Ramón Alberto Prado Cruz
Expediente 658/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 658/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 30/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Ramón Alberto Prado Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta en la que se advierte que en el presente expediente, el quejoso Arnold Lernis Delint Mejía, exhibió el billete de depósito N 076047 expedido por Banco del Ahorro y Servicios Financieros S.N.C., el cual ampara la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 m.n.); para garantizar la suspensión definitiva concedida en autos, sin que a la fecha haya comparecido a solicitar su devolución. Ahora, toda vez que la garantía que exhibiera la parte solicitante de amparo, para que surtiera efectos la suspensión concedida en autos, se encuentra en el seguro de este juzgado, hágase del conocimiento al quejoso que el billete de depósito N079511 expedido por Banco del Ahorro y Servicios Financieros S.N.C, queda a su disposición. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 45 y 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de dos años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca al local que ocupa este juzgado, sitio en Boulevard Toluca número 4, tercer piso, Colonia Industrial, municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, con identificación oficial vigente, a recoger el certificado de depósito aludido. Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, dentro del plazo concedido, en su momento se hará efectivo a favor del erario federal. En el entendido que, la entrega de las garantías se lleva a cabo únicamente los días viernes de cada semana en un horario de las ocho horas con treinta minutos a las catorce horas, directamente al solicitante del amparo, ello con motivo de las medidas implementadas con motivo de la contingencia sanitaria del virus covid-19, siempre y cuando el titular adscrito a este juzgado no se encuentre de licencia o periodo vacacional para el endoso del certificado aludido. Finalmente, dada la contingencia generada con motivo del virus denominado COVID-19, así como el acuerdo general 21 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal hágase del conocimiento de la parte quejosa que como una medida para evitar posibles contagios, para la recepción del citado documento es necesario genere cita respectiva para su entrega, para lo cual se le proporciona la dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales/home. Notifíquese por lista a las partes.Así lo proveyó y firma Aurelio Damián Magaña, Juez Primero de Distrito en el Estado de México, asistido de Edgar Alfaro Hermosillo, secretario que firma y da fe. Joss
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de septiembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito de **************************, por propio derecho, con el cual cumple con el requerimiento realizado en acuerdo de veinticinco de agosto de la presente anualidad. En tal virtud, se tiene a la parte promovente desahogando la prevención hecha en autos y se provee: V i s t a de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por ************************************* quien solicita el amparo y protección en relación a la autoridad y acto que a continuación se precisan: Autoridad responsable Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Notificador-Ejecutor adscrito al Juzgado Sexto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Acto reclamado El proveído de veintiuno de junio de dos mil veintiuno dictado por el juez responsable en los autos del juicio sobre controversia de violencia familiar 688/2021 en el que se decretaron las medidas provisionales en su contra, y se ordenó el emplazamiento y su ejecución. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA Previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y, es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. Lo anterior encuentra apoyo, por identidad de razón, en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA". De igual forma, en la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Asimismo, en la jurisprudencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Así, en el presente juicio de amparo el acto reclamado lo constituye: el proveído de veintiuno de junio de dos mil veintiuno dictado por el juez responsable en los autos del juicio sobre controversia de violencia familiar 688/2021 en el que se decretaron las medidas provisionales en su contra, así como se ordenó su emplazamiento y su ejecución. Ahora, del análisis a la demanda de amparo y el escrito aclaratorio, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La citada causa de improcedencia requiere para su actualización que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal manera que destruya todos los efectos del mismo, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violados. Esto es, que la propia autoridad a quien se le atribuye la emisión del acto impugnado, no solamente deje insubsistente dicha actuación, sino que lo haga en forma total e incondicional, y con ello produzca que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de los derechos fundamentales del agraviado. De lo que se sigue que en la cesación de efectos del acto reclamado, el posterior actuar de la responsable debe equipararse a la concesión de amparo, en cuanto a que desaparecen los efectos del acto tachado de inconstitucional, como si éste nunca hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja ninguna huella. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de rubro y texto que se transcriben: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Cabe precisar que, en tratándose de procedimientos jurisdiccionales, la cesación de efectos también tiene lugar por sustitución procesal, es decir, por la emisión de un acto en el juicio natural que tiene como sustento el que se impugna en la instancia constitucional, y, como tal, lo reemplaza en sus efectos. Ello, ya que al constituir el proceso una serie de actos concatenados y estrechamente relacionados entre sí, cada nuevo acto que encuentra su base en el que le precede, debido a la interdependencia que guardan, lo sustituye de inmediato en sus efectos jurídicos. En este punto es necesario invocar como hecho notorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la demanda de amparo 322/2022-II, promovido por el mismo quejoso en el presente asunto, en el que señaló como acto reclamado la falta de emplazamiento al toca 444/2021 del índice de la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, Estado de México, derivado del expediente 688/2021. El recurso de apelación se interpuso en contra del auto de veintiuno de junio de dos mil veintiuno dictado por el Juzgado Sexto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, en el juicio sobre controversia de violencia familiar 688/2021 en el que se decretaron las medidas provisionales en contra del aquí quejoso. De las constancias del juicio de amparo 322/2022-II, del índice de este juzgado se advierte que la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, Estado de México, mediante determinación de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, resolvió el recurso de apelación 444/2021, de su índice, ordenando modificar el auto de veintiuno de junio de dos mil veintiuno dictado por el Juzgado Sexto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, en el juicio sobre controversia de violencia familiar 688/2021 y que constituye el acto reclamado en el presente expediente. Por consiguiente, es claro que la determinación dictada en el toca de apelación por la sala responsable, sustituyó procesalmente al primer acto reclamado, esto es, el auto de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 688/2021 fue sustituido procesalmente por la resolución de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el toca 444/2021, de ahí que se desprenda que sobrevino un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, por lo que, para efectos del presente expediente, el amparo resulta improcedente. Por tal motivo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con la fracción XXIII, de la Ley de Amparo. Por consiguiente, se estima que el motivo de la improcedencia del acto reclamado, es manifiesto e indudable. Es manifiesto porque dicha improcedencia que en esencia radica en la circunstancia de que el acto reclamado fue sustituido por el diverso acto reclamado en el juicio de amparo 322/2022-II del índice de este juzgado federal. Y, es indudable, ya que no podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En tales condiciones, como en el caso concreto se actualizan de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. CAPTURA DE RESOLUCIÓN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES Y ELABORACIÓN DE VERSIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la presente determinación, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la oficial judicial "A" SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Y FIRMA DE OFICIOS Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Finalmente, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen, incluso emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio que remite vía interconexión el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con el que remite testimonio de diecisiete de agosto del año en curso, dictado en la Queja 194/2022 de su índice, mediante el cual el órgano colegiado federal determinó: (..) ÚNICO. Se declara fundado el recurso de queja. (.) Ahora bien, el órgano colegiado revocó la resolución recurrida, en esencia, por las siguientes consideraciones: ". Bajo esa óptica, este tribunal colegiado considera que por ahora, no se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada por el juzgador, con base en la cual desechó la demanda, al quedar en relieve que construyó su determinación a partir de la fijación de los actos reclamados citados, cuando debió prevenir al quejoso con el objetivo de que especificara la fase en la cual se encuentra el procedimiento, si se dictó sentencia o no, y si adquirió firmeza procesal, tal como lo estipula expresamente el precepto 112 de la ley reglamentaria en consulta, al no hacerlo, se vulneraron las reglas que regulan el juicio de amparo (.) Sin que pase inadvertido que tiene parcialmente la razón el inconforme, únicamente respecto del auto de fijación de medidas cautelares, cuando en esencia aduce que el juzgador de amparo no tomó en consideración que, al tratarse de una menor de edad, y se alegó riesgo en la salud y estabilidad física y emocional de esta, no estaba obligado a agotar el principio de definitividad, ya que el recurso que se dice debió interponer, no admite suspensión, ni es eficaz para alejar del riesgo en que se encuentra su pequeña hija. Así es, porque en contra del auto donde se emitieron las medidas de protección a que alude el artículo 2.355 de la ley adjetiva aplicable, si bien, procedía el recurso de apelación y no la revocación como se indicó, el precepto 2.360 de la misma normativa, expresamente dispone que será sin efecto suspensivo, por lo cual opera una excepción al principio de definitividad, porque el recurso ordinario procedente en su contra -apelación-, no es idóneo, efectivo, oportuno y apto para reparar adecuadamente la violación de que se queja, lo que se actualiza cuando en la tramitación de ese medio de impugnación no se previene la suspensión del acto de afectación, pues esa situación no es adecuada y eficaz para alejar a la menor de la situación de vulnerabilidad en que se encuentra, por el riesgo de que se ejecute ese acto ante la imposibilidad de suspenderlo. (.) No obstante, como se ha destacado, procedía de manera inicial la prevención al amparista con el objetivo de dilucidar si el juicio de que se trata se encuentra en trámite o concluido para de esa manera estar en aptitud de analizar si la demanda es o no procedente. Para finalizar, no pasa inadvertido que el artículo 103 de la Ley de Amparo dispone que, en caso de ser fundado el recurso de queja, debe dictarse la determinación que corresponda, sin necesidad de reenvío, salvo que la resolución implique la reposición del procedimiento (en el amparo indirecto), caso en el cual quedará sin efectos la resolución recurrida y se ordenará al que la hubiere emitido, dictar otra, debiendo precisar los efectos concretos a que deba sujetarse su cumplimiento. En la especie, se resolvió el tema relativo a la admisión de la demanda de amparo, y, por ende, no es aplicable la disposición citada, por lo cual este órgano colegiado no se encuentra facultado de manera legal y material para decidir sobre aspectos como la suspensión del acto reclamado, la temporalidad para la celebración de la audiencia constitucional e incluso incidental, pues ello corresponde a las facultades propias del juzgador. ." De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos correspondientes del caso; acúsese recibo de estilo correspondiente vía interconexión al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Precisado lo anterior, y en estricto acatamiento a lo ordenado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, se provee: V i s t o el escrito de demanda de amparo que promueve Ramón Alberto Prado Cruz, por propio derecho, y en representación de la menor identificada con las iniciales E.P.P., contra actos del Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México; y otra autoridad, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales que contienen los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales. PREVENCIÓN Ahora bien, los artículos 108, 114 y 261 de la Ley de Amparo señalan: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación. Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura. Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. Atento a lo anterior, y al resultar necesaria la aclaración de la demanda de cuenta, con fundamento en los artículos antes referidos, requiérase a la parte promovente para que en el término de CINCO DÍAS siguientes al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD y apercibido de las penas en que incurren los solicitantes del amparo que al formular su demanda afirmen hechos falsos u oculten los que les consten en relación con el juicio de amparo, manifieste lo siguiente: Deberá señalar cuál es el estado procesal que guarda el juicio sobre Controversia de Violencia Familiar 688/2021 del índice del Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México y del cual es parte el quejoso Ramón Alberto Prado Cruz. Finalmente, deberá exhibir las copias necesarias del escrito con el que desahogue las prevenciones señaladas con anterioridad, en términos de lo que establece el artículo 110 de la ley en cita, toda vez que el escrito aclaratorio es parte integrante de la demanda de amparo. APERCIBIMIENTO Se apercibe al promovente, que de no cumplir con las prevenciones en los términos requeridos, con fundamento el penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese: vía electrónica a la parte quejosa, por oficio al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de julio de dos mil veintidós. Téngase por recibido únicamente para que obre como corresponda el oficio vía interconexión procedente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con el cual acusa recibo de las constancias que se le remitieron con motivo del recurso de queja interpuesto por Ramón Alberto Prado Cruz, por propio derecho y en representación de la menor de identidad resguardada identificada con iniciales E.P.P., en contra del auto por el que desechó la demanda de amparo en el presente juicio, mismo que registró con el consecutivo 194/2022, e informa que fue admitido a trámite dicho recurso; lo anterior, toda vez que en auto de cuatro del mes y año en curso, se acordó sobre el acuse en mención. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa; y, por lista al resto de las partes.
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