Ramon Alberto Mora Cardenas
Expediente 46/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 46/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 27/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ramon Alberto Mora Cardenas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde el oficio 5654/2021, firmado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, al que adjunta testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada en sesión de siete de octubre del año en curso, dentro de los autos del recurso de la queja 144/2021; interpuesto dentro del juicio de amparo 46/2021 del índice de este órgano jurisdiccional, adjuntando evidencia criptográfica, y que concluyó en el siguiente resolutivo: ÚNICO. Es infundado el recurso de queja. Glósese el cuaderno de antecedentes, y acúsese el recibo correspondiente. En cuanto a las copias simples que integran el cuaderno de antecedentes, se ordena su destrucción por resultar innecesario glosarlas al expediente por ser una reproducción de su original. Por otro lado, visto lo actuado dentro del sumario en que se actúa, del que se advierte que a la fecha se encuentra totalmente concluido, toda vez que el auto de desechamiento dictado por este órgano jurisdiccional fue confirmado por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán; por tanto, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación, se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, se ordena el archivo de este juicio de garantías. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el último párrafo del punto décimo primero del citado acuerdo, toda vez como consta de la certificación secretarial que antecede, en el presente cuaderno, no existen documentos originales por entregar. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso b), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el artículo 35 del acuerdo que nos ocupa, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde el oficio 4483/2021, firmado por el Actuario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, mediante el cual transcribe el acuerdo de once de agosto del año en curso, dictado por el Magistrado Presidente de ese Tribunal, dentro del recurso de queja 144/2021, interpuesta por la parte quejosa; por el que acusa recibo del comunicado 12766, por el que este órgano jurisdiccional le remitió copia certificada del presente juicio, así como informe con justificación, con motivo del recurso de queja hecho valer en contra del auto de veintisiete de enero del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, dictado en el presente asunto 46/2021; y hace del conocimiento de este juzgado que se admitió el recurso de queja de que se trata y se turnó para formular proyecto de resolución; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, como lo solicita, se instruye a la analista jurídica de SISE que habilite los permisos para que el tribunal oficiante pueda vincular este juicio de amparo con su expediente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde el oficio firmado por Juventino Rosas Aceves, en su carácter de defensor público federal del quejoso Ramón Alberto Mora Cárdenas; atento a su contenido; se le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta, esto es el ubicado en el cubículo que cupa la Defensoría Pública Federal, sito en calle Galeana, número 60, colonia la Magdalena, en esta ciudad de Uruapan, Michoacán; y autorizando para oír y recibir notificaciones al licenciado Nicolás Dimas Pérez. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que por auto diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, se reservó acordar lo conducente respecto a la manifestación del quejoso Ramón Alberto Mora Cárdenas quien se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 CPS Michoacán-, manifestó: ".Me inconformo con el desechamiento de mi demanda ya que no estoy conforme con lo resuelto. Pido se me nombre abogado d oficio. Gracias." Hasta en tanto, se designara defensor público y toda vez que ello ya aconteció; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100, de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán por conducto de la empresa de mensajería que presta sus servicios a este Juzgado de Distrito: la notificación realizada al quejoso. Asimismo, ríndase el informe relativo a la materia de la queja, en la que se manifieste a la Superioridad que es cierto el acto impugnado, toda vez que este Juzgado Federal, el veintisiete de enero de dos mil veintiuno en autos del juicio de amparo en el que se actúa, dictó un acuerdo en el que desechó de plano la demanda de amparo promovida por la parte quejosa. También, deberá acompañarse al citado informe copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran el presente juicio de amparo. Sin que pase inadvertido que el numeral 101 de la ley en comento, establece que el órgano jurisdiccional notificará a las demás partes la interposición del recurso para que en el plazo de tres días señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse al que deba resolver, y una vez fenecido el término, se tramitará como corresponda. Sin embargo, es evidente que al haberse desechado la demanda de amparo, no se dio intervención legal alguna a las demás partes que pudieran haber resultado en este juicio, como lo serían las autoridades responsables, Agente del Ministerio Público adscrito y, en su caso, a quien le correspondiera el carácter de tercero interesado. De ahí que a criterio de este juzgador es factible dar el trámite correspondiente al recurso en los términos ya acotados, es decir, sin necesidad de correr traslado con el escrito de expresión de agravios a las demás partes, así como tampoco requerirlas en términos del citado ordinal 101 de la ley de la materia, pues se insiste, no tuvieron intervención legal alguna en el asunto, precisamente, por el desechamiento de la demanda de amparo. Por lo antes expuesto, una vez que se notifique por lista el presente proveído, sin previo acuerdo, intégrense las constancias señaladas por este órgano jurisdiccional, a fin que sean remitidas a la Superioridad que conocerá del asunto. Apoya lo anterior, la tesis XXVII.3o.1 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, publicada el veintiocho de marzo de dos mil catorce, del rubro y texto siguiente: RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE DESECHA O TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. SI EL RECURRENTE OMITIÓ EXHIBIR LAS COPIAS DE TRASLADO, ES INNECESARIO REQUERIRLO PARA QUE LAS EXHIBA Y NOTIFICAR A LAS PARTES LA INTERPOSICIÓN DE AQUÉL. De los artículos 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo se colige que cuando el recurso de queja se promueva mediante escrito impreso (no por vía electrónica) su tramitación exige, entre otros aspectos que: a) el recurrente exhiba sendas copias del recurso para su traslado a las demás partes; y, b) el a quo notifique a las demás partes la interposición del recurso con las copias (incluyendo al Ministerio Público de la Federación), para que en el plazo de tres días señalen las constancias que estimen necesarias para integrar el testimonio de la queja; por lo que si el Tribunal Colegiado de Circuito en turno advierte que el Juez de Distrito no realizó alguna de las anteriores obligaciones, deberá ordenar la regularización del procedimiento a fin de que aquel integre correctamente el expediente para estar en aptitud de resolver. Sin embargo, conforme al principio de economía procesal y la pronta impartición de justicia derivado del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando la queja se interpone contra el auto que desecha o tiene por no interpuesta la demanda de amparo, no amerita dicha regularización, porque aún no se ha dado intervención a parte diversa a la promovente de la demanda y porque sólo a ésta afecta la determinación recurrida; por ello, es innecesario requerir las copias de la queja, pues éstas son para notificar a las demás partes y tal notificación es irrelevante porque el fin de tal conocimiento es que aquéllas señalen las constancias que consideren deben ser remitidas al ad quem, las cuales no podrían ser otras que las relativas a la demanda de amparo, sus anexos, el auto recurrido y su constancia de notificación, las que, invariablemente, deben ser remitidas por el Juez Federal, ya que constituyen la materia sobre la que versa la queja y, al menos para ese momento, no hay actuaciones diversas para resolver.". Notifíquese.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTOS, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JUDICIAL, LOS PROVEÍDOS DE UNO DE JULIO, VEINTISIETE DE ENERO Y DIECINUEVE DE FEBRERO, TODOS DE DOS MIL VEINTIUNO, PROVEÍDOS QUE EN LO CONDUCENTE DICEN: 1/7/2021 Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde el oficio firmado por Juventino Rosas Aceves, en su carácter de defensor público federal del quejoso Ramón Alberto Mora Cárdenas; atento a su contenido, téngasele aceptando y protestando el cargo que le fue conferido; para los efectos legales consiguientes. De igual manera, se autoriza a dicho defensor el acceso al expediente electrónico, con el nombre de usuario juroace, así como para promover dentro del expediente electrónico; para lo cual, se ordena a la funcionaria encargada del SISE que otorgue los permisos correspondientes en el sistema, para los efectos legales consiguientes. Asimismo, se tiene al ocursante señalando los correos electrónicos que indica únicamente para entablar comunicación; pues ni en la Ley de Amparo, ni en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, ni en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativos al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del virus COVID-19, se prevé que en los juicios de amparo las partes puedan ser notificadas en correos electrónicos. Por ende, no es viable ese medio para hacerle las notificaciones que pretende; de hecho, el artículo 60 del acuerdo general 12/2020, aclara que los justiciables podrán notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales en un procedimiento jurisdiccional dentro del módulo para consultar notificaciones del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Como se ve, las notificaciones se hacen en el portal y no en correos electrónicos. No obstante lo anterior, de conformidad con el artículo 2, fracción XIX, del referido Acuerdo General 13/2020, del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, téngasele únicamente para establecer contacto los correos electrónicos que indica en su ocurso de cuenta. Ahora, toda vez que del ocurso de cuenta no se advierte que el defensor público haya señalado domicilio para oír y recibir notificaciones, requiérase a dicho profesionista, para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, apercibido que, de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se publique en los estrados de este Tribunal, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de la materia. Además, podrá designar autorizados para oír y recibir notificaciones personales en el domicilio que señale para tal efecto, para así estar en posibilidad de prestar la debida asesoría que requiere la parte quejosa. De igual forma, se le invita para que lleve el juicio en línea, para lo cual debe externar su deseo de que se le hagan en línea (electrónicamente) las notificaciones personales. Con lo cual se harán los trámites a través del portal del juicio en línea, tanto las promociones como las notificaciones y con ello podrá atender sus asuntos y al mismo tiempo cuidar de su salud, usando las herramientas tecnológicas del juicio en línea. Por otro lado, dígasele que no ha lugar a tenerlo formulando alegatos, toda vez que, por auto de veintisiete de enero del año en curso, se desechó la demanda de amparo en el presente asunto. Ahora bien, de autos se advierte que en proveído de diecinueve de febrero próximo pasado, se reservó lo relativo a la manifestación vertida por el quejoso en el acto de la notificación del auto de veintisiete de enero del año en curso, en la que expresó: Me inconformo con el desechamiento de mi demanda ya que no estoy conforme con lo resuelto. Pido se me nombre abogado de oficio. Gracias." Por tanto, se ordena notificar al defensor público de que se trata, por medio de lista, ya que no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, los autos de veintisiete de enero y diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, a fin de que dentro del término de tres días manifieste lo que a los intereses de su representado convenga. NOTIFÍQUESE POR LISTA AL DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL DEL QUEJOSO, EL PRESENTE AUTO, ASÍ COMO LOS DIVERSOS DE VEINTISIETE DE ENERO Y DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO; Y POR ÚNICA OCASIÓN, REMÍTASE AL DEFENSOR PÚBLICO, VÍA CORREO ELECTRÓNICO COPIA DE ESTE ACUERDO, SIN QUE TENGA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN POR LOS MOTIVOS ANTES SEÑALADOS. 27/1/2021 Vista la demanda de amparo promovida por Ramón Alberto Mora Cárdenas, por su propio derecho, contra actos que atribuye al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS", con sede Buenavista, Michoacán y otras autoridades; toda vez que la demanda de amparo fue turnada a este Juzgado de Distrito, fórmese y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número 46/2021. Del contenido de la demanda, se advierte que el ocursante hace consistir los actos reclamados en: Las condiciones de internamiento a que se encuentran sometido, como lo son: la omisión de proporcionar al quejoso la adecuada atención médica por un problema grastrointestinal a causa de parásitos y medicamento adecuados. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.*****DESECHAMIENTO. Debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito , cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. *****"DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". ******Previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. *****Asentado lo anterior, procede analizar las causales de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Tesis: 158 Apéndice de 1985 Quinta Época 395571 1 de 1 Pleno Parte VIII Pag. 262 Jurisprudencia (Común) "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia ***** En este juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." Así, en ese supuesto normativo se prevé el principio de definitividad del juicio de amparo, que consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, el juicio, los recursos o medios de defensa legales y que puedan conducir a la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada, acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia: Tesis: I.6o.C. J/37 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 187016 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XV, Mayo de 2002 Pag. 902 Jurisprudencia(Común) AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. ******Lo anterior se estima así, pues dicho sistema normativo en su artículo 109, tiene por objeto subsanar la afectación a las condiciones de vida diga y segura en reclusión, lo que se traduce en modificar, revocar o nulificar el acto u omisión de la autoridad penitenciara, que como en el caso trascienda a las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad, sea en prisión preventiva o en la ejecución de la sanción de prisión, pues así se desprende del ámbito de aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, contenido en su artículo 1. En efecto, del contenido del artículo 24 de la referida ley de ejecución, en lo que interesa se desprende que el legislador habilitó al Poder Judicial de la Federación y Poderes Judiciales de las Entidades Federativas, para resolver las controversias con motivo de su aplicación, con los límites territoriales y jurisdicción expresamente ahí señalados. Además, de los diversos 107 al 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se colige lo siguiente: 1. Que las personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciara contra los hechos, actos u omisiones relacionados con las condiciones de internamiento. 2. La peticiones tendrán como finalidad que la autoridad penitenciara resuelva si existió o no una afectación a las condiciones de vida digna y en su caso subsanarla. 3. Si la determinación administrativa es contraria a los intereses del peticionario, éste podrá controvertirla ante el Juez de Ejecución o de Control (en caso de que se encuentre sujeto al nuevo sistema de justicia penal), el Juez de su causa (si está siendo procesado) o el Juez de Ejecución a cuya disposición se encuentre interno (si ya está sentenciado). 4. Si la petición no es resuelta en el término de cinco días, el promovente podrá demandar dicha omisión ante el Juez de Ejecución. 5. En casos urgentes, el afectado podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución a plantear la petición, caso en el que el órgano jurisdiccional suspenderá el hecho que motivó la petición hasta en tanto resuelva en definitiva, ordenando incluso que las autoridades administrativas realicen las acciones necesarias a fin de los actos cesen o dejen de existir, con lo cual quedan tutelados los derechos de la persona privada de la libertad, aún en los casos de mayor gravedad, en que incidan en su esfera jurídica las condiciones de internamiento. 6. Que los Jueces de Ejecución conocerán de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y las relacionadas con ellas. 7. Que para la controversia ante el Juez de Ejecución, constituye un requisito indispensable que se haya agotado la petición administrativa. De lo anterior, se advierte que con la entrada en vigor del Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad (como el agraviado) ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones ágil y eficaz, en el cual pueden hacer valer los derechos atinentes a las condiciones de su internamiento, como lo son las condiciones de internamiento a que se encuentra sometido en el lugar donde se encuentra recluido, ya sean urgentes o no; adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional. Por tanto, si el quejoso acude en demanda de la protección constitucional a efecto de controvertir actos atribuidos a las autoridades directivas del centro de reclusión donde está interno, mismos que se vinculan con las condiciones de su estancia en él, es claro que resulta aplicable el medio defensa establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Entonces, es preciso concluir que el quejoso no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, pues previo a su interposición, de ser un caso urgente, debió acudir ante el juez de la causa o ejecución para plantear su petición; y de tratarse de condiciones de internamiento no urgentes, debió acudir ante la autoridad penitenciaria a formular su petición y en caso de no serle favorable o no se le responda, plantear la controversia ante el Juez de la causa o ejecución, lo que le permitiría acceder a una serie de medidas de protección y mecanismos legales de corrección en el ámbito de la justicia ordinaria; de modo que al no hacerlo así, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y ello, a su vez de conformidad con la fracción V, del diverso 63 del mismo ordenamiento, provoca desechar la demanda que originó el presente juicio de amparo; máxime que no existe la posibilidad de que el ofrecimiento y recepción de pruebas, pueda cambiar la presentación que antecede, pues la causal de improcedencia invocado no se apoya en aspectos fácticos, sino que deriva de la propia ley que regula el medio de impugnación ordinario. Tienen aplicación al caso, los criterios siguientes: Tesis: PC.III.P. J/18 P (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2017822 1 de 1 Plenos de Circuito Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo II Pag. 1701 Jurisprudencia(Común) "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO***** Tesis: XVI.1o.P.14 P (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2016103 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV Pag. 2214 Tesis Aislada(Penal) "PETICIÓN ADMINISTRATIVA ANTE LA AUTORIDAD PENITENCIARIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. ES EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN IDÓNEO PARA IMPUGNAR HECHOS, ACTOS U OMISIONES RESPECTO DE LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. ******Esto es, porque de la lectura de dichos preceptos se desprende que las personas privadas de su libertad, podrán acudir directamente al Juez de la causa o ejecución, cuando se trate de peticiones urgentes, quien oficiosamente suspenderá el hecho o acto de se trate, junto con sus efectos, hasta en tanto resuelva en definitiva el planteamiento formulado, además, si se trata de omisiones será la autoridad jurisdiccional quien estará facultada para conocer de las cuestiones relacionadas con las condiciones de internamiento, para lo cual determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciara; asimismo, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte ordenara la suspensión del acto motivo de la controversia si lo considera pertinente; previsiones que se estiman en términos similares a los fija la Ley de Amparo para la suspensión. Luego, si el procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal establece una previsión para suspender los actos controvertidos, con los mismos alcances y sin mayores requisitos que la Ley de Amparo, es evidente no opera la excepción al principio de definitividad, por lo que no existe impedimento para desechar en este juicio, en los términos anotados. De igual forma, cabe destacar que a la fecha, no obstante de la situación que atraviesa el país debido a la pandemia originada por el virus Sars-Cov2, los Juzgados de ejecución se encuentran laborando ordinariamente a fin de atender las solicitudes formuladas por las personas privadas de la libertad. Asimismo, se destaca que lo expuesto tiene sustento, además, en la ejecutoria dictada el seis de septiembre de dos mil dieciocho, por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, al resolver el amparo en revisión 146/2018. Bajo ese cúmulo de ideas, es inconcuso que se está en presencia de una causal de improcedencia del juicio de garantías que se actualiza de modo manifiesto e indudable, como lo es la prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo; y, por ende, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE NOS OCUPA, de conformidad con lo dispuesto por el diverso numeral 113, de dicho ordenamiento legal. NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO POR CONDUCTO DEL ACTUARIO ADSCRITO. Por otro lado, en atención al principio pro persona, se comisiona a la actuaria o actuario de la adscripción para que realice lo siguiente: Se constituya en legal y debida forma en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", ubicado en el municipio de Buenavista, Tomatlán, Michoacán, a efecto de que notifique el presente auto al quejoso Ramón Alberto Mora Cárdenas. Lo requiera para que señale el nombre y domicilio de defensor, en caso de ser omiso este juzgado le designara al defensor de oficio. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. *****ar la integridad tanto del privado de la libertad, como del funcionario que le notifique, se solicita comedidamente, a este último tenga a bien limitarse a asentar en el acta de notificación respectiva, que leyó y entregó copia al quejoso citado de ese acuerdo, absteniéndose de recabarle la firma respectiva, lo que también deberá asentar en el acto correspondiente; ello a fin de respetar las medidas de sana distancia lo anterior, en términos del artículo 11 del acuerdo, 8/2020 del Consejo de la Judicatura Federal. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de los días que llegaran a declararse inhábiles laborables, para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que obre en autos. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental , hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6° del ordenamiento legal en cita. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, háganse las notaciones en el Libro de Gobierno, así como las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión. 19/2/2021 Uruapan, Michoacán, diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Vista la constancia de notificación de once de febrero del año en curso, levantada por el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, se desprende que en el acto de la notificación del auto de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, el quejoso Ramón Alberto Mora Cárdenas quien se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 CPS Michoacán-, manifestó: ".Me inconformo con el desechamiento de mi demanda ya que no estoy conforme con lo resuelto. Pido se me nombre abogado de oficio. Gracias." Por tanto, se reserva acordar lo que en derecho corresponda, hasta en tanto se le designe un defensor público. En consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión al quejoso por no contar con defensor, se procede a girar atento oficio al Titular de la Delegación del Instituto Federal de la Defensoría Pública, con residencia en Morelia, Michoacán a fin de que tenga a bien designar un defensor público federal al quejoso Ramón Alberto Mora Cárdenas en el presente juicio. Lo anterior tiene apoyo, en la jurisprudencia siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, Maestro en Amparo JOSÉ RAMÓN ROCHA GONZÁLEZ, quien actúa con la licenciada Eduardo López Razo Secretaria que autoriza y da fe, quien, además, certifica que este auto se autorizó a distancia vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con las FIREL del personal actuante, empero, en caso de que haya contratiempos en el sistema digital, se rubricará físicamente en la primera oportunidad, en términos de los artículos 1, 14 fracciones VIII y XI, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia derivada del virus COVID-19; con la modificación del primero de esos preceptos por el Acuerdo General 37/2020, del mismo Órgano. Doy fe.
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