Ramón Alfonso Sallard López
Expediente 481/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 31 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 481/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 23/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Ramón Alfonso Sallard López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
...se declara que la citada sentencia en la que se sobresee en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA. Archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
..agréguese a los autos la razón de cuenta signada por el Auxiliar de Actuario, devuélvase el citado oficio al Área de Actuaria y comisiónese al actuario adscrito a este Juzgado para que el día en que la referida autoridad responsable reanude sus labores, entregue el oficio notificatorio sin necesidad de ulterior acuerdo, a fin de que se imponga de su contenido; mismo que deberá quedar bajo su resguardo y más estricta responsabilidad hasta en tanto sea entregado a su receptor.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Se notifica por lista a la parte quejosa de la sentencia de fecha 19/agosto/2021, esto por no comparecer en las instalaciones de este Juzgado, no obstante el aviso que se dejó en su domicilio. Sentencia cuyo contenido es: Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo número 481/2020, promovido por ***, por propio derecho, contra actos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el seis de marzo de dos mil veinte en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, *** demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de las autoridades y por los actos que enseguida se precisan: *** «V. ACTOS Y OMISIONES RECLAMADAS A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES: *** El quejoso señaló como derechos humanos violados los contenidos en los artículos 1º, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y relató los antecedentes del caso que estimó procedentes. SEGUNDO. De la demanda correspondió conocer a este juzgado de Distrito, y en proveído de diez de marzo de dos mil veinte requirió al promovente para que dentro del plazo de cinco días hábiles precisara, en esencia, qué funcionarios o empleados adscritos a la Aerolínea Viva Aerobús (Aeroenlaces Nacionales, sociedad anónima de capital variable), de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Procuraduría Federal del Consumidor y de la Secretaría de Economía, les otorgaba el carácter de autoridades responsables. TERCERO. Reanudado los plazos y términos procesales ante la contingencia por el virus COVID-19, por ocurso recibido en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, el siete de agosto de dos mil veinte, el quejoso desahogó el requerimiento de antecedentes, y en auto de diez del mes y año en cita se declaró legalmente incompetente para conocer de la aludida demanda, por razón de materia, ordenando su remisión a un Juez de Distrito en Turno en Materia Civil en la Ciudad de México. CUARTO. De la demanda en cuestión, por turno tocó conocer al Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, el que en proveído de dieciocho de agosto de dos mil veinte no aceptó la competencia planteada, por lo que, este órgano jurisdiccional ordenó la remisión de los autos a fin de que el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en Turno, resolviera el conflicto competencial suscitado. QUINTO. En sesión ordinaria virtual de nueve de octubre de dos mil veinte, el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió el conflicto competencia C.C.A. 9/2020, declarando legalmente competente a este juzgado Federal, para conocer de la demanda promovida por ***, contra actos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y otras autoridades. SEXTO. Así, en auto de treinta de octubre de dos mil veinte, este juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda, se requirió informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento; y, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo sin la asistencia de las partes y al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. (COMPETENCIA). Este Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones IV y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que los actos reclamados se atribuyen a autoridades residentes dentro de la circunscripción territorial en que este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. (ACTOS RECLAMADOS). Para delimitar adecuadamente la litis constitucional y dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en este considerando se fijarán los actos reclamados que se desprenden del análisis íntegro de la demanda, así como del escrito que la aclara, a fin de establecer cuál es la pretensión del quejoso. Lo anterior encuentra apoyo por identidad jurídica sustancial, en la tesis VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que estatuye: «ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura integral de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto». Pues bien, de la demanda de amparo, escrito que la aclara y demás constancias que integran los autos se desprenden las autoridades responsables y actos reclamados siguientes: De Aeroenlaces Nacionales, Sociedad Anónima de Capital Variable: * La negativa, en dos ocasiones, de brindarle el servicio de transporte aéreo que contrató. * El trato que se le dio al negarse a pagar por la documentación extemporánea de una maleta. * La negativa a reembolsarle el costo del boleto de avión. De la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Procuraduría Federal del Consumidor y de la Secretaría de Economía: * Las omisiones de investigar, sancionar, atender, conciliar y/o resolver la problemática derivada de la denegación del servicio aéreo, conforme a las facultades y/o atribuciones que les competen. TERCERO. (INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS). Por cuestión de método y técnica jurídica a continuación se determinará si se encuentran acreditados o no los actos reclamados, debido a que de no ser así, sería innecesario e incluso ocioso, abordar el estudio de la procedencia del juicio de garantías y menos aún sería conducente analizar la constitucionalidad de los impugnados. Esta forma de proceder tiene sustento en la jurisprudencia identificada con el número XVII.2o. J/10, localizable en la página 68, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: «ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento». En ese contexto, no son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Procuraduría Federal del Consumidor y Secretaría de Economía, ya que así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados, sin que el quejoso hubiere aportado elemento de prueba alguno con el que desvirtuara las negativas expresadas por las responsables, ni existe en autos probanza que demuestre lo contrario. Lo anterior, no obstante las gestiones realizadas por este órgano jurisdiccional a fin de corroborar que, efectivamente, no existiera alguna denuncia, expediente o procedimiento derivado de la denegación del servicio aéreo, y que en su caso, evidenciaran las omisiones o la falta de atención a su problemática, por parte de las autoridades responsables. Luego, si pese a la referida indagatoria no se encontró dato alguno que hiciera presumible las omisiones reclamadas, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedentes es sobreseer en el juicio de amparo, respecto de los actos imputados a las citadas autoridades. Es aplicable para sostener lo así expuesto, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 3799, Tomo LV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: «ACTOS RECLAMADOS, NEGACIÓN DE LOS. Procede el sobreseimiento en el amparo, si los actos que se reclaman fueron negados por la autoridad responsable, en su informe con justificación, y contra tal negativa los quejosos no rinden prueba alguna que justifique que son ciertos esos actos». Así como, la jurisprudencia VI. 2°. J/308, visible en la foja 77, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 80, agosto de 1994, Octava Época, cuyo tenor es el siguiente: «ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL, CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, ésta obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados». CUARTO. (EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS). Son ciertos los actos reclamados a Aeroenlaces Nacionales, Sociedad Anónima de Capital Variable, consistentes en la negativa, en dos ocasiones, de brindarle al quejoso el servicio de transporte aéreo que contrató, el trato que se le dio al negarse a pagar por la documentación extemporánea de una maleta, así como la negativa a reembolsarle el costo del boleto de avión, pese a que al rendir su informe con justificación haya confundido la legalidad de sus actos con la existencia de los mismos. Tiene aplicación, en lo conducente, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con registro 211004, visible en la página 391 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, julio de 1994, de la Octava Época, del tenor literal siguiente: «ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien, expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además expongan razones o circunstancias de las que se desprende que los actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe». Extremo que se corrobora con diversas constancias exhibidas por el impetrante junto a su escrito inicial de demanda, mismas que se concatenan con las manifestaciones vertidas por la autoridad responsable Aeroenlaces Nacionales, Sociedad Anónima de Capital Variable, al rendir su informe de ley, relacionadas con la contratación del servicio, en términos de la confirmación de reservación del vuelo y del pase de abordar en línea, de trece de febrero de dos mil veinte, expedidos por Viva Aerobús, respecto del vuelo ***. También, es aplicable al caso, la tesis Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, julio de 2007, Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, página 2685, que expresa: «PRUEBAS INDIRECTAS. CONFORMAN PRUEBA PLENA SI EXISTE UN NEXO CAUSAL O DE EFECTO, SEGÚN SE TRATE DE INDICIOS O PRESUNCIONES, ENTRE EL HECHO PROBADO Y EL HECHO POR PROBAR. Las pruebas indirectas son aquellas mediante las cuales se demuestra, a partir de un hecho denominado secundario, la existencia de otro hecho, que es el afirmado en la hipótesis principal o hipótesis a probar, siempre que se exponga el fundamento de conocimiento para confirmarla. Ahora, la credibilidad de dicha hipótesis dependerá tanto de la certidumbre, probabilidad y verosimilitud del hecho secundario, como del grado de aceptación de la inferencia, que exige un nexo pertinente y convincente que justifique la conclusión hipotética. En este orden de ideas, para que las pruebas indirectas lleguen a conformar una prueba plena, obtenida a través de inferencias o deducciones de los hechos secundarios o indiciarios, es indispensable que exista el nexo causal -en el caso de los indicios- o el nexo de efecto - en el caso de presunciones- entre el hecho conocido y el desconocido que, además, debe resultar pertinente y convincente para inferir o deducir el hecho principal. Cabe decir que el nexo -causal o el de efecto- entre el hecho probado y el hecho por probar, inferido o presunto, puede consistir en una regla, estándar, máxima de experiencia, técnica, teoría, análisis estadístico, incentivo relevante, práctica social, económica, cultural y política, principio de la ciencia, regla de la sana crítica, método, finalidad o motivo relevante o cualquier otro análogo, que justifique la existencia del hecho inferido o presunto, en razón de una práctica, actividad o un proceso convencional y reiterado, con cierto margen de certidumbre o repetibilidad». QUINTO. (CAUSALES DE IMPROCEDENCIA). Previo al estudio de fondo del amparo, deben examinarse las causales de improcedencia, sea que se adviertan de oficio o que las invoquen las partes, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido en el artículo 62, de la Ley de Amparo, y Jurisprudencia II.1º J/5, del Primer Tribunal colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 95, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que indica: «IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia». En ese sentido, esta resolutora federal advierte de oficio la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, en virtud que el ente a quien se le atribuyó el carácter de autoridad (Aeroenlaces Nacionales, Sociedad Anónima de Capital Variable), no tiene las características para ser considerado como tal, para efectos del juicio de amparo. A efecto de hacer patente el motivo de improcedencia es necesario citar el contenido de los citados numerales, mismos que a la letra expresa: «ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley». «ARTÍCULO 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. Las autoridades responsables teniendo el carácter con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general». De los preceptos trascritos, se advierte que el juicio de amparo tiene como finalidad resolver las controversias por normas, actos u omisiones que se susciten entre los gobernados y alguna autoridad. Por tanto, al ser un medio de control constitucional de los actos autoritarios, resulta improcedente respecto de aquéllos emitidos por una entidad que carezca de imperio, motivo por el cual importa definir lo que es una autoridad para efectos del juicio de amparo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que autoridad para efectos del amparo es aquélla, a la cual, las normas jurídicas otorgan las características de un órgano público con potestad legal de emitir actos unilaterales, a través de los cuales puede crear, modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir la voluntad de éstos y sin necesidad de acudir a los órganos judiciales. Así, para que una autoridad sea considerada como tal en el juicio de derechos fundamentales, debe tener las características siguientes: a. Ser un órgano público; b. Actuar con potestad administrativa, es decir, que ejerza facultades decisorias de carácter irrenunciable, atribuidas por la ley -decisión de imperio-. c. Emitir actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. d. Para emitir sus actos, no requiere acudir a los órganos judiciales, ni del consentimiento del afectado. Lo anterior se advierte de la jurisprudencia 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, cuyos rubro y texto son: «AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado». Entonces, como la acción constitucional es improcedente tratándose de actos o conflictos entre particulares, salvo lo previsto en el último párrafo de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo, es decir, cuando aquellos realicen actos equivalentes a los mencionados y cuyas funciones estén determinadas en una norma legal, debe hacerse la distinción entre relaciones jurídicas de subordinación, de supraordinación y de coordinación, mismas que se conceptualizan de la siguiente manera: a) Subordinación, son las que descansan sobre una dualidad cualitativa subjetiva, o sea, que surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos de autoridad, y el gobernado, por actuar los primeros en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. b) Supraordinación, son las que se llevan a cabo entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, y c) Coordinación, son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, es decir, son los vínculos que se entablan con motivo de una variedad de causas entre dos o más sujetos físicos o morales privados o públicos dentro de su condición de gobernados, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales. Este tipo de relaciones pertenecen al derecho privado -civil, mercantil, laboral, agrario-, y en ellas las partes se colocan en un plano de igualdad. De manera que será autoridad para efectos del juicio de amparo, aquella que se ubique en un plano de supra a subordinación frente a los particulares y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En el caso concreto, de la revisión a la demanda y sus anexos, se conoce que lo reclamado por el quejoso a Aeroenlaces Nacionales, Sociedad Anónima de Capital Variable, se constriñe a la negativa, en dos ocasiones, de brindarle el servicio de transporte aéreo que contrató, el trato que se le dio al negarse a pagar por la documentación extemporánea de una maleta, así como la negativa a reembolsarle el costo del boleto de avión. Como puede apreciarse, los actos atribuidos a Aeroenlaces Nacionales, Sociedad Anónima de Capital Variable, derivan de la compra del vuelo *** de ***, asumiendo que se incumplieron los términos y condiciones en que se pactó el servicio de transportación aérea. En efecto, basta imponerse de las manifestaciones vertidas por el impetrante en su escrito inicial de demanda, bajo protesta de decir verdad, para advertir que su queja radicó en el incumplimiento de los términos y condiciones en que contrató el vuelo *** de ***, refiriendo que el servicio básico le incluía un equipaje de diez kilogramos y que no obstante ello, se le exigió un pago de ***l, por documentación extemporánea, y que, al no hacerlo, se le impidió el abordaje. Mientras que, Aeroenlaces Nacionales, Sociedad Anónima de Capital Variable, al rendir su informe justificado señaló que fue el impetrante el que no respetó los términos y condiciones aceptadas, y los costos que se exhiben en su página de internet, respecto del servicio de transporte aéreo que contrató, al vulnerar la seguridad aeroportuaria, por tratar de acceder a una zona de seguridad restringida por la fuerza. Esto es, tanto el quejoso en su demanda, como Aeroenlaces Nacionales, Sociedad Anónima de Capital Variable, en su informe de ley, reconocieron la existencia del contrato de adhesión, evidenciando ambas partes el incumplimiento del mismo, al señalar el primero de los mencionados que, pese a que había efectuado el pago del servicio de transporte aéreo, éste se le negó, exigiéndosele un pago extra por un equipaje cuyo peso estaba incluido en el servicio básico que pactó, mientras que el ente refirió que el ahora solicitante del amparo, no respetó los términos, condiciones y costos aceptados conforme a la publicación correspondiente en la página de internet. Luego, si las controversias suscitadas entre las partes derivaron de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de adhesión de transportación aérea o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley de Aviación Civil, entonces, válido es asumir que, dichas discrepancias, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria correspondiente. Máxime que en el caso que nos ocupa, no quedó demostrado que la inconformidad del impetrante hubiera sido definida por una instancia administrativa como lo dejó entrever en su escrito inicial de demanda, pues no hubo queja, denuncia o procedimiento instaurado ante alguna sede de tal índole que hiciera factible la existencia de algún acto concreto de autoridad, constriñéndose su reclamo al incumplimiento de los términos y condiciones en que se pactó el servicio de transportación aérea. Lo anterior cobra sentido, si se toma en consideración que, en términos generales, una sanción legislativa es una medida adoptada por el legislador para reprochar o «castigar» la conducta a cargo de una persona que puede ser particular o autoridad. Tratándose de leyes administrativas, la acepción «sanción» se ha identificado conceptualmente con las medidas a través de las que el legislador reprocha a los particulares y/o a las autoridades o servidores públicos, el incumplimiento de sus obligaciones legales al que se le atribuye el carácter de infracción legal, optando normalmente y según la naturaleza de la ley de que se trate, por prever sanciones como multa, arresto, suspensión de actividades, clausura definitiva o inhabilitación, entre otras. En cambio, de acuerdo con la teoría general de las obligaciones, en términos generales, una indemnización consiste en una forma de resarcir un daño o perjuicio, lo que se corrobora por ejemplo con el texto del segundo párrafo del artículo 1916 del Código Civil Federal que establece que: cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero, o los diversos 1910 y 1912 también de ese ordenamiento que respectivamente disponen: el que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima, y que cuando al ejercitar un derecho se causa daño a otro, hay obligación de indemnizarlo si se demuestra que el derecho sólo se ejercitó a fin de causar el daño, sin utilidad para el titular del derecho. La simple confrontación entre ambas instituciones jurídicas evidencia que la indemnización prevista por el legislador no es una sanción por el incumplimiento a sus obligaciones como permisionario o concesionario del permiso o concesión de transporte aéreo. Aquélla sirve para resarcir a los pasajeros -o contratantes del servicio de transporte aéreo- por los daños y perjuicios causados con motivo del incumplimiento de sus obligaciones como prestador del servicio derivadas del contrato de transporte aéreo, mientras que ésta se da por infracciones a la Ley de Aviación Civil. No pasa inadvertido que el artículo 47 Bis 2 de la Ley de Aviación Civil establece que la Procuraduría Federal del Consumidor será la encargada de sancionar la infracción a la obligación de contar con módulos de atención a los pasajeros que deben atender a los mecanismos que ese mismo ente establezca, mientras que el diverso artículo 47 Bis 3 dispone que la Procuraduría sancionará, en el ámbito de su competencia, las infracciones a los derechos de los pasajeros en términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor; sin embargo, tales disposiciones no implican en forma alguna que el legislador hubiera dado a las indemnizaciones el tratamiento de sanción y que, por ende, debió instituir un procedimiento para otorgar una adecuada defensa. En primer lugar, porque el propio artículo 47 Bis 2 dispone que las sanciones se aplicarán con independencia de las compensaciones señaladas para el pasajero, es decir, la propia ley de la materia distingue entre la naturaleza de las instituciones que el legislador fijó en la Ley de Aviación Civil para reparar los daños a los pasajeros (compensaciones e indemnizaciones, según procedan) y las de las sanciones a que se refiere la Ley Federal de Protección al Consumidor. En segundo lugar, porque el artículo 47 Bis 3 es claro en establecer que las sanciones que podrá imponer la Procuraduría Federal del Consumidor, en el ámbito de su competencia, sólo procederá por infracciones a la Ley de Aviación Civil, esto es, cuando las aerolíneas violen una obligación legal a su cargo y se le considere infracción administrativa. Esto es, para que la Procuraduría pueda sancionar por infracción a la Ley de Aviación Civil deberá primero atender a lo que esa legislación disponga como infracción legal y, después, actuar conforme dispone la Sección Cuarta del Capítulo XIII de la Ley de Protección al Consumidor que, como se dijo, regula los procedimientos por infracciones a la ley, muy distintos de los conciliatorio y arbitral que se pueden iniciar por el consumidor ante el incumplimiento del contrato de transportación aérea. De todo lo anterior se puede concluir que, al no haber quedado documentado en autos alguna denuncia, queja o procedimiento incoado por el quejoso a fin de hacer valer la infracción administrativa correspondiente, entonces, su reclamo incide en la indemnización que pretende lograr, por el incumplimiento del contrato de adhesión de transportación aérea, como una forma de reparación que el legislador instituyó en beneficio de los consumidores, lo cual en su caso deberá ser dilucidado, en la instancia ordinaria competente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 847, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: «TRANSPORTE AÉREO. LA NATURALEZA DE LA INDEMNIZACIÓN QUE EL LEGISLADOR ESTIMÓ PROCEDENTE EN LA LEY DE AVIACIÓN CIVIL PARA SALVAGUARDAR LOS DERECHOS DE LOS PASAJEROS USUARIOS DE AQUEL SERVICIO, ES DISTINTA DE LAS SANCIONES POR INFRACCIÓN A ESA NORMATIVA. En términos generales, una sanción legislativa es una medida adoptada por el legislador para reprochar o castigar la conducta a cargo de una persona que puede ser particular o autoridad, mientras que una indemnización constituye una forma de resarcir un daño o perjuicio. Por tanto, cuando el legislador dispuso en la Ley de Aviación Civil que el incumplimiento de algunas obligaciones a cargo de los permisionarios o concesionarios del servicio de transporte aéreo puede dar lugar al pago de una indemnización, no tuvo como finalidad castigar las infracciones a la normativa de la materia, sino la de resarcir a los pasajeros o contratantes del servicio de transporte aéreo, por los daños y perjuicios causados con motivo del incumplimiento de las obligaciones de las aerolíneas, en tanto prestadoras de un servicio derivado de la celebración de un contrato denominado de transporte aéreo y, en su caso, evitar que el concesionario o permisionario siga incurriendo en prácticas que afecten los derechos de los pasajeros. De naturaleza distinta son las sanciones que el legislador autorizó imponer a la Procuraduría Federal del Consumidor, que acorde con la ley proceden únicamente cuando las aerolíneas violen una obligación legal a su cargo y esa conducta se considere infracción administrativa por la Ley de Aviación Civil». En las relatadas circunstancias, procede sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5º, fracción II, del mismo ordenamiento legal. Atento a lo anterior, resulta innecesario ocuparse del estudio de las diversas causas de improcedencia que hacen valer las responsables, en virtud de que de llevarse a cabo, no cambiaría el sentido del fallo. Apoyo a la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.54/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 414, Tomo VIII, agosto de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: «SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA.- Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución». En consecuencia, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por el quejoso en relación a la inconstitucionalidad que aduce de los actos reclamados. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número VI, 1º.J/23, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 252, Tomo XXIIXXIV, octubre-diciembre de 1989, la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: «SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio». Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 37, 61, 62, 63, 64, 73, 75, 124, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ***, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, y de conformidad con los razonamientos expuestos en los diversos tercero y último de esta sentencia. Notifíquese; personalmente al quejoso; por lista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por oficio a las autoridades responsables, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo. Así lo resolvió y firma la licenciada Laura Gutiérrez de Velasco Romo, Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del licenciado Jonathan Hernández Guzmán, secretario de juzgado que autoriza y da fe, hasta hoy diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, fecha en que así lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. Doy fe.
- Principal
PERSONAL. ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ***, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, y de conformidad con los razonamientos expuestos en los diversos tercero y último de esta sentencia.
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