Ramón Alberto Miravete Uscanga

Expediente 797/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
797/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
02/09/2022

Partes del expediente

  • Ramón Alberto Miravete Uscanga

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, dos de septiembre de dos mil veintidós Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como de la certificación secretarial que antecede, se advierte que trascurrió el término legal para interponer recurso de queja contra el acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo origen de este juicio, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; por lo tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Hágase la anotación de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente, así como en la carátula del expediente, la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y archívese este expediente como concluido. En atención a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se decreta que este expediente es susceptible de destrucción, debido a que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de dicho ordenamiento, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente. En el entendido que el expediente se conservará por el término de tres años, contado a partir de haberse notificado el presente auto, y una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, deberá destruirse y remitir el acta de baja correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). FIRMAS ELECTRÓNICAS Finalmente, en razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma también de manera electrónica por el Juez y el Secretario para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022, 9/2022 y 16/2022 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese

  2. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida *******, contra actos de la Directora General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con sede en la Ciudad de México y otra autoridad; por lo que se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio 797/2022. DESECHAMIENTO Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto debe examinar el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. PROPUESTA DEMOSTRATIVA Del análisis a las constancias exhibidas y las que integran este expediente, se advierte que se actualiza una causal de improcedencia, al tenor de las consideraciones que a continuación se exponen. HIPÓTESIS NORMATIVA En el caso, el suscrito juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1º, fracción I, de la Ley de Amparo. Los artículos 61, fracción XXIII, 1º, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...)XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por tratados internacionales e los que el Estado mexicano sea parte." A fin de explicar las razones por las que se actualiza dicha causa de improcedencia, es necesario considerar el contenido de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en su numeral 92, el cual establece lo siguiente: "Artículo 92. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente teniendo la autoridad la facultad de invocar hechos notorios; pero, cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado bastará con el examen de dicho punto. La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso. Igualmente, deberá dejar sin efectos legales los actos administrativos cuando advierta una ilegalidad manifiesta y los agravios sean insuficientes, pero deberá fundar cuidadosamente los motivos por los que consideró ilegal el acto y precisar el alcance en la resolución. Si la resolución ordena realizar un determinado acto o iniciar la reposición del procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses." Dicho precepto, estipula que una vez resuelto el recurso de revisión, si en la determinación respectiva se conminó a un determinado acto o iniciar la reposición del procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses, lo que en el presente caso aplica, por existir disposición legal expresa que establece el plazo para cumplir con la resolución emitida por la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con residencia en la Ciudad de México. HECHOS En el caso, los actos reclamados por la parte quejosa se hicieron consistir en: a) De la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales: La omisión de dar cumplimiento a la resolución de seis de junio de dos mil diecinueve, dictada en el recurso administrativo *******, del índice de la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con residencia en la Ciudad de México, a través de la cual declaró la nulidad de la resolución de trece de agosto de dos mil dieciocho, dentro del expediente *******, del índice de la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con residencia en la Ciudad de México. b) De la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales: La omisión de dar cumplimiento a la resolución de seis de junio de dos mil diecinueve, dictada en el recurso administrativo *******, de su índice. Asimismo, es conveniente destacar que, en el capítulo de hechos de la demanda de amparo el quejoso precisó que: "4. Que en seis de junio de dos mil diecinueve, la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, resuelve el recurso administrativo de revisión radicado bajo el número *******, declarando la nulidad de la resolución No. *******, ordenando para tales efectos que, la Dirección General de la Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros emita una nueva resolución debidamente fundada y motivada, respecto al procedimiento administrativo de solicitud de concesión. 5. Finalmente, a la fecha de interposición de la presente demanda, la autoridad responsable, no ha dado cumplimiento a la resolución del recurso de revisión emitida desde el día seis de junio de dos mil diecinueve, por el Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ni este último, conminado su cumplimiento." De lo anterior, se advierte que el quejoso reclama la omisión de la Dirección General de la Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con residencia en la Ciudad de México, de emitir la resolución correspondiente en cumplimiento a lo resuelto por la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, con residencia en la Ciudad de México, en el recurso de revisión el recurso administrativo número *******. CONCLUSIÓN Ahora, como se precisó en párrafos anteriores, el numeral 92 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en el último párrafo, establece, que, si la resolución del recurso de revisión en sede administrativa ordena realizar un determinado acto o iniciar la reposición del procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses. Luego, si como se destacó el quejoso reclama la omisión de la Dirección General de la Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con residencia en la Ciudad de México, de emitir la resolución correspondiente en cumplimiento a lo resuelto desde el seis de junio de dos mil diecinueve, por la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, en el recurso de revisión el recurso administrativo *******; entonces, lo que reclama en sí el peticionario de amparo es la configuración de la negativa ficta, pues, la autoridad responsable ha excedido el plazo de cuatro meses, establecido en el artículo 92 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para que emitiera la resolución correspondiente. Ahora, respecto al tema de la negativa ficta, debe decirse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria recaída a la contradicción de tesis 91/2006-SS, que dio origen a las jurisprudencias 2a./J. 165/2006 y 2a./J. 166/2006, de manera medular estableció las siguientes premisas: ".negativa ficta, cuya naturaleza se centra en estimar que el silencio de la autoridad ante una instancia o petición formulada por el contribuyente, extendido durante un plazo no interrumpido de tres meses, genera la presunción legal de que la autoridad resolvió de manera negativa; es decir, en forma contraria a los intereses del peticionario, circunstancia que origina su derecho procesal a interponer los medios de defensa pertinentes en contra de esa negativa tácita, o bien, a esperar a que esa autoridad dicte la resolución respectiva. De esta manera, es dable sostener que el silencio administrativo, configurado así como un acto desestimatorio de la petición elevada por el contribuyente, origina una ficción legal, en virtud de la cual la falta de resolución produce la desestimación por silencio del fondo de las pretensiones del particular, lo que se traduce necesariamente en una denegación tácita del contenido material de su petición. [.] De esta manera, la presunción en el sentido de que con su silencio la autoridad está emitiendo una resolución de fondo respecto de sus pretensiones, otorga razón de ser al nacimiento de su derecho a la interposición de los medios de defensa pertinentes, a fin de que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se pronuncie respecto de la validez o invalidez de esa negativa, resolución que, desde luego, no puede girar en torno de otra cosa, sino de la petición de fondo del contribuyente, que se entiende negada fictamente por la autoridad administrativa." Lo anterior dio origen a las jurisprudencias números 2a./J. 165/2006 y 2a./J. 166/2006, publicadas en las páginas doscientos dos y doscientos tres, correspondientes al Tomo XXIV, diciembre de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, las cuales dicen: "NEGATIVA FICTA. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA NO PUEDE APOYARSE EN CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PARA RESOLVERLA. En virtud de que la litis propuesta al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con motivo de la interposición del medio de defensa contra la negativa ficta a que se refiere el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, se centra en el tema de fondo relativo a la petición del particular y a su denegación tácita por parte de la autoridad, se concluye que al resolver, el mencionado Tribunal no puede atender a cuestiones procesales para desechar ese medio de defensa, sino que debe examinar los temas de fondo sobre los que versa la negativa ficta para declarar su validez o invalidez.". "NEGATIVA FICTA. LA AUTORIDAD, AL CONTESTAR LA DEMANDA DE NULIDAD, NO PUEDE PLANTEAR ASPECTOS PROCESALES PARA SUSTENTAR SU RESOLUCIÓN. El artículo 37, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación establece la figura jurídica de la negativa ficta, conforme a la cual el silencio de la autoridad ante una instancia o petición formulada por el contribuyente, extendido durante un plazo ininterrumpido de 3 meses, genera la presunción legal de que resolvió de manera negativa, es decir, contra los intereses del peticionario, circunstancia que provoca el derecho procesal a interponer los medios de defensa pertinentes contra esa negativa tácita o bien, a esperar a que la autoridad dicte la resolución respectiva; de ahí que el referido numeral prevé una ficción legal, en virtud de la cual la falta de resolución por el silencio de la autoridad produce la desestimación del fondo de las pretensiones del particular, lo que se traduce necesariamente en una denegación tácita del contenido material de su petición. Por otra parte, uno de los propósitos esenciales de la configuración de la negativa ficta se refiere a la determinación de la litis sobre la que versará el juicio de nulidad respectivo del que habrá de conocer el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la cual no puede referirse sino a la materia de fondo de lo pretendido expresamente por el particular y lo negado fíctamente por la autoridad, con el objeto de garantizar al contribuyente la definición de su petición y una protección más eficaz respecto de los problemas controvertidos a pesar del silencio de la autoridad. En ese tenor, se concluye que al contestar la demanda que se instaure contra la resolución negativa ficta, la autoridad sólo podrá exponer como razones para justificar su resolución las relacionadas con el fondo del asunto, esto es, no podrá fundarla en situaciones procesales que impidan el conocimiento de fondo, como serían la falta de personalidad o la extemporaneidad del recurso o de la instancia, toda vez que, al igual que el particular pierde el derecho, por su negligencia, para que se resuelva el fondo del asunto (cuando no promueve debidamente), también precluye el de la autoridad para desechar la instancia o el recurso por esas u otras situaciones procesales que no sustentó en el plazo legal." Señalado lo anterior, es conveniente precisar las generalidades de una resolución ficta. I) En los ordenamientos procesales administrativos rige, como regla general, el requisito de la decisión previa. II) Generalmente no son admisibles pretensiones frente a la administración pública ante los tribunales, sin la existencia de una manifestación de voluntad de la entidad pública en relación con la cual la pretensión se formula. III) No obstante, para que el requisito de la decisión previa no pueda utilizarse como medida para evitar o demorar el acceso a la jurisdicción, distintos ordenamientos jurídicos consagran la presunción de que se entenderá denegada la petición o el recurso que se hubiese formulado o presentado ante la autoridad administrativa por el transcurso de los plazos previstos, sin haberse notificado resolución expresa alguna. IV) El silencio administrativo aparece, pues, como una presunción legal, como una ficción que la ley establece a favor del administrado, que puede entender desestimada su petición o recurso, para el solo efecto de poder deducir la pretensión frente a la denegación presunta. El silencio administrativo, así concebido, no tiene otro alcance que el puramente procesal de dejar abierta la posibilidad de acudir a los tribunales, considerándose cumplido el requisito previo, pese a la inactividad de la administración. Es así como, del silencio administrativo negativo no surge un verdadero acto, sino que se trata de una pura ficción, es decir, constituye un instrumento para que, a través de esa ficción, el administrado pueda tener acceso a la vía jurisdiccional, en el caso de que la Administración no resuelva expresamente. Así las cosas, para que se materialice o configure la denegación presunta o negativa ficta, tienen que darse, por lo menos, los siguientes requisitos: 1) La existencia de una petición de los particulares a la Administración Pública. 2) La inactividad de la Administración. 3) El transcurso del plazo previsto en la ley de la materia. 4) La posibilidad de deducir el recurso o la pretensión procesal frente a la denegación presunta o negativa ficta. Entonces, la figura de la negativa ficta es aquella conforme a la cual el silencio de la autoridad ante una instancia o petición formulada, extendido durante un plazo previsto expresamente en la ley, genera la presunción legal de que resolvió de manera negativa. No se trata realmente de la voluntad de la autoridad, pues ésta no fue externada, sino tan solo de un remedio procesal, previsto en la legislación ordinaria. La figura de la negativa ficta es propia del derecho administrativo y es únicamente combatible a través del juicio contencioso, pues tratándose del ámbito federal, su procedencia se encuentra expresamente prevista en el artículo 3, fracción XV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como 2 y 17, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Sin embargo, esto no es posible en el juicio de amparo, pues a diferencia de las normas anteriores, la Ley de Amparo no contempla su procedencia en los artículos 1 y 107, que establece que el juicio constitucional sólo procede contra normas generales y actos de autoridad existentes, es decir, aquellos en los que sí se cuenta con la voluntad de la autoridad, o bien, contra omisiones. Otra razón más para determinar que el amparo indirecto no procede contra la resolución de negativa ficta es porque en aquél no opera el principio de litis abierta que rige en los juicios administrativos, ya que no existe la posibilidad de hacer valer en el amparo cuestiones que no fueron materia en un recurso administrativo. Lo anterior implica que, cuando en el juicio de amparo se reclama una resolución recaída a un recurso administrativo, no pueda tenerse como acto destacado la resolución recurrida en sede administrativa, ni que se puedan hacer valer directamente conceptos de violación en contra de esta última, ya que la materia de litis en el amparo lo constituye únicamente aquella resolución, respecto de la cual el quejoso está en posibilidad de hacer valer motivos de inconformidad, so pena que de hacerlo también en contra de la resolución impugnada en sede administrativa, los conceptos de violación se calificarán de inoperantes por novedosos o reiterativos, según sea el caso. Esto es, atendiendo a la naturaleza jurídica del amparo (medio extraordinario de defensa) que se encuentra encaminado a combatir omisiones o actos existentes de autoridad a la fecha de la presentación de la demanda, y al impedimento técnico contenido expresamente en el artículo 75 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito se encuentra imposibilitado jurídicamente a analizar los conceptos de violación que no hayan sido propuestos ante la responsable en el recurso de administrativo o aquellos que sólo reiteren los agravios hechos valer en este último, pues esa sola circunstancia los torna ajenos a la litis constitucional. Lo anterior, excluye por sí mismo en el juicio de amparo la figura de la litis abierta, la cual prevé la posibilidad de que el gobernado exponga argumentos en el juicio que no hizo valer en el recurso administrativo o incluso que los reitere, pues tal institución jurídica fue creada para ser aplicada en el juicio contencioso donde se analiza la legalidad de las actuaciones de la autoridad administrativa, dada su naturaleza de medio ordinario de defensa, pero no para los medios extraordinarios, como lo es el juicio constitucional. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Marzo de 2006, materia común, consultable en la página 2036, con registro 175555, cuyos rubro y texto son: "LITIS ABIERTA. EL PRINCIPIO DE, NO RIGE EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 197 del Código Fiscal de la Federación contempla el principio de litis abierta, que en el juicio administrativo admite la libre expresión de argumentos en vía de conceptos de anulación contra el acto impugnado, incluso, de aquellos no planteados en el recurso administrativo; de modo tal que el actor puede hacer valer argumentos ya deducidos en sede administrativa reiterativos), o bien, cuestiones novedosas no propuestas en esa vía, referidas a la resolución originaria; teniendo el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la obligación de estudiarlos, sin que por tales razones pueda calificarlos de ineficaces o inoperantes. Ahora bien, ese principio no es aplicable en el juicio de amparo, por ser éste un medio de control constitucional cuya finalidad es la protección del gobernado frente al poder público, donde el estudio del acto reclamado se realiza acorde con lo previsto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, atendiendo exclusivamente al texto del acto, por lo que la litis se encuentra determinada por los argumentos expuestos a título de conceptos de violación en la demanda de amparo y los formulados en la ampliación y su confrontación con los actos reclamados, de tal modo que el juzgador constitucional no se encuentra obligado a analizar argumentos novedosos no planteados en la instancia respectiva." Así, al no operar en el juicio de amparo el principio de Litis abierta, tampoco es dable reclamar en el amparo indirecto una resolución negativa ficta, ya que, atendiendo a la naturaleza jurídica de esta última, en su impugnación existe la posibilidad de que el gobernado esgrima argumentos en contra de la resolución recurrida en sede administrativa no planteados ante la autoridad responsable, lo que es propio de un juicio contencioso y no del juicio de amparo. Por su contenido jurídico, se invoca la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Julio de 2009, materia administrativa, página 403, registro 166925, de la literalidad siguiente: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. TRATÁNDOSE DE LA RESOLUCIÓN NEGATIVA FICTA, EN LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA, CON BASE EN EL PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA, PUEDEN INTRODUCIRSE ARGUMENTOS NOVEDOSOS PARA CUESTIONAR LAS VIOLACIONES COMETIDAS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO O RECURSO DEL CUAL DERIVE LA RESOLUCIÓN DE MÉRITO, SIN QUE LA OMISIÓN DE IMPUGNAR AQUÉLLAS EN LA DEMANDA HAGA PRECLUIR SU DERECHO PARA HACERLO. El principio de litis abierta previsto en el artículo 197, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 31 de diciembre de 2005 y conservado en los párrafos segundo y tercero del precepto 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, opera en el juicio contencioso administrativo federal, razón por la cual cuando se demande la nulidad de una resolución negativa ficta y la autoridad en su contestación exprese los hechos y el derecho en el cual se apoya la resolución impugnada, el actor al ampliar su demanda podrá externar argumentos novedosos y cuestionar violaciones cometidas en el procedimiento o recurso del cual derive el juicio contencioso administrativo federal, en virtud de que en el artículo 17, en relación con el 16, ambos de la Ley Federal citada, que regulan los supuestos de dicha ampliación, no prohíben que tratándose del juicio promovido contra una resolución negativa ficta puedan cuestionarse tales violaciones. Sin que la omisión del actor de impugnar en la demanda las infracciones indicadas pueda sancionarse con la preclusión del derecho a hacerlo, en virtud de que los artículos 13, 14, 15 y 16 de la Ley Federal precitada, que regulan los requisitos que debe satisfacer la demanda base del juicio contencioso administrativo federal, no exigen que sea únicamente en ella donde pueda ejercerse el derecho a cuestionar los actos de referencia y tampoco establecen expresa ni implícitamente la figura de la preclusión procesal del referido derecho." Por todo lo antes expuesto, en el juicio de amparo no puede considerase como acto reclamado una resolución negativa ficta, porque el juicio constitucional constituye un medio extraordinario de defensa cuyo objeto fundamental es el análisis de la constitucionalidad de los actos desplegados por las autoridades responsables, a fin de que en el supuesto de demostrarse que resultan lesivos de derechos humanos, se restituya al gobernado en el goce de estos. Con base en lo anterior, cuando el quejoso señala como acto reclamado una resolución negativa ficta, que considera actualizada, al sostener que la autoridad ha sido omisa en resolver su petición, debe atenderse que el quejoso lo que pretende reclamar es una ficción legal, que no constituye la voluntad de la autoridad, por lo que el juicio de amparo intentado en su contra resulta improcedente, pues no es dable la revisión de constitucionalidad de una presunción legal cuya actualización requiere diversos requisitos previstos en leyes ordinarias y que no reflejan la voluntad de la autoridad, pues ésta no se ha emitido En consecuencia, en el juicio de amparo no puede tenerse como acto reclamado una negativa ficta. Tiene aplicación al caso la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, página 3066, con registro digital 2019372, del siguiente rubro y texto: "NEGATIVA FICTA. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA ESA FIGURA, DADA SU NATURALEZA JURÍDICA. Conforme a las diversas opiniones doctrinales sobre el silencio administrativo y a la regulación de la negativa ficta en los diferentes ordenamientos jurídicos que la prevén (en los ámbitos federal y local), esta figura constituye una ficción legal de carácter procesal que nace como un instrumento para la apertura de la vía contenciosa administrativa ante el silencio de la autoridad por resolver en forma expresa (por escrito) una instancia, petición o recurso, entendiéndose que lo hizo en sentido negativo a los intereses del particular. Por otra parte, las reglas que rigen al juicio contencioso administrativo cuando se impugna una negativa ficta son: en la demanda de nulidad debe exhibirse copia de la instancia no resuelta; en su contestación deben expresarse los fundamentos y motivos en que se apoya la negativa; el actor puede ampliar su escrito inicial contra estos y el tribunal administrativo, al dictar su sentencia, debe resolver el fondo de la pretensión planteada, reconociendo la validez o declarando la nulidad de la resolución ficta. Así, cuando se reclama la negativa ficta el juicio de amparo indirecto es improcedente, porque dicha figura es propia del juicio contencioso, ya que en este existe la posibilidad de que el particular amplíe la demanda una vez que en la contestación se le den a conocer las razones que sustentan esa negativa, circunstancia que no sucede en el amparo indirecto, pues la autoridad responsable sólo está obligada a rendir el informe justificado, en el que expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad del acto reclamado; y si bien es cierto que existe la diversa regla de que cuando en la demanda de amparo se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, en su informe, la autoridad deberá complementar en esos aspectos el acto reclamado, para que el quejoso amplíe su demanda contra esa complementación, también lo es que ello sólo opera tratándose de actos materialmente administrativos, no cuando se reclama una resolución recaída a un recurso." También es aplicable, por las razones que la informan, la Jurisprudencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 44, Julio de 2017, Tomo I, página 624, materias común administrativa, con registro digital 2014756, del siguiente rubro y texto: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. TRATÁNDOSE DE LA RESOLUCIÓN NEGATIVA FICTA CONFIGURADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ANTES DE IMPUGNARLA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO, ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO ORDINARIO O EL JUICIO DE NULIDAD RESPECTIVO (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Cuando en el juicio de amparo biinstancial se señala como acto reclamado la resolución negativa ficta de la autoridad administrativa, prevista en el artículo 89 aludido, debe observarse el principio de definitividad y, agotarse el medio de impugnación ordinario o el juicio de nulidad respectivo, puesto que el silencio negativo es una ficción legal de efectos exclusivamente procesales, cuyo propósito es superar las consecuencias de la inactividad de la administración, abriendo la vía del juicio contencioso administrativo en exclusivo beneficio de los administrados. De lo contrario, se llegaría al extremo de considerar que dicha ficción legal sustituye la voluntad de la autoridad administrativa sin fundamento ni motivo; cuando en realidad simplemente resulta ser un remedio procedimental por la inactividad formal de la administración pública y no propiamente una interpretación de la voluntad de la administración cuando, precisamente, lo que falta es esa voluntad administrativa; en consecuencia, no puede alegarse que la negativa ficta es un acto carente de fundamentación y motivación para efectos de la procedencia del juicio de amparo." Consecuentemente, por las razones expuestas, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1°, fracción I, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA origen de este juicio. AUTORIZADO Además, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *******, en virtud que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. AUTORIZACIÓN AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO PARA CONSULTA, PRESENTAR PROMOCIONES Y RECIBIR NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Por otro lado, como lo solicita, con apoyo en los artículos 3 de la Ley de Amparo, 14, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se otorga a *******, con el usuario "*******", el acceso al expediente electrónico del presente juicio para efectos de consulta, presentar promociones y recibir notificaciones electrónicas, con el propósito de fortalecer la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia de las personas; lo anterior, en virtud que consta en la certificación secretarial que dicho usuario cuenta con el registro para acceder a los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Toda vez que resulta necesario habilitarlo, se instruye al Analista Jurídico-encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.IS.E.), para que realice el trámite correspondiente en ese Sistema. Con fundamento en el artículo 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se instruye a los actuarios de la adscripción que por turno corresponda, para que, en lo subsecuente, dentro del plazo legal, impriman, digitalicen y agreguen tanto al expediente impreso, como al electrónico las constancias de notificación que se generen con motivo de las notificaciones que se practiquen a la parte quejosa durante la tramitación del presente juicio. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza a las partes que intervengan en el presente juicio de amparo, así como a sus autorizados, la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de las constancias que obran en el presente expediente, de conformidad con la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal. Sin que lo anterior implique que la fe judicial del Secretario (a) quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realice el interesado, en virtud que previo a obtener la reproducción de las constancias deberán hacerlo del conocimiento del funcionario que corresponda [actuario (a) o secretario (a)], quien procederá a levantar el acta respectiva. En el entendido que, para el caso que deseen acudir para tal efecto, deberán programar una cita en el programa "Agenda OJ", acorde con lo establecido en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 reformado por diversos acuerdos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021 y 1/2022. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1, 9, 16, 110, fracción V, 113, fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3° de la Ley de Amparo, digitalícese el expediente y fórmese tanto el impreso como el digital. FIRMAS ELECTRÓNICAS Finalmente, en razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma también de manera electrónica por el Secretario Encargado del Despacho y el Secretario para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022, 9/2022 y 16/2022 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

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