Ramón Alberto Arroyo García

Expediente 1012/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1012/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
17/10/2016

Partes del expediente

  • Ramón Alberto Arroyo García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el proveído de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 32 a 37), en el cual se decretó el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicho auto para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO RAMÓN ALBERTO ARROYO GARCÍA, EL CONTENIDO DE LA DETERMINACIÓN DE DIECISIETE DE OCTUBRE DEL AÑO DE DOS MIL DIECISÉIS, DICTADA DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 1012/2016-IV, QUE ESTABLECE: "Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el proveído de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 32 a 37), en el cual se decretó el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicho auto para los efectos legales a que haya lugar."

  3. Principal

    Agréguese el oficio y anexo signado por el Presidente y Representante de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; por el cual, rinde su informe justificado, y remite copia certificada de la resolución de treinta de agosto de dos mil dieciséis, dictada en el expediente C.D.T. 1090/2014-9, por lo que se ordena agregarlos a los presentes autos para los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de los anexos de cuenta se advierte que el treinta de agosto de dos mil dieciséis, la Junta responsable, dictó la resolución correspondiente, misma que fue notificada al quejoso Ramón Alberto Arroyo García y/o Ramón Arroyo García, el veinte de septiembre del año en curso, documentales a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2º. Lo expuesto pone de relieve que en el caso se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues al emitir la resolución correspondiente, cesó la omisión reclamada; circunstancia que impone sobreseer el juicio fuera de la audiencia de ley. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la parte quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. ... En ese sentido, tal como se precisó, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: ... De conformidad con el precepto legal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie a la quejosa; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. ... Ahora, para mejor comprensión del presente acuerdo, debe analizarse la naturaleza del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: La omisión de dictar el laudo dentro del expediente C.D.T. 1090/2014-9. Lo que puede vulnerar el derecho fundamental establecido en el artículo 17, párrafo segundo, constitucional, que prevé: ... Del precepto constitucional transcrito se desprende que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; asimismo, que su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales. Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que el Presidente y Representante de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, remitió copia certificada de la resolución de treinta de agosto de dos mil dieciséis, por medio del cual se dictó el laudo dentro del expediente C.D.T. 1090/2014-9, promovido por Ramón Alberto Arroyo García y/o Ramón Arroyo García, misma que le fue notificada el veinte de septiembre de dos mil dieciséis, circunstancia que se acredita con las copias certificadas que anexa a su oficio de mérito y su respectiva constancia de notificación. De lo anterior se desprende la cesación de efectos del acto reclamado, toda vez que la responsable dictó el laudo correspondiente el treinta de agosto de dos mil dieciséis, misma que le fue notificada al quejoso el veinte de septiembre del año en curso. ... Por ende, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. En este orden de ideas, es indudable que se surte la causa de improcedencia señalada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto al acto reclamado por Ramón Alberto Arroyo García y/o Ramón Arroyo García. Sin que en el caso se puedan analizarse las posibles omisiones o dilaciones subsecuentes en el trámite de la juicio laboral que refiere la quejosa hasta el total cumplimiento del laudo emitido en el mismo, pues la materia del presente juicio debe delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del Juicio del cual amena el acto reclamado (omisión de emitir el acuerdo), en virtud de que constituyen actos futuros, inciertos e indeterminados, aunado a que el cumplimiento del laudo, lo reclama como consecuencia de la omisión de proveer lo solicitado en sus multicitados escritos y no de manera autónomo o por vicios propios en el procedimiento de ejecución. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional respecto del acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por tanto, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y específicamente la certificación que antecede, se advierte que mediante acuerdo de cinco de septiembre de dos mil dieciséis, se requirió a los terceros interesados Sotero Maravilla Sánchez y Paula Brindis Márquez, a fin de que en el acto de la diligencia de emplazamiento o dentro del plazo de tres días contados a partir de la notificación de dicho proveído, señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo hubieran hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifíqueseles por medio de lista que se fija en los estrados de este Órgano Jurisdiccional el presente proveído, así como las subsecuentes notificaciones, aún aquellas que sean de carácter personal.

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