Ramón Águila Rodríguez

Expediente 119/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 12 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
119/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
02/05/2022

Partes del expediente

  • Ramón Águila Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación secretarial que antecede, de donde se desprende que dentro del término legal concedido, las partes no se inconformaron con la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la misma CAUSA EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. Luego, con fundamento en el artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el inciso a, del arábigo 21, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías se sobreseyó, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción y hecho lo anterior realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Sin que sea el caso pronunciarse sobre el incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó el mismo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta remitido por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, por medio del cual remite la sentencia electrónica pronunciada en el asunto que nos ocupa, misma que se emitió el veinticinco de junio del año en curso, en los autos del cuaderno auxiliar 149/2021 de su índice, la cual concluyó con el punto resolutivo siguiente: "ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por Ramón Águila Rodríguez, contra el acto reclamado del Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, ambos del Poder Judicial del Estado de Nayarit; del Secretario Ejecutivo y del Secretario de Administración, ambos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit; Jefe del Departamento de Recursos Humanos, del Jefe del Departamento de Recursos Financieros y de la Jefa del Departamento de Nóminas, de la Secretaría de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, consistente en la falta de respuesta al escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil veintiuno; de conformidad con lo dispuesto en el último considerando del presente fallo." En consecuencia, hágase saber a las partes el contenido de la mencionada resolución; acúsese recibo de estilo y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta remitido por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, por medio del cual remite la sentencia electrónica pronunciada en el asunto que nos ocupa, misma que se emitió el veinticinco de junio del año en curso, en los autos del cuaderno auxiliar 149/2021 de su índice, la cual concluyó con el punto resolutivo siguiente: "ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por Ramón Águila Rodríguez, contra el acto reclamado del Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, ambos del Poder Judicial del Estado de Nayarit; del Secretario Ejecutivo y del Secretario de Administración, ambos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit; Jefe del Departamento de Recursos Humanos, del Jefe del Departamento de Recursos Financieros y de la Jefa del Departamento de Nóminas, de la Secretaría de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, consistente en la falta de respuesta al escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil veintiuno; de conformidad con lo dispuesto en el último considerando del presente fallo." En consecuencia, hágase saber a las partes el contenido de la mencionada resolución; acúsese recibo de estilo y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. S E N T E N C I A Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 119/2021 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, registrado en este órgano jurisdiccional bajo el expediente auxiliar 149/2021 y R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil veintiuno, Ramón Águila Rodríguez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Nayarit y otras autoridades. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Prevención. En auto de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, registró la demanda de amparo bajo el expediente número 119/2021 y, requirió al promovente para que realizara diversas precisiones relacionadas con el acto reclamado. TERCERO. Admisión de demanda. El uno de marzo de dos mil veintiuno, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, acordó el escrito signado por el quejoso a través del cual dio cumplimiento a lo requerido, por consiguiente, admitió a trámite la demanda de amparo; solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado; dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional; la cual tuvo verificativo a las trece horas con treinta y nueve minutos del veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. CUARTO. En cumplimiento a lo ordenado en el oficio SECNO/STCCNO/263/2021, de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, de conformidad con lo dispuesto en la circular CAR 06/CCNO/2021, a través de la cual se comunicó que en sesión de veintiséis de mayo del año en curso, la Comisión de Creación de Nuevos Órganos aprobó el punto de acuerdo 49/2021 relativo al "Envío de remesas durante junio de 2021 a los órganos jurisdiccionales auxiliares, así como la cantidad y temporalidad de los expedientes que las integrarán, modalidad de resolución y reenvío a los órganos auxiliados"; puso disponible el expediente electrónico relativo a este asunto; esto es, el correspondiente al juicio de amparo indirecto 119/2021, lo cual se tuvo por comunicado en este órgano jurisdiccional mediante proveído de cuatro de junio de dos mil veintiuno, dictado en el expediente auxiliar 149/2021, a fin de que se dicte la resolución correspondiente. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán Rosales, Sinaloa, con jurisdicción en toda la República, es competente para conocer y resolver el presente juicio, ya que está facultado para apoyar en el dictado de resoluciones a los juzgados que determine la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, como es el caso del juzgado que remitió este asunto. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdos 52/2008, 68/2008 y uno sin número, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicados en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre y trece de noviembre de dos mil ocho, así como el quince de abril de dos mil dieciséis, respectivamente; además del oficio SECNO/STCCNO/263/2021, de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del aludido Consejo. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado el criterio de que el juez constitucional debe interpretar el escrito de demanda en su integridad con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con el objeto de determinar con exactitud la intención del promovente, razón por la cual está constreñido a armonizar los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, de tal suerte que la sentencia que dicte en el juicio de amparo contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, se tiene que el quejoso reclama: 1. Del Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, ambos del Poder Judicial del Estado de Nayarit; del Secretario Ejecutivo y del Secretario de Administración, ambos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit; Jefe del Departamento de Recursos Humanos, del Jefe del Departamento de Recursos Financieros y de la Jefa del Departamento de Nóminas, de la Secretaría de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit: 1.1 La falta de respuesta al escrito presentado con fecha veinticinco de enero de dos mil veintiuno, en el cual solicitó se le informara la razón o motivo del por qué no le fue pagada la parte proporcional del 30% (treinta por ciento) del aguinaldo correspondiente a dos mil veinte y, como consecuencia, la omisión de realizar el pago de la suma resultante del 30% (treinta por ciento), de los sesenta días de aguinaldo que se pagan año con año. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables; toda vez que el Jefe del Departamento de Recursos Humanos, fue omiso en rendir su informe justificado; lo cual trae como consecuencia, que se le tenga por presuntivamente cierto, en términos de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. También, es cierto el acto reclamado al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, ambos del Poder Judicial del Estado de Nayarit; al Secretario Ejecutivo y Secretario de Administración, ambos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit; a la Jefa del Departamento de Nóminas y Jefe del Departamento de Recursos Financieros, ambos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit; no obstante que hayan manifestado que no era cierto; ya que realizan manifestaciones que entrañan su certeza; pues al respecto exponen que la respuesta al escrito de petición de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, aconteció el veintiocho de ese mes y año. Lo anterior, evidencia que a la presentación de la demanda de amparo, lo cual ocurrió el veintisiete de enero de dos mil veintiuno, existía la falta de respuesta atribuida a las autoridades señaladas como responsables, pues fue al día siguiente; esto es, el veintiocho de ese mes y año, cuando expresan las responsables que se dio contestación a la petición de mérito. Además, dicha certeza que se corrobora con las copias certificadas remitidas por las responsables; documentales que se pusieron disponibles mediante el expediente electrónico respectivo, de conformidad con la circular CAR 06/CCNO/2021, a través de la cual se comunicó que en sesión de veintiséis de mayo del año en curso, la Comisión de Creación de Nuevos Órganos aprobó el punto de acuerdo 49/2021 relativo al "Envío de remesas durante junio de 2021 a los órganos jurisdiccionales auxiliares, así como la cantidad y temporalidad de los expedientes que las integrarán, modalidad de resolución y reenvío a los órganos auxiliados"; a las cuales se concede valor probatorio pleno, conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. CUARTO. Causas de improcedencia. Una vez que se fijó claramente el acto reclamado y se acreditó su existencia, corresponde analizar las causas de improcedencia del juicio, ya sea que las hagan valer las partes o, incluso, que se adviertan de oficio, pues son de orden público y de estudio preferente, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]". Sobre el tema, el Máximo Tribunal del País ha sostenido que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o lo revoca y esto da lugar a una situación idéntica a la que existía antes del nacimiento del acto que se impugna; o también, cuando la autoridad, sin revocarlo o dejarlo insubsistente, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce del derecho violado. En esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del impetrante, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva del acto de autoridad, sino también como la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma de aquél, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De esa forma, la improcedencia de mérito está orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio, que es el obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho vulnerado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la responsable a que actúe en el sentido de respetar la prerrogativa de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que aquélla exija. Así, la causa de improcedencia establecida en el ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, consiste en la cesación de efectos del acto reclamado que se actualiza cuando, ante su inexistencia o su insubsistencia, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de los particulares o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Por lo tanto, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo cual puede actualizarse en dos supuestos: 1. Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial (revocación). Sobre esa hipótesis resulta ilustrativa por identidad jurídica sustancial la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, con número de registro digital 193758, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." 2. El otro supuesto que se contempla en la fracción en estudio, se actualiza cuando se da la sustitución de actos procesales; es decir, el segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). Ilustra lo anterior, la tesis aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, página 158, con número de registro digital 234693, cuyo rubro y texto son: "SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, SOBRESEIMIENTO CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA. Cuando en la demanda de amparo se reclame, entre otros actos, la "sentencia" pronunciada por el Juez a quo, mediante la cual se condenó al quejoso por el delito cometido, respecto de tal acto opera el sobreseimiento del juicio de amparo, en virtud de haberse también impugnado el fallo que confirmó aquélla, siendo evidente que la primera sentencia dejó de tener efectos legales propios, por haber sido sustituida procesalmente por la dictada en apelación, surtiéndose la causal de improcedencia de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Esta causa de improcedencia, se justifica por la imposibilidad de concretar el fin del juicio de amparo, esto es, restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte lo que la garantía exija. En el caso concreto, interesa la primera hipótesis, pues como se dijo, el quejoso reclama la falta de respuesta al escrito de petición presentado el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, en el cual solicitó se le informara la razón o motivo del por qué no le fue pagada la parte proporcional del 30% (treinta por ciento) del aguinaldo correspondiente a dos mil veinte y, como consecuencia, la omisión de realizar el pago de la suma resultante del 30% (treinta por ciento), de los sesenta días de aguinaldo que se pagan año con año. Sin embargo, no obstante su existencia cesó en sus efectos, ya que el oficio número 036/2021, de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, emitido por el Secretario de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, contiene la respuesta al escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, como se lee a continuación, en lo que interesa al presente asunto: "CONSEJO DE LA JUDICATURA --- Secretaría de Administración --- Oficio número 036/2021 --- Asunto: se informa --- Tepic, Nayarit, enero 28 de 2021 --- C. Ramón Águila Rodríguez. --- P r e s e n t e. --- En atención a su escrito dirigido al Departamento de Recursos Humanos, hoy Dirección General de Recursos Humanos y Nómina, presentado el 25 de enero de 2021, del que marcó copia a esta a mi cargo; mediante el cual solicita el pago de la parte proporcional del aguinaldo correspondiente al año 2020, "equivalente al 30%, se le informa lo siguiente: --- 1. Que usted está sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa número CD PAR 68/2018, instruido por la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura. --- 2. Con fecha 14 de diciembre del año 2018, la Comisión de Disciplina determinó decretar en su contra la medida cautelar de suspensión provisional hasta en tanto se resuelve el procedimiento que se le sigue. Al mismo tiempo, se ordenó otorgarle el mínimo vital equivalente al 30% de sus ingresos. --- 3. Dicho pago del mínimo vital, comprende única y exclusivamente el 30% de sus ingresos quincenales, sin abarcar ninguna otra percepción adicional, tal como lo explicó la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 311/2015, entre las sustentadas entre su Primera y Segunda Sala. De esa contradicción, surgió la jurisprudencia que sirvió de sustento para que la Comisión de Disciplina garantizara dicho mínimo de subsistencia. --- 4. Con fecha 10 de diciembre de 2020, la Comisión de Disciplina dio respuesta a la Secretaría de Administración del Consejo de la Judicatura, reafirmándole que el mínimo vital comprende únicamente la entrega del 30% de la percepción mensual del servidor público, sin incluir otro tipo de prestaciones (al efecto le anexo el acuerdo respectivo). --- 5. En cuanto a lo que manifiesta de que se le envió a su correo el CFDI, donde aparece que aparentemente se le cubrió la prestación en cuestión; se le hace saber que, por un error involuntario en el Departamento de Nómina debido a que se generó dicho Comprobante Fiscal Digital por Internet y se envió, se procedió a la cancelación de este. --- Por lo que hace la diversa petición contenida en el oficio que se atiende, respecto a la solicitud de copias certificadas y simples del expediente de su persona que obra en los archivos de la Dirección General de recursos humanos y Nómica; se autoriza la expedición de las mismas a costa del solicitante y, en cuanto las certificadas, igualmente se autorizan las mismas a su costa, previa acreditación del pago de los derechos correspondientes, en términos de la Tarifa del Concepto B del artículo 40 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2021." Misiva, que fue comunicada el cinco de febrero de dos mil veintiuno, a través del correo electrónico raguila2@hotmail.com, el cual fue proporcionado por el aquí quejoso en su escrito de petición presentado el veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Desde esta perspectiva, resulta incuestionable que con la información que arrojan dichas constancias, cesaron los efectos del acto reclamado, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de los derechos fundamentales del quejoso, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. Es aplicable al caso la tesis P.CL/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, Tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 197367 que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". En tales condiciones, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio de derechos fundamentales, respecto del acto reclamado consistente en la falta de respuesta al escrito de petición presentado con fecha veinticinco de enero de dos mil veintiuno, en el cual solicitó se le informara la razón o motivo del por qué no le fue pagada la parte proporcional del 30% (treinta por ciento) del aguinaldo correspondiente a dos mil veinte y, como consecuencia, la omisión de realizar el pago de la suma resultante del 30% (treinta por ciento), de los sesenta días de aguinaldo que se pagan año con año, atento a lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, del referido ordenamiento legal. Por lo antes expuesto, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por Ramón Águila Rodríguez, contra el acto reclamado del Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, ambos del Poder Judicial del Estado de Nayarit; del Secretario Ejecutivo y del Secretario de Administración, ambos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit; Jefe del Departamento de Recursos Humanos, del Jefe del Departamento de Recursos Financieros y de la Jefa del Departamento de Nóminas, de la Secretaría de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, consistente en la falta de respuesta al escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil veintiuno; de conformidad con lo dispuesto en el último considerando del presente fallo. Notifíquese a las partes como lo determine el Juzgado de origen; anótese en el libro de registro; hágase del conocimiento del órgano jurisdiccional de origen que la presente sentencia, se encuentra integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes en el expediente electrónico auxiliar 149/2021, vinculado con el juicio de amparo 119/2021 de su índice, de conformidad con la Circular CAR 06/CCNO/2021, de veintisiete de mayo del año en curso, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal; debiendo quedar testimonio de ella en el expediente auxiliar número 149/2021 del índice de este Juzgado de Distrito. Así lo resuelve y firma Alejandro Bermúdez Sánchez, Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán Rosales, Sinaloa, hasta hoy veinticinco de junio de dos mil veintiuno cuando lo permitieron las labores del juzgado y acorde a lo establecido en el artículo 20 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, ante la licenciada María del Rosario Osuna Beltrán, Secretaria que autoriza y da fe.* La secretaria del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Rosales; licenciada María del Rosario Osuna Beltrán, CERTIFICA que la presente resolución no contiene información reservada y no contiene información confidencial, de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DOY FE.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, UNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese en autos la constancia aleatoria de expedientes seleccionada que generó el "Programa para el Turno Aleatorio de Asuntos a los Órganos Jurisdiccionales Auxiliares" del Centro Auxiliar de la Quinta Región con residencia en Culiacán, Sinaloa, en cumplimiento a lo ordenado en el oficio STCCNO/263/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en la Ciudad de México, a que se hace alusión en el oficio de cuenta, de los que se advierte que el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, apoyará a este órgano jurisdiccional en el dictado de sentencias. Por tanto, como el juicio de amparo en que se actúa resultó seleccionado para ello, remítase vía electrónica al citado Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con residencia en Culiacán, Sinaloa. Sin perjuicio de que este juzgado recibirá las promociones posteriores que presenten las partes y de estimarse necesarias para el dictado de la sentencia, se remitirán al órgano auxiliar que le tocó conocer de dicho asunto. Asimismo, elabórese el acta circunstanciada correspondiente la que firmará el Titular y un Secretario de este Juzgado. NOTIFÍQUESE.

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