Ramón Alfonso Lara Rodríguez

Expediente 92/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 41 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
92/2023
Año
2023
Actuaciones
41
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Ramón Alfonso Lara Rodríguez
  • Titular de la Delegación en el Estado de Sonora del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 41.

  1. Incidental

    Audiencia y resolución incidental de exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con treinta minutos del quince de noviembre de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario con quien actúa y da fe, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 208 de la Ley de Amparo, procedió a celebrar la audiencia incidental en este juicio sin la comparecencia personal de las partes. Abierta la audiencia. El secretario hace una relación de todas y cada una de las actuaciones que obran en los presentes autos, dando cuenta con copia del escrito de denuncia de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés y las constancias de notificación de las partes. El juez acuerda, téngase por hecha la certificación secretarial. Abierto el período de pruebas, el secretario hace constar que la parte quejosa ofreció como prueba la instrumental de actuaciones; también, las autoridades responsables hicieron valer pruebas documentales, dando cuenta también con los medios de convicción documentales allegados por Banco del Bienestar, con independencia de que no sea autoridad responsable, pues se estiman necesarios para la resolución de la presente incidencia; por otro lado, la representación social de la adscripción no ofreció medios de convicción; el juez acuerda, Con fundamento en el artículo 208, fracción III de la ley de la materia, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia naturaleza los medios de convicción en trato, a cuyo estudio se remitirá este juzgador para dirimir la litis en el presente incidente. Por otro lado, téngase por perdido el derecho de la parte restante para ofrecer medios de prueba. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que la parte quejosa realizó diversas manifestaciones en torno a la procedencia del incidente en que se actúa. El juez acuerda, téngase en consideración las aseveraciones hechas por dicha parte, por otro lado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes a formular alegatos, por lo que se declara cerrado dicho periodo. Cerrado el período de alegatos, se da por concluida la audiencia y se procede a dictar la siguiente resolución. Vistos, para resolver, exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva pronunciada en el juicio de amparo 92/2023 A - II; y R E S U L T A N D O: Primero. Por escrito presentado el diecinueve de enero de dos mil veintitrés ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad y remitido a este Juzgado de Distrito por razón de turno el día hábil siguiente, Ramón Alfonso Lara Rodríguez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados a la Delegación en el Estado de Sonora del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), con sede en esta ciudad, y otra autoridad. Segundo. Mediante auto de veintisiete de enero de ese año, se admitió a trámite la demanda de amparo registrada con el número 92/2023 A-II, se ordenó la apertura del incidente de suspensión, se solicitaron los informes respectivos y se proveyó en cuanto a la medida cautelar provisional. Tercero. Posteriormente, el dieciséis de febrero de este año, se resolvió lo correspondiente a la suspensión definitiva, en la que, se concedió esa medida cautelar para efecto de que las autoridades responsables dejaran insubsistente el embargo efectuado en la tarjeta bancaria 5515 0702 0333 5229, siempre y cuando se encontrara a nombre del quejoso Ramón Alfonso Lara Rodríguez, únicamente por cuanto hacía a la cantidad que la Secretaría de Bienestar deposita en dicha cuenta, con motivo de la pensión no contributiva que recibía el quejoso al ser beneficiario del programa de desarrollo social creado por el gobierno de la República denominado "Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores". Cuarto. Posteriormente, por escrito presentado el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés ante la Oficina de Partes de este Juzgado de Distrito, Ramón Alfonso Lara Rodríguez, amplió su demanda solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos reclamados a la titular de la Delegación en el Estado de Sonora del INFONAVIT, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. Quinto. Mediante auto de veintitrés de marzo siguiente, se admitió a trámite dicha ampliación, se ordenó proveer en cuanto a la suspensión solicitada por la parte quejosa, se solicitaron los informes respectivos y se pronunció lo correspondiente a la suspensión provisional. Sexto. Después, el veintisiete de abril del año que transcurre, se resolvió lo correspondiente a la medida cautelar definitiva, en la que, se concedió la suspensión en idénticos términos de la resolución interlocutoria de dieciséis de febrero pasado. Séptimo. No obstante lo anterior, por escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, la parte quejosa, denunció defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva decretada el veintisiete de abril anterior, manifestando que no se había levantado la inmovilización y embargo aludidos en líneas que anteceden. De tal suerte, se ordenó el trámite del incidente en que se actúa, se solicitó a la responsable el informe sobre los hechos de denuncia y seguido que fue el procedimiento, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de alegatos a que se refiere el numeral 208 de la Ley de Amparo, la que dio inicio al tenor del acta que antecede y concluye con los siguientes C O N S I D E R A N D O S: Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente incidente de exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XVII, Constitucional, así como 158 en relación con los diversos 206, 207 y 208, todos de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de una denuncia de incumplimiento de una medida suspensional emitida por este juzgado. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 242, publicada en la página 198, Tomo VI, apéndice 2000, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, cuyo rubro y texto son: "INCIDENTES EN EL AMPARO, COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS. Es competente para conocer de los incidentes la autoridad que conoce del negocio principal, y si es competente un Juez de Distrito para conocer del amparo, el mismo funcionario lo es para conocer de los incidentes que del propio juicio deriven." En ese tenor, la procedencia del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, se sujeta a la actualización de los siguientes presupuestos: a) La existencia de un acuerdo o resolución en que se otorgue la suspensión y que ésta surta efectos; b) Legitimación del promovente; y, c) La materia de la litis que debe consistir en la denuncia de un desacato a la suspensión. Así, el primero de los requisitos se encuentra acreditado con la determinación de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, emitida por este juzgador en el presente sumario, en la que se decretó la suspensión definitiva de los actos reclamados respecto del escrito e ampliación de demanda, medida cautelar que surtió sus efectos desde el momento mismo de su emisión. La segunda de las exigencias de procedencia se demuestra con la circunstancia de que la parte promovente del cumplimiento defectuoso a la suspensión resulta ser el autorizado legal del peticionario de amparo, quien acudió a la instancia constitucional. El tercero de los elementos de procedencia, queda actualizado con el escrito de denuncia recibido en este juzgado el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, en el que la parte quejosa formuló el incidente por defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva que se analiza como materia de la Litis. En esa medida, se encuentra acreditada la existencia de una determinación en la que se concedió la suspensión definitiva a la parte quejosa incidentista, quien se encuentra legitimada para presentar la incidencia que constituye el objeto de estudio delatado, con lo cual se acreditan los requisitos de procedencia, por lo que el objeto será efectuar el estudio y calificación correspondiente de la litis suscitada; es decir, si la autoridad incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión. III. Estudio y calificación de la denuncia por defecto en el cumplimiento a la suspensión. A efecto de determinar si existe o no desacato respecto del cumplimiento a la suspensión definitiva, como lo sostiene la parte quejosa, es pertinente acotar lo siguiente: Los artículos 125, 128, 136 y 262, fracción III, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso." [.] "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva." [.] "Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido. Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional. [.]" "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; [.]" Como se advierte de los numerales transcritos, la obligación de las autoridades responsables de cumplir la resolución en que se concede la suspensión definitiva del acto reclamado surge a partir de que se les notifica la determinación, por lo que a partir de ese momento deben realizar las diligencias necesarias para su cumplimiento y cumplir la suspensión de manera inmediata en los términos en los que fue otorgada la medida cautelar, ya que no hacerlo implica necesariamente un desacato o desobediencia a ese mandato judicial. Ahora, del citado artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene que el incumplimiento de la suspensión, puede dar lugar a los siguientes supuestos legales: a) La persona que encarna a la autoridad responsable que no obedezca un auto de suspensión, siendo denunciada por ello, será sancionada de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. b) La sanción se aplicará por cuanto a la desobediencia cometida. c) El único requisito para que se imponga dicha sanción es que el acuerdo de suspensión le haya sido debidamente notificado a la autoridad responsable y que ésta no lo cumpla en sus términos. d) La sanción prevista para la desobediencia a la suspensión decretada en un juicio de amparo será independiente de los demás delitos en que pudiera incurrir. También debe acotarse, que cuando se trata del incidente por cumplimiento defectuoso o excesivo, su objeto tiene como finalidad analizar si la autoridad responsable ha cumplido de manera precisa con la suspensión del acto reclamado. Al respecto la Ley de Amparo, en su Capítulo V, titulado "Incidente por Exceso o Defecto en el Cumplimiento de la Suspensión", regula su procedencia en el artículo 206, de contenido normativo siguiente: "Artículo 206. El incidente a que se refiere este Capítulo procede en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. Este incidente podrá promoverse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo." Asimismo, para el caso de que dicho incidente por incumplimiento, exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión se considere fundado, el artículo 209 de la ley de materia, establece lo siguiente: "Artículo 209. Si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, el órgano judicial, en su resolución, la requerirá para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, que subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de esta Ley." De lo anterior, como se anticipó en párrafos que anteceden, se obtiene que procede la denuncia en la vía incidental cuando cualquier persona (con legitimación) se considere afectada por el incumplimiento a la suspensión sea de plano o definitiva, o sea porque se considere que existe defecto o exceso en su acatamiento. En ese orden de ideas, tenemos que dada la relevancia e implicaciones jurídicas que la suspensión del acto reclamado tiene en un juicio constitucional, la Ley de Amparo no sólo establece los medios necesarios para preservar la materia del juicio a través de la suspensión, sino que impone consecuencias ante el incumplimiento de la misma. Consecuentemente, la materia de dicho incidente es advertir, según sea el caso, si la autoridad responsable incumplió o no la suspensión, o si está en aptitud de rectificar los errores en que incurrió (por exceso o defecto) y, de ser el caso, confirmar el apercibimiento, consistente en denunciar a la autoridad responsable ante el Ministerio Público de la Federación, por el delito que establece la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo. Ahora, para la correcta resolución del incidente que nos ocupa y adecuada fijación de la litis incidental, a fin de tutelar el derecho Constitucional de seguridad jurídica de las partes involucradas, se debe atender a la forma en la que se denunció el cumplimiento defectuoso a la suspensión. Lo anterior significa que se debe analizar si se controvierte un incumplimiento en sentido lato sensu -primer supuesto-, o porque la autoridad responsable sí desplegó actos tendentes a acatar la medida, pero lo hizo de manera defectuosa -segunda hipótesis- o bien, si la autoridad al tratar de dar cumplimiento lo hizo de manera excesiva -tercer supuesto-, extralimitándose de los efectos delimitados en la suspensión. De ahí que, para determinar si existe o no el exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión, se debe analizar si se reúnen o no los siguientes requisitos: a) Que la medida cautelar con efectos concretos se haya concedido por el órgano competente; b) Que el acuerdo donde se otorgó y decidió la suspensión haya surtido efectos, se haya notificado a las autoridades responsables o éstas, por cualquier medio, se hubiesen enterado de su existencia; y, c) Que en fecha posterior al conocimiento de la medida suspensiva otorgada, las autoridades responsables ejecuten los actos reclamados materia de la suspensión concedida o bien, se resistan de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas por el órgano competente. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis emitida por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL, VIOLACIÓN A LA, PRESUPUESTOS QUE DEBEN REUNIRSE. Para que pueda determinarse violación a la suspensión provisional, es indispensable que se evidencie lo siguiente: a), que la medida cautelar se concedió por el órgano competente; b), que el acuerdo donde se otorgó y decidió surtió efectos, se notificó a las autoridades responsables o éstas, por cualquier medio, se enteraron de su existencia, y c), que en fecha posterior al conocimiento de la medida suspensiva otorgada, las autoridades responsables ejecutaron los actos reclamados materia de la suspensión concedida." Como se vio, este incidente tuvo su génesis en el escrito presentado por la quejosa por incumplimiento a la suspensión definitiva, por lo que, con base en esa proposición se procederá a fijar la litis incidental para su resolución, en aras de tutelar, como ya se anticipó el principio constitucional de seguridad jurídica. El estudio de este asunto se circunscribe a determinar si las autoridades correspondientes a la ampliación de demanda, han incurrido en desacato a la suspensión emitida en este sumario. Al efecto, se toma en consideración la pretensión de la parte quejosa, consistente en tener acceso a la cuenta bancaria que fue precisada en líneas anteriores; en contraste con el contenido de los oficios remitidos por la autoridad a la que se imputa defecto en el cumplimiento a la suspensión que nos ocupa. En su escrito incidental la parte quejosa denuncia incumplimiento a la suspensión por parte de las autoridades señaladas en la ampliación de demanda, bajo la manifestación de que esas autoridades no han levantado la inmovilidad y/o embargo que les fue ordenada mediante la medida cautelar definitiva. Por su parte, las autoridades denunciadas, aseveran haber dado cumplimiento a la suspensión definitiva. En ese orden de ideas, las autoridades responsables adscritas al INFONAVIT manifiestan que, a través del oficio SON/DESINMOV/882/2023, del folio SIARA INFONAVITSON/2023/000916, de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, solicitaron a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el ámbito de sus atribuciones, dejara insubsistentes las restricciones delatadas en la cuenta bancaria precisadas en párrafos precedentes. Luego, sin que pase inadvertido que en su respectivo informe, no fue anexado el oficio de referencia, empero, en el juicio principal del que deriva este incidente, se dilucida la citada misiva, lo que se hace valer como un hecho notorio y se trae a la vista para los efectos legales conducentes. Así las cosas, las autoridades pertenecientes al instituto en comento, aducen haber dado cumplimiento a la suspensión definitiva, en el ámbito de sus atribuciones. Por lo que refiere a las autoridades adscritas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en su informe en contestación a la denuncia, igualmente aducen haber hecho lo conducente para atender la medida cautelar definitiva, para ello, remiten copia certificada del oficio 214-1-279138/2023, del índice de la Coordinación de Atención a Autoridades "A", autoridad perteneciente a esa dependencia. En el aludido oficio, el cual va dirigido a Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, se solicita se dé cumplimiento a la suspensión definitiva aquí decretada, por lo que le remite copia de la resolución interlocutoria de veintisiete de abril de dos mil veintitrés. De lo anterior, se dilucida que, en efecto, la autoridad responsable realizó las acciones conducentes para dar cumplimiento a la suspensión definitiva decretada por este órgano jurisdiccional. Ello, con independencia de que, Banco del Bienestar haya manifestado imposibilidad para atender el requerimiento de la CNBV, pues, dentro del ámbito de sus atribuciones, dicha comisión e INFONAVIT, realizaron lo conducente. Cabe mencionar que Banco del Bienestar, por conducto del gerente de Litigio, adscrito a dicha institución financiera, hizo saber con posterioridad que, en misiva registrada con folio 15437, del control de este órgano jurisdiccional, que la multicitada cuenta bancaria, no presentaba retenciones ni bloqueos ordenados por alguna autoridad, adjuntando a su vez diverso oficio suscrito por la "gerente de Operación de Productos de L@red (sic) de la Gente", donde le hacen saber y acreditan la liberación de la multirreferida cuenta bancaria. Ahora bien, el aquí quejoso, denunció que no se acató la medida cautelar definitiva, a razón de que se presentó en varias ocasiones en mayo de este año, a las oficinas de Banco del Bienestar a retirar los recursos existentes en su cuenta, aduciendo que no fue posible tal cuestión. No obstante, a pesar de lo narrado, el accionante de tutela constitucional no aportó pruebas que acreditaran fehacientemente que la inmovilización o embargo que aquí denuncia derivaba de los mismos que reclamó en este biinstancial. Con independencia de lo anterior, este juzgador advierte que las responsables realizaron las acciones conducentes y acataron la medida cautelar aquí decretada, pues acreditaron haber girado las instrucciones a quien corresponde para efecto de levantar la multicitada restricción, en la cuenta que se señaló para tal efecto. Se afirma lo anterior, en razón de que la parte quejosa no desvirtuó, que si se encuentra impedido para hacer movimientos en las cuentas mencionadas, es en razón del mismo procedimiento y acto por el que acudió al juicio Constitucional. En consecuencia, se decreta infundado el incidente de incumplimiento por defecto a la suspensión definitiva. IV. Decisión Con base en lo expuesto, al no advertirse el incumplimiento de la medida cautelar, procede declarar infundado este incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: Único. Es infundado el incidente por defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva, planteado por Eduardo Echeverría Cota, autorizado legal de Ramón Alfonso Lara Rodríguez, por los motivos y sustentos legales precisados en el considerando III de esta interlocutoria. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firmó electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Incidental

    Auto. Hermosillo, Sonora, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Estado de los autos. Visto la certificación de cuenta, se desprende que no fue posible celebrar la audiencia incidental de exceso o defecto señalada para el veinticinco de los actuales, en razón del paro de labores organizado por las y los trabajadores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, acorde a la circular SGP/02/2023, emitida por la secretaria General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, así como los avisos de suspensión de labores de diecinueve y veinticinco del año en curso, firmados por el coordinador suplente y la coordinadora de Juezas y Jueces de Distrito en el Estado de Sonora, respectivamente, que declararon inhábiles el periodo comprendido del diecinueve al veintinueve de octubre del presente año. Diferimiento de audiencia incidental. En consecuencia, se difiere la aludida audiencia, y se señalan las nueve horas con treinta minutos del quince de noviembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, treinta de octubre de dos mil veintitrés. I. Estado de autos. De la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo otorgado a la parte quejosa para manifestar lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria; por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se procede a verificar el acatamiento dado a dicha resolución. II. Relación de constancias. Consta en autos que el veintitrés de junio de dos mil veintitrés, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa; y el tres de agosto del año en curso, causó ejecutoria dicha sentencia y se requirió a las autoridades responsables, para que dentro del ámbito de sus atribuciones realizaran lo siguiente: "a) Dejen insubsistente el requerimiento ******************** con folio ********************, de once de agosto de dos mil veintidós, así como el embargo, inmovilización, bloqueo, aseguramiento o retención efectuado a la cuenta y/o tarjeta bancaria ****, expedida en favor del quejoso ****(quejoso), relativa a la pensión que recibe al ser beneficiario del programa de desarrollo social creado por el Gobierno de la Republica denominado "Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; b) Se permita al quejoso hacer uso de la cuenta bancaria anteriormente referida, esto es, realice movimientos y disponga de los recursos depositados en aquella con motivo de sus pensiones de seguridad social y del "Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores"; c) Debido a que se trata de la supervivencia o subsistencia del quejoso como adulto mayor en condiciones de vulnerabilidad, las autoridades están constreñidas a dar cumplimiento a la ejecutoria dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente, al en que reciban la notificación del proveído en el causa ejecutoria la sentencia; y, d) Una vez que se den cumplimiento lo anterior, deberán acreditarlo con las constancias relativas." III. Constancias exhibidas por la responsable. En contestación a dicho requerimiento la gerente de Recaudación Fiscal en la Delegación Regional Sonora del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por sí y en nombre y representación de la Delegación Regional en el Estado de Sonora y de las autoridades señaladas como responsables de ese instituto, remitió el oficio sin número recibido en este Juzgado el cuatro de octubre de dos mil veintitrés, mediante el cual informó las gestiones encaminadas al cumplimiento de la ejecutoria, remitiendo al respecto copia certificada de diversas documentales, entre otras, el oficio a través del cual la autoridad procedió a revocar el requerimiento ******************** con folio ******************** de once de agosto de dos mil veintidós, así como el diverso oficio ******************** de tres de octubre de dos mil veintitrés, en el que se procedió a ordenar la desinmovilización de los recursos bancarios registrados a nombre de ********************. IV. Vista cumplimiento. Con ese oficio y sus anexos, en el propio acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a la parte quejosa, para que dentro de un plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación del acuerdo, se manifestara en relación con el cumplimiento de ejecutoria; asimismo, se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, se resolvería lo conducente, con base en los elementos existentes en autos y los datos aportados por las autoridades responsables; lo que le fue notificado debidamente, sin embargo, no realizó manifestación alguna al respecto. V. Decisión del juzgado en torno al cumplimiento de la ejecutoria. Conforme a las actuaciones existentes, y lo expuesto anteriormente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye que la sentencia de amparo ha quedado cumplida sin exceso, ni defecto, pues la autoridad responsable remitió copia certificada del oficio a través del cual la autoridad procedió a revocar el requerimiento ******************** con folio ******************** de once de agosto de dos mil veintitrés, así como el diverso oficio ******************** de tres de octubre de dos mil veintitrés, en el que se procedió a ordenar la desinmovilización de los recursos bancarios registrados a nombre de ********************, actos que fueron precisamente los efectos para los que se emitió la sentencia concesoria. VI. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido y se hace constar que este expediente es conservable, siendo susceptible de ser transferido a partir del término de tres años después de haberse dictado el presente acuerdo como asunto concluido. Incidente de suspensión. Una vez que se resuelva el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva, acuérdese lo conducente en relación con la valoración y destino del cuaderno incidental. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Violeta Ybarra Escalante, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Incidental

    Auto. Hermosillo, Sonora, diez de octubre de dos mil veintitrés. Informe suspensión definitiva. Agréguese a los autos el informe de cumplimiento de la suspensión definitiva rendido por el gerente de Litigio "A" del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, ahora Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, con residencia en la Ciudad de México; dese vista a las partes con su contenido, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Prueba. Con igual fundamento en el ordinal 144 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas documentales anexas al oficio que se atiende, sin perjuicio de relacionarlas durante la audiencia que se celebre con motivo de la incidencia planteada en autos. Estado de autos. Ahora bien, toda vez que mediante auto de ********************, se reservó proveer lo peticionado por el director contencioso y subdirectora Contenciosa adscritos a la Coordinación Jurídica de Procedimientos C, en representación del presidente y del vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos, y el coordinador de Atención a Autoridades "A", todos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en Ciudad de México, en tanto el Banco Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, cumpliera el requerimiento impuesto en proveído de ********************, lo cual aconteció en la especie, por tanto provéase al respecto al resolver la presente incidencia. Incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva. Por otro lado, visto el estado de los autos, se advierte que las partes quedaron debidamente notificadas respecto al proveído de ********************, por el que se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera y ofrecieran las pruebas que estimaran pertinentes respecto de la admisión a trámite del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva promovido por el autorizado legal de la parte quejosa; toda vez que a la fecha ha transcurrido el plazo previsto por el artículo 67 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 206 de la ley de amparo, se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables, personalmente a la parte quejosa, y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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