encuentran en condiciones de formular dicha solicitud a las autoridades penitenciarias, o en su caso, al juez que conozca de la causa penal que se les instruye, y que justifica su legal reclusión. Ello es así, toda vez que al realizar las solicitudes a que se hace alusión, el quejoso estará en condiciones de que se le permita no rasurarse o afeitarse diariamente, con lo cual, se encontraría satisfecho el derecho que estiman vulnerado. Por tanto, al considerarse que los actos reclamados no generan una imposible reparación, ni vulneran algún derecho sustantivo o fundamental de los quejosos, se estima que el juicio de amparo interpuesto en su contra, resulta improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu. Es aplicable, por analogía jurídica, la jurisprudencia 1ª./J.48/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XX, agosto de 2004, página 258, del rubro y contenido siguientes: "PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. LOS BENEFICIOS QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 55 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL PARA PRESCINDIR DE ELLA O SUSTITUIRLA POR UNA MEDIDA DE SEGURIDAD DEBEN SOLICITARSE POR EL ACUSADO A LA AUTORIDAD JUDICIAL ANTES DEL DICTADO DE LA SENTENCIA. El artículo 55 del Código Penal Federal autoriza al Juez para que, apoyado en dictámenes periciales prescinda de la imposición de una pena de prisión o la sustituya por una medida de seguridad, cuando resulte notoriamente innecesaria e irracional, dadas las condiciones físicas en que se encuentre el sujeto activo. Así, dicho numeral es claro al precisar el momento procesal en que el acusado debe solicitar tales beneficios, así como la autoridad facultada para autorizarlos, pues con la expresión "sujeto activo" alude a la situación jurídica en que se encuentra la persona contra quien se instaura el procedimiento penal, pues en ningún momento se refiere al sentenciado o reo y señala específicamente al juzgador como el único facultado para prescindir de la pena o sustituirla, lo que encuentra sustento en el principio de legalidad penal relativo a que la imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial, por lo que la solicitud de este beneficio no procede ante autoridad distinta; además, no autoriza expresamente su solicitud posterior, para el caso de que se omita concederlo en el dictado de la sentencia; de ahí que sea improcedente una vez que concluyó el proceso penal, aun cuando pudieran haber sobrevenido en la persona del sentenciado cualquiera de los supuestos previstos en el citado artículo". Por otra parte, este órgano de control constitucional concluye que con lo determinado en el presente acuerdo, no se viola en perjuicio de los quejosos alguno de los Derechos Humanos protegidos por la Constitución y los Tratados Internacionales en que México es parte, dado que los requisitos de procedencia del juicio de amparo no vulneran el derecho humano de acceso a la justicia, o bien el principio que caracteriza a los mismos, precisamente porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el sentido de que el derecho humano de acceso a la justicia también comprende dichas formalidades, previo al estudio del fondo. Ello, dado que las causas de improcedencia no configuran una denegación de justicia; pues no pueden calificarse de irracionales, porque su razonabilidad se justifica en el derecho fundamental a recibir justicia pronta y expedita, tutelada por el artículo 17 Constitucional, en la medida en que evita que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio, precisamente, el citado derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos. Asimismo, debe destacarse que la causa de improcedencia en análisis, no es de tal naturaleza que despoje al derecho de su esencia, ni tampoco es discriminatoria, pues no existe ninguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del gobernado de que se trate. Resulta aplicable a lo expuesto la jurisprudencia suscrita por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, localizable en la obra Jurisprudencia Interamericana Sobre Derechos Humanos, Criterios Esenciales, editado por la Dirección de Difusión de la Dirección General de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura Federal, primera edición, México 2011, del rubro y texto siguientes: De ahí entonces, en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en relación con el diverso artículo 17, ambos de la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 113, de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Ramón Alvarado Ambrosio. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, contenido en la página mil seiscientos treinta y uno, tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicado en la página seiscientos dieciocho, del tomo V, mayo de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación, Novena época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto". Y la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 921, tomo XXIV, junio de 2006, Semanario Judicial de la Federación, Novena época, materia común, que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico". Finalmente, agréguense a sus antecedentes los oficios del titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, con sede en esta ciudad, mediante los cuales, en el primero de ellos, da cumplimiento al requerimiento realizado por este juzgado en proveído de diecisiete de julio de dos mil dieciocho y designa al licenciado Mario Arnulfo Cisneros Tapia, como asesor jurídico federal del quejoso Ramón Alvarado Ambrosio, en la prosecución del presente juicio; y en el segundo de sus oficios le informa al asesor jurídico federal dicha determinación. Lo anterior para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA RECLUÍDO Y AL ASESOR JURÍDICO FEDERAL.
- Principal
Agréguese el oficio del Subdirector Médico del Hospital General 450, con residencia en Durango, Durango, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado por este juzgado de fecha cinco de julio de dos mil dieciocho, e informa que dentro de sus instalaciones no se llevara a cabo la intervención quirúrgica denominada Artroscopia, solicitada por el quejoso ... lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, se requiere al Director Federal de Readaptación Social número 14 "CPS Durango", con sede en Gómez Palacio, Durango, a fin de que informe dentro del término de tres días que dependencia llevara a cabo dicha intervención quirúrgica. Con el apercibimiento que de no hacerlo en el tiempo concedido para tal efecto o de no contestar la causa legal o material que se lo impida, se hará acreedor a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización equivalente a Notifíquese; mediante oficio a la autoridad responsable.
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