Ramón Alejandro Martínez Gómez
Expediente 738/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 14 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 738/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 19/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Ramón Alejandro Martínez Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Ciudad Madero, Tamaulipas, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta, a través del cual el ocursante esencialmente solicita se requiera a las autoridades responsables el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; por tanto, esta juzgadora ordena que dicho comunicado debe obrar como constancia, en virtud de que mediante diverso acuerdo de fecha quince de octubre de dos mil veintiuno se declaró cumplida la sentencia emitida en este juicio.
- Principal
Ciudad Madero, Tamaulipas, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Del estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de quince días, que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo, para plantear inconformidad en contra del auto mediante el cual se tuvo por cumplida la sentencia que concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, sin que se haya presentado promoción alguna para tal efecto. En consecuencia, sin ulterior acuerdo, una vez que se notifique el presente proveído, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 196 y 214 de la ley de la materia. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este asunto se clasifica como depurable, pues se concedió la protección constitucional y dado que no existen documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, como lo dispone el penúltimo párrafo del citado numeral, una vez que transcurran tres años, procédase a su depuración conservando únicamente la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, así como el presente auto y se destruirán el resto de las actuaciones; hecho lo cual deberá gestionarse su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Ciudad Madero, Tamaulipas, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta[n] los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado[s] al artículo 3° de la Ley de Amparo, el [los] documento[s] signado[s] por el autorizado de la parte quejosa, por lo que hace a aquel a través del cual cumple con el requerimiento efectuado en autos y proporciona correo electrónico para la expedición de copias que le fueron autorizadas. Expídanse de forma digital, las copias que le fueron autorizadas en este expediente a la parte quejosa; esto es, de la sentencia; por tanto, se ordena a la secretaria correspondiente [1] enviar las copias solicitadas al citado medio electrónico y [2] hacer la constancia en donde certifique el envío respectivo para agregarse a las presentes actuaciones. Asimismo, indíquesele que el uso que le dé a los documentos solicitados, es bajo su estricta responsabilidad, conforme a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Principal
Ciudad Madero, Tamaulipas, diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Agréguense a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, los documentos suscritos por la parte quejosa y su autorizado. En primer orden, respecto a la solicitud de tener por ampliada su demanda de amparo respecto al acto reclamado consistente en la fecha señalada para la reinstalación del aquí quejoso como parte actora en el juicio laboral 1198/2019 del índice de la Junta Especial Treinta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tamaulipas, con sede en Tampico. Al respecto, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad su petición, por los motivos que se exponen a continuación. En principio, resulta oportuno establecer que la figura de la ampliación de la demanda se encuentra prevista en los artículos 111 y 117, último párrafo, de la Ley de Amparo, que dicen: Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda. Artículo 117 [...] Tratándose de actos materialmente administrativos, cuando en la demanda se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, en su informe justificado la autoridad deberá complementar en esos aspectos el acto reclamado. En esos casos, deberá correrse traslado con el informe al quejoso, para que en el plazo de quince días realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación. Con la ampliación se dará vista a las responsables así como al tercero interesado y, en su caso, se emplazará a las diversas autoridades que en ampliación se señalen. Para tales efectos deberá diferirse la audiencia constitucional. Del numeral transcrito en primer orden, se colige que la procedencia de la ampliación de la demanda de amparo se condiciona a que se presente dentro los términos previstos en la propia ley, y por lo que hace a los actos novedosos vinculados con los reclamados inicialmente, además de que se formule dentro de los plazos legales, también debe presentarse previamente a la celebración de la audiencia constitucional y, paralelamente, otorga al quejoso la prerrogativa de optar por promover una nueva demanda, en caso de no ampliarla. El contenido de este precepto se soporta en los principios jurídicos de economía procesal y de concentración, que resultan aplicables al juicio de amparo, conforme a los cuales es exigible que en la conducción de un enjuiciamiento se procure abreviar su duración, simplificar su tramitación y rechazar las diligencias innecesarias o inconducentes, para evitar costos innecesarios a las partes y al Estado, y ventilar todas las cuestiones litigiosas que guarden conexidad en un mínimo de actuaciones. Es por eso que, si una vez presentada una demanda de amparo, el quejoso estima conveniente formular nuevos aspectos de impugnación, debe instar nuevamente, en cuyo caso, si se trata del mismo acto, de las mismas autoridades, o de una cuestión que guarde relación con lo planteado, pueda hacerlo como una ampliación de la demanda inicialmente interpuesta, a condición de que no se haya agotado el plazo para ello. Una situación diversa se presenta cuando con posteridad al inicio de un juicio de amparo, el promovente tiene conocimiento de nuevos actos que estima lesivos a sus derechos, atribuibles a diversas autoridades. En ese supuesto, la fecha en que tenga conocimiento de ellos será el referente para la promoción del amparo, y en orden a los principios jurídicos mencionados, tiene la opción de plantear el nuevo amparo como una ampliación si entre los actos reclamados en la demanda inicial y en la nueva existe una relación de conexidad o interdependencia que dé pauta para estimar favorable que se sustancien en forma conjunta y se decidan en una sola sentencia, lo que podría generar mayor agilidad en su tramitación e incluso evitar el dictado de resoluciones contradictorias. De lo hasta aquí expuesto puede afirmarse que siempre que se modifique la materia de litigio, debe ser mediante una demanda que dé lugar a un nuevo juicio, o bien, mediante una ampliación a la demanda inicial, siempre y cuando exista esa relación de conexidad, esto último en observancia de los principios de concentración y economía procesal, es decir, si no hay conexidad habrá un nuevo juicio. Ahora bien, sobre el tema en estudio el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 2/99, estableció que la estructura procesal de la ampliación de la demanda de amparo se funda en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que la ampliación de demanda es indispensable en el juicio de garantías para que cumpla su función constitucional de salvaguardar en su integridad los actos del poder público que puedan ser contrarios a la Carta Fundamental, ya que de no reconocerse esa posibilidad el gobernado se vería imposibilitado para reclamar en el amparo tales actuaciones o incluir nuevos argumentos de los originalmente planteados en la demanda inicial en perjuicio de sus intereses. Así, la ampliación de la demanda debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto en los siguientes casos: a) Cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o, b) Cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados. Asimismo, el Máximo Tribunal de Justicia en el País estableció que la ampliación puede recaer sobre: a) Los actos reclamados. b) Las autoridades responsables. c) Los conceptos de violación Lo anterior, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos establecidos en la Ley de Amparo, a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional. Las anteriores consideraciones vertidas en la contradicción de tesis citada, dio origen a la jurisprudencial P./J. 15/2003, de rubro: AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional. Aunado a lo anterior, el diverso numeral 117, último párrafo, de la ley de la materia, adiciona un supuesto de procedencia de la ampliación de demanda, exclusivamente para cuando se reclamen actos materialmente administrativos y la autoridad responsable al rendir su informe justificado, complemente la fundamentación y motivación de dichos actos, en cuyo caso la ampliación deberá versar en relación a las cuestiones surgidas de dicha complementación. Y, en ese orden de ideas, se advierte que la ampliación de demanda de que se trata resulta improcedente, toda vez que fue presentada con posterioridad a la fecha en que se llevó a cabo la audiencia constitucional. Asimismo, del análisis relativo a los autos que conforman el presente juicio de amparo, se acredita que mediante fecha trece de septiembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia y se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables, declarándose cumplida con fecha quince de octubre del año en curso. En virtud de todo lo anterior, se materializa la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 111 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se impone desechar la ampliación de demanda que realiza el quejoso. Remisión de escrito de ampliación a la Oficina de Correspondencia Común. Sin embargo, del análisis integral del escrito de cuenta, se estima que en el caso se está en presencia de una nueva demanda de amparo, totalmente independiente a la que dio origen a este asunto. Por tanto, en aras de salvaguardar los derechos fundamentales de acceso a la justicia de la quejosa, previstos en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se procede a dar el trámite correspondiente a dicha demanda y, por ende, se ordena remitirla, junto con el anexo que acompaña y copia de la demanda inicial en este juicio de amparo, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Tampico y Ciudad Madero, para que lo turne al órgano jurisdiccional que corresponda; lo anterior, previa copia que se obtenga de dicho libelo, y se agregue en los presentes autos, para debida constancia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada I.1º.A.E.69K (10a.), de rubro siguiente: AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. SI NO SE ACREDITA SU ESTRECHA RELACIÓN CON EL ESCRITO INICIAL, DEBE PROVEERSE SU TRÁMITE COMO DEMANDA INDEPENDIENTE. Respecto a la manifestación que realiza el autorizado de la parte quejosa, en la que indica que en el Portal de Servicios en Línea no aparece la sentencia de fecha veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, dígasele que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea; para cual deberá proporcionar el usuario o correo electrónico con el que se encuentra registrado, para de este forma autorizar la consulta del expediente vía electrónica. Por otra parte, por lo que ve las manifestaciones que realiza el autorizado de la parte quejosa, en el sentido de que la autoridad responsable continua sin dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dígasele que este Juzgado determinó que la sentencia de amparo se encuentra debidamente cumplimentada, toda vez que los efectos de la ejecutoria de amparo fueron que la Junta responsable emitiera un auto en el que dejara insubsistente la fecha y hora que se encontraba señalada para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral 1198/2019; y, en su lugar, señalara una nueva fecha y hora, la cual debía fijarse dentro de los plazos de ley, así como que se notificara a las partes dicha determinación; extremos que al efecto del análisis de las constancias se tienen por cumplidos a cabalidad. Por lo tanto, la fecha lejana de reinstalación del trabajador que fija la Junta en la audiencia de fecha catorce de octubre de dos mil veintiuno, no constituye parte del cumplimiento del presente juicio de amparo, por las razones expuestas anteriormente. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que la presente determinación se adopta así, con fundamento en la ampliación de plazos procesales a que se refiere el artículo 2°, fracciones III, IV, V y VIII, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19.
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