Ramón Almanza García
Expediente 1307/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1307/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Ramón Almanza García
- Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, Ciudad
Actuaciones
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintiocho de enero de dos mil veintidós. Vista la cuenta; glósese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el informe justificado emitido por la Presidente de la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, toda vez que el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo por omisa a dicha autoridad responsable, y en esa data se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso (fojas 13 a 17), además de que mediante proveído de veintidós de diciembre de la pasada anualidad, se ordenó el archivo definitivo de este asunto (fojas 23 y 24). Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Iris Ileana de León Martínez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
....se declara que la sentencia que negó el amparo... ha causado ejecutoria... archívese este asunto como totalmente concluido...
- Principal
En el local del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, residente en Reynosa, siendo las nueve horas con cuarenta minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, asistido de Iris Ileana de León Martínez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1307/2021-5, promovido por Ramón Almanza García.El Juez declara abierta la audiencia, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, haciendo constar la Secretaria que ninguna de las partes compareció a participar en este acto, no obstante su legal notificación según constancias que obran en autos. Acto seguido, la Secretaria procede a dar lectura al escrito de demanda, así como a las demás constancias de autos; posteriormente, posteriormente, dicha funcionaria hace constar que la autoridad responsable Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, fue omisa en rendir informe justificado, no obstante haber quedado debidamente notificada del oficio a través del cual se le solicitó el informe de mérito, como se advierte de la minuta que obra en autos (foja 10). A lo que el Juez provee: téngase por relacionadas las constancias de autos, y la Secretaria asentando tal certificación para los efectos legales correspondientes. Posteriormente, se abre y cierra el periodo probatorio, en virtud de que ninguna de las partes aportó pruebas. No se formularon alegatos. Sin que exista promoción pendiente de acordar el Juez pasa a dictar la siguiente S E N T E N C I A : VISTOS los autos que integran el juicio de amparo 1307/2021-5; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el trece de octubre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con asiento en esta ciudad, turnado el catorce de octubre siguiente a este Juzgado Octavo de Distrito Ramón Almanza García, promovió juicio de amparo contra actos de la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales a que se refieren los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. Por auto de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda con el número 1307/2021-5, se pidió informe con justificación a la autoridad responsable, se dio a la representante social de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó en los términos anotados (fojas 6 a 8); y C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de derechos fundamentales, con fundamento en los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Punto Cuarto, fracción XIX, párrafo cuarto, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que la autoridad responsable reside en la jurisdicción territorial asignada a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En principio, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija de manera clara y precisa que en este asunto el acto reclamado se hizo consistir en la omisión de emitir laudo, en el expediente laboral 1409/2016 del índice de la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Sirve de apoyo a lo citado, la jurisprudencia P./J. 40/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (registro 192097), que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, fue omisa en rendir informe justificado no obstante haber quedado debidamente notificada del oficio 21066/2021-A5 de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, a través del cual se le solicitó el informe de mérito, como se advierte de la minuta que obra en autos (foja 10), por lo que con apoyo en el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de la Materia, se presume cierto el acto que se le atribuye. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J.7/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 17, tomo 79, Julio de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, (registro 206350), que textualmente establece: "INFORME JUSTIFICADO. SU FALTA SOLO HACE PRESUMIR CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO LA TOTALIDAD DE LOS HECHOS SEÑALADOS EN LA DEMANDA.- En términos del artículo 149 párrafo tercero de la Ley de Amparo, la omisión de la autoridad responsable de rendir informe justificado sólo hace presumir la certeza del acto reclamado, pero no la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo." CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. En virtud de que no se advierte causa de improcedencia que amerite el sobreseimiento en el juicio, ni las partes alegan la configuración de alguna, se procede al examen de los conceptos de violación que se hacen valer, que no se transcriben por no exigirlo así los artículos 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo. Cabe precisar que en virtud de que la autoridad responsable fue omisa en rendir informe con justificación, y tomando en cuenta que el acto reclamado por el peticionario de garantías lo constituye la omisión de dictar laudo en el expediente laboral 1409/2016 del índice de la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, el cual debe decirse no es violatorio de garantías en sí mismo, sino que la constitucionalidad o inconstitucionalidad depende del estado procesal en que se encuentre el asunto, lo cual no se puede determinar con la presunción de certeza de que aún no se ha notificado la determinación final, sino que es necesario tener a la vista las constancias del expediente del que deriva el acto reclamado, para así estar en condiciones de analizar si la omisión que se atribuye a la responsable es inconstitucional, lo cual de conformidad con el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, le corresponde demostrar a la parte quejosa. Resulta preciso transcribir lo que dispone dicho numeral y párrafo: "Artículo 117. . Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o de esta Ley." Del citado dispositivo legal, se advierte que la carga de la prueba para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, y las garantías que dice la parte quejosa se violan en su perjuicio, queda a cargo de la parte que solicita el amparo, y al no haber aportado prueba alguna para demostrar tal circunstancia, no se está en posibilidad de analizar si el acto reclamado es o no inconstitucional, y que se violen los derechos constitucionales que se refieren en la demanda. Se afirma lo anterior, pues no basta el hecho de que la parte impetrante de amparo, en su escrito de demanda, manifieste que se violan en su perjuicio las garantías consagradas en el artículo 17 Constitucional; pues al ser omisa la autoridad responsable en rendir informe justificado, y atento al artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, le corresponde la carga de la prueba para demostrar la inconstitucionalidad del hecho reclamado, y la violación de los derechos fundamentales de que dice es objeto con la omisión de la responsable, es decir, demostrar que realmente existe un juicio laboral en el que es parte el quejoso, y que se ha omitido dictar laudo, de ahí que lo constitucional o inconstitucional del acto reclamado, dependa en principio de la existencia del juicio y de la omisión que refiere, y de acreditarse éstos supuestos -que en la especie no aconteció-, del estado procesal del juicio natural, así como de las pruebas o datos que la responsable tenga en consideración para mantener su conducta omisiva. Por lo que al no haber acreditado la parte quejosa tales circunstancias, es decir, lo que argumenta en el único concepto de violación de su demanda de amparo, no es posible analizar lo constitucional o inconstitucional de los actos reclamados, menos aún determinar que se viole en su perjuicio las garantías constitucionales a que hace alusión en su libelo de demanda. Es aplicable la jurisprudencia 279 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 232, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, Novena Época (registro 917813), que es del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO).- Del contexto del artículo 149 de la Ley de Amparo, en relación con los efectos que se producen en el juicio de amparo con la rendición u omisión del informe justificado, se advierten las siguientes hipótesis: a) Por regla general, el Juez de Distrito, al solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, concede un término de cinco días, contados a partir de la notificación del auto correspondiente; b) Si el Juez Federal lo estima conveniente, por la importancia y trascendencia del caso, a lo que procede agregar que puede haber situaciones de complejidad para la obtención de constancias, es posible discrecionalmente ampliar el término por cinco días más, para que la autoridad responsable rinda su informe con justificación; c) La circunstancia de que las autoridades responsables presenten sus informes justificados con posterioridad al término de cinco días o, en su caso, al de su ampliación discrecional, no trae como consecuencia que se deba tener por presuntivamente cierta la existencia de los actos que se les atribuyen, según se destacará en inciso subsecuente; d) Las autoridades responsables rendirán sus informes con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la audiencia constitucional; e) La consecuencia de que se rinda el informe justificado con insuficiente anticipación en relación con la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, será que el Juez difiera o suspenda tal audiencia, según lo que proceda, a solicitud de las partes, que inclusive podrá hacerse en la misma fecha fijada para la celebración de la diligencia; f) Si el Juez de Distrito omite dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido con insuficiente anticipación en relación con la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento, atento lo que establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; y g) Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Esta parte del precepto se refiere a casos de ausencia de rendición de informe justificado por parte de la autoridad responsable, o bien, para el evento en que dicho informe hubiera sido rendido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, lo que hace precluir cualquier oportunidad de las partes para apersonarse, presentar promociones o aportar constancias en el juicio de garantías." (Énfasis añadido). También apoya lo anterior, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, identificada con el número III. 1o. A. 59 K en la página 402, tomo XIV, noviembre de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 209904, que textualmente dispone: "ACTO RECLAMADO. LA NATURALEZA DE LA VIOLACION ALEGADA NO ES LO QUE DETERMINA SI ES O NO INCONSTITUCIONAL EN SI MISMO EL. No es la naturaleza de la violación que se alegue, lo que determina si un acto reclamado en amparo es o no inconstitucional en sí mismo, sino que, para establecer cuándo tiene ese carácter, debe estarse a lo que dispone el artículo 149 de la Ley de Amparo, el cual señala substancialmente, que un acto no es en sí mismo violatorio de garantías, cuando su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado ese propio acto; de lo que resulta, que cuando el acto reclamado pueda ser realizado por la autoridad responsable, mediante el cumplimiento de determinados requisitos, no debe ser tenido, en sí mismo, como violatorio de garantías, y en cambio, cuando en ningún caso la responsable pueda realizar el acto impugnado, llenando o no requisito alguno, debe estimarse como violatorio de garantías en sí mismo." De igual manera, cobra aplicación la jurisprudencia VI. 2o. J/241 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 39, tomo 64, Abril de 1993, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 216529, cuyo rubro y texto marcan: "INFORME JUSTIFICADO. OMISION DE RENDIRLO. No es verdad que la omisión de la autoridad responsable de rendir su informe justificado implique que el acto reclamado sea lisa y llanamente cierto, sino que de conformidad con el párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo, ello sólo da lugar a que se tenga como presuntivamente cierto, pero tal circunstancia, de ninguna manera acredita el interés jurídico del quejoso para solicitar la protección constitucional, ni la inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que legalmente sólo es demostrativa de la existencia presuntiva de este último, no de su falta de constitucionalidad, la que de acuerdo con el precepto en cita, mismo párrafo, debe ser justificada por quien pide amparo." Ante tales razonamientos, y al no haber demostrado la parte quejosa con prueba alguna la inconstitucionalidad del acto que reclama, debe NEGARSE EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a Ramón Almanza García. La aplicación de las jurisprudencias emitidas con apoyo en la legislación anterior al dos de abril de dos mil trece, invocadas en esta ejecutoria son vigentes, de conformidad con el artículo sexto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril citado, que abroga la anterior Ley de Amparo, por no oponerse a la vigente. Por lo expuesto, fundado y con sustento en los artículos 1, fracción I, 73 y 74 de la Ley de Amparo; se resuelve: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE al quejoso Ramón Almanza García, en el juicio de amparo 1307/2021-5, contra la autoridad señalada en el resultando primero de esta resolución, por el acto reclamado y el motivo precisado en el considerando cuarto de la misma. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Iris Ileana de León Martínez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Vista cuenta; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Ramón Almazán García; regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 1307/2021-5, que por razón de turno le corresponde. Ahora bien, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, fracción I, 37, 107, 108 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Ramón Almazán García, contra actos de la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional la intervención que le confiere la ley, entregándole copia simple de la demanda de que se trata. Para la celebración de la audiencia constitucional que contempla el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, y con copia simple del escrito de demanda pídase a la autoridad responsable su informe justificado que deberá rendir dentro del término de quince días contado a partir de aquél al que reciba la notificación del presente proveído, mismo que inclusive podrá ser rendido utilizando la vía fax que se sirvan enviar al número telefónico 899-926-30-74, correspondiente a este Juzgado Federal, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomó en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional. Indíquese a la autoridad responsable que la Ley de Amparo, en su artículo 260, fracción II, dispone que se sancionará con multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha, en caso de que se haga efectivo dicho medio de apremio, a la autoridad responsable que no rinda el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional u omita referirse a la representación que aduzca el promovente de la demanda en términos del artículo 11 de esa Ley. Con base en el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se faculta a la autoridad responsable rendir su informe de ley vía fax al número telefónico 01 899-926-30-74, de este Juzgado Federal y/o correo electrónico oficial 8jdo19cto@correo.cjf.gob.mx y/o telegrama. En esa medida, indíquese a la responsable, que basta con que dé cumplimiento al presente requerimiento por cualquiera de las citadas vías, por ejemplo si informa lo peticionado por vía fax, resultará innecesario que lo haga también por telegrama o por correo oficial. De igual manera, en aras de agilizar el trámite del asunto aquí planteado, en atención al principio de expeditez de justicia y celeridad procesal, se solicita atentamente a la autoridad responsable, para que al momento de que rinda su informe justificado proporcione a éste órgano federal algún correo electrónico oficial o número de fax, para garantizar a las partes la expeditez a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, como lo dispone el artículo 64 de la Ley de la Materia, hágase saber a las partes que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato a este órgano de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, con el apercibimiento de que de no cumplir lo anterior se les impondrá una multa de treinta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha, en caso de que se haga efectivo dicho medio de apremio, tal como lo marca el artículo 251 de la ley en consulta. Se reserva el emplazamiento del tercero interesado hasta en tanto obren en autos las constancias del juicio natural. Sirve de base a lo anotado, la tesis jurisprudencial 90/2010, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión de tres de noviembre de dos mil diez, derivada de la Contradicción de tesis 196/2010, cuyo rubro dice: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO." Como lo solicita el promovente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle San Luis Potosí número 840, de la colonia Rodríguez en esta ciudad, así como el correo electrónico mancilla.oficinadeabogados@gmail.com, y como autorizados en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Nora Elena Betancourt Ruiz, Luis Alberto Cueva Betancourt, Myrna Leticia Rodríguez Guerrero, María del Pilar Núñez Ponce y Jesús Ernesto Torres Castro. Se ordena que la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifique a la autoridad responsable por medio de oficio; lo que se hace de su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que lo demás se le harán por lista. Tiene aplicación a lo antes citado, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) sustentada por La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, del Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época (registro 2002576), del rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que debe guardarse sigilo, previo pago a costa del solicitante, identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Asimismo, de conformidad con la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, que determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas el uso de aparatos electrónicos, como son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. De conformidad con en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilita al Actuario adscrito a este órgano de control constitucional para que proceda a practicar las diligencias encomendadas en este juicio en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. Finalmente, en cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este órgano jurisdiccional. En la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea el quejoso, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Iris Ileana de León Martínez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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